El Instituto Mises habló recientemente con Nicolás Cachanosky, economista argentino, ahora en la Metropolitan State University de Denver, que está familiarizado con los asuntos de la deuda soberana. Le preguntamos acerca de una resolución de la ONU que trata de hacer más sencillo para los gobiernos impagar sus deudas.
Instituto Mises: Pagar la deuda pública no es algo tan sencillo como se supone y el repudio de dicha deuda tiene sus beneficios, Por ejemplo, Murray Rothbard, en su artículo “Repudiando la deuda nacional” explicaba por qué los contribuyentes deberían apoyar la idea de que el gobierno de EEUU impagara su deuda masiva. Y en un artículo reciente de Mises Daily, Simon Wilson explicaba además cómo la deuda pública no es como la deuda privada.
Pero los austriacos tampoco tienen la impresión de que el impago no tenga inconvenientes. Naturalmente, los acreedores (muchos de los cuales son gente normal con rentas medias) que prestaron el dinero van a perder en los casos de impagos. A estas personas no les consolará el hecho de que, a largo plazo, este riesgo estuviera reflejado en los tipos de interés que aumentarían para compensar el riesgo de impago.
Sin embargo, parece que la preocupación por los acreedores no estaba en las mentes de muchos de los gobiernos mundiales este mismo mes cuando la asamblea general de la ONU aprobó una nueva resolución que califica a los gobiernos deudores como víctimas de acreedores sin escrúpulos del sector privado.
¿Puedes decirnos algo más acerca de lo que está tratando de hacer la ONU con esta resolución?
Nicolás Cachanosky: La resolución de la ONU no es un documento obligatorio de tallado. Es, por decirlo así, una recomendación acerca de la restructuración de la deuda. Pero no hay ninguna especificación de cómo debería ser esta restructuración. La resolución suena más política que técnica. Y con esto quiero decir que es una declaración política utilizada por políticos en sus países para fines políticos.
La resolución ignora muchas realidades fundamentales económicas y legales. En una economía bien ordenada, cuando un deudor debe dinero, el impago inicia una negociación requerida entre dicho deudor y los acreedores.
No corresponde a solo una delas partes decidir cuál debería ser el resultado. Una resolución requiere un acuerdo entre deudores y acreedores. Si no se llega a un acuerdo, entonces hay que ir a los tribunales. Un juez o árbitro estudia entonces el contrato deudor y llega a una sentencia. Para que una economía sea predecible y funcional, los contratos deudores deberían sin embargo ser vinculantes y por tanto a los acreedores no debería obligárseles a renunciar a su derecho a las condiciones iniciales del contrato si no quieren hacerlo.
Es verdad que en algunos casos podría no ser realista esperar un pago completo, pero eso no significa que corresponda al deudor decidir unilateralmente a qué debería renunciar el acreedor. Es el deudor, no el acreedor, el que está incumpliendo.
Los gobiernos deudores no son las víctimas y algunos de los acreedores son, por ejemplo, jubilados que viven de sus fondos de pensiones. ¿Por qué debería esperarse que subvencionen a gobiernos deudores mediante el perdón de préstamos? ¿Por qué es injusto que estos jubilados, por ejemplo, esperen el pago, como sugiere el documento de la ONU?
Veámoslo de otro modo: un impago es una transferencia de riqueza del deudor al acreedor. Si no pagas lo que me debes, tu riqueza aumenta en la cantidad de deuda y la mía disminuye en dicha cantidad. La deuda deja de tener valor en el mercado. Naturalmente, los gobiernos se ven tentados por esta forma sencilla de aumentar su propia riqueza mediante impago.
Además, si los acreedores no pueden obligar a cumplir el contrato tal y como está estipulado, los políticos tienen menos incentivos para pagar su deuda exterior y seguir siendo sólidos fiscalmente. Sin embargo, si la resolución de la ONU fuera obligatoria, los prestamistas reclamarían tipos más altos de interés por el mayor riesgo de que no les paguen nunca. El coste del crédito aumentará para reflejar el riesgo adicional. Pero, por supuesto, los gobiernos tampoco quieren eso.
