[Trabajo presentado en la Reunión de Seguidores del Instituto Mises 2005]
¿Cuál es la relación entre fascismo y socialismo? Son etapas en un continuo de control económico, uno que empieza con la intervención en el mercado libre, se dirige a la reglamentación y la mayor rigidez, marcha hacia el socialismo al aumentar los fracasos y acaba en dictadura.
El sistema fascista, escribía Mises, “se aferró primero a los mismos principios de políticas económicas que todos los gobiernos no socialistas han adoptado en nuestros días, al intervencionismo. Luego fue a paso a paso dirigiéndose al sistema alemán de socialismo, es decir, el control completo de las actividades económicas por el estado”.[1]
Lo que distinguía a la variedad fascista del intervencionismo era su confianza en la idea de estabilidad para justificar la extensión del poder del estado. Las grandes empresas y la mano de obra se aliaron de buen grado con el estado para conseguir estabilidad contra lo que Murray Rothbard llamaba las fluctuaciones de los negocios, los altibajos de mercados concretos que se producen por los cambios en las demandas de los consumidores. Pensaban ingenuamente que el poder del estado podía suplantar la soberanía del consumidor con su propia soberanía del productor sobre sus industrias, manteniendo al tiempo la mayor productividad de la división del trabajo.
Al principio, los fascistas usaron el gasto público, principalmente militar, para eliminar las fluctuaciones de los negocios. Solo después se convertirse en dependientes del estado, los jefes de las grandes empresas y de los obreros se dieron cuenta de que simplemente habían cambiado la soberanía del consumidor por la soberanía del estado. Poco después descubrieron cuál era el capataz más exigente.
Para extender su control, los fascistas reforzaron los gastos fiscales con deuda e inflación monetaria. No solo esperaban dominar así cada vez más sectores con sus gastos, sino asimismo estimular el apoyo del público a sus regímenes generando prosperidad económica. Por el contrario, su gasto insensato e inflación puso en marcha el ciclo de auge y declive. Tomaron a la depresión como una oportunidad para expandir su poder socializando la inversión con regulaciones, al tiempo que declaraban que dichas medidas estabilizarían el ciclo económico.
Los fascistas encontraron una justificación teórica para políticas de estabilización ya hecha en la obra de John Maynard Keynes.[2] Keynes afirmaba que la inestabilidad del capitalismo emanaba del libre juego que daba el sistema a los “espíritus animales” de los inversores. Dirigidos por accesos de exceso de optimismo y exceso de pesimismo, los inversores alternan entre gasto alcista y atesoramiento bajista, haciendo que la economía sufra auges y declives.
Keynes proponía eliminar esta estabilidad con el control del estado de ambos lados de los mercados de capitales. Un banco central con poder para inflar la oferta monetaria mediante expansión crediticia determinaría la oferta de financiación de capital y una política fiscal y regulatoria socializaría la inversión de capital.
En una carta abierta al presidente Roosevelt, publicada en el New York Times el 31 de diciembre de 1933, Keynes aconsejaba el siguiente plan:
En el campo de la política interior, pongo por delante una gran cantidad de gasto en préstamos bajo los auspicios del gobierno. Pongo en segundo lugar el mantenimiento de crédito barato y abundante. (…) Con esto (…) debería esperar con gran confianza un resultado exitoso. Cuánto significaría eso, no solo para la prosperidad material de Estados Unidos y todo el mundo, sino en confort para las mentes de los hombres mediante una restauración de su fe en la sabiduría y poder del gobierno.[3]
Keynes era incluso más entusiasta en la divulgación de su fe en Alemania. En el prólogo de la edición alemana de la Teoría general, publicado en 1936, Keynes escribía:
La teoría de la producción en su conjunto, que es lo que el siguiente libro pretende ofrecer, es mucho más fácil de adaptarse a las condiciones de un estado totalitario, que la teoría de la producción y distribución de una producción dada bajo condiciones de libre competencia y de laissez faire.[4]
El control estatal del dinero, el crédito, la banca y la inversión se convirtieron en el plan de acción de la política de estabilización fascista. Así, la expansión del control del estado bajo el fascismo siguió un patrón predecible. La deuda y la inflación monetaria pagaban el gasto público. La expansión resultante del crédito llevó al ciclo de auge-declive. El colapso financiero del declive generó una regulación más estricta de la banca y la socialización de la inversión, que permitieron más inflación monetaria, expansión del crédito, deuda y gasto. La consiguiente disminución en el poder adquisitivo del dinero justificaba controles de precios y salarios, que se convirtieron en el foco de atención del completo control estatal. En algunos casos más lentamente y en otros más rápidamente, el fascismo siguió esta vía hacia la planificación centralizada.
