En el contexto de la crisis financiera y el siempre creciente déficit fiscal público, quizá no sea una sorpresa que el tema de los impuestos se haya convertido en una de los más debatidos en las próximas elecciones de Reino Unido. Tampoco sorprende que el establishment haya evitado con éxito cualquier discusión sobre lo que hace tan imperativo tratar el déficit, que es el rescate del sistema bancario por el contribuyente.
Lo que merece cierta atención es cómo el debate actual se ha transformado en una caza de brujas contra personas concretas a las que se considera que no están cumpliendo con su obligación moral de pagar su “parte justa” de impuestos.
Una persona que recientemente se posicionó en contra de este fervor populista es el expresidente de HSBC, Stephen Green, que dirigió el banco en un momento en que su banca privada ayudaba a clientes ricos (incluidas algunas celebridades) a eludir impuestos escondiendo sus activos en cuentas suizas no declaradas.
Es bastante embarazoso para la clase política en Reino Unido que antes otorgara importante poder e influencia a Green. Sin embargo, en la medida en que Green fuera conscientemente responsable de lo que ocurrió, debería ser alabado como un héroe. Lejos de ser un transgresor de la moralidad, merece reconocimiento por ayudar e incitar a florecer la única moralidad digna de este nombre: la moralidad de la autopropiedad y la propiedad privada que sostiene el mercado libre.
Intercambio voluntario frente a impuestos
Suponiendo que los clientes del banco no acumularan sus fortunas mediante violencia o fraude, queda claro que se hicieron ricos proporcionando productos y servicios a otros seres humanos que valoraban más esos servicios que la cantidad de dinero a la que renunciaron voluntariamente en la transacción.
De una forma algo atípica para un banco moderno, HSBC mostró una celosa consideración por la salvaguarda de los activos de sus clientes y sus clientes a su vez estuvieron encantados de aceptar protección. Fue otra transacción consensual, y por tanto “moral”, más. Pues se dice que perjudicaron a un tercero: el estado. Al privar al estado de fondos, se nos dice, obstaculizaron la capacidad de este de llevar a cabo su misión de asegurar el bienestar de toda la sociedad. Además, HSBC y sus clientes se beneficiaron de las contribuciones de sus conciudadanos sin aportar su propia “contribución” requerida. Así, el Ministro de Hacienda, George Osborne, declaraba: “la gente que evade impuestos debería ser tratada igual que los ladrones comunes”.
El que esta lógica pueda ser tan incuestionablemente aceptada atestigua el grado en que la población acepta totalmente la violencia requerida para recaudar impuestos. Como un ladrón con un arma, el estado genera sus ingresos mediante apropiaciones coactivas, frente a proporcionar un producto o servicio que pueda ofrecerse en un intercambio mutuamente beneficioso. La única diferencia, como señalaba Lysander Spooner, es que el ladrón no pretende declararse tu soberano legal a cambio de la “protección” que ofrece.
La respuesta apropiada y verdaderamente moral a la amenaza de violencia del estado es actuar precisamente como han hecho los muy denigrados elusores fiscales en el plan del HSBC. Como argumenta Rotbard:
Igual que no se obliga moralmente a nadie a responder a un ladrón con la verdad cuando le pregunta si hay algo valioso en tu casa, no puede obligarse moralmente a nadie a responder con la verdad a preguntas similares planteadas por el estado, por ejemplo, cuando rellena declaraciones de renta.
Sin embargo prevalece una deprimente combinación de cinismo y culpa. Nadie se atreve a cuestionar la sagrada tarea de todos para bien del estado, aunque todos tratan de reducir la carga de esa tarea en cualquier forma posible.
La decreciente distinción entre elusión fiscal y evasión fiscal
“Pero sin duda”, podéis decir, “a una persona que actúe de buena fe se le debería permitir reducir su carga fiscal dentro de los límites legales abiertamente y sin remordimientos”.
