La defensa de los servicios públicos se ha convertido en una de las luchas de nuestro tiempo. Son muy pocos los que se atreven a plantear que servicios como pensiones, educación o sanidad deben ser privatizados. En este artículo seremos políticamente incorrectos y pondremos en cuestión lo incuestionable: los servicios públicos gratuitos.
Para empezar los servicios públicos no son gratuitos, son financiados vía impuestos y por ello no se paga un precio en el momento de su disfrute. Decir que son gratuitos tiene el mismo sentido que decir que los partidos del Real Madrid son gratuitos si pagas el abono anual porque puedes entrar sin pagar. Lo cierto es que ya has pagado con anterioridad. La utilización del término gratuito sólo puede ser explicada por el oscuro sistema fiscal dirigido a que los ciudadanos piensen que el coste de los servicios que presta el Estado son soportados por otros. Ilusión fiscal se llama, y se cura siendo conscientes que un mileurista paga más de 9000 euros anuales en impuestos.
Así mismo, resulta curiosa la utilización del amplio término de “lo público” para referirse a una estrecha visión del mismo. Hablemos con propiedad, cuando la gente pide servicios públicos pide en realidad servicios estatales, ni más ni menos. Si se puede ser concreto, mejor no usar vaguedades. Imaginemos que un grupo de individuos crea una asociación llamada Asociación Sanitaria dedicada a prestar servicios sanitarios a todos los miembros de una comunidad. Esta asociación es financiada por la cuota de sus miembros y por donaciones privadas. Puede ser una réplica del sistema sanitario estatal actual pero con una crucial diferencia: la organización no es propiedad del Estado ni gestionado por este, sino que es propiedad de los ciudadanos miembros de la asociación. Si realmente esta forma de provisión es la deseada por los ciudadanos y la mejor, la gran mayoría de la población acabará integrándose en ella. No se dejen engañar. Este sistema idéntico al estatal y respetuoso con la libertad de los individuos, proporcionaría una sanidad de todos y para todos pero no lo que pide la ciudadanía. Se pide que sea propiedad del Estado y gestionado por este, y por tanto, que los ciudadanos estén obligados a financiar e integrar el sistema. En definitiva, cuando se piden servicios públicos nadie está pensando en asociaciones o empresas ofreciendo dichos servicios, no debería llamársele servicios públicos sino estatales.
Una vez que tenemos claro que los servicios públicos más que públicos son estatales, y que no son gratuitos, sino que son financiados camufladamente via impuestos, llegamos a la pregunta clave: ¿Por qué rechazar los servicios estatales financiados con impuestos? Cuando me hacen esta pregunta siempre respondo lo mismo: “¿Por qué asumirlos como algo incuestionable hasta el punto de obligar a aquellos que no los desean a financiarlos?” Si quieres obligar a pagar algo eres tú el que debe justificar el motivo, y no el obligado el que debe justificar el por qué no hacerlo. Existen evidencias, tanto empírícas como teóricas, de los problemas asociados a los servicios estatales: problemas de información, de incentivos, de cálculo económico, de agencia así como problemas morales. Aunque pueden existir servicios estatales de excelente calidad, la tendencia general es que no lo sean. A diferencia del sector privado donde la copia del acierto y la eliminación del error se hacen de forma vigorosa, dentro del marco estatal la carencia de información y los problemas de cálculo, así como los incentivos existentes derivan en el bloqueo del proceso de experimentación descentralizado propio del mercado y en una eficiencia dinámica muy inferior a la lograda en mercados verdaderamente libres.
En el fondo de la defensa de los servicios estatales se oculta el sesgo del status quo, dado que actualmente muchos servicios esenciales son prestados por el Estado los ciudadanos no son quienes de imaginar un estado de cosas diferente al actual. Se piensa que la alternativa a la sanidad estatal sería una sanidad sólo accesible a grandes rentas donde si no puedes pagar te mueres. El Estado aparece como un asegurador que salva la vida de millones de personas incapaces de pagar sus tratamientos. Si la alternativa es morir no parece tan mala opción el Estado, por ello, mejor que nos proteja de la cuna a la tumba.
La realidad es muy diferente. Las posibilidades que ofrece el mercado, la sociedad civil, el mutualismo y la propiedad privada comunal son continuamente subestimadas. Pensemos en la extensión de las friendly societies en sociedades mucho más pobres que las actuales. Con la riqueza, tecnología y capital humano actuales las posibilidades de la sociedad civil son mucho más amplias que las de la Gran Bretaña del siglo XIX donde las friendly societies florecieron. La accesibilidad y universalidad también pueden ser obtenidos por una sociedad civil vigorosa.
La gran mayoría de la población acepta que los servicios esenciales estén en manos de unos políticos que son retribuídos con independencia de sus resultados. No parece una gran idea dejar al ciudadano indefenso y cautivo de unos servicios que dependen de la discrecionalidad del político. Sea como fuere no es la intención de este artículo convencer de las posibilidades que ofrece el mercado y la sociedad civil como alternativa a los servicios estatales, sino simplemente reclamar que aquel individuo o comunidad que no esté de acuerdo pueda decir: “¿Servicios públicos gratuitos? No, gracias”