Fascismo italiano
Los fascistas italianos empezaron pronto a gastar e inflar para cooptar grandes empresas después de la marcha sobre Roma de 1922. Los beneficios y la producción industrial aumentaron durante el consiguiente auge para dar un beneficio adicional al acero, el hierro, los automóviles y los astilleros. Bajo presión sobre la lira para devaluarla en 1926, el Banco de Italia invirtió en rumbo y el auge se desplomó. En 1927 precios y salarios estaban bajando, pero no lo suficiente como para impedir una quiebras extendidas y depresión. Las empresas quebraron por millares en la década de 1930.
De 1928 a 1932 la producción de recortó en un cuarto y la renta nacional en un tercio y al final de 1934 un tercio de la capacidad del capital estaba ociosa y más de un millón de trabajadores estaban desempleados. El estado intervino progresivamente para mantener a raya los efectos negativos de su inflación monetaria y extender su control. Rescató a grandes empresas y bancos, favoreció fusiones y adquisiciones, cartelizó las restantes empresas, ahora mayores, y renovó el gasto, principalmente militar.
Los gastos anuales del estado a principios de la década de 1930 eran el doble de sus niveles en los primeros años de fascismo. Como los ingresos fiscales no podían seguir ese ritmo, los déficits se dispararon. Los bancos también se combinaron y asociaron más de cerca con grandes preocupaciones industriales bajo la supervisión del estado. Para rescatar a los grandes bancos, que habían acumulado muchas participaciones en títulos industriales durante el auge, el estado las nacionalizó en 1931 y emitió nuevos títulos, respaldados por el estado, para proporcionar una fuente de nuevo crédito a los bancos.
El estado también creó nuevas instituciones de crédito y fortaleció a las viejas fuera del sistema de bancario para proporcionar canales adicionales para el crédito. Nombró una mayoría de los consejos de estas nuevas instituciones de crédito y les proporcionó sus fondos mediante subvenciones directas y garantizando sus inversiones industriales con bonos del estado. Las partes privadas invertirían en los bonos garantizados por el estado de estas nuevas instituciones que invertirían los fondos en los negocios favorecidos.
Aunque el poder adquisitivo doméstico de la lira estaba aumentando a principios de la década de 1930, el estado italiano seguí sobrevalorándola en el cambio de moneda. El déficit comercial y los flujos de salida del oro resultantes llevaron al estado a limitar las importaciones e imponer controles de cambio de moneda. Cuando ni siquiera los aranceles más altos del mundo consiguieron cerrar el déficit comercial, los fascistas adoptaron un sistema de cuotas a la importación aplicado por importadores con licencia.
