Este artículo fue extraído del libro Crimen Organizado, escrito por Thomas DiLorenzo y traducido por Juan José Gamón Robres. Descarga el libro aquí.
SECCIÓN 5.- TRABAJADORES Y SINDICATOS
CAPÍTULO 37.- La Política Económica de los Sindicatos de Empleados Públicos
Una de las razones más importantes por las que en los Estados Unidos tantos gobiernos municipales y de los Estados parecen estar en una permanente situación de crisis financiera -que lleva a sus políticos a estar continuamente tramando subidas ocultas de impuestos (y no tan ocultas)- es que prestan la mayor parte de lo que denominan “servicios públicos” mediante monopolios sindicales.
Los sindicatos de empleados públicos tienen mucho más poder que los sindicatos del sector privado porque las entidades para las que trabajan son en su mayoría monopolios. Cuando los empleados de una tienda de alimentación, por ejemplo, se ponen en huelga y cierran la tienda o la cadena de tiendas, los consumidores pueden comprar en otro sitio y la dirección de la tienda tiene plena libertad para contratar a trabajadores sustitutos. En contraste, cuando el sindicato de los profesores de una ciudad o el sindicato de los conductores de los camiones de la basura van a la huelga, no hay clases ni se recoge la basura mientras dure la huelga. Eso otorga a los sindicatos de empleados de servicios públicos un enorme poder de negociación ya que los políticos electos tienen que hacer frente a las quejas de los encolerizados votantes si no hay colegio o se acumula la basura no recogida y se ven presionados para ceder rápidamente a las demandas de los sindicatos.
Además, los profesores de la enseñanza pública con frecuencia consiguen un puesto fijo tras solo dos o tres años y las reglamentaciones sobre funcionarios civiles hacen extremadamente costoso, sino imposible, contratar a trabajadores sustitutos. Así pues, cuando los burócratas del gobierno van a la huelga, tienen la capacidad de cerrar indefinidamente toda la “industria” para la que trabajan. Esta es la principal razón por la que los gastos de los gobiernos locales y de los Estados se han disparado en décadas recientes.
Durante décadas, los investigadores han señalado que cuanto más dinero se gasta por alumno en las escuelas públicas, peor es el rendimiento académico de los alumnos. Resultados similares son prevalentes en todas las demás áreas del gobierno. Como escribió una vez el economista Milton Friedman, las burocracias gubernamentales, especialmente las sindicalizadas, son como “agujeros negros” en los que mayores “inputs” (por ejemplo, dinero gastado en programas del gobierno) llevan a una disminución de “outputs” (por ejemplo, rendimiento de los alumnos, pobreza, etc …). Cuanto más se gasta en escuelas públicas, menos educación tienen los alumnos. Cuanto más se gasta en asistencia social, más pobreza hay, y así ocurre siempre. Esto es exactamente lo contrario de lo que normalmente sucede en la vida económica en un mercado libre en el que mayores “inputs” llevan a más y mejores productos y servicios, no a menos.
En las actividades del gobierno, no existe un mecanismo como en el mercado que proporcione retro-alimentación en el sentido de que recompense la mejora del producto y la reducción de los costes (con beneficios) y que castigue (con pérdidas) los sobre-costes y la baja calidad del producto o servicio, ya que en el sector público no hay en sentido contable beneficios y pérdidas. De hecho, en el caso del sector público los incentivos son perversos: cuanto peor es el desempeño de las burocracias del gobierno, es característico que, tras justificar su bajo rendimiento como algo no inherente a ellas sino causado por la falta de dinero, reciban más fondos presupuestarios.
Hay muchos estudios en la literatura económica que demuestran que los burócratas del gobierno perciben mayores salarios y beneficios que sus homólogos del sector privado que tengan las mismas acreditaciones académicas o nivel de estudios. El enorme poder que tienen los sindicatos de empleados públicos efectivamente logra transferir el poder tributario, el poder de crear y exigir impuestos, de los votantes a los sindicatos lo que es, por supuesto, palmariamente anti-democrático. Como los sindicatos de empleados públicos pueden fácilmente forzar a los cargos públicos electos a que aumenten los impuestos para satisfacer sus demandas, son ellos, y no los votantes, quienes controlan cuanto se ha de pagar en concepto de impuestos. Ellos son los beneficiarios de una particular forma de imposición sin representación (lo cual no implica que la imposición con representación sea para nada mejor). Es por ello por lo que algunos Estados tienen leyes que prohíben que los sindicatos de empleados públicos hagan huelga.
