El proyecto de reforma educacional impulsado en Chile por el Gobierno del bloque izquierdista Nueva Mayoría, se ha caracterizado por seguir una orientación más panfletaria e ideologizada que racional. Está construido en torno a la concepción de la educación como un derecho. Tanfirmemente ligado a esa idea que, una vez desmentida, se desploma como lo hacen los edificios cuando sus pilares han sido derribados.
Los derechos están para proteger al individuo ante las imposiciones ajenas. Adquieren sentido dentro de un contexto de interacción entre actores racionales. Para su concreción exigen tan sólo que los demás se abstengan de interferir. Por ejemplo, su derecho a la vida implica que los demás no lo agredan. Su derecho a la libertad de expresión, que no lo acallen. Su derecho a la propiedad, que no le impidan disponer libremente de sus pertenencias. Son, por su naturaleza, negativos, individuales e inviolables.
Los “derechos sociales” (al empleo, a la educación, a los alimentos, etc.) invierten la lógica anterior. Para empezar, decir que la sociedad tiene derecho a algo es un absurdo. Porque “la sociedad” no existe como tal. No es una cosa concreta, que exista en alguna parte, que podamos observar, medir o comprobar empíricamente. En realidad, es un conjunto de personas particulares, con distintas visiones de mundo, gustos y preferencias. Son ellas, y no la sociedad, las que pueden tener derechos y obligaciones. Por otro lado, se dice que estos derechos no se le pueden negar a nadie. Como nada es gratis, esto redunda en que quienes se encuentran en una mejor posición son obligados a pagar por los menos aventajados. Estos son los grandes y tal vez los únicos beneficiados. Estos ganan y pierden quienes tienen que pagar. En una sociedad sin Estado, la única manera en que un grupo podría obtener algo de otro sin darle nada a cambio es por la agresión. En una sociedad como la nuestra, quien se encarga de realizar el trabajo sucio es el Estado.
Los costos operacionales y administrativos de los colegios exigen una inversión de recursos que deben ser recuperados. La educación, entonces, no puede ser gratuita. Alguien tendrá que pagar. Bogar por el derecho de una persona a la educación es legitimar a los políticos en el poder para hacer uso de la coerción y obligar a alguien más a pagar el costo que, de otro modo, el beneficiario tendría que asumir. El derecho de propiedad (a disfrutar y disponer libremente del fruto de su trabajo) no sólo es inviolable y absoluto por sí mismo, es también imprescindible en la concreción del derecho del hombre a la vida. Aquello que lo niegue y lo contradiga no es ni puede ser un derecho. La educación, a pesar de que el dogma de moda diga lo contrario, no es ni puede ser un derecho.