El pujante control estatal de los negocios acrecentó la burocracia estatal y llegó a una extensa centralización y corrupción. Se dejó que quebraran los pequeños negocios y que sus activos fueran absorbidos por grandes empresas y bancos. Casi 100.000 negocios quebraron de 1926 a 1935 en Italia, casi cuadruplicando el número de quiebras en los diez años anteriores. En 1935 Mussolini alardeaba de que tres cuartas partes de las empresas italianas se encontraban sobre los hombros del estado.[5]
La Guerra de Etiopía de 1935 demostró el grado de control fascista.[6] Los gastos militares anuales fueron catorce veces mayores durante los años de guerra que anteriormente. Para atender estos gastos extraordinarios, los fascistas recurrieron a la inflación monetaria y la confiscación de capital. A partir de julio, la reserva de oro frente a los billetes del Banco de Italia se fue relajando progresivamente. Aunque se hundiera la reserva de oro, de 5.250 millones de liras en junio de 1935 a 3.930 millones en octubre, las existencias monetarias aumentaron a 15.270 millones de liras. En los siguientes años, la inflación monetaria se aceleró al monetizar los fascistas la deuda nacional que se situó en 1, 8 billones de liras en 1938. Para acabar con la caída del poder adquisitivo de la lira, los fascistas recurrieron a controles de precios y salarios que abrieron el camino a una completa planificación.
La confiscación del capital empezó en mayo de 1935, cuando se obligó a bancos, empresas e individuos a entregar todas sus acciones y bonos extranjeros al Banco de Italia. En septiembre el estado había obligado a arrendatarios en ciudades y pueblos por encima de cierto tamaño a comprar bonos del estado en cantidades proporcionales a sus rentas, a todos los italianos a cambiar sus créditos extranjeros por bonos del estado, a las empresas a invertir todos sus beneficios extraordinarios por encima del 6% en títulos del estado y a los inversores que poseyeran bonos estatales muy depreciados a intercambiarlos junto con capital líquido por una nueva emisión de bonos a la par.
Carl Schmidt, en 1939, resumía el fascismo italiano con estas palabras:
El fascismo llegó al poder como una reacción preventiva, defendiendo los intereses pecuniarios y sentimentales de los grupos acaudalados y casi acaudalados de los pueblos y el campo frente al fantasma de la revolución. (…) No solo buscaba salvaguardar los derechos existentes de propiedad, sino que asimismo impulsó una mayor industrialización y concentración de las empresas. (…) Aun así, el fascismo no pudo resolver las dificultades básicas del capitalismo italiano. La profundización de la crisis económica en años posteriores obligo a las empresas a contar cada vez más con el apoyo del Estado. Al crecer el papel económico del Estado, tuvo lugar un sutil cambio de espíritu y fines. El apoyo público al orden económico existente reclamaba un mayor ejército de funcionarios entrometidos, para una formalización burocrática de los asuntos empresariales. Y la burocracia desarrolló fines propios, asociados con mantener y aumentar su seguridad y poder. (…) Así que, a pesar de todos los pronunciamientos formales (…) el fascismo parecía estar evolucionando hacia una tiranía para todos, salvo unos pocos ciudadanos italianos.[7]
La economía del vampiro original
La Italia fascista definió el estilo fascista del intervencionismo: control estatal de la economía con política y regulaciones fiscales y monetarias. Por el contrario, la Alemania nazi no muestra tanto el estilo socialista sino cómo el episodio fascista culmina n control estatal completo de la economía.
Respecto de la socialización de la inversión bajo la Alemania nazi, Günter Reimann escribía en 1939:
Respaldados por los generales del ejército, los burócratas nazis han sido capaces de iniciar planes que obligan a los líderes más poderosos de las empresas y bancos a asumir proyectos que consideran al tiempo arriesgados y no rentables. La construcción de la economía de guerra alemana es prioritaria sobre cualquier otra cosa, incluyendo las opiniones de los capitalistas privados y su personal científico investigador. (…) Se ha desdeñado el punto de vista de los inversores e industriales privados, que piensan en definitiva en la seguridad y solidez de las inversiones.