Los políticos se encuentran maniatados por los sindicatos de empleados públicos: si ceden a sus reivindicaciones retributivas y aumentan los impuestos para financiar esas demandas, aumentan las posibilidades de que los enojados contribuyentes los echen del gobierno en las elecciones siguientes. La “solución” a este dilema ha sido durante mucho tiempo ofrecer a los sindicatos de empleados públicos incrementos salariales moderados y prometer espectaculares pensiones de jubilación. Esto permite a los políticos complacer a los sindicatos mientras difieren los costes para el futuro, para mucho después de que hayan sido promocionados a mejores puestos o de que se hayan retirado de la política.
Los sindicatos de empleados públicos ni siquiera están principalmente interesados en el bienestar de los miembros del sindicato sino en el del propio sindicato, como tal organización. Los dirigentes de los sindicatos los gestionan primordialmente en su propio y personal beneficio. Consecuentemente, utilizan las reglamentaciones de los funcionarios civiles como herramienta para proteger el empleo de hasta el último burócrata del gobierno, por vago o incompetente que sea. Menos burócratas gubernamentales significa menos cuotas sindicales y menores probabilidades de extravagantes salarios y beneficios para los dirigentes sindicales. Es por eso que los sindicatos de empleados públicos siempre llevan a juicio (o amenazan con hacerlo) todo intento de despido de cualquier burócrata, a veces hasta de quienes están acusados de conductas delictivas.
Despedir por incompetente a un profesor de la enseñanza pública, por ejemplo, puede costar meses o años de disputas legales. Los políticos descubrieron hace muchos años que la estrategia más conveniente es en realidad recompensar al burócrata incompetente con un puesto administrativo mejor retribuido que el empleado incompetente aceptará alegremente. Esto resuelve el problema de los padres que se quejan de que el profesor de matemáticas no sabe matemáticas mientras que a la vez elimina la posibilidad de que el sindicato plantee un pleito. Es por ello que las oficinas administrativas del Departamento de Educación del gobierno están llenas de monstruosidades burocráticas dotadas de profesores incapaces de enseñar pero a los que, en cambio, se encomienda la responsabilidad de “administrar” todo el sistema educativo. Ninguna escuela privada podría subsistir en un sistema tan perverso.
Los sindicatos de empleados públicos también son campeones de la manida práctica sindical por la que se obliga a los empleadores a hinchar plantillas y contratar a más personas de las necesarias para hacer el trabajo. Si esto sucede en el sector privado, los mayores costes salariales harán a la empresa menos rentable o la llevarán a la bancarrota al haber competencia. Nada de esto ocurre en los monopolios estatales. Esa práctica es una estrategia en la que políticos y sindicalistas salen favorecidos a costa de los contribuyentes. Los sindicatos aumentan sus cuotas sindicales y los políticos pueden patrocinar nuevos empleos. Los contribuyentes son quienes acaban pagando más impuestos.
Cada sindicato del sector público es una máquina política que presiona sin tregua en pos de impuestos más elevados, más gasto público, más empleados que colocar y más promesas de pensiones mientras demonizan a los contribuyentes por ser insensibles enemigos de los niños, de los ancianos, de las viudas y huérfanos, de los pobres, etc … Es el viejo truco socialista que Frédéric Bastiat explicó en su famoso libro, “La Ley“. Los sindicatos retratan a quienes abogan por la privatización de los colegios no como legítimos críticos de un sistema fracasado, por ejemplo, sino como gente que odia a los niños.
Tratan a quienes critican el Estado del Bienestar no como gente preocupada por como el Estado del Bienestar ha destruido los incentivos por trabajar y ha arruinado a las familias sino como gente que odia a los pobres.
