[Extraído del número inaugural de The Austrian]
En la década de 1930, los campesinos que morían de hambre debido a la brutal política de colectivización de granjas del régimen soviético lamentaban: “¡Si lo supiera Stalin!” Hoy en día, los científicos sociales estadounidenses ven los programas federales fracasando y lamentan: “¡Si lo supiera el Congreso!” Y la solución es el movimiento de reforma “basada en evidencias”, que mágicamente dará paso a una nueva época de buen gobierno.
Show Me the Evidence: Obama’s Fight for Rigor and Results in Social Policy es el título de un Nuevo libro escrito por Ron Haskins, un antiguo miembro del personal del Congreso que fue también brevemente ayudante en la Casa Blanca bajo George W. Bush. El editor del libro, el Instituto Brookings, es conocido como uno de los defensores más prominentes del Gran Gobierno en Washington. En una secuela editorial del New York Times, Haskins proclamaba que “desde los primeros días, la administración Obama ha estado impulsando la iniciativa más importante de la historia de los intentos federales de usar evidencias para mejorar los programas sociales”.
El libro de Haskin se construye a partir de un momento aleluya para los analistas políticos de Washington. El 18 de mayo de 2012, la Oficina de Gestión Y Presupuesto emitía un memorando notificando a las agencias federales que “los programas que puedan demostrar su eficacia con datos es más probable que consigan los fondos que reclaman”. Un titular del New York Times daba hurras pore se memorando: “El alba del presupuesto basado en evidencias”. El Times señalaba: “Cuando consideramos las enormes cantidades que gasta el gobierno, parece una locura que los políticos no hagan uso habitual de las evidencias”. “Parece una locura” es una descripción apropiada de política, pero las expectativas de un estallido de sensatez son prematuras.
Haskin y organizaciones como la Coalición para una Política Basada en Evidencias animan a los estadounidenses a creer que, como unos pocos programas federales están gastando calderilla en evaluaciones sólidas, el gobierno en su conjunto podría ser pronto mucho más competente. Pero la historia demuestra que las meras evidencias raramente detienen a los políticos para conseguir el poder sobre enormes franjas de la vida estadounidense.
Por ejemplo, la locura de las subvenciones agrarias ha sido evidente durante más de ochenta años. En 1930, el New York Times, supervisando la destrucción de los mercados agrícolas después de que el gobierno tratara de elevar los precios del trigo, concluía: “quizá sea bueno para el país que se haya quemado tanto los dedos en el primer intento de plan”. Pero eso no impidió al presidente Franklin Roosevelt y al Congreso hacer del Secretario de Agricultura un dictador agrario.
A pesar de una cadena continua de fracasos, el gobierno federal ha continuado entrometiéndose en la agricultura desde entonces. Los políticos crean programas enrevesados que pagan a los granjeros más de lo que valen sus cosechas y luego lanzan nuevas intervenciones estimuladas por las perturbaciones causadas por suprimir las señales de precios. La mayoría de los errores en política agrícola del pasado siguen repitiéndose: solo han cambiado los nombres de los secretarios de agricultura y de los congresistas de los estados rurales.
La ayuda exterior es el mayor laboratorio para las reformas basadas en evidencias de Obama. Obama prometió en un discurso en la ONU en 2010 “cambiar la forma en que hacemos negocios” con las ayudas exteriores, prometiendo juzgar programas y presupuestos de ayuda “basándose, no en dólares gastados, sino en resultados logrados”. El año siguiente, la Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI) anunció ruidosamente una nueva política de evaluación para una “transformación basada en demanda absoluta de resultados”.
Pero esa “demanda absoluta” no podría competir con la presión generada por la promesa de campaña de 2008 de Obama de doblar la ayuda exterior. Su administración ha estado mucho más preocupada por impulsar el gasto y ocultar los despilfarros. El Washington Post crucificó a la ADI el año pasado por ocultar masivamente informes de auditoría que revelaban derroches, fraudes y abusos. Más de 400 descubrimientos negativos desaparecieron de una muestra de doce borradores de informes de auditoría del Inspector General. En un caso, más del 90% de los descubrimientos negativos fueron expurgados antes de que se divulgara públicamente el informe. El Inspector General en funciones, Michael Carroll, enterró los embarazosos resultados de auditoría porque “no quería crear polémica mientras esperaba la confirmación del Senado para convertirse en el inspector general permanente”, según algunos auditores de la ADI.
La retórica de Obama se estrellaba contra el teflón burocrático de la ADI. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2013 citaba a una funcionario de la ADI: “Si no preguntas [acerca de los resultados], no fallas y tu presupuesto no se recorta”, Hace más de treinta años, la GAO expresaba la intransigencia de la ADI en el que quizá sea el título de informe más sarcástico de la historia: “Experiencia – Una herramienta potencial para mejorar la ayuda exterior de EE. UU.”. Al menos la táctica de la ADI de “fracasar y repetir” proporciona seguridad laboral burocrática.
Las evaluaciones “basadas en evidencias” probablemente se hayan aplicado a menos del 2% de los programas federales. Esto equivale a que Obama se pavonee de que hará un análisis sincero y equilibrado sobre si EE. UU. debería intervenir en la pequeña nación de Leshoto al mismo tiempo que aumenta sus actividades be´licas en Siria, Iraq, Afganistán y continúa guerreando en secreto en Yemen Pakistán y Somalia. Y Obama simplemente ha ignorado las evidencias que no se ajustan a sus ambiciones. Cuando empezó impulsando su Ley de Atención Asequible en el Congreso en 2009, ya había demostrado un historial de intervención federal hinchando los costes médicos y perturbando la atención sanitaria. Pero el presidente estaba más preocupado por dejar un legado que de aprender de los fracasos de Medicare y Medicaid.
La campaña de reforma “basada en evidencias” supone que la política es esencialmente una tarea noble en la que los servidores públicos adoran nada menos que servir al público. Pero para los políticos los programas con feudos. ¿Cuántos reyes han abdicado de sus tronos después de convencerse de que la monarquía no servía en realidad para servir a las masas oprimidas? ¿Cederían poder los políticos después de que los científicos sociales documentaran cómo sus programas favoritos hacen más mal que bien?
H.L. Mencken señalaba que la principal preocupación de las almas de los políticos electos “es mantener un lugar en el abrevadero público”. Los políticos siempre estarán mucho más interesados en los veredictos de las urnas que de la American Journal of Sociology. No hay ninguna razón para esperar que luchar contra el derroche, el fraude y el abuso se convierta repentinamente en más popular en el Capitolio que la reelección.
Publicado originalmente el 2 de marzo de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