Esto es particularmente cierto para los grandes industriales que obtuvieron enormes beneficios del auge armamentístico y que tienen grandes cantidades de capital para invertir. Sus fondos líquidos no escapan a la atención de los comisarios del Estado, que están buscando medios para financiar nuevas fábricas patrocinadas por el Estado.[8]
Atraídos por los enormes beneficios en la producción bélica, los grandes empresarios de un sector tras otro cayeron bajo el control del estado. Ni las conexiones políticas ni el estatus social protegieron a los industriales de la depredación del estado. Los nazis les obligaron a invertir los beneficios bélicos para construir fábricas para proyectos no rentables como goma sintética, mena de hierro de bajo gradación y otra producción de sucedáneos. Los comisarios del estado y el ejército insistían en la rápida expansión de la capacidad de la fábrica, las inversiones secundarias relacionadas con la producción bélica y el uso de maquinaria obsoleta y descartada.[9]
Junto con la inversión dirigida a punta de bayoneta, los nazis confiscaron las beneficios de los industriales y los dirigieron a nuevas construcciones. Además de invertir mal el capital, estas políticas retardaron el mantenimiento de la capacidad existente de capital. Se aprobaron prohibiciones de nuevas entradas, así como cerrar las fábricas existentes. Y en el menguante ámbito de la inversión privada, el capricho de los burócratas del estado podía llevar al caos los planes de inversión. La miopía de los planificadores estatales llevaba al olvido de inversiones para mantener y mejorar lo que se convertirían en importantes sectores en tiempo de guerra, como los ferrocarriles.[10]
Reimann resume la situación con estas palabras:
El flujo de capital ya no está regulado por un mercado de capitales que lo dirija hacia sectores que sean particularmente rentables. El Estado ha suplantado al mercado de capitales. Obliga a los capitalistas privados a realizar inversiones en una futura economía de guerra y crea condiciones económicas que hacen que las antiguas inversiones pierdan valor.[11]
Ante la escasez de oportunidades rentables en la menguante economía de mercado, los inversores se dirigieron a lo que pensaban que eran refugios seguros frente al poder del estado, como inmuebles y metales preciosos y joyas. Así que incluso el capital no consumido por el estado se dirigió lejos de la estructura de capital.[12]
Como parte del deseo de poner bajo su control los mercados de capitales, los nazis hicieron de los banqueros meros funcionarios. Como sus equivalentes en la industria, los grandes banqueros se enredaron voluntariamente en la red de poder del estado al aceptar rescates para evitar la quiebra durante la crisis bancaria de 1931. Para cuando los nazis llegaron al poder, el estado poseía la mayoría de las acciones de los grandes bancos.
En 1933 el estado declaró su “control de todas las instituciones de crédito” y empezó a licenciar bancos, recabar información sobre deudores y revisar las operaciones bancarias. El estado les dictaba qué inversiones se permitida recomendar a los inversores, que eran bonos públicos y bonos de las empresas subvencionadas por el estado. Se prohibía a los banqueros expresar evaluaciones menos que optimistas de la condición financiera del estado. Para los inversores que rechazaran dicho consejo y sacaran su capital de los bancos para invertir bajo su propia iniciativa, los banqueros estaban obligados a informar de su actividad al estado. Se formó una gran burocracia para supervisar a la banca, centrada en el Reichsbank. En 1935, el gasto del estado se había hinchado hasta el punto de que había suplantado las decisiones de inversión privada y la banca estaba bajo el completo influjo del estado.[13]
El poder del estado se extendió a toda la economía en forma de controles de precios y salarios. Los controles salariales se impusieron en 1933 con el fin de mantener bajos los costes laborales para estimular los beneficios durante la depresión y se añadieron amplios controles de precios en 1936 para ocultar los efectos de la inflación monetaria.