Los monopolios sindicales que gestiona el gobierno han convertido a los norteamericanos en servidores en vez de en los amos del gobierno. Año tras año, vienen prestado “servicios” cada vez más chapuceros por más dinero. Son ejemplos de libro de los fallos del socialismo y deben abolirse. Cualquier servicio que presten para el que exista una demanda real puede prestarse con una mayor calidad y a un menor coste por la iniciativa privada, en mercados competitivos.
CAPÍTULO 38.- La violencia intrínseca de los Sindicatos
Imagina que abres una nueva cafetería, que tienes éxito y ganas dinero. Entonces imagina que, como es inevitable que suceda en mercados competitivos, abren otras cafeterías que compiten por tus clientes con precios más bajos. Tú respondes intentando asesinar a tus competidores, asaltándolos a ellos y a sus empleados con cuchillos, bates de béisbol, palos y puños americanos, cometiendo actos vandálicos contra sus coches y sus negocios, incendiando sus locales, esparciendo mata-ratas por sus tiendas, tirándoles piedras cuando se marchan de sus tiendas y hasta volando sus inmuebles.
¿Se consideraría que esas prácticas forman parte de una pacífica economía de mercado? Por supuesto que no. Los actos mencionados más arriba son puramente actos propios de matones y criminales. También son, por definición, una de las características del movimiento sindical norteamericano.
Una básica comprensión de economía elemental del trabajo, y de la Historia del sindicalismo, explican porqué la violencia siempre ha sido una característica inherente a los sindicatos en las empresas del sector privado. Históricamente, la principal “arma” que los sindicatos han empleado para lograr aumentos de salarios por encima de los precios de un mercado competitivo basado en la negociación individual del empleador con los empleados ha sido la huelga o la amenaza de huelga. Pero para que una huelga sea efectiva y para que los sindicatos tengan cualquier influencia sobre los trabajadores, algún tipo de violencia y coacción debe ser empleada para dejar a los trabajadores sustitutos fuera del mercado de trabajo. Como explica el Dr. Morgan Reynolds, un antiguo economista-jefe del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos en su libro “Power and Privilege: Labor Unions in America” (“Poder y Provilegios: Los Sindicatos en América”.
El problema de un sindicato es clamorosamente obvio: huelguistas organizados tienen que parar la empresa, cerrar el mercado a cualesquiera otros (trabajadores que no cooperen, miembros de sindicatos, ex huelguistas desencantados y empleadores) para forzar los salarios y las condiciones laborales por encima de los precios fijados libremente por el mercado. Si demasiados individuos desafían a los huelguistas … entonces, con frecuencia los huelguistas recurren a la violencia. Los sindicalistas en última instancia no pueden imponer niveles salariales no competitivos … a no ser que consigan impedir que los empleadores contraten a personas adultas dispuestas a aceptar condiciones mutuamente satisfactorias. Los sindicatos deben interferir activamente con la libertad de comercio en los mercados de trabajo para poder cumplir sus promesas.
Así pues, las huelgas (y los sindicatos en general) representan un conflicto entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, no entre los “trabajadores y la empresa”. Según Reynolds, entre las tácticas que los sindicatos han utilizado tradicionalmente contra los trabajadores no sindicalizados, a los que describen como “esquiroles” y ratas, son los piquetes masivos, los insultos, las amenazas, tirarles piedras y botellas, las persecuciones, las llamadas telefónicas abusivas, los asaltos físicos, la destrucción de propiedades y hasta el asesinato.
La violencia sindical es, de hecho, mucho peor que la descrita por Reynolds. En 1983 la Unidad de Investigación Industrial de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania publicó un libro de 540 páginas titulado “Union Violence: The Record and The Response by Courts, Legislatures and the National Labor Relations Board” (NLRB) (“Supuestos de violencia sindical y respuesta de los Tribunales, de los Legisladores y del Consejo Nacional de Relaciones Laborales ante la misma“) de los profesores Armand J. Thieblot y Thomas R. Haggard. El libro señala que los empresarios también han recurrido a la violencia en las disputas laborales, pero eso no quiere decir que de dos males se obtenga un bien. Se han escrito libros sobre la violencia empresarial. Thieblot y Haggard documentan los casos de violencia sindical que, como ha dicho Reynolds, es inherente a los sindicatos.
