Este artículo fue extraído del libro Crimen Organizado, escrito por Thomas DiLorenzo y traducido por Juan José Gamón Robres. Descarga el libro aquí.
CAPÍTULO 16 – Libertad y Federalismo
Los norteamericanos -y la mayor parte del resto del mundo- se han visto privados de uno de los más importantes mecanismos para asegurar y mantener una sociedad libre, a saber, el federalismo o los derechos de los Estados. No es algo meramente accidental que los derechos de los Estados se hayan visto relegados a la memoria o que hayan sido denigrados como instrumentos racistas. La tradición Jeffersoniana consistente en otorgar derechos a los Estados fue, y sigue siendo, la clave para entender porqué Thomas Jefferson creía que el mejor gobierno es aquél que gobierna menos y que un gobierno constitucionalmente limitado era, en efecto, posible. Los enemigos de la libertad se han opuesto siempre y en todo lugar a la descentralización política y se han mostrado siempre partidarios del monopolio del poder político.
¿Qué son los derechos de los Estados?
La idea de asignar derechos a los Estados está íntimamente asociada a Thomas Jefferson y a sus herederos políticos. El propio Jefferson nunca sostuvo la idea de que “los Estados tengan derechos”, que siempre ha sido un concepto vacío. Por supuesto que los Estados no tienen derechos, solo los individuos los tienen. La esencia de la idea de Jefferson es que si se quiere que el pueblo sea quien detente el poder sobre su propio gobierno y que no se convierta en su siervo, entonces, debe existir algún instrumento que le permita controlar al gobierno. Ese instrumento, en la tradición Jeffersioniana, son las comunidades políticas organizadas en los ámbitos estatal y local. Así es como el pueblo puede supervisar, controlar, disciplinar e incluso abolir, si es necesario, a su propio gobierno.
Fue Jefferson, después de todo, quien escribió en la Declaración de Independencia que los poderes de un gobierno justo provienen solamente del consentimiento del pueblo, y que siempre que el gobierno abusa de los derechos del pueblo, del derecho a la vida, a la libertad y a alcanzar la felicidad, es obligación de éste abolir ese gobierno y sustituirlo por otro distinto. El pueblo para este fin obraría de la misma forma a como lo hizo cuando adoptó la Constitución: mediante convenciones políticas organizadas por los Estados. Los Estados, al fin y al cabo, eran considerados por la generación que fundó Norteamérica como naciones independientes en el mismo sentido que lo eran Gran Bretaña y Francia. La Declaración de Independencia concebía a los Estados específicamente como “libres e independientes”, con la independencia suficiente para exigir impuestos y hacer la guerra, como lo haría cualquier otro Estado.
Es por ello por lo que los herederos políticos de Thomas Jefferson, demócratas sureños de mediados del siglo XIX, mantuvieron convenciones políticas (y elecciones populares) en los Estados para decidir si continuarían o no formando parte de la unión voluntaria alumbrada por los padres fundadores. Es también por eso que los federalistas de Nueva Inglaterra celebraron en 1814 una convención política en Hartford, Connecticut, cuando consideraron separarse de la Unión y decidieron finalmente rechazarla. El artículo 7 de la Constitución de los Estados Unidos explicaba que los Estados podían unirse o no a la Unión en función de los votos adoptados en las convenciones políticas estatales por los representantes de las varias comunidades que hubiera en cada Estado (no por las legislaturas de los Estados) y, si nos atenemos a la letra de la Declaración de Independencia, también tenían el derecho a votar la secesión respecto del gobierno (del Estado) para crear uno nuevo si así lo hubiesen querido.
Jefferson no solo fue el autor de la declaración de secesión de Norteamérica respecto del Imperio Británico. En su Kentucky Revolves (Resolución de Kentucky) de 1798 defendió la idea de la nulificación o anulación de las leyes que se considerase que fueran inconstitucionales y también creyó que la Décima Enmienda a la Constitución (“Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos a los Estados por ella, están respectivamente reservados a los Estados o al pueblo”) era la piedra angular de todo el documento. Era un “construccionista estricto” que creía que se debería dedicar todos los esfuerzos para conseguir que el gobierno central solo poseyese aquellos poderes que le hubiesen sido delegados por los Estados en el artículo 1, sección 8ª.
