Centro Mises (Mises Hispano)

Los lectores del extraordinario libro del juez Napolitano estarán al tiempo sorprendidos por su inusual título. ¿Cuál es el “pacto suicida” al que se refiere? La expresión aparece en una famosa opinión discrepante del juez Robert Jackson. En Terminiello v. Chicago (1949), el Tribunal Supremo sostenía que la ciudad de Chicago había restringido indebidamente la libertad de expresión de un orador incendiario. La afirmación ed que era necesario para preservar el orden público no bastaba, mantenía el Tribunal. Jackson estaba en desacuerdo, advirtiendo que “existe el peligro de que, si el Tribunal no atempera su lógica dcotrinaria con un poco de sabiduría práctica, convertirá la Declaración de Derechos de la Constitución en un pacto suicida”.

Es precisamente a esta tesis a la que el juez Napolitano toma oponerse como principal tarea en este libro. Apoya vigorosamente el derecho natural. En esta opinión, los seres humanos tienen derechos que el estado no puede infringir.

El concepto nuclear del Derecho Natural es la idea de autopropiedad y la libertad personal sin límites (…) los derechos, en concreto los derechos naturales, son alternativas legales intangibles y aplicables que son inalienables y existen a priori ante cualquier sistema político o económico y para cuyo ejercicio no hace falta aprobación gubernamental.

Desde este sólido punto de partida, el juez construye un argumento notable. Distingue entre derechos, a los que no se puede renunciar ni intercambiar, y bienes, que sí. La seguridad cae dentro de la segunda clase y, como tal, no puede intercambiarse por un derecho.

¿Cómo pueden compararse un derivado con un derecho a priori? No se puede. Para crear una disposición social que apruebe válidamente leyes o defina la relación del hombre con otras personas y su propiedad, la premisa subyacente de la autopropiedad y los derechos naturales precede y actúa como precedente a la adquisición legítima de cualquier bien (…) la seguridad, como la proporcionada por el gobierno, es un bien, que no puede intercambiarse libremente entre personas o entidades, como los estados, sin reconocer previamente derechos naturales a priori. Por tanto, al considerar el bien de la seguridad y el derecho a la libertad de expresión, no es posible ninguna acción de equilibrio, ni siquiera concebible.

Desde este punto de partida, el juez Napolitano revisa la política de seguridad a lo largo de la historia de Estados Unidos. Por desgracia, la aproximación de los derechos naturales raramente ha guiado la política estadounidense. Por el contrario, “han sido en buena parte ignorados por todos los gobiernos estadounidenses desde George Washington. Todos esos gobiernos han reflejado el inevitable crecimiento del poder público y la disminución de las libertades personales”.

¿Por qué ha pasado esto? El principal culpable ha sido la guerra y la amenaza de guerra. Las guerras aumentan enormemente el poder del gobierno y, contrariamente al derecho natural, la “seguridad nacional” pisotea demasiado a menudo la libertad. Napolitano cita apropiadamente a Randolph Bourne: “La guerra es la salud del estado”. A partir de la afirmación de Bourne, Napolitano señala: “Un pueblo incitado teme a los disidentes y está dispuesto a aceptar a supresión de sus derechos naturales a la libre expresión, y los de otros, basándose en la explicación aparentemente xenófila de un solo punto de vista (…) la libertad individual sufre incomparablemente durante una guerra”.

Vemos este patrón desde el principio del gobierno de Estados Unidos bajo la Constitución. Las tensas relaciones con Francia alimentaron el empeño de los federalistas en la Leyes de Extranjería y Sedición de 1798, contrarias a la Primera Enmienda, de suprimir la crítica al gobierno. Por suerte, estas medidas generaron una gran resistencia popular, culminando en las resoluciones de Virginia y Kentucky. En relación con esto, Napolitano dice de la anulación: “En buena parte, la doctrina de la anulación se deduce lógicamente de la idea del consentimiento de los gobernados. (…) Los estados, por acción de la legislatura estatal o convención, ratificaron la Constitución; la gente no lo hizo como individuos. (…) Así que la anulación parece deducirse muy lógicamente”.

Ninguna historia de cómo el gobierno destruye derechos en tiempo de guerra puede ignorar a Abraham Lincoln. Todos los derechos constitucionales dependen del derecho de habeas corpus. Sin él, el gobierno es libre para violar cualquier derecho que desee. No hay recurso contra el encarcelamiento arbitrario. Lincoln, vulnerando la Constitución, lo suspendió. El juez principal Taney, actuando como juez de circuito, declaró ilegales las acciones del presidente, pero “Lincoln, revelando su antipatía por la Constitución, la libertad personal y el estado de derecho, reprendió al juez y rechazó obedecer la orden”. Napolitano resume así las opiniones de Lincoln: “El presidente (…) estaba esencialmente defendiendo un control dictatorial del gobierno. Lincoln haría que el Tribunal [Supremo] declarara al presidente un César en tiempo de guerra, en lugar de tener un gobierno federal con controles y equilibrios”.