Tras recopilar los relatos periodísticos y los registros judiciales durante un periodo de varias décadas, los autores señalan que los episodios de violencia sindical están
repletos de casos de asesinato, intentos de asesinato, destrucción de propiedades, secuestro, sabotaje, estragos, disparos, apuñalamientos, palizas, apedreamientos, voladuras, intimidaciones, amenazas, en síntesis, abusos verbales, físicos y psicológicos de todo tipo.
El sistema policial y el judicial a menudo miran para otro lado cuando son los sindicatos quienes cometen actos de violencia o quienes causan daños materiales. Lo hacen porque los mismos policías están sindicalizados y consideran a los trabajadores en huelga como sus “compañeros”, como sus “hermanos”. Y al enfrentarse a los sindicatos, el sistema judicial es tan corrupto e ineficiente como lo es al tratar de cualquier otro asunto.
Thieblot y Taggard explican por qué la violencia y la coacción son características inherentes del sindicalismo: se utilizan como una herramienta de organización, para engendrar miedo y sometimiento a las demandas sindicales, como un medio para negociar, como una forma de llamar la atención que los sindicalistas esperan que generará presión para lograr un acuerdo en su favor, como un mecanismo para mantener disciplinados a los huelguistas, como una advertencia a los empleadores que pudieran estar considerando contratar a trabajadores no sindicalizados, como un medio para impedir que empresas no sindicalizadas trabajen durante las huelgas y como un medio para crear miedo, en general, como lo haría una banda criminal para intimidar a cualquier potencial competidor.
Thieblot y Taggard revisaron cientos de casos del Consejo Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board – NLRB) así como millares de documentos judiciales y relatos periodísticos de actos de violencia sindical cometidos durante varias décadas y concluyeron que “a juzgar por los listados de casos registrados, la violencia parece ser una parte inherente a las relaciones laborales y a los procesos de negociación colectiva o, por lo menos, su utilización está ampliamente distribuida. Los 2.598 incidentes registrados en la base de datos involucran a 131 sindicatos distintos”. El propósito general de la violencia, concluyen más adelante, es “conseguir los objetivos sindicales a través del descarado, y, con frecuencia, impune empleo de la fuerza y la coacción”.
CAPÍTULO 39.- Los falsos fundamentos ideológicos del Sindicalismo
Ludwig Von Mises escribió en su tratado, “La Acción Humana“, que el principal fundamento ideológico del sindicalismo, y de la política laboral del gobierno que se apoya en él, consiste en “ideas tan confusas” como el mito de que los empresarios tienen un “poder de negociación superior” al de los trabajadores.
En los mercados de trabajo, la competencia entre los empresarios asegura que haya una estrecha relación entre la compensación que recibe el trabajador y la productividad marginal del trabajo. Con más precisión, la compensación viene determinada por “los ingresos marginales del producto”, generados por el trabajador, que es un múltiplo del producto físico marginal -cuantos bienes físicos o servicios produce o presta el trabajador en un determinado período de tiempo- y del precio final pagado por los consumidores por esos artículos.
Por consiguiente los trabajadores se hacen más valiosos para los empleadores si su productividad marginal aumenta, lo cual viene motivado por la inversión en capital de los empresarios (que hacen el trabajo más productivo y por ello más valioso), por las mejoras tecnológicas, que son generalmente el resultado de las inversiones en investigación y desarrollo de los empresarios, y de un mejor capital humano, que es el producto de la educación, la formación, la experiencia y el aprendizaje de todo tipo.
Los trabajadores también se convierten en más valiosos cuando existe una gran demanda de los consumidores, lo que eleva el precio del bien o servicio en cuya producción trabajan. Esto también aumenta sus ingresos marginales por producto, dado que la demanda de trabajo es una “demanda derivada”, que resulta de que los consumidores demanden bienes y servicios para cuya producción se requiere trabajo.