Los derechos de los Estados, o sea el Federalismo, nunca significaron que los políticos de los gobiernos de los Estados fuesen considerados de algún modo más inteligentes o de mayor moralidad o menos corruptos que los políticos nacionales. La idea siempre fue que (1) es más fácil que el pueblo pueda vigilar y controlar al gobierno cuanto más próximo esté de él y que (2) un sistema descentralizado de gobierno que consistiera en numerosos Estados que se hallaran en competencia unos con otros, facilitaría a los ciudadanos una escapatoria ante la tiranía de un gobierno más centralizado o monopolístico. Si supongamos, Massachussets crease una teocracia estatal, quienes no quisieran vivir bajo esa teocracia (o cualquier teocracia) podrían escapar a Virginia, Pennsylvania o algún otro Estado. La idea de los derechos de los Estados nunca fue concebida por los Jeffersonianos para crear un laboratorio de experimentación con las políticas gubernamentales, como han afirmado algunos científicos políticos contemporáneos. Eso sería tratar a la gente como si fueran ratas enjauladas en un laboratorio y no es probable que fuese así como Jefferson gustara verse a sí mismo.
La secesión o la amenaza de secesión siempre se concibió como un medio dirigido a mantener dos cosas: la unión de los Estados y un gobierno constitucional. La idea era que el gobierno central, al ser consciente de que las leyes inconstitucionales podrían llevar a la secesión o a su anulación, probablemente solo propondría leyes constitucionales. La anulación y la amenaza de que pudiera declararse, tenían los mismos efectos. Es por ello por lo que el gran historiador británico de la libertad, Lord Acton, escribió lo siguiente al General Robert E. Lee el 4 de noviembre de 1866, diecisiete meses después de que éste se rindiera en Appomattox:
“Veo en los derechos de los Estados el único control sobre el absolutismo de la voluntad soberana y la secesión me llenó de esperanza, no por ser la destrucción sino la salvación de la Democracia. Las Instituciones de su República (refiriéndose a la Constitución Confederada) no han desempeñado en el Viejo Orden la influencia salvadora y liberadora que les debería haber correspondido a consecuencia de los defectos y al abuso de los principios para cuyo remedio la Constitución Confederada estaba expresamente concebida. Creí que el ejemplo de la gran Reforma habría bendecido a todas las razas de la humanidad estableciendo una auténtica libertad, desprovista de los peligros innatos y de los desórdenes propios de las Repúblicas. Por consiguiente consideré que Usted estaba combatiendo las batallas de nuestra libertad, nuestro progreso y nuestra civilización; y lamento más profundamente todo cuanto se perdió en Richmond más de lo que celebro cuanto se salvó en Waterloo“.
Además de ver el derecho de secesión como el único “medio” por el que el pueblo podría efectivamente detener a un gobierno tiránico, Lord Acton estaba también refiriéndose a cosas tales como eliminar de la Constitución Federal de los Estados Unidos la “cláusula del interés general” (para otorgar poderes extraordinarios a la Confederación) que preveía la Constitución Confederada; un único mandato de seis años para el Presidente; la prohibición de tarifas proteccionistas y de las ayudas a las empresas (con excepción del dinero destinado al dragado de los puertos); y en general, un sistema de gobierno más descentralizado. Por supuesto, nunca se permitió que ese sistema se hiciera realidad dado que los Estados Confederados fueron invadidos por el mayor ejército que jamás se hubiese visto hasta aquel momento en la historia del mundo e hicieron lo que los Estados siempre hacen en esas situaciones, a saber, confiscar recursos y centralizar el poder para llevar adelante una guerra defensiva.
El General Lee entendió lo que decía Lord Acton y estuvo de acuerdo con él. En una carta fechada el 15 de diciembre de 1866, el General Lee le contestó lo siguiente:
Aunque he considerado que la conservación del poder constitucional del Gobierno General es el fundamento de nuestra paz y seguridad interior y exterior, sin embargo, creo que el mantenimiento de los derechos y de la autoridad reservados a los Estados y al pueblo, no son solo esenciales para el ajuste y equilibrio del sistema general, sino que son la salvaguardia de la subsistencia de un gobierno libre. Lo considero como la fuente principal de la estabilidad de nuestro sistema político, mientras que la consolidación de los Estados en una gran república, seguro que será agresiva hacia el exterior y despótica internamente, será la segura precursora de la ruina que ha aplastado a todos cuantos la precedieron (énfasis añadido).