IM: ¿Qué puedes decirnos acerca de la votación de la ONU? ¿Qué países apoyaron la resolución con más firmeza?
NC: Treinta y un países votaron a favor de la resolución (un 66%), once en contra (un 23%) y cinco se abstuvieron (un 11%). Pero si se miran con cuidado las votaciones se ven algunas cosas interesantes.
Primero, dado que este es un asunto económico, en lugar de aplicar igual peso a cada voto, habría tenido más sentido si los votos sopesaran el PIB de cada país. Si cada voto tuviera el peso de su contribución al PIB mundial, el 53% de los votos habían sido en contra de dicha resolución y el 41% a favor. En ese caso, la votación habría reflejado el hecho de que los mayores contribuidores al PIB estaban en contra del plan de la ONU.
Asimismo, si miramos la libertad económica de las naciones votantes reportada por el Fraser’s Economic Freedom of the World (2015), la puntuación de libertad por peso en PIB para el grupo que votó a favor es más baja que la del grupo contra la resolución. Los países económicamente más libres se opusieron al intento de hacer más sencillo el impago.
IM: Argentina tiene un interés especial en este asunto. ¿Por qué?
NC: Argentina sigue en conflicto con un grupo de tenedores de bonos que rechazaron aceptar el swap de deuda que ofreció en 2005 y 2010 después de impagar en 2001. A este grupo de tenedores de bonos se les llama la “resistencia”. Argentina perdió la posibilidad de cambiar unilateralmente las condiciones del acuerdo deudor y ahora se le requiere el pago de la deuda pendiente y continuar con los pagos de los bonos originales. Argentina rechaza cumplir la sentencia y aún no realizado ningún pago. De hecho se ha declarado el desacato de Argentina al tribunal.
(Una explicación más detallada del caso argentino puede encontrarse aquí y aquí).
El gobierno argentino se puso en esta situación y aquí el problema no es la ausencia de un cuerpo regulatorio internacional que pueda obligar a los acreedores a aceptar a reestructuración de la deuda. El problema reside en un gobierno que gasta a capricho y no tiene ningún respeto por sus acreedores. Además, no ayuda a tu defensa como gobierno deudor si, por ley, prohíbes cualquier nueva negociación con los acreedores y borras sus deudas de las cuentas oficiales, como ha hecho Argentina.
IM: Un portavoz de la ONU se refirió recientemente a los acreedores “buitre” como un problema. ¿Se están comportando como buitres los acreedores?
NC: Es una desgracia que un documento como una resolución de la ONU utilice la palabra “buitre”, no una sino dos veces. Es una palabra con una clara connotación peyorativa que no es apropiada para un documento de la ONU. Parece que los cargos de la ONU no tenían ningún interés en escuchar lo que estos llamados fondos buitre tenían que decir acerca de su postura.
Lo que a menudo se califica como un fondo buitre es un fondo que compra bonos impagados y mantiene que pueden asegurarse legalmente de que la deuda contraída sigue en vigor y que recibirán el 100% del pago del bono.
Si creemos que respetar los contratos es una parte importante de una sociedad desarrollada y libre, entonces los fondos “buitre” no están pidiendo a los gobiernos deudores que sigan el plan de pagos que ya habían acordado. ¿Por qué se califican entonces a estos inversores como buitres mientras que los gobiernos son retratados solo como víctimas? Parecería que la palabra “buitre” es bastante aplicable a ellos mismos en estos casos, ya que, al rechazar pagar sus deudas, los gobiernos están sacando el dinero de los bolsillos de los acreedores.
Este tipo d inversión puede ser costoso para los acreedores más allá del coste de adquirir los bonos. Para hacer dinero de esta manera hacen falta años de costosos litigios para obligar a la aplicación de un contrato en el que entraron libremente acreedor y deudor. No están consiguiendo algo a cambio de nada. Uno es libre de que le desagraden estos fondos “buitre”, pero eso no es un argumento para ignorar contratos básicos y derechos de propiedad.
Publicado originalmente el 29 de septiembre de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