Hans Sennholz señala que en 1945 la emisión de billetes del Reichsbank era dieciséis veces mayor que en 1933. Y el crédito bancario aumento casi siete veces de julio de 1936 a septiembre de 1944. En 1939 la deuda del estado había aumentado a 16.000 millones de marcos y el déficit había llegado a alcanzar todos los fondos disponibles en los mercados de capitales. En 1935, los gastos militares eran más de la mitad del presupuesto total y en 1939 superaban el 75% del total. Los controles de precios y salarios aprobados en respuesta a la disminución del poder adquisitivo del marco formaban una parte integral del sistema nazi de mando total sobre la economía.[14]
Cuando la deuda y la inflación monetaria resultaron insuficientes para alimentar su gasto, el estado se liberó de limitaciones financieras por decreto. Rechazó pagar su deuda, confiscó fondos de personas y grupos, canceló deudas privadas y redujo los tipos de interés sobre préstamos privados y transfirió al estado los fondos resultantes.
Al irse acumulando presiones financieras por los gastos militares durante 1938 y abandonar los inversores a los bancos para invertir con otros intermediarios financieros, el estado obligó a todos los intermediarios de crédito, bancos, aseguradoras y cajas de ahorro, así como a los ayuntamientos, a comprar su deuda. La bolsa también estaba controlada por el estado debido a la posición dominante que llegaron a tener los bancos después de su desplome durante la depresión. Reimann estimaba que en 1938 el 80-90% del nuevo capital era absorbido por el estado. Así, los nazis construyeron su economía de guerra consumiendo la existencia de capital creada por generaciones previas de ahorradores e inversores alemanes.[15]
La nueva economía del vampiro
La forma fascista de intervencionismo en Estados Unidos se construyó a la grupa del corporativismo estatal que apareció durante la Era Progresista y la experiencia de planificación estatal durante la Primera Guerra Mundial.[16] El primero culminó con el establecimiento del Sistema de la Reserva Federal para centralizar completamente el control estatal de los bancos y la inflación monetaria y el segundo estableció precedentes para los programas del New Deal.
Con la Fed a toda máquina, el patrón italiano durante la gran Depresión se vio también en Estados Unidos.[17] La inflación monetaria y la expansión del crédito durante la década de 1920 llevaron al declive, que se usó para justificar un mayor control estatal de la inversión, mediante gastos fiscales y regulación. Como Mussolini, Hoover usó el proteccionismo para favorecer a ciertos productores, aumentar la financiación de programas de obras públicas y rescatar empresas clave. El gasto federal aumento en más del doble desde 1929 a 1934 y casi se triplicó durante la década de que va de 1929 a 1939. De un modesto superávit en 1930, el presupuesto federal pasó a un déficit en todos los siguientes quince años. En 1932 el déficit era del 142% de los ingresos fiscales y en 1933 fue del 130%. En cuatro de los cinco años entre 1932 y 1936, el déficit presupuestario fue mayor del 100% de los ingresos fiscales.[18]
Después del crash de la bolsa en octubre de 1929, la Fed trató sin éxito de redevaluar y reforzar los mercados de crédito. Cuando fracasó en su intento, Hoover armó a los grandes bancos para establecer la National Credit Corporation para rescatar bancos. Capitalizada con 500 millones de dólares de los bancos y el poder de tomar prestado hasta 1.000 millones de dólares con ayuda de la Fed, la NCC operó como una medida temporal hasta el renacimiento de la War Finance Corporation de la primera guerra Mundial con el nombre de Reconstruction Finance Corporation.
Nacida en enero de 1932, a la RFC se le autorizó a emitir 1.500 millones de dólares en deuda y prestar a empresas en apuros. Los primeros 1.000 millones se proporcionaron en junio y el 80% fueron a bancos y ferrocarriles. En julio la Ley de Socorro y Construcción de Emergencia autorizó a la RFC a extender su crédito a 3.800 millones de dólares y esta proporcionó 2.300 millones ese año, 300 millones de los cuales se prestaron al estado para sus programas de socorro.
