El aborto es un tema revestido de enorme polémica y que entre los propios liberales ha suscitado un conflicto hasta ahora irresoluto. Por una parte, están los sostienen que el ser en gestación, en cuanto que perteneciente a nuestra especie, tiene derecho a la vida. Por otra, hay quienes, descartando lo anterior, afirman el derecho de la madre sobre su cuerpo y la libertad subsecuente de interrumpir el embarazo. Entre estos, algunos piensan que debería estar permitido solo en casos puntuales, como cuando hay inviabilidad fetal, riesgo de la vida de la madre o embarazo por violación. Por desgracia, la discusión se ha caracterizado por una sobreabundancia de dogmas y la cerrazón a considerar —no ya a aceptar— las posiciones contrarias. Dejar de lado dogmas y creencias religiosas no es sencillo, pero es preciso exigir altura de miras. Aprovechando la introducción del Gobierno de Chile al Congreso de un proyecto de legalización del aborto, quisiera dar mi opinión acerca de este tema peliagudo. Y es que el aborto es enteramente legítimo y su legalización es justa.
Permítaseme hacer referencia a la primera de las dos grandes posturas antedichas. Esta es errada. Porque los derechos, según nos enseña Hoppe, nacen de la capacidad argumentativa de los humanos. La idea misma de derecho y de la necesidad de leyes nace del acto de argumentar. Más en general, la razón, aun la más rudimentaria y elemental, es fuente de derechos. Los animales, que se mueven por instintos nada más, no pueden tener derechos. Tampoco los puede tener un feto hasta que haya alcanzado la facultad de razonar. Antes de las 12 semanas de gestación, cuando aún no se ha formado el sistema nervioso, el embrión no es una persona. Es un puñado de células humanas que no sabe de su existencia ni tiene consciencia de sí mismo ni de su entorno. No tiene derechos. La madre sí los tiene, y uno de estos es el derecho a la propiedad de su cuerpo. Implica la libertad de decidir entre llevar en su vientre al feto o expulsarlo. Si esto significa su muerte, se trata de un daño colateral. Cierto que después de constituido el sistema nervioso y desarrollada en algún grado la razón, el feto adquiere derecho a la vida. Derecho a la vida, sí, pero no a que la mujer lo mantenga en su vientre: puede sacarlo, como antes. Y aquí no hay nada que imputar.
Por lo general, las mujeres que quieren abortar lo hacen. La gran mayoría, con bombas de hormonas, equivalentes a la pastilla del día después. Otra parte, en lugares clandestinos. Una tercera parte, de mujeres de mayores recursos, lo hace en países donde el aborto está permitido. Con las leyes que buscan prohibirlo pasa algo similar que con las leyes contra las drogas, que no detienen su producción y consumo, sino que dan lugar a productos más caros y de menor calidad. Legalizarlo permitiría que las mujeres decididas a terminar con su embarazo puedan hacerlo bajo condiciones sanitarias y controladas. Caso contrario, no solo el feto morirá, sino que también la madre estaría poniendo en riesgo su vida.
Cierto que la mujer que decide dar a luz y permitir el surgimiento de vida merece una superior consideración moral. Aquella que resulta embarazada por su irresponsabilidad, por el contrario, tiene una categoría moral inferior. Pero debe respetarse su derecho de propiedad, que es absoluto e innegable. Ni tan siquiera el derecho del feto a la vida puede obligar a la mujer a llevar a cabo su embarazo. Además, es importante procurar que si la madre está decidida a abortar a pesar de las leyes que lo prohíben, lo haga en condiciones salubres. Hay, entonces, motivos tanto teóricos como prácticos que justifican la legalización. Ante la ley, entonces, el aborto es permisible, por más que sea moralmente reprochable.