En su relato sobre Woodrow Wilson, Napolitano hace una importante contribución a la teoría política. Respecto de los océanos de propaganda engañosa que hizo circular el Comité de George Creel sobre Información Pública, dice:

En un pacto social, el poder del gobierno para actuar en modo alguno deriva de la aceptación del pueblo en masa de la capacidad del gobierno de actuar solo como han aceptado en el pacto que pueda haber. Las partes de un contrato tienen la obligación de no informar incorrectamente a la otra parte o partes del contrato de una forma material. El pueblo ha cedido el poder de hacer la guerra en este pacto, pero sus representantes no pueden hacerla bajo pretensiones falsas ni bajo falsedades y seguir siendo fieles al pacto: es un fraude del máximo calibre. La falsa información de Wilson justificando la guerra con Alemania y condicionando socialmente al pueblo representa una violación inadmisible del pacto social.

Baste con decir que las cosas no mejoraron bajo Franklin Roosevelt. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses de origen japonés en la Costa Oeste fueron internados en campos de concentración y el Tribunal Supremo en el caso Korematsu apoyó esta medida. El veredicto de Napolitano es feroz: “así que, ante tiempos difíciles y complicados, acciones que no eran justificables bajo necesidad, sino que eran manifestaciones de racismo, histeria y mentalidad de ‘rebaño’ en el ensayo de [Randolph] Bourne, se convertían en legales y constitucionales. El poder contra-mayoritario, el judicial, encargado de impedir la intromisión en la libertad civil y natural de movimiento personal y uso de la propiedad, había fracasado miserablemente en la tarea que se le delegó”. El juez Frank Murphy emitió un “vigoroso voto particular [que] destruiría su amistad personal con FDR”.

Los objetivos de Napolitano en el libro van más allá de la investigación histórica. Quiere combatir las burdas violaciones de la libertad que han acompañado a la “guerra contra el terrorismo” y dedica casi la mitad del libro a este intento. Después de los ataques del 11-S, “el poder ejecutivo, mediante el uso de la mentira piadosa y los órganos del poder estatal, abjuraría de las libertades bajo el disfraz de librar un Guerra contra el Terrorismo, empezando con nuestro ostensible enemigo, pasando luego a la venganza personal y la guerra perpetua y sin objetivo”.

Napolitano justifica hasta la empuñadura esta grave acusación. El programa de la NSA de escuchas ilegales, promulgado por George W. Bush, “fue la mayor expansión conocida de poderes presidenciales de espionaje en la historia”. En su esfuerzo incesante de recoger información útil, la administración Bush no renunció a la tortura. “El trato al detenido en Abu Ghraib [en Iraq] se hizo público en 2004 (…) causando un daño global incalculable a la credibilidad de Estados Unidos como defensor de la libertad natural y civil. Según el primer investigador de Abu Ghraib, el general del ejército Antonio M. Taguba, la policía militar de la prisión llevó a cabo (…) ‘torturas, abusos, violaciones y todo tipo de indecencias’”. Napolitano concluye que “los poderes de guerra no permiten la tortura al presidente y sus agentes militares, ni siquiera bajo la lectura más generosa de la Constitución, conscientemente ni negligentemente. El presidente y sus generales expandieron enormemente los poderes de guerra para llevar a cabo un trato inhumano y lamentable sus los prisioneros de EE. UU. (…) al tiempo que concentraban poder en las manos de unos pocos individuos depravados que llevaron a cabo este régimen sistemático de torturas bajo una presidencia ideológica, imperial y unitaria”.

Muchos esperaban que la presidencia de Barack Obama cambiara las cosas para mejor, pero, por desgracia, continuó y extendió las políticas de su predecesor. “El presidente ha reclamado un poder nuevo y asombroso. El presidente Obama afirmó el derecho antinatural e inconstitucional de decidir qué estadounidense debe morir. (…) Usando su flota de drones, Obama mató a cuatro ciudadanos estadounidenses entre 2011 y 2013”. En lo que respecta a los programas que invaden la privacidad, Napolitano pregunta mordazmente: “¿Le preocupa la privacidad a un presidente que asesina?”

Ante este deprimente historial, ¿es imposible la causa de la libertad? Napolitano cree que no. “El propio Jefferson predijo que en la larga marcha de la historia, poder y orden se concentrarían en el gobierno y la libertad personal de los individuos disminuiría. En este libro, he tratado de demostrar, no la inevitabilidad de la predicción de Jefferson, sino la necesidad de eterna vigilancia, otra advertencia que nos dio”.

El juez Napolitano nos ha dado una completa investigación de los peligros para la libertad que afrontamos hoy en día. Es un jurista de gran prestigio y proporciona una explicación experta de los temas legales en un gran número de casos clave. Recomiendo especialmente su análisis de la reformulación del juez Learned Hand de la “regla del ‘peligro claro y presente’ para adoptar una prueba de equilibrio de la constitucionalidad de la Primera Enmienda”. Suicide Pact es un arma indispensable en la batalla por la libertad.