El mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó aceptar un caso relacionado con los intentos de Arizona y Kansas de requerir una prueba de ciudadanía para votar en las elecciones federales. Los dos estados buscaban la revisión por el Tribunal Supremo en un intento de levantar una prohibición impuesta por tribunales federales inferiores. Si se hubiera autorizado a los dos estados a imponer requisitos de ciudadanía más estrictos, el efecto en la población votante probablemente habría sido pequeño, pero el efecto legal general de la sentencia del tribunal es importante.
El rechazo del Tribunal Supremo a revisar el caso vuelve a enviar un mensaje a los gobiernos estatales y locales de que el gobierno federal continuará dirigiendo centralizadamente las elecciones y la ley de inmigración. Como señalaba The Hill:
“Es algo muy importante, escribía Rick Hasen, catedrático de derecho en la Universidad de California-Irvine, en su blog de derecho electoral. “Kobach tenía potencial para quitar más poder al gobierno federal a la hora de administrar las elecciones, a favor de los estados”.
Política de inmigración planificada centralizadamente
Las restricciones al voto de Arizona y Kansas habían sido intentos de afectar la política nacional de inmigración mediante leyes estatales. Pero, como ha sido tendencia a lo largo del siglo pasado, el gobierno o federal se ha reafirmado repetidamente como quien tiene la última palabra en la creación de políticas de ciudadanía y asuntos de inmigración.
De hecho, los tribunales federales declararon explícitamente a los estados incapaces de intentar controlar la inmigración dentro de sus fronteras cuando la jueza federal Mariana Pfaelzer derogó en 1984 la Proposición 187 de California, aprobada por los votantes, y escribió:
California no tiene poder para aprobar su propio esquema legislativo para regular la inmigración. Tampoco tiene poder para aprobar su propio esquema legislativo para regular el acceso de extranjeros a prestaciones públicas.
Naturalmente, esta sentencia enviaba el mansaje a toda la nación de que los estados no deberían molestarse en limitar el acceso a los servicios financiados por el contribuyente (siendo una tema central la educación pública), porque el gobierno federal simplemente declararía ilegales esos intentos.
Así que, a través de estos casos, los tribunales federales han dejado claro que ningún estado (ni nadie que no sean los federales) puede impedir significativamente la participación por no ciudadanos en actividades políticas como elecciones, ni los estados pueden limitar las formas en que los inmigrantes pueden acceder a las prestaciones públicas, ni siquiera cuando estas prestaciones se financien localmente.
El efecto neto es una imposición de un plan de subsidios a inmigrantes en todos los estados independientemente de las realidades económicas y demográficas, mientras se ignora el hecho de que los residentes en ciertos estados soportan una mayor carga fiscal al subsidiar a los emigrantes.
La respuesta no es más intervención pública
En este punto, es importante señalar que el antídoto para los subsidios públicos (es decir, la intervención pública) no es más intervención. Si el gobierno federal insiste en que los contribuyentes subvencionen a la población inmigrante, entonces la respuesta apropiada es simplemente eliminar el subsidio. Esto es exactamente lo que los votantes habían intentado hacer con la Proposición 187 (y la Proposición 200 de Arizona).
Esta aproximación correcta hay que compararla con los métodos draconianos empleados por otros estados, que se han centrado en castigar a empresarios y terratenientes (y a los propios inmigrantes, por supuesto) por realizar contratos privados y transacciones no violentas de mercado.
Esos intentos solo expanden el tamaño y ámbito del gobierno y acaban suponiendo agentes federales entrando en locales privados y peinando acuerdos de alquiler y documentación de nóminas para asegurarse de que trabajadores e inquilinos ostentan un estatus arbitrariamente asignado como inmigrantes “legales”.
Cuando los estados recurren a estos métodos, acabamos con lo peor de ambos mundos, ya que, no sorprendentemente, los tribunales federales han sido relativamente tolerantes ante los intentos estatales y locales de castigar a las empresas y empresarios locales. Mientras al mismo tiempo siguen firmes en su oposición a los intentos de limitar el ámbito de los programas públicos.
La respuesta es la descentralización y un gobierno más pequeño
Así que, mientras que a estados y gobiernos locales se les da un pequeño espacio para actuar en torno a los bordes de la política de inmigración, todas las regiones y estados están atados a una sola política nacional sobre ciudadanía e inmigración. Sin embargo podemos adivinar que, si se les diera mayor margen para actuar, los estados ofrecerían una muy diversa variedad de políticas relacionadas con la administración.
En una investigación llevada a cabo por Huyen Pham y Pham Hoang Van, los autores intentan medir el “ambiente” legal para los inmigrantes para los cincuenta estados evaluando los intentos legislativos y legales estatales y locales por limitar (o animar) la actividad inmigrante en cada estado. Los autores por desgracia no distinguen entre intentos que restringen la propiedad privada (por ejemplo, restricciones al empleo) e intentos que restringen el crecimiento del gobierno (por ejemplo, limitar las prestaciones de atención sanitaria). En el siguiente gráfico encontramos las clasificaciones de Pham y Van:
Fuente: Índice de clima para el inmigrante de “Measuring the Climate for Immigrants: A State by State Analysis,” de Huyen Pham y Pham Hoang Van.