Acton y Lee fueron proféticos en su intercambio de correspondencia: la centralización del poder del gobierno que fue el sello de los sistemas políticos del mundo a finales del siglo XIX y durante el siglo XX resultó ser una plaga para la humanidad además de ser el requisito previo para la adopción del fascismo y de todas las demás formas de socialismo, incluido el comunismo.
CAPÍTULO 17 – Los Orígenes de la Nulificación
Los defensores de la centralización el poder en manos del gobierno desprecian la idea Jeffersoniana de la ‘nulificación’, esto es, la idea de que los ciudadanos de uno o varios Estados deben tener algo que decir respecto de la constitucionalidad de las leyes federales y deben tener la posibilidad de anular en su Estado aquellas leyes que consideren que son inconstitucionales.
Esta idea fue popular entre los colonos americanos, pero está más íntimamente asociada a Thomas Jefferson y a James Madison, autores de las resoluciones de Virginia y de Kentucky de 1798. Jefferson, a petición de unos amigos de Kentucky, redactó la Kentucky Revolve (“Resolución de Kentucky“) que concibió como un instrumento para anular la odiada ley contra la Sedición (Sedition Act) que había impuesto el Presidente John Adams, “La ley contra la Sedición” efectivamente declaraba ilegal que se criticara al gobierno federal.
Tan pronto como el Partido Republicano alcanzó el poder -y una vez retirado George Washington-, logró efectivamente erradicar la libertad de expresión política en América en clara violación de la Primera Enmienda. La chispa que encendió ese impulso totalitario fue un editorial del nieto de Benjamin Franklin, Benjamin Franklin Bache, editor del periódico Philadelphia Aurora. Bache era un seguidor de Jefferson y de su Partido Demócrata-Republicano que se oponía abiertamente al programa federal de estatismo económico, es decir: tarifas proteccionistas, un banco nacional, ayudas a las empresas, elevados impuestos y una gran deuda pública. En un editorial llamó a John Adams “viejo, pendenciero, calvo, ciego, tullido, desdentado Adams”.
Se dice que Abigail Adams se enfadó mucho por la caracterización que Bache hizo de su marido y junto a los periódicos de tendencia federalista empezó a instigar que Bache fuese castigado. El resultado fue la Ley de Extranjería y contra la Sedición (Alien and Sedition Act). La ley contra la sedición fue aprobada el 14 de julio de 1798 y en ella se tipificó como constitutiva de delito la conducta de quienes “escribieran y publicasen falsedades, escándalos y hechos maliciosos del gobierno, de sus miembros o de sus funcionarios”. Por supuesto que sería el propio gobierno quien decidiría qué escritos deberían ser considerados impropios o ilegales, como sucedería después en todas las sociedades totalitarias. La ley se redactó de forma que dejara de estar vigente el día que John Adams abandonara el gobierno para que tan solo pudiera emplearse contra miembros y simpatizantes del partido de Jefferson.
Muchos Jeffersonianos estaban molestos por las ostentosas y regias muestras de grandeza que exhibía la familia de los Adams y no se escondían en sus frecuentes críticas. En el mes de noviembre de 1798 un hombre llamado David Brown plantó una estaca en Dedham, Massachussets, con un letrero que, en defensa de la libertad, decía: “No a la ley del Timbre, No a la Ley de Sedición, No a las leyes de Extranjería, No al impuesto sobre la propiedad de la tierra, Abajo los tiranos de América; Paz y retiro para el Presidente; Larga vida al Vice-Presidente (Jefferson)”. Por ello fue multado y sentenciado a dieciocho meses de prisión.
Varias docenas de redactores de periódicos que apoyaban a Jefferson fueron arrestados por criticar al gobierno en aplicación de la Ley de Sedición. Además, turbas de partidarios del Partido Federalista atacaron con frecuencia a los periódicos y a las empresas editoras que simpatizaban con el Partido Demócrata-Republicano o que criticaban a John Adams. El Federalista Roger Griswold, un congresista de Connecticut, hallándose en el interior del Congreso, atacó al congresista Mathew Lyon de Vermont golpeándole con un bastón de nogal americano después de que Lyon criticase a los Federalistas por estar “en oposición a los intereses y opiniones de nueve décimas partes de sus constituyentes”.
