Mientras Grecia se encuentra dominando la etapa final de la deuda, la tragedia real está jugando mucho más cerca de nuestra casa con la espiral descendente de Puerto Rico. Al igual que en Grecia, la economía de Puerto Rico ha sido destruida por su participación en un sistema monetario irrealista fuera de control, y el fracaso de sus políticos nacionales para confrontar su propia insolvencia. Sin embargo, el daño hecho por Estados Unidos a la economía puertorriqueña, ha sido mucho más debilitante que cualquier daño que la Unión Europea le haya causado a Grecia. De hecho las lecciones que deberíamos estar aprendiendo en Puerto Rico de manera más notable, de cómo las políticas socialistas laborales y de impuestos pueden devastar una economía, deberían servir como un llamado a despertar para aquellos que avocan y prescriben lo mismo para el continente.
Estados Unidos ha bombardeado el territorio de Puerto Rico con cinco políticas, supuestamente bien-intencionadas, pero que han resultado devastadoras:
- Ha eximido de deuda pública a la isla, de todos los impuestos estadounidenses con la ley Jones-Shaforth.
- Ha eliminado extensiones de impuestos para la inversión del sector privado con la expiración de la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos.
- Ha requerido a la nación que resista, por un acuerdo restrictivo de comercio.
- Ha hecho a la isla sujeto del salario mínimo estadounidense.
- Ha capacitado a Puerto Rico para ofrecer generosas prestaciones sociales en relación con los ingresos.
Mientras que el paso de dichas leyes populares parece benigno en la superficie (y ha permitido a los políticos proclamar que sus esfuerzos han ayudado a los puertorriqueños más pobres), en realidad, ha profundizado la pobreza de la misma gente que tales leyes estaban –en teoría, diseñadas para ayudar. Las lecciones aquí son tan obvias que solo los partidarios más asiduos del control económico del gobierno pueden fallar en comprenderlas.
Deuda libre de impuestos
Al eximir a los ciudadanos estadounidenses de impuestos sobre intereses pagados en la deuda soberana de Puerto Rico, Washington trató de ayudar a la economía de Puerto Rico facilitando y haciendo más económico para el gobierno de la isla tomar dinero prestado del continente. Como resultado, los bonos del gobierno de Puerto Rico se convirtieron en una retención básica de muchos fondos de bonos municipales estadounidenses. Al igual que con los bonos de Fannie Mae y Freddie Mac una década atrás, muchos inversionistas creyeron que los bonos puertorriqueños tenían una garantía implícita del gobierno de los Estados Unidos. Esto significaba que el gobierno puertorriqueño podía solicitar préstamos mucho mayores de lo que podría haberlo hecho sin tal creencia. Sin embargo, este subsidio no acrecentó la economía puertorriqueña, sino el tamaño del gobierno, el cual tuvo el efecto perverso de sofocar el crecimiento del sector privado.
En contraste con el ingreso libre de impuestos devengados por los estadounidenses que compran bonos del gobierno puertorriqueño, aquellos con el mal sentido de prestar a las empresas puertorriqueñas, fueron gravados sobre los pagos de intereses que recibieron. Las empresas pudieron haber usado los fondos para una inversión real a capital (que podría haber incrementado la productividad de la isla), pero, en lugar de esto el dinero fluyó al gobierno, quien lo usó para comprar votos con generosos beneficios al sector público, que al final no hicieron nada para aumentar la economía de la isla o para ponerla en una mejor posición para pagar la deuda. Ese problema fue dejado para futuros contribuyentes por los que ningún político buscando votos en el presente se preocupó.
Esta dinámica es casi idéntica a lo que sucedió en Grecia, donde los bajos costos de los préstamos, que fueron posibles por la fuerte divisa que es el euro y el tope implícito del Banco Central Europeo y las naciones más solventes del norte de Europa, permitieron al gobierno Griego endeudarse a tasas mucho más bajas de lo que sus tensas finanzas les habrían permitido de otro modo.
Gravando la inversión privada
Contra toda lógica, mientras el gobierno estadounidense facilitó al gobierno de Puerto Rico que pidiera más préstamos, lo hizo más difícil para el sector privado. En el 2006 el gobierno puso fin a una rebaja de impuestos que eximió beneficios empresariales obtenidos de inversiones al sector privado en Puerto Rico de impuestos estadounidenses. Como resultado las empresas estadounidenses que habían estado invirtiendo y contratando trabajadores en la isla, partieron y se trasladaron a jurisdicciones más amigables en cuestión de impuestos. El resultado fue que una erosión de la base impositiva local de la isla, al igual que más préstamos (posibilitados por una deuda pública tres veces libre de impuestos), obligaran a los contribuyentes puertorriqueños restantes a mayores responsabilidades futuras.
