Según un informe recientemente publicado, el alto coste de asistir a la facultad de dercho está haciendo difícil a las agencias públicas y organizaciones “de interés público” reclutar nuevos buenos abogados. Pueden ustedes inclinarse por reír y decir: “¿Cuál es el problema?”, pero el informe (“From Paper Chase to Money Chase”, publicado por un grupo llamado Equal Justice Works) llama inadvertidamente la atención sobre una dañina intervención en el mercado que tendría que acabarse.
“From Paper Chase to Money Chase” concluye, basándose en una muestra bastante pequeña y autoseleccionada de recientes graduados en derecho, que el alumno medio de derecho abandona hoy la facultad con deudas de más de 84.000$. Muchos de los encuestados dicen que la necesidad de pagar sus deudas de la facultad de derecho afecta a sus elecciones de opciones de empleo. Sus altos niveles de endeudamiento les hacen buscar el dinero, es decir, buscan la mayor paga que les ofrezcan las firmas legales. Los sectores público y sin ánimo de lucro pierden por tanto una gran parte de estos alumnos plagados de deudas que de otra forma se habrían dedicado al “servicio público”.
El informe preguntaba luego a los empleadores del sector público si tenían dificultades en el reclutamiento. De forma poco sorprendente, la mayoría decían que las tenían, aunque no se investigaba el grado de esta dificultad. ¿Hay realmente plazas vacantes en agencias públicas y organizaciones como el Sierra Club porque no pueden encontrar abogados capaces que trabajen por la paga que pueden ofrecer? Lo dudo mucho.
Lo que quiere el estudio es presionar en favor de subvenciones para las deudas de las facultades de derecho. Ensalza los “planes de ayuda al pago de préstamos” (LRAP, por sus siglas en inglés) como una forma de equilibrar el terreno. Equal Justice Works quiere ver cómo otra gente paga parte de la deuda en la que incurrieron los graduados que eligieron seguir el derecho público o “servir al público”. Las agencias públicas podrían establecer LRAP, extendiendo así el coste de la formación legal a los contribuyentes o podrían establecerlos las facultades, extendiendo así el coste a los demás alumnos y a sus donantes.
La raíz del problema
La pregunta evidente que ignora completamente “From Paper Chase to Money Chase” es por qué el coste de la facultad de derecho es tan alto. ¿Debería costas una formación legal tanto como cuesta? Antes de saltar al vagón de las subvenciones al coste de la facultad de derecho, tendría sentido preguntar si esos costes no están inflados artificialmente para empezar.
Lo están. Gracias a la connivencia entre los parlamentos estatales y la American Bar Association [la asociación estadounidense de abogados], las facultades de derecho cuestan mucho más de lo necesario. Si se permitiera un mercado libre en formación legal, el coste de prepararse para una carrera legal caería drásticamente.
Para ver cómo se llegó a esta situación, remontémonos en el tiempo. Bastará con un siglo. En 1902, los que aspiraban a entrar en la abogacía podían seguir diferentes rutas. Una era sencillamente aprender la ley individualmente (como hizo Abraham Lincoln). Una segunda ruta era ser pasante en un bufete legal y aprender lo que necesitaras en ese entorno (como hizo Clarence Darrow). La tercera opción era ir a la facultad de derecho.
Entonces las facultades de derecho variaban mucho, ofreciendo algunas cursos de estudios de un año, ofreciendo muchas un programa de dos años y un pequeño número de escuelas de élite ofrecían un currículum de tres años. Un futuro abogado podía elegir el tipo de formación legal que pensara mejor, dadas sus circunstancias. La pasantía era la más común. Habían aparecido abogados notables en la profesión a través de cualquiera de las aproximaciones que acabo de explicar.
En 1921, la American Bar Association decidió “profesionalizar” la formación legal. Utilizando la vieja excusa de que los consumidores se beneficiarían de “altos estándares”, la ABA buscaba imponer el modelo de facultad de tres años como la única ruta a la profesión legal. En realidad, el bienestar del consumidor no tenía nada que ver. Muchos abogados se estaban quejando de la excesiva competencia que mantenía las tarifas por debajo de las que creían que deberían ser y sencillamente querían restringir la oferta para aumentar los precios. Un conocido miembro de la profesión legal, el juez federal Richard Posner, lo ha comparado con un gremio medieval, que buscaba restringir la entrada y limitar la competencia todo lo posible. Los atributos gremiales se hicieron muy evidentes a partir de 1921.
