Tras la normalización parcial de las relaciones con Cuba de la administración Obama, los defensores del embargo condenaron esta acción, con la National Review publicando un editorial sin firma afirmando que permitir a los estadounidenses comerciar libremente con la nación de la isla equivale a dar comodidad a dictadotres asesinos. Los editores de NR concluían con:
El gobierno cubano no es legítimo y nunca lo ha sido. Es una dictadura de partido único con un gulag, una archipiélago de prisiones a las que echa a demócratas y disidentes. Esperemos que la nueva política estadounidense (la política de Obama) no beneficie a la dictadura cubana ni dañe a los demócratas cubanos. Nos tememos que el día de ayer fue un buen día para los Castro y un mal día para el pueblo cubano y para la política exterior estadounidense.
Todo esto es muy interesante desde una perspectiva de relaciones internacionales y no cabe duda de que el régimen cubano es un régimen brutal. Por otro lado, ¿por qué la brutalidad del régimen cubano hace que esté bien que el régimen de EE. UU. encarcele y persiga a ciudadanos privados estadounidenses que tratan de comerciar con gente en Cuba?
Esta es, en definitiva, la postura de los que están a favor del embargo. Los embargos no son algo en lo que un hada agita su varita y Cuba se convierte repentinamente en invisible para los estadounidenses.
No, apoyar un embargo significa apoyar al gobierno cuando multa, persigue y encarcela a ciudadanos pacíficos que tratan de llevar a cabo un comercio verdaderamente libre. El apoyo a un embargo también implica el apoyo a una burocracia aduanero que espía a los comerciantes y consumidores y a toda la panoplia de programas de aplicación necesarios para castigar a quienes entren en conflicto con los pronunciamientos arbitrarios del gobierno sobre qué tipo de comercio es aceptable y cuál está prohibido. Naturalmente, todo esto lo pagan los contribuyentes.
Cómo castigo el comercio el estado de EE. UU.
Como muestra de la realidad de los embargos, basta con consultar el resumen del embargo cubano del Departamento del Tesoro administrado por la “Oficina de Control de Activos Exteriores”.
Para quienes piensen que el embargo tiene algo que ver con la libertad, podrían consultar la sección sobre sanciones por comerciar con gente en Cuba:
Las multas penales por violar las Regulaciones llegan a 10 años de prisión, 1.000.000$ en multas a empresas y 250.000$ en multas individuales. También pueden imponerse sanciones civiles de hasta 65.000$ por violación. La regulaciones obligan a quienes traten con Cuba (incluyendo viajar a Cuba) guarden registros durante cinco años y, a solicitud de la OCAE, entregar información relacionada con esos tratos.
Nada dice “libertad” como multas de 250.000$ y presentación obligatoria de cinco años de registros privados a demanda del gobierno federal.
Por supuesto, las empresas privadas, no consideran un broma esas potenciales sanciones draconianas y las empresas deben dedicar tiempo y recursos formando a empleados y socios comerciales para asegurarse de que no están violando las leyes federales. Este manual de Snap-on Tools es un ejemplo de cómo las empresas privadas deben estar al día en detalles como estos:
La Oficina de Control de Activos Exteriores (OCAE) del Departamento del Tesoro de EE. UU. mantiene prohibiciones estrictas a los embargos y sanciones menores impidiendo a las empresas de EE. UU. y sus filiales en el extranjero realizar transacciones comerciales con determinados países, personas y entidades de negocios. El Congreso recientemente quintuplicó las multas civiles máximas por violación de muchas de estas sanciones de 11.000$ a 50.00$ (cada envío ilegal constituye una violación) y dobló las sanciones penales potenciales máximas pasando las violaciones voluntarias de 10 a 20 años. Además, se está dando una prioridad mucho mayor a su aplicación.
Es fácil ver por qué quienes están a favor de una mayor intervención pública en la economía no tendrían problema con un programa así, pero son los supuestos defensores de los mercados libres, como los editores de National Review, quienes parecen insistir más en que el gobierno de EE. UU. mantenga armados y listos a sus agentes y una celda abierta para todo el que viole los programas federales que elijan.
Los embargos como prohibición mercantilista
En el fondo, los embargos no son sino un tipo concreto de prohibición. A veces el gobierno impone prohibiciones a transacciones que afectan a ciertos bienes, como el cannabis. Otras veces, la prohibición se extiende a todas las transacciones con gente en un lugar concreto. Lo fundamental es lo mismo, sin embargo, en que se prohíbe el intercambio pacífico, con duras sanciones a los violadores.
Además, los embargos son un una vuelta al mercantilismo de los tiempos antiguos, cuando la política económica se veía como una herramienta de los asuntos internacionales y debía diseñarse, al menos en parte, para beneficiar al régimen del propio país.
Históricamente, los antiguos regímenes mercantilistas controlaban firmemente las oportunidades de que comercio que se debatían como parte de los acuerdos de armisticio, como la Paz de Utrecht (1713), cuando los británico consiguieron obligar a los españoles a que permitieran exactamente un navío de mercancía anualmente a las colonias españolas. En el interior, durante la misma época, el estado británico prohibía a sus propios ciudadanos con valiosos conocimientos de ingeniería que abandonaran el país, no fuera que emigraran a un territorio extranjero y compartieran sus conocimientos con extranjeros. Las necesidades económicas del estado se imponían a las de las personas.
Este es el tipo de política economía que precipitó la Revolución Americana, cuando solo se permitía a los americanos de las colonias comerciar con estados-nación y territorios concretos de tal forma que se considera ventajoso para la Corona Británica. Los luchadores por la libertad en ese conflicto se dedicaban a un floreciente contrabando en el este de Norteamérica para evitar impuestos y comerciar con los franceses y españoles, que no eran precisamente modelos de liberalismo democrático.
Por desgracia, los estadounidenses no aprendieron la lección en la revolución y empezaron a erigir sus propias restricciones comerciales a finales del siglo XVIII. Sin embargo, el mayor delito de la época fue el embargo de Thomas Jefferson contra los británicos, que dañó a las empresas de navegación y astilleros en Estados Unidos. Naturalmente, se apuntó en ese momento que la Constitución no permitía esa acción por parte del gobierno federal. Esas pintorescas consideraciones no han frenado hoy al estado estadounidense o sus aliados proembargo.
Cuba no es el único país sujeto a embargos de Estados Unidos, ya que Corea del Norte, Irán y Siria están en posiciones similares. La pregunta que se plantea a menudo es funcionan o no estas sanciones. Yo indudablemente diría que no funcionan a la hora de lograr los fines declarados, pero en realidad no importa si funcionan o no. Los que defienden esos embargos tienen que respaldar un paso y probar primero que es moral que los estados-nación dicten a la gente que paga las facturas (es decir, los contribuyentes) con quién está autorizada a comerciar. Una sociedad que respete realmente los derechos de propiedad privada, por supuesto, no aceptará esa propuesta y respetará el derecho de los ciudadanos privados a disponer de su propiedad como les parezca. Por otro lado, animamos a los que creen que es prerrogativa de los gobiernos microgestionar la propiedad privada y mandar a prisión a los violadores de la ley a que se muden a algún lugar en el que el gobierno pueda tener un papel robusto y activo en eso. A Cuba, por ejemplo.
