La expresión “Rebelión del Sagebrush” está apareciendo de nuevo en los periódicos en el oeste de Estados Unidos al estar los estados buscando un mayor control sobre terrenos federales dentro de sus fronteras. Igual que la original Rebelión del Sagebrush de las décadas de 1970 y 1980, varios estados occidentales, de los cuales el gobierno federal posee mucho más de un tercio del territorio dentro de ellos, han empezado a buscar más control local de los terrenos como una respuesta a la indiferencia, mala gestión y abierta hostilidad federales. En al menos un caso (Utah), el estado ha presentado una demanda en un intento de conseguir más control de los terrenos quitándoselo de las manos federales.
El Los Angeles Times, en el caso perdido socio-económico conocido como California, rechazaba de plano la idea en un editorial sin firma, declarándola una afrenta contra la supremacía federal injustamente difamada. El Denver Post, entretanto, ofrecía el mes pasado una evaluación más imparcial, sugiriendo que el coste para el estado de mantener terrenos públicos (en forma de lucha contra incendios, gestión forestal y otras cosas) es demasiado alto como para que merezca la pena.
¿Por qué ahora?
El control federal de los terrenos dentro de los estados ha sido una fuente de conflictos entre estados y gobierno federal durante mucho tiempo.
Antes de la adopción de la Constitución de 1787, había pocas disposiciones legales que permitieran el control federal directo de terrenos dentro de estados. Sin embargo, la nueva Constitución fue un éxito para los centralizadores que querían ejercer un control federal más directo sobre los territorios del oeste. La compra de la Luisiana reforzó aún más el control sobre los territorios del oeste al poner enormes franjas de tierra bajo control federal.
Sin embargo, a lo largo de la mayoría del siglo XIX, se aceptaba que prácticamente todo este territorio debería acabar entregándose a estados y colonos. En la segunda mitad del siglo, esto se hacía principalmente mediante diversas leyes de ocupación y grandes concesiones de terrenos para los ferrocarriles.
El lejano oeste y las Montañas Rocosas ofrecían nuevos problemas, sin embargo, porque esos territorios no se prestaban a ocupación de los pequeños terrenos permitidos por el derecho federal en ese momento. Así que la única forma de que estos terrenos pudieran ser rentables era si permitir propietarios individuales de cantidades mucho mayores de terrenos.
Sin embargo, políticamente, esto tampoco funcionaba, ya que el movimiento progresista se oponía a la propiedad de grandes franjas de terrenos por parte de grandes empresas mineras o por propietarios que no se ajustaran a la imagen romántica del colono autosuficiente. Con el tiempo, el gobierno federal se apropió permanentemente de estas tierras, rechazando la propiedad de los estados, que eran retratados por los progresistas como comprados por los intereses corporativos.
En tiempos más recientes, esto ha llevado a conflictos en los que en los que los intereses económicos locales han chocado con planes federales para terrenos y en los que el control federal de los terrenos ha dañado activamente las economías locales. Por ejemplo, para agradar a los ecologistas, el gobierno continúa cerrando carreteras en terrenos federales que han sido usadas durante mucho tiempo por los residentes locales para diversos fines. Además, el gobierno federal recauda impuestos y tasas sobre terrenos que los gobiernos locales gravarían por ellos mismos.
Pero los ejemplos recientes probablemente más memorables se produjeron en 2013, cuando el gobierno federal cerró parques nacionales y otros terrenos federales frecuentados por turistas. El gobierno federal envió agentes federales armados con rifles de asalto que expulsaron por la fuerza a los visitantes de los supuestos “terrenos federales”. Entretanto, los pueblos cercanos que confían en los turistas para su economía local se veían imposibilitados de abrir ellos mismos los parques. Los cargos estatales, que son mucho más sensibles a las necesidades económicas locales que los miembros del Congreso y la Casa Blanca, también se vieron impotentes para hacer nada.
Después de aplicar mucha presión política, el gobierno federal acabó permitiendo amablemente a los estados pagar millones al gobierno federal para abrir de nuevo los parques.
Pero, en ese punto, el daño político se había producido. Muchos estados se dieron cuenta de que si iban a tener que pagar al gobierno federal para acceder a sus propios territorios, podía haber un problema con lo dispuesto.
Y finalmente, cuando se trata con el gobierno federal es importante recordar que solo inmensos intereses políticos y corporativos tienen generalmente muchas posibilidades de influir en la política federal. Debido al coste de hacer negocios con los federales en Washington (sería mucho mayor que el coste de influir en los gobiernos estatales o locales), los terrenos federales son sobre todo un campo de batalla entre grandes grupos ecologistas bien financiados y enormes corporaciones empresariales. Pequeñas empresas, propietarios de terrenos y grupos conservacionistas tienen poca o ninguna esperanza de influir en cómo se controlan o poseen las tierras.
¿Pueden los estados permitirse apropiarse de los terrenos federales?