Si en un mercado capitalista del trabajo que sea competitivo, un empleador intenta explotar a algunos o a todos sus empleados, con ello tan solo creará una oportunidad de beneficios para sus rivales perjudicando a su propio negocio. Si el ingreso marginal por producto de un empleado es pongamos de 500 dólares por semana pero se le pagaran solo 200 dólares por semana, entonces a los empleadores de la competencia les compensará contratar a ese trabajador por 300 dólares, luego por 400 dólares, o incluso más, porque aún estarán obteniendo un beneficio si lo hacen. Como escribió Mises en “La Acción Humana“, “Habrá gente dispuesta a sacar provecho de la diferencia que exista entre los costes salariales que prevalezcan en el mercado y la productividad marginal del trabajo. Su demanda de trabajo hará aumentar el coste de los salarios hasta que éstos alcancen el importe que venga determinado por la productividad marginal del trabajo”.
Incluso si ciertos empleadores explotaran a sus empleados pagándoles menos dinero que el equivalente al ingreso marginal del producto (que el trabajador contribuye a obtener), no está claro en absoluto que eso fuera a beneficiar en primera instancia al empleador, en el supuesto de que llegara a beneficiarle en absoluto. La competencia que hay en el mercado por los productos bien podría forzarle a transferir esos ahorros de costes a los consumidores en la forma de precios más bajos, lo que en realidad beneficiaría a los empleados al aumentar sus salarios reales.
La única forma concebible de que la explotación de los trabajadores pueda producirse se daría en el caso de que hubiera un cártel o pacto universal de empleadores que implantara un monopolio por el que todos los empleadores acordaran pagar salarios de explotadción y blindaran ese pacto frente a las posibles violaciones de sus miembros. El único ejemplo de tal escenario y de la explotación universal de los trabajadores fue el socialismo, en el que el Estado era el empleador monopolista. Nunca ha sucedido y nunca podría suceder bajo el capitalismo debido a la bien conocida inclinación de los miembros del cartel por infringirlo. Mises escribió en “La Acción Humana” que “se ha demostrado que en en una economía libre de mercado nunca jamás ha podido descubrirse en ningún lugar cárteles o pactos de esa naturaleza”.
La fábula de que “los capitalistas tienen poderes de negociación superiores” también se extiende a la falacia de que el trabajo es homogéneo. Mises también explicó el significado de esto último:
Lo que se vende y se compra en el mercado de trabajo no es “trabajo en general” sino trabajo de un tipo específico, adecuado para prestar servicios definidos. Cada emprendedor busca a los trabajadores apropiados para que lleven a cabo las específicas tareas que necesita para ejecutar sus planes. Debe retirar a esos especialistas de los empleos en los que estén trabajando en ese momento. El único medio de que dispone para lograrlo es ofrecerles un salario mayor. Todas y cada una de las innovaciones que un empleador planea … requiere del empleo de trabajadores hasta ese momento empleados en otro lugar.
En realidad, la representación sindical a menudo perjudica a muchos trabajadores, contrariamente a las aseveraciones derivadas de la falacia del “superior poder negociador”. Los sindicatos solo pueden beneficiar a algunos de sus miembros, a los que no se vean expulsados de sus trabajos por tener retribuciones, que gracias a los sindicatos, sean superiores a las de mercado. Otros miembros del sindicato, aquellos que tengan menos experiencia laboral y menor antigüedad en el puesto de trabajo, perderán sus empleos. Cuando esos trabajadores busquen empleo en otras áreas, lo que incluiría áreas en las que existirían trabajadores no pertenecientes a sindicatos, tenderán a deprimir los salarios en ellas. En general, virtualmente todos los beneficios de los trabajadores afiliados a un sindicato se producen a expensas de los trabajadores no afiliados.
Una consecuencia general del sindicalismo es la reducción de la dispersión de los salarios que se produce cuando los salarios de los trabajadores más productivos se ven arrastrados a la baja para equipararse al salario medio mientras los salarios de los trabajadores menos productivos se ven impulsados al alza por encima de los niveles autorizados por sus niveles de productividad marginal. Por tanto, la sindicalización penaliza a los empleados más trabajadores y ambiciosos mientras subsidia a los menos ambiciosos y productivos. Ésta es una de las muchas razones por las que los empleadores a veces se toman muchas molestias para evitar la sindicalización: premiar la mediocridad y penalizar el mayor rendimiento laboral es una receta segura para el fracaso empresarial.
Traducido del inglés por Juan José Gamón Robres – mailto: juanjogamon@yahoo.es.