Para alcanzar su objetivo, la ABA empezó a cabildear por toda la nación promoviendo reglamentos que eliminaría todo tipo de formación legal que no estuviera de acuerdo con su modelo. La mayoría de los estados estuvieron dispuestos, aproando leyes que limitaban la idoneidad para realizar el examen estatal para ser abogado a personas que se hubieran licenciado en facultades de derecho acreditadas por la ABA. Como la mayoría de los abogados consideraban que era importante se miembros del colegio para tener éxito, esas leyes cerraban el camino a la profesión a las facultades que no fueran de derecho y ponían el control de las facultades de derecho en manos de la ABA.
Actualmente solo cuatro estados, California, Tennessee, Alabama y Massachusetts, permiten a un recién graduado de una facultad de derecho no acreditada realizar el examen. En otros estados, un graduado de fuera del estado puede realizar el examen en el estado en que se encuentre la facultad no acreditada y después de hacer prácticas allí por varios años (al menos tres) puede hacer el examen en su estado natal. Los abogados por lo general no quieren cambiar de estado y revivir el dolor de cabeza del examen, así que es solo un diminuto agujero en la exclusión de la ABA de las facultades de derecho no conformes.
Algo más tarde, la ABA también inició una ofensiva contra los practicantes del derecho que no fueran miembros del colegio de abogados, cabildeando con éxito a favor de leyes para prohibir “la práctica no autorizada del derecho”. Se viola la ley contra la “práctica no autorizada” incluso cuando un no miembro del colegio da una asistencia legal perfectamente buena a otra persona que sepa que quien le asiste no es un abogado licenciado. Los comités de práctica no autorizada estatales y locales vigilan la competencia ilegal con el gremio con la ferocidad de los perros guardianes.
En esta búsqueda de un monopolio sobre la formación de los futuros juristas, la ABA estaba haciendo justamente lo que haría cualquier gremio con intereses propios: poner barreras de entrada.
El modelo de alto coste de la ABA para la formación legal
El cuerpo acreditador de la ABA, el Consejo de la Sección de Formación Legal, ha establecido estándares que están pensados para hacer muy costosas y restrictivas las facultades de derecho.
Entre los más importantes están:
- Las facultades de derecho deben ser instituciones sin ánimo de lucro. Suponiendo, o bien que el motivo del beneficio es malo o que una facultad de derecho que busque el beneficio podría estar demasiado interesada en encontrar formas de reducir los costes (o ambas cosas), las reglas de acreditación de la ABA dicen que solo pueden aprobarse instituciones sin ánimo de lucro. Así que mientras que universidades con ánimo de lucro como la Universidad de Phoenix están encontrando formas innovadoras de proveer ofertas formativas a cada vez más estadounidenses, la ABA no las tendrá en el campo de la formación legal.
- El personal de las facultades de derecho debe ser mayoritariamente de profesores a tiempo completo. La ABA considera una señal de profesionalidad que los cursos de la facultad los den docentes a tiempo completo. Aunque sería mucho más barato en muchos casos tener cursos dictados por adjuntos (por ejemplo, el derecho penal podría enseñarlo un abogado penalista en activo), la ABA está en contra de esto. El uso de adjuntos no está completamente prohibido, pero cuanto más elitista sea la escuela, más fácil le resulta cumplir. Por ejemplo, si Harvard quiere que un juez retirado dé una clase, no hay problema. Si un peso más ligero quiere hacer lo mismo, puede poner en peligro su acreditación.
- La carga lectiva de los miembros de la facultad debe mantenerse baja. El modelo profesional de la ABA considera que los profesores de derecho son investigadores y necesitan mucho tiempo para investigar. Muchos profesores solo enseñan tres o cuatro horas a la semana.