Después de que Lyons escribiera un artículo periodístico sugiriendo que Adams mostraba “ilimitada ansia por una pompa ridícula, por una demencial adulación y un avaricioso egoísmo”, la Administración de Adams convocó un gran jurado y denunció a Lyons. Quien a pesar de ser un veterano de la guerra revolucionaria, se vio forzado a caminar con grilletes por las calles de su ciudad natal y fue después encarcelado. Estando en prisión, se presentó a las elecciones y fue holgadamente reelegido.
Este es el tipo de comportamiento despótico que motivó que Jefferson escribiese la Resolución de Kentucky de 1798. La Sección Primera de su famoso “Resultando” reza como sigue:
Dado, que los varios Estados que componen los Estados Unidos de América no se encuentran unidos sobre los principios de ilimitada sumisión a su Gobierno General.
(Resultando) que de común acuerdo, con el estilo y bajo el título de Constitución de los Estados Unidos de América, con sus enmiendas, constituyeron un Gobierno General para fines especiales, al que delegaron ciertos finitos poderes, reservándose cada Estado la masa residual de Derecho de su propio auto-gobierno.
(Resultando) que siempre que el Gobierno General asume poderes no delegados, sus actos carecen de autoridad, son nulos y su observancia o cumplimiento no es exigible …
(Resultando) que al Gobierno creado por ese común acuerdo no se le hizo juez último y exclusivo de la extensión de los poderes que le fueron delegados.
(Resultando) que éso hubiera dejado a su discreción, y no a la Constitución, la fijación de los límites de sus poderes.
(Resultando) que, como en los demás casos en los que existe un pacto entre varias partes, que carecen de un Juez común, cada parte tiene el mismo derecho a juzgar por sí misma, tanto las infracciones como la forma y medida de corregirlas.
La Virginia Resolve, obra de Madison, era casi idéntica. Cuando Jefferson fue elegido presidente, la Ley de Sedición resultó derogada. El nuevo presidente puso inmediatamente fin a todas las acusaciones federales que estaban en trámite y perdonó a quienes habían sido condenados bajo la Ley de Sedición, incluso al congresista Lyons.
Durante la presidencia de Jefferson, los Federalistas de Nueva Inglaterra utilizaron la Resolución de Kentucky para anular el embargo comercial que Jefferson había impuesto después de que la Marina Británica empezara a secuestrar buques y marinos americanos para emplearlos en su guerra contra Francia. El 5 de febrero de 1809 la legislatura de Massachussets declaró que el embargo “no era legalmente vinculante respecto de los ciudadanos de su Estado” y denunció la ley por ser, como describe James J. Kipatrick en “The Sovereign States“,”injusta, opresiva e inconstitucional” Todos los Estados de Nueva Inglaterra, incluido Delaware, ‘nulificaron’, o sea, declararon nula la ley de embargo.
Cuando estalló la guerra de 1812, los Federalistas de Nueva Inglaterra se separaron de hecho de la unión no participando en la guerra. El instrumento político de su postura anti-bélica fue la nulificación. Como declaró la asamblea del Estado de Connecticut, y recoge Kilpatrick:
No se debe olvidar que el Estado de Connecticut es un Estado LIBRE, SOBERANO E INDEPENDIENTE y que los Estados Unidos son una República confederada y no consolidada (única). El Gobernador de este Estado tiene la elevada y solemne obligación de “mantener sus plenos y legítimos derechos y privilegios como Estado soberano, libre e independiente” que es, “para hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos”. Y la obligación de hacerla cumplir impone la obligación adicional de respetar lo primero. El edificio no puede tenerse en pie si los pilares sobre los que se asienta están dañados o en ruina.
Esta afirmación no hacía sino reproducir la interpretación que hacía Jefferson de que los derechos que la Constitución reconoce a los Estados derivan de un pacto entre Estados. El mismo razonamiento se utilizó después cuando Carolina del Sur anuló la Ley de 1828 conocida como “Ley de las abominables tarifas” (“Tariff of Abominations Act“); por los ciudadanos del Estado de Ohio en su lucha contra el intento del Bank Of The United States de abrir sucursales en ese Estado; y por los gobiernos de Wisconsin y varios otros para anular la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850. Nunca fue un ardid ideado por los dueños de esclavos “justificar” la esclavitud, como algunos historiadores contemporáneos, ineptos o deshonestos, han afirmado fraudulentamente.
Traducido del inglés por Juan José Gamón Robres – mailto: juanjogamon@yahoo.es.