Hoover también indujo a las empresas aseguradoras a posponer ejecuciones de hipotecas subvencionándolas mediante los Federal Farm Loan Banks. Autorizada por la primera Ley Glass-Steagall en febrero de 1932, la Fed aumentó sus compras de títulos del Tesoro en lo que resultó ser otro vano intento de volver a inflar la economía. A pesar de un aumento del 35% en las reservas bancarias durante 1932, la existencia de dinero cayó en 3.500 millones de dólares. En julio de 1932, Hoover aumentó el Federal Home Loan Bank con 125 millones de dólares de capital para préstamos hipotecarios.[19]
Al menos Hoover no adoptó el Plan Swope, que reclamaba la cartelización forzosa de la economía bajo la dirección del gobierno federal; eso tuvo que esperar a su sucesor.[20] Mientras aceleraba la política fiscal y monetaria expansiva, Roosevelt realizó un bombardeo regulatorio. La Ley Bancaria de Emergencia de 1933 cartelizó aún más los bancos, los puso bajo una regulación federal más estricta y produjo rescates. El estado eliminó la competencia entre bancos y por parte de instituciones no bancarias al reservar a los bancos un aserie uniforme de prácticas. La Ley Bancaria de 1935 aislaba al cártel bancario prohibiendo la entrada a competidores sin aprobación.
La Federal Deposit Insurance Corporation ralentizó el proceso de liquidación de la depresión y congeló las malas inversiones en banca y la estructura de capital. Para abrir el camino a más inflación monetaria, Roosevelt abandonó el patrón oro, anuló los contratos en oro y confiscó las existencias de oro. Los Civilian Conservation Corps, la Ley de Socorro de Emergencia y la Works Progress Administration subvencionaron el desempleo y la mala asignación de mano de obra y distorsionaron los esfuerzos caritativos privados.
Las leyes de ajuste agrícola pusieron las decisiones de plantación en manos del estado y subvencionaron la desinversión y las malas inversiones en la producción agrícola. La Autoridad del Valle de Tennessee invirtió mal el capital, destruyó recursos naturales y distorsionó los mercados energéticos. La Federal Securities Act puso a las bolsas, la cumbre de la asignación de capital en el mercado, bajo el brazo regulatorio del gobierno federal.
La Ley de recuperación Industrial Nacional cartelizó y burocratizó la economía bajo control federal. La Ley de Préstamos de Dueños de Viviendas, la Ley Nacional de la Vivienda y la Administración de Electrificación Rural inviertieron mal el capital en viviendas y electricidad. La Ley Nacional de Relaciones Laborales y la Ley de Estándares Laborales Justos distorsionaron los costes laborales llevando a malas inversiones y estimularon el desempleo. La Ley de Seguridad Social obligó a la gente a “invertir” en bonos fiduciarios federales. Igual que los fascistas, Roosevelt creó apoyo público a la intervención estatal como algo necesario para la estabilidad e hizo de la preparación para la guerra la principal vía para los gastos estabilizadores del estado.
Aunque las agencias del New Deal debían mucho a sus predecesoras de la Primera Guerra Mundial tanto en forma como en personal, hizo falta la Segunda Guerra Mundial para aparecer una planificación estatal completa.[21] La Ley de Formación y Servicio Selectivo de 1940 daba poder a Roosevelt para reclutar mano de obra y confiscar bienes y factores para el esfuerzo de guerra. A mediados de 1940, se autorizó a la Reconstruction Finance Corporation a emitir deuda y usarla para comprar y operar instalaciones productivas, invertir en equipos y maquinaria y comprar terrenos para producción bélica. Las leyes primera y segunda de poderes de guerra dieron en 1941 amplios poderes al presidente para expropiar instalaciones de producción, regular sectores, comprar bienes y factores, estipular términos en contratos, asignar recursos y expandir el potencial inflacionista de la Fed autorizándola a comprar deuda directamente del Tesoro.