Los ambientes legislativos y legales difieren enormemente y esto sugiere que ideología, economía y demografía producen algunas áreas (por ejemplo, California e Illinois) que tienden a favorecer y subsidiar a la inmigración, mientras que otras áreas (por ejemplo, Arizona y Virginia) limitarían enormemente los subsidios.
Si llevamos esto un paso más allá y damos a estados y localidades el poder para determinar toda la elegibilidad para tanto prestaciones estatales como federales, esas medidas por sí mismas (suponiendo que las prestaciones no fueran transferibles fuera del estado) servirían para poner las cargas de la inmigración subsidiada en los estados que la ordenan.
Y, por supuesto, esto no quiere decir que el nivel estatal sea el nivel óptimo de descentralización. Como pasa con cualquier propuesta de verdadero laissez faire, el objetivo final es una completa privatización de la política de inmigración. Es decir, la capacidad de los inmigrantes de asentarse en una comunidad dependería de las decisiones dispersas e individuales de contratantes y otros dueños de propiedades que puedan decidir por sí mismos emplear o alojar inmigrantes en la comunidad. Esto, por supuesto, es la democracia del mercado, descrita por Mises, en la que las personas individuales (tomando decisiones sobre a quién contratar o vender propiedades) determinan colectivamente quién es un miembro de cada comunidad. Cualquier empresario que quiera llenar completamente su personal con inmigrantes sería libre de hacerlo y su decisión estaría sometida a la aprobación o veto de sus consumidores, no a un decreto arbitrario del gobierno.
Pero incluso en ausencia de este ideal, el movimiento hacia políticas de emigración más centradas localmente da a los residentes existentes más alternativas sobre dónde residir y poner sus propiedades. Sin descentralización, los contribuyentes (muchos de los cuales quieren vivir en jurisdicciones con actitudes de laissez faire respecto de realizar negocios con inmigrantes) son incapaces de tomar decisiones con sentido en esta materia sin desarraigar completamente sus vidas y abandonar el país.
El problema de imponer una política de arriba abajo
El objetivo de una política de inmigración de laissez faire es tanto disminuir la disponibilidad de programas para inmigrantes pagados por el contribuyente (como vía para la eliminación general de estos programas) como evitando también regulaciones contra la propiedad privada que prohíben a los propietarios contratar libremente con los inmigrantes en general.
Como hemos visto, no hay barrera tecnológica o práctica para descentralizar este intento de inmediato. Como suele pasar, sin embargo, hay una importante oposición ideológica y legal.
Entre quienes insisten en una sola política en toda la nación están los que afirman que la mejor manera de proteger los derechos de propiedad (tanto para dueños de propiedad como para emigrantes) es imponerla desde arriba.
Por desgracia, ya hemos visto esta película en otros temas que van del derecho de expropiación a la política sobre drogas. En todos los casos, sin embargo, las soluciones más prácticas, duraderas y menos arriesgadas provienen de la descentralización.
Siguiendo la sentencia Kelo del Tribunal Supremo en 2005, por ejemplo, muchos defensores de los mercados libres condenaron al tribunal por no emitir una prohibición de arriba abajo sobre ciertos tipos de expropiaciones. Sin embargo, como señalaba Lew Rockwell, Kelo fue uno de los pocos casos en los que el tribunal tenía toda la razón al conceder el control local. Incluso cuando el gobierno central está de acuerdo con nosotros, la descentralización política sigue siendo la decisión más prudente:
Nos (…) oponemos al control político de arriba abajo sobre amplias regiones geográficas, incluso cuando se instituye en nombre de la libertad.
Por tanto no habría ninguna victoria para nuestra libertad si, por ejemplo, el gobierno chino asumiera la jurisdicción sobre las calles de nuestros centros urbanos para liberarlos de las ordenanzas urbanísticas. Estas violan derechos de propiedad, pero el imperialismo viola el derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo. Al gobierno chino le faltan tanto jurisdicción como posición moral para intervenir. Lo que vale para el gobierno chino vale para cualquier gobierno distante que suponga un control por encima del gobierno más cercano al lugar. (…)
Hay varias razones para [esta postura].
Primero, bajo la descentralización las jurisdicciones deben competir por los residentes y el capital, lo que proporciona cierto incentivo para mayores grados de libertad, aunque solo sea porque el despotismo local no es popular ni productivo. Si de todas formas los déspotas insisten en imponerse, gente y capital encontrarán la manera de irse. Si hay solo una voluntad y un actor, no se puede escapar.
Esto es indudablemente cierto en el caso de la política de inmigración. Aquellos estados que recurren a atacar a empresarios y multar a terratenientes como “soluciones” a problemas percibidos con inmigrantes, perderán a sus ciudadanos más productivos frente a estados que renuncien a ese intervencionismo. Además, aquellos estados que elijan subvencionar fuertemente la inmigración, también sufrirán la pérdida de muchos de sus contribuyentes.
En un sistema así, ¿seguirían algunos estados empleando enormes planes de redistribución y otras políticas públicas insostenibles? No cabe duda de que eso pasaría, pero es mejor limitar el daño a un puñado de estados que imponer el mismo destino a todos en toda la nación.
Publicado originalmente el 11 de julio de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
