En estado de Connecticut puede estar adentrándose en un nuevo territorio, ya que parece estar impulsando una forma bastante creativa de generar ingresos de empresas con ánimo de lucro. El parlamento de Connecticut ha propuesto lo que se menciona habitualmente como SB1044. Enredado en el laberinto conocido como terminología legal, encontramos esta perla de frase en la propia propuesta:
Cualquier empresario cubierto que emplee, o cuya franquicia emplee, a cualquier empleado (1) que estuviera listado en la nómina de dicho empresario cubierto o dicha franquicia durante al menos noventa días antes de la finalización del trimestre natural más reciente y (2) cuyos salarios pagados por dicho empresario cubierto o dicha franquicia cubierta del empresario durante dicho trimestre fueran menos o iguales a quince dólares por hora, pagarán una tasa al Comisionado de Trabajo por cada uno de dichos empleados. Esa tasa se evaluará trimestralmente y será igual a un dólar por cada hora que dicho empleado trabajara para dicho empresario cubierto durante el trimestre anterior. Esa tasa no se devengará hasta el 1 de enero de 2016.
Los “empresarios cubiertos” aparentemente incluyen a empresas con ánimo de lucro que tengan 500 o más empleados, porque por supuesto los legisladores no quieren ser vistos como dañinos para los pequeños negocios. Pero el hecho de que incluso crearan el mínimo de 500 empleados es una admisión de facto de que las empresas que estén afectadas por esta propuesta sentirán al menos algún impacto negativo.
Lo malo de los salarios obligatorios
¿Cuáles son estos impactos negativos? Evidentemente, la propuesta busca imponer mayores salarios (o al menos castigar a los empresarios que pagan salarios considerados demasiado bajos) aumentando el coste al empresario (a través de una tasa impuesta por el estado) de mantener a un empleado por debajo del salario objetivo de 15$/hora.
¿Beneficiará esto a los empleados? En La acción humana, Mises tiene esto que decir acerca de los salarios:
Lo que compra el empresario en el mercado laboral es lo que obtiene a cambio por los salarios pagados se siempre un rendimiento concreto que evalúa de acuerdo con su precio de mercado. (…) Al sopesar los pros y contras de la contratación de trabajadores, el empresario nos e pregunta qué obtiene el trabajador como salario neto. La única pregunta relevante para él es: ¿Cuál es el precio total que tengo que gastar para conseguir los servicios de este trabajador?
Vemos de inmediato que la propuesta de Connecticut tendrá el efecto de aumentar el coste de contratar a un empleado sin añadir ningún beneficio adicional para el empresario. Así que podemos concluir que un aumento obligatorio en los salarios eliminará trabajos en la oficina porque menos trabajadores serán capaces de ofrecer servicios que son mayores en valor que el coste de emplearlos.
¿Un impuesto a los empleados con salarios bajos?
Pero esta propuesta no es una ley normal de salarios mínimos, porque, en muchos casos, el coste extra para el empresario no irá necesariamente a los empleados. En muchos casos, la nueva orden simplemente actúa como un impuesto a los empleados con salarios bajos.
¿Cómo funcionaría exactamente esto? Por decirlo de forma sencilla, a ciertos empresarios se les obligaría a aumentar los salarios a 15$/hora para aquellos empleados que actualmente ganen menos que eso. O el empresario puede pagar una multa de un dólar por hora, por empleado. Supongamos que un trabajador gana el salario mínimo en Connecticut, que resulta ser de 9,15$/hora. El empresario podría mantener el salario en 9,15$ y pagar la multa, lo que en la práctica significaría que el coste del empresario es ahora de 10,15$/hora. El empresario presumiblemente elegirá este precio frente a 15$/hora.
Naturalmente, el empresario podría elegir despedir a este empleado si cree que la productividad marginal de este no vale 10,15$/hora. Si el empresario decidiera mantener a este empleado de salario mínimo y pagar ese impuesto por hora, ese dólar extra no iría sin embargo al empleado, sino al gobierno. Incluso si el empleado ganara, por ejemplo, 12$/hora, tenemos un problema similar. El empresario puede pagar la multa del dólar extra, haciendo su coste efectivo 13$/hora, o decidir que no merece la pena la molestia. Si el salario preexistente se acerca de los 15$/hora (por ejemplo, 14,50$/hora), por supuesto, algunos empleados pueden ver que sus salarios aumentan hasta 15$/hora.
El objetivo real es la recaudación pública
Lo que hace peculiar esta propuesta puede encontrarse en su título: “Una ley relativa al reembolso de los costes estatales atribuibles a empleados con salarios bajos”.
En otras palabras, los políticos están impulsando esta propuesta como una forma que reembolsarse los costes de subvencionar a empleados que reciben salarios pero siguen teniendo acceso a programas de ayuda pública. Por supuesto, Wal-Mart está bajo los focos para los defensores de la esta propuesta. Nina Liss-Schultz escribe:
Walmart en particular se ha convertido en un objetivo para los legisladores que pretenden aumentar los salarios, ya que la empresa a recabado la atención nacional por sus bajos salarios. La corporación, que emplea a 1,5 millones de personas en todo el país, tiene unos 825.000 empleados que gana menos de 25.000$ anuales (…) los empleados suponen el 18% del mercado del Supplemental Nutrition Assistance Program (conocido normalmente como SNAP o vales de comida), según un infome de 2014 de Americans for Tax Fairness. (…)Walmart, incluso después de los aumentos salariales, sigue siendo una carga para los contribuyentes. Los contribuyentes pagan 6.200 millones de dólares cada año en ayudas públicas a empleados de Walmart que ganan demasiado poco dinero como para llegar a fin de mes, según una estimación.
Lo legisladores del estado de Connecticut quieren que os subáis al carrusel de su lógica. Como el dinero se expropia a los contribuyentes y se entrega a los empleados con salarios bajos, debemos entonces expropiar fondos de empresas cumplidoras de la ley para “recuperar” algunos de esos costes. El dinero tomado de Wal-Mart y empresas similares no se da, por supuesto, a los contribuyentes, sino que los retiene el estado.
Los fondos tomados de las empresas a través de esta legislación se gastarían por tanto en programas estatales para viejos y niños y en programas como la Oficina de la Primera Infancia. Así que tomamos dinero de empresarios que se habrían gastado en salarios y el estado los gasta en su lugar en programas públicos. Muchos trabajadores pierden sus empleos, pero unos pocos tienen suerte y ven sus salarios aumentar hasta un “salario vital”. Los que se han convertido en desempleados pueden entonces acudir a las ayudas públicas. El estado gana siempre y si esa estrategia no le gana votos y hace que se reelijan a los políticos detrás de ella, no sé cuál lo hará.
Publicado originalmente el 14 de mayo de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