Bueno, no. Lo que ha salido del reciente fervor sobre la elusión fiscal es que esa distinción ya no es válida. Es verdad que los tribunales británicos reconocieron una vez la distinción entre “elusión fiscal”: reducir la carga fiscal mediante una planificación financiera propicia dentro de los límites de la ley, y la “Evasión fiscal”: reducir la carga fiscal contraviniendo la ley, mediante dolo y engaño. Esta división fue aclarada en el tristemente famoso caso del Duque de Westminster, en el que Lord Tomlin concluía sensatamente que
Todo hombre tiene derecho, si puede, a ordenar sus asuntos de forma que el impuesto adjunto bajo las leyes apropiadas sea menor del que sería en otro caso. Si consigue ordenarlos como para asegurar este resultado, entonces, por muy desagradecidos que puedan estar los comisionados de Haciendo o sus iguales contribuyentes por este ingenio, no puede verse obligado a pagar un mayor impuesto.
Incluso esta distinción, para lo preocupados por el estatus moral del individuo, debería estar lejos de ser satisfactoria. Aceptaba al risible dicho de Hobbes de que “la libertad de los sujetos consiste en el silencio de la ley”, lo que equivale a decir que las personas no tienen el derecho a disponer de sus vidas y propiedades en absoluto: solo lo tienen en la medida en que el estado no se haya dignado aún a dictar una norma.
Sin embargo esta reserva nocional de libertad proporcionada por Westminster ya no está más allá del alcance del Leviatán. En diciembre de 2010, el parlamento aprobó la General Anti Abuse Rule (GAAR), que permite a los tribunales que, cuando consideren la legalidad de las disposiciones fiscales individuales, miren más allá de la letra del impuesto para aplicar un examen doble respecto de si:
(1) Sería razonable concluir que su principal propósito, o uno de sus principales propósitos, era obtener una ventaja fiscal y
(2) [las disposiciones fiscales] son “abusivas”, lo que significa que no pueden considerarse razonablemente como una forma razonable de actuar.
Lo que significa la primera parte del examen es que el principio de Westminster está muerto. Obedecer la ley ya no es una garantía para evitar la sanción penal. De hecho, el mero intento o mes rea de disminuir una carga fiscal cuando realicemos una acción financiera concreta implica responsabilidad criminal. La responsabilidad solo puede eludirse con seguridad si el objetivo principal de una disposición financiera no tiene nada que ver con reducir impuestos (presumiblemente cuando el motivo es necesidad repentina o moda extemporánea). Aunque pensado para acabar con planes complejos de elusión fiscal utilizados por ricos y famosos, cuando se lleva a su conclusión lógica, esto hace técnicamente responsable a cualquiera que utilice lo que actualmente se consideran técnicas no controvertidas de planificación financiera, como aquellos que esperan hasta la jubilación para liquidar una inversión para evitar pagar un tipo fiscal superior.
Por supuesto, el que una persona sea al final responsable depende de la segunda parte del examen GAAR: de si la transacción es “abusiva”. Pero esta medición arbitraria depende totalmente de la discreción judicial. El estado del derecho y la certidumbre legal desaparecen en la práctica y se da poder al sabio juez para analizar atentamente cualquier transacción y, aplicando los principios de la “justicia social”, se le permite determinar que es “injusta”. En concreto, el juez debe tener en cuenta “la premisa de que gravar con un impuesto es el mecanismo principal por el que el estado paga los servicios e instalaciones que proporciona a sus ciudadanos y que todos los contribuyentes debería pagar si justa contribución”.
La siniestra confusión de elusión y evasión ya no es por tanto un asunto de falsedad verbal. Es una declaración legal. No existe la “elusión” legítima. Desobedecer la tarea sagrada y moral para con el estado es realmente criminal, como confirmaba George Osborne. Así que, para el futuro previsible, podemos ver más espectáculos irónicos de oprobio moral lanzado contra gente como Green, no por pertenecer a la infraestructura fraudulenta del nexo estado-banco central, sino por mantener, probablemente a costa de sí mismo, el imperativo moral de proteger los activos de sus clientes.
Publicado originalmente el 16 de abril de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