La Ley de Jones
La ley de Jones, que es una ley de 1920 diseñada para proteger a la marina mercante de los Estados Unidos de la competencia extranjera, había tenido un efecto devastador en Puerto Rico, y debe ser usado como un relato preventivo para ilustrar los peligros de las barreras comerciales. Bajo los términos de esta horrible ley, a los barcos con banderas extranjeras se les impide transportar carga entre dos puertos estadounidenses. De acuerdo con la ley, Puerto Rico cuenta como un puerto estadounidense. Por lo que a un barco de contenedores que trae productos de China a territorio estadounidense se le prohíbe detenerse en Puerto Rico en el camino. En lugar de eso, la carga debe ser dejada en un puerto de tierra firme, después volver a ser cargada en un caro barco con bandera estadounidense y, por último, transportada de vuelta a Puerto Rico. Como resultado, los costos de envío, a y desde Puerto Rico, son los más caros en el Caribe. Esto reduce el comercio entre Puerto Rico y el resto del mundo. Dado que un gran porcentaje de los productos terminados que usan los puertorriqueños son importados, el resultado son precios mucho más altos para los consumidores y menos empleos en el sector privado. A pesar de que los ingresos medios en Puerto Rico están apenas por arriba de la mitad de los estados más pobres de Estados Unidos, gracias a la ley de Jones, el costo de la vida es de hecho más alto que el promedio estatal.
El salario mínimo federal
En 1938, la Ley de Normas Razonables sometió a Puerto Rico a un salario mínimo, pero no fue sino hasta 1983 que una ley de 1974, que requería que el salario mínimo de la isla coincidiera con el del territorio continental, fue eliminada por completo. El salario mínimo Federal actual de $7.25 dólares por hora es 77% del salario medio actual de Puerto Rico de $9.42. En contraste, el mínimo Federal es de sólo 43% del salario medio de Estados Unidos de casi $17 por hora (Bureau of Labor Statistics (BLS), Mayo, 2014). El salario mínimo de los Estados Unidos tendría que ser de más de $13 dólares la hora para coincidir con la proporción de Puerto Rico. La disparidad es más grande cuando se compara el ingreso del salario mínimo con el ingreso per capita.
La imposición de un insoportablemente alto salario mínimo ha significado que los empleos de nivel de entrada, simplemente no existen en Puerto Rico. El desempleo está sobre el 12% (BLS), y la tasa de participación de la fuerza laboral es de aproximadamente 43% (en comparación con el 63% del continente) (The World Bank). Un “éxito” de la administración de Obama al aumentar el mínimo Federal a $10 dólares por hora, significaría que el salario mínimo en Puerto Rico sería más alto que el salario medio actual. Tal medida resultaría en despidos en la isla y un paso más abajo en el hoyo económico. Yo predigo que podría traer una crisis similar a la creada en la década pasada en la Samoa Americana, cuando la economía de la isla fue devastada por un incremento insostenible en el salario mínimo.
Será interesante ver si nuestros políticos progresistas tendrán suficiente previsión y misericordia de eximir a Puerto Rico de los aumentos al salario mínimo. Pero hacerlo los obligaría a reconocer la destructiva naturaleza de la ley, y admitir que les causaría muchos dolores evitarlo.
Bienestar
En el 2013 el ingreso medio en Puerto Rico estaba apenas por encima de la mitad que el del estado más pobre en la unión (Mississippi) pero las prestaciones sociales son muy similares. Esto significa que el incentivo para renunciar a la asistencia pública en favor de un empleo se reduce grandemente en Puerto Rico, ya que un mayor porcentaje de los que están en asistencia pública estarían mejor financieramente al rechazar un trabajo mal pagado. Debido a que estos perversos incentivos no trabajan, menos de la mitad de los hombres en edad laboral está empleada y 45% de la población de la isla vivió debajo de la línea federal de pobreza (U.S. Census Bureau, American Community Survey Briefs publicado en Sep. 2014). De acuerdo a un informe del 2012 publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (New York Federal Reserve Bank), 40% del ingreso de la isla consiste en transferir pagos, y 35% de los residentes de la isla reciben cupones de alimentos (Fox News Latino, 3/11/14).
En otras palabras, los problemas de Puerto Rico son sorprendentemente similares a los de Grecia. Su gobierno gasta crónicamente más de lo que aumenta en impuestos, su economía está atrapada en un caos regulatorio, y el destino de su economía está en gran parte en manos de otros.
Las soluciones al problema de Puerto Rico son simples, pero políticamente tóxicas para que los políticos del territorio continental las acepten. A Puerto Rico le debe ser permitido declararse en bancarrota, el incentivo Federal para que el gobierno puertorriqueño pida dinero prestado debe ser eliminado, Puerto Rico debe ser eximido tanto de la Ley Jones, como del salario mínimo Federal, y los requisitos Federales de asistencia social deben ser reducidos. Puerto Rico ya tiene las grandes ventajas de estar exento tanto del Impuesto Federal sobre la Renta y del Obamacare, así que con un comienzo fresco, libre de la opresora deuda y las regulaciones federales, el capitalismo podría restaurar rápidamente la prosperidad que el socialismo destruyó. Con los incentivos actuales provistos por las leyes 20 y 22 (que básicamente eximieron el ingreso de origen puertorriqueño para nuevas llegadas tanto locales como impuestos sobre la renta federales –vean mi reporte en America’s Tax Free Zone) y con algunas reformas laborales locales de libre mercado adicionales, en una generación es posible que los puertorriqueños puedan disfrutar ingresos per capita mayores que los ciudadanos de cualquier otro estado de EU.
Si Washington realmente quisiera acelerar el proceso, debería eximir a los residentes del territorio continental de todos los impuestos, incluyendo el AMT, sobre el ingreso de inversión de origen puertorriqueño, incluyendo dividendos, ganancias de capital e intereses relacionados con la inversión de capital.
Traducido del inglés por Dickson Buchanan, director de SchiffOro.