A la Oficina de Administración de Precios se le acusó de establecer controles de precios y salarios tras la enorme inflación monetaria de la Fed. Su Regulación General de Precios Máximos, publicada en abril de 1942, generó escaseces y racionamientos generalizados. Descontento con la aplicación no sistemática de los controles, Roosevelt impulsó la Ley de Estabilización Económica en octubre de 1942. Se encargó a la Oficina de Estabilización Económica que desarrollara una “política económica nacional integral respecto del control del poder adquisitivo civil, precios, rentas, salarios, beneficios, racionamiento, subvenciones y todos los asuntos relacionados”.
De 1940 a 1945, los gastos federales se multiplicaron casi por diez y los ingresos fiscales se multiplicaron casi por siete. En 1942 l déficit presupuestario era más del doble que todos los gastos federales en 1940. En 1943, el déficit era dos veces y media el déficit de 1942 y doblaba la cantidad de ingresos fiscales de 1943. La deuda federal se multiplicó por cinco durante la guerra y la Fed casi dobló las existencias monetarias.[22]
El poder del estado se retrajo después de la guerra, los gastos federales se recortaron a la mitad y muchas de las agencias se disolvieron y algunas de sus funciones cesaron, mientras que otras fueron transferidas a agencias restantes, pero el estado asumió el rol de estabilizar la economía. La Ley de Empleo de 1946 pedía al gobierno federal “usar todos los medios practicables (…) para promover el máximo empleo, producción y poder adquisitivo”, en otras palabras, para impedir recesiones.[23] Para estabilizar la economía, el estado ha estado trabajando para recuperar el poder que ejercitó durante la guerra.
Revisemos lo lejos que hemos viajado en el camino fascista. Los fascistas usaron el gasto y la regulación estatales para dirigir la inversión hacia líneas de producción aprobadas por el estado, siendo la militar la principal de entre todas ellas. El gobierno federal tiene 165 agencias principales, 141 de las cuales tienen un efecto importante en la inversión en el economía. Sesenta y seis afectan a la inversión mediante gastos fiscales.
Los departamentos de agricultura, comercio, defensa, educación, energía, salud y servicios humanos, seguridad interior, vivienda y desarrollo urbano, transporte e interior están entre las fuentes principales de dicho control federal.
En 2005, el gobierno federal gastó aproximadamente 1,3 billones de dólares en estas áreas. Y desde 1945 a 2005, el gobierno federal ha gastado 9,5 billones de dólares en defensa, 6,5 billones en atención sanitaria, 1,4 billones en educación, 1,2 billones en transporte, 0,8 billones en energía y recursos naturales, 0,6 billones en agricultura, 0,5 billones en ciencia, espacio y tecnología, 0,33 billones en desarrollo comunitario y regional y 0,3 billones en comercio y vivienda.[24] Estos gastos fueron malas inversiones en secciones enteras de la estructura de capital.
Las otras 75 agencias federales que afectan a la inversión, lo hacen por regulación. Los ejemplos aquí incluyen los departamentos de trabajo, justicia y tesoro, la agencia de protección medioambiental, la comisión federal de comercio, la comisión federal de comunicaciones, la corporación federal de seguro de depósitos y el sistema de la reserva federal.
El coste de cumplir con las regulaciones federales se ha estimado en 1 billón de dólares anuales sin la Patriot Act ni la Sarbanes-Oxley.[25] El impacto de las políticas fiscales y regulatorias del gobierno federal es de 2,3 billones de dólares este año. Esto es casi el 20% del PIB y más del 40% del Producto Remanente Privado.