- Las facultades de derecho deben tener un programa de formación de tres años. La mayoría de los estudiantes de derecho consideran al tercer año como una gran pérdida de tiempo y de dinero en la que obtienen los créditos necesarios siguiendo los cursos que parezcan al menos algo interesante o útil. Sin embargo, una facultad de derecho que otorgue grados después de solo dos años de estudio y deje a sus alumnos salir a ganarse la vida perdería su acreditación ABA.
- Las facultades de derecho deben tener instalaciones caras y complejas. No podemos tener a futuros miembros de la profesión legal estudiando en aulas y bibliotecas rutinarias. Como muchas de las normas de la ABA, ésta está escrita de forma vaga, diciendo que las instalaciones físicas no deben tener “un efecto negativo y material” en la formación de los alumnos. Esa vaguedad da a la ABA mucho apoyo para reclamar mejoras a voluntad incluso en nuevos edificios. No es raro que se vuelvan confusos los presupuestos universitarios porque la ABA ha insistido en que la facultad de derecho necesita mejoras en las instalaciones.
- Las facultades de derecho deben invertir fuertemente en bibliotecas, requiriendo la compra de miles de volúmenes de tapa dura, la mayoría de los cuales raramente se abrirán, si es que lo hacen, ya que mucha de la investigación legal actual se hace en línea o utilizando CD-ROMs.
Todas estas reglas aumentan grandemente el coste de la formación legal. Por ejemplo, el coste de matrícula para acudir a cualquiera de las facultades de derecho acreditadas por la ABA en el área de Boston es más del doble que el coste de acudir a la no acreditada Massachusetts School of Law (que cobra unos 12.000$ al año). Pero indudablemente esa comparación no va suficientemente lejos. Si los empresarios fueran libes de encontrar la manera de proporcionar la cantidad óptima de formación legal, no hay razón para dudar de que muchos juristas serían capaces de obtener la formación que necesiten a un precio muy inferior.
¿Entonces no hay ninguna justificación para el modelo de la ABA? ¿No podría argumentarse que, dada la enorme cantidad de leyes que hay hoy, tres años de facultad de derecho resultan poco adecuados? ¿No tendríamos abogados mal preparados si permitiéramos de nuevo facultades de derecho con programas de uno o dos años?
La respuesta es no. La realidad es que muy Pozzi de lo que los abogados necesitan conocer se aprende en la facultad de derecho. Todo campo del derecho es tan vasto que lo más que puede hacer un estudiante es familiarizarse con las normas y casos más importantes. Casi todo lo que necesita conocer en su áreas de práctica lo aprenderá trabajando. No es raro que un abogado acabe especializándose en un campo que no estudió en absoluto en la facultad y no se peor en ello.
Los abogados, como los demás profesionales, tienen un fuerte incentivo para hacer la mejor inversión en conocimiento. No hay necesidad de obligar a los futuros abogados que dediquen una cantidad concreta de tiempo en facultades de ningún tipo en particular. Los abogados aprenderán lo que necesiten acerca de las indemnizaciones a trabajadores o la propiedad intelectual o el derecho mercantil o lo que sea en que se especialicen sin que importe lo que el estado considere necesario para licenciarse. Obligar a tres años en la facultad de derecho no protege a los consumidores ante la incompetencia, protege a los juristas actuales contra nuevos competidores y especialmente protege a los empleados de las facultades de derecho contra los efectos de la innovación y la eficiencia.
¿Debería incluso el estado licenciar a los abogados en absoluto? Sostengo que las licencias no añaden nada a la competencia o fiabilidad y he argumentado en otro lugar que deberíamos eliminar las licencias obligatorias y derogar la práctica no autorizada de los reglamentos legales. (Ver mi artículo “The Lawyer Cartel”).
Conclusión
No pierdo el sueño por la posibilidad de que agencias públicas y grupos de “interés público” tengan dificultades a la hora de contratar abogados. Pero sigue siendo cierto que la intervención pública en el mercado de la formación legal ha aumentado mucho los costes de entrar en la profesión legal, igual que ha pasado con muchas otras. La solución no es subvencionar selectivamente ese coste inflado, sino más bien acabar con la intromisión del gobierno en el mercado de la formación legal. Los parlamentos estatales pueden y deberían hacerlo derogando sus leyes que dicten cómo deben prepararse las personas para hacer carrera en derecho.
Publicado el 10 de diciembre de 2002. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