Incluso los que simpatizan con la descentralización de los terrenos federales han cuestionado desde hace mucho si los estados querrían o no asumir el coste de gestionarlos. Incluso si los estados se apropiaran de los terrenos federales, en la mayoría de los estados del oeste hay poco peligro de que esos terrenos fueran privatizados. A la gente de Colorado, por ejemplo, les gustan sus bosques “públicos” tal y como están y no se apresurarían a entregarlos a los Ted Turner del mundo. Esto significa que los estados (es decir, los contribuyentes) tendrían que pagar por la intervención en incendios forestales, mantenimiento de carreteras, control de erosión y otros gastos asociados con la gestión de terrenos públicos.
Los que piensan que la transferencia sería demasiado cara citan un estudio de los terrenos públicos de Utah que afirma que una transferencia de los terrenos federales al gobierno de Utah costaría a la economía del estado 280 millones de dólares anuales, más 150 millones en salarios federales.
Ahora bien, debería recordarse que estudios como estos son bastante esquemáticos. Toman todo el dinero federal gastado en empleos relacionados con terrenos federales y luego declaran que todo ese dinero desaparecería si el gobierno federal desapareciera de la ecuación. No consideran que, si se permitiera a los estados controlar estos territorios, podrían gestionarlos mejor, aumentar los ingresos por admisión, permitir mayores niveles de crecimiento económico y evitar desastres económicos como el cierre de parques ordenador federalmente.
El problema de los impuestos directos
Pero el mayor agujero en este análisis es el hecho de que todos estos estados ignoran los ingresos fiscales que pagan al gobierno federal estados como Utah y Colorado. Los impuestos federales recaudados en Utah en el año fiscal 2012, por ejemplo, totalizaron 15.600 millones de dólares. Al mismo tiempo, según varias fuentes, Utah es una estado contribuyente neto, lo que significa que sus ciudadanos pagan más en impuestos federales de lo que el estado recibía en gasto federal. En el caso de Utah, el gobierno federal gasta 66 centavos de cada dólar recaudado en impuestos federales en el estado. Así que podríamos concluir que Hacienda recauda 5.600 millones de dólares más en impuestos de lo que el estado recibe a cambio. Y esto ocurre año tras año.
Los 280 millones supuestamente “perdidos” no parecen demasiados comparados con los 5.600 millones extraídos por el estado por los federales cada año. Si se permitiera que ese dinero permaneciera en Utah, no cabe duda de la capacidad del estado para gestionar los terrenos públicos.
Igualmente, en Colorado, que es también un estado contribuyente neto, Hacienda recaudó 41.200 millones de dólares en ingresos fiscales. Pero el gasto federal en el estado totalzia solo 64 centavos por cada dólar de impuestos federales gastado. Esto significa que, cada año, el pueblo de Colorado paga unos 15.000 millones de dólares más en impuestos de lo que gastan los federales en Colorado.
Un cargo oficial de Colorado ha afirmado que, sin el gasto federal, un gran fuego forestal “arrasaría” el presupuesto estatal. Es un término bastante vago, pero dado que Colorado solo recauda 12.000 millones de dólares en impuestos estatales, comparados con la recaudación federal de 41.000 millones, la mayor rémora potencial sobre la productividad de Colorado no son exactamente los incendios forestales.
Por supuesto, desde una perspectiva legal, es inútil discutir nada de esto. Desde el rechazo de los Artículos de la Confederación y la adopción de la nueva Constitución, está bastante claro en el derecho federal que el gobierno federal puede gravar directamente a los ciudadanos sin ninguna consideración por los gobiernos estatales ni locales o prorrateo entre los estados. El prorrateo, que era una medida a medio camino que trataba de igualar las cargas fiscales entre estados, fue esencialmente eliminado poco después de que se adoptara la Constitución, cuando una de las primeras sentencias del Tribunal Supremo declaraba que no se aplicaba si resultaba incómoda para los recaudadores estatales de impuestos. La Decimosexta Enmienda, aunque no creara el fenómeno de los impuestos directos, simplemente reforzaba considerablemente la mano del gobierno federal.
Así que hoy los propios estados son espectadores financieros en lo que se refiere al gasto federal y la capacidad de los estados de controlar impuestos, gasto y recursos dentro de sus propias fronteras. La rémora perpetua sobre la riqueza estatal en los estados contribuyentes netos se ignora constantemente. El gobierno federal puede ahora extraer 15.000 millones de dólares más (netos) que lo que gasta en un estado y luego afirmar que está haciendo un regalo fabulosamente generoso al estado cuando gasta solo un parte de lo que ya se ha llevado. Utah y Colorado pueden tener suerte y ser capaces de tomar control de alguna manera de los terrenos federales. Pero un menor gasto federal en el estado no se traducirá en menores impuestos para nadie.
Publicado originalmente el 21 de agosto de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