Los fascistas usaron un banco central y cartelizaron el sistema bancario bajo su regulación con el fin de monetizar su deuda y expandir la oferta de crédito. La Fed posee 736.000 millones de dólares de deuda federal y las instituciones de depósito poseen otros 1,4 billones. Juntos poseen el 27% de los 7,9 billones de dólares de deuda federal. De los 4,6 billones de dólares de deuda federal en posesión del público, las instituciones depositarias tienen el 30%. El componente fiduciario de los depósitos a la vista emitidos por instituciones depositarias es de aproximadamente 582.000 millones de dólares, lo que supone el 8% del crédito total de 7 billones de dólares intermediado por instituciones depositarias.[26] Como ha apuntado Joe Salerno, la inflación monetaria y la expansión del crédito ocultan el consumo de capital de la intervención del estado y por tanto apaciguan las quejas públicas contra este.[27]
Los fascistas cerraron las ventanas de oportunidad para inversores para escapar del control estatal. Al irse acumulando las restricciones a la banca en las décadas de 1960 y 1970, los inversores buscaron alternativas y los empresarios se las proporcionaron. De 1950 a 1980, la porción de activos totales de todos los intermediarios financieros poseída por bancos cayó del 52% al 36%. Y la porción del mercado del crédito a corto plazo poseída por bancos cayó del 91% al 71%.[28] En respuesta a la revolución de los servicios financieros, el gobierno federal pasó a consolidar su control sobre los intermediarios financieros.
La Ley de Control Monetario de 1980 puso a todas las instituciones financieras que ofrecen depósitos a la vista bajo la autoridad reguladora de la Fed y les impuso las prácticas uniformes de todos los bancos miembros. Todas las instituciones depositarias en Estados Unidos están reguladas por tres agencias federales., la Fed, la FDIC y el Interventor de la Divisa. Combinadas, aplican más de 150 categorías de regulaciones.
Los fascistas usaban a los bancos para recabar información de actividad financiera de los clientes. Desde la Ley de Secreto Bancario de 1970, el gobierno federal ha aprobado ocho leyes adicionales contra el blanqueo de capitales, extendiendo su poder para recabar información sobre estadounidenses. Los bancos deben ahora crear perfiles financieros de sus clientes e informes de actividades sospechosas para el estado cuando se desvían de estos patrones.
Los fascistas dictaban líneas aceptables de inversión. El gobierno federal obliga a los bancos a realizar cierto tipo de préstamos, como en la Ley de Reinversión en la Comunidad y a las empresas a hacer cierto tipo de inversiones, como en la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, leyes medioambientales y Sarbanes-Oxley. En otros casos, el gobierno federal cambia coactivamente los incentivos que tienen los bancos para prestar a ciertas líneas de producción, como en el caso de Fannie Mae y Freddie Mac.
Los fascistas confiscaban capital cuando se acumulaban presiones fiscales. El poder confiscatorio del gobierno federal se ha dirigido hacia la guerra contra las drogas y el crimen organizado. La Patriot Act aumentó la confiscación de activos para disminuir el blanqueo de dinero y hacer uniformes las medidas contra el blanqueo en las instituciones financieras.
Ante una crisis fiscal e inflación de precios por sus políticas fiscales y monetarias, los fascistas recurrían a poderes dictatoriales y confiscatorios y a controles de precios y salarios. Los gastos federales extraordinarios de la Guerra del Vietnam y los programas de la Gran Sociedad, unidos a la inflación monetaria, llevaron a nuestra última imposición de controles de precios y salarios al principio de la década de 1970. Indudablemente, el gobierno federal recurrirá a mayores poderes dictatoriales y confiscatorios y controles más estrictos de precios y salarios tras la próxima crisis fiscal y monetaria.
Una clase política dispuesta a gastar 250.000 millones para reconstruir una sola ciudad afrontando enormes déficits federales no es consciente del amenazados peligro fiscal. Sin embargo, como siempre, el gasto militar es la mayor amenaza para la integridad fiscal del estado. Si no se controlan estas tendencias fascistas en Estados Unidos, llevarán a un consumo neto de capital y el fin del progreso económico en Estados Unidos, por no mencionar el recorte de las libertades que nos quedan.
Publicado el 13 de octubre de 2005. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.