A finales de junio de este año, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva y directiva presidencial aclarando la política de rehenes de la administración. Posteriormente hizo unas declaraciones a la prensa en las que condenaba las amenazas de persecución contra familiar que traten de pagar rescates: “lo último que deberíamos hacer es añadir al dolor de la familia amenazas como estas”.
Esto sigue a una revisión del tratamiento del gobierno de los rehenes en el extranjero, que descubría que a la familia de James Foley, el periodista independiente decapitado por el ISIS en agosto de 2014, se le había dicho que sería llevada ante los tribunales si trataban de negociar con el grupo terrorista.
Tras la publicación de la revisión, el presidente tenía tres alternativas:
- Una política de no concesión, en la que el gobierno no solo rechaza pagar rescate, sino que continúa amenazando con la persecución de ciudadanos privados que negocien.
- Una política de laissez faire, en la que el gobierno no hace nada: ni paga el rescate, no interfiere con la negociación de ciudadanos privados.
- Una política de concesión, en la que el gobierno paga el rescate.
La declaración del presidente indica que su administración apoya la política número 2. Este artículo compara dicha política (de laissez faire) con sus rivales, la política 1 y la política 3, teniendo ambas recientemente defensores públicos.
No concesión: Coaccionando a las víctimas de la coacción
Los defensores de la no concesión (por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner) argumentan que si se permite a las familias negociar la liberación de sus seres queridos, se enviará un mensaje a los canallas extranjeros de que los rehenes estadounidenses tienen un precio. El número de secuestros aumentará consiguientemente.
El argumento cae por su propio peso. Mientras que supone que los secuestradores son actores racionales y con intereses propios que responden a los incentivos, no atribuye esta misma capacidad a los viajeros estadounidenses, suponiendo por el contrario que no actuarían de forma distinta a la vista de la amenaza exacerbada a la vida y la integridad física. De hecho, si el riego de visitas regiones anárquicas e inestables ha aumentado de forma apreciable, entonces puede esperarse que los visitantes marginales (por ejemplo, periodistas aficionados) cancelen sus excursiones; los viajeros más serios, por otro lado, gastarán más en provisiones de seguridad.
Ahora hay dos fuerzas actuando, cada una en la dirección opuesta: los canallas van buscando cada vez más víctimas, pero los viajeros son menos en número y más vigilantes. Por tanto, el si el número de secuestros debería aumentar o disminuir con el pago de rescates por las familias, es un asunto de cierta ambigüedad.
¿Pero no permiten los pagos de rescates a los grupos de secuestradores los recursos materiales para secuestrar más frecuentemente en el futuro? Esta objeción es vulnerable al mismo contraargumento: al militarizarse los delincuentes, algunos visitantes estadounidenses se armarán, mientras que otros cancelarán sus viejas. Igual que la población de linces no puede expandirse indefinidamente a costa de la liebre nival, los secuestradores afrontan limitaciones: al hacerse más fuertes y numerosos, encontrarán sus elecciones menos rentables, porque su presa se ha convertido a su vez más fuerte o simplemente se ha quedado en casa.
En resumen, una política de no concesión pide que toleremos la suma de la coacción del gobierno a una situación ya coactiva, que separemos a rehenes y sus familias de su mejor esperanza para resolver el conflicto. Y aun así, a cambio no siquiera no da una razón para creer que el número total de secuestros disminuya con seguridad. ¡Menudo intercambio lamentable!
Los bolsillos profundos del Tío Sam
Actualmente hay más de treinta rehenes estadounidenses retenidos en el extranjero y, muy comprensiblemente, son sus familias las que forman el grupo cabildero dominante a favor de una política pago público de los rescates. ¿Cómo podríamos esperar que una política de concesión, practicada de alguna manera por todos los países, salvo estados Unidos y Gran Bretaña, afecte al número de secuestros?
Primero, deberíamos advertir que los gobiernos no afrontan las mismas limitaciones presupuestarias que los individuos privados, lo que significa que los secuestradores pueden esperar conseguir un rescate mayor. E incluso si el rescate pagado por el gobierno fuera limitado, seguirían estimulando los secuestros recompensando a los delincuentes con seguridad en las rentas. Por el contrario, bajo la política de laissez faire, que ha apoyado Obama, los secuestradores no disfrutan de esa certidumbre: pueden descubrir que, después de ponerse fuera de la ley y hacer un esfuerzo en el proceso de secuestro, su víctima no tiene los medios para pagar.
Además, bajo una política de rescates pagados por el gobierno, cabría esperar que los estadounidenses visiten regiones peligrosas en gran número y estén menos atentos al hacerlo. Por supuesto, seguiría siendo molesto ser secuestrado, pero haría menos oneroso saber que no habría que hipotecar la casa para comprar tu libertad. Es decir, la garantía pública de rescate crea riesgo moral, eliminando en parte el incentivo para prevenir el riesgo. En igualdad de condiciones, una política de concesión estimula el sector del secuestro, proporcionándole más oportunidades y un botín estable y generoso por cabeza.
Sin embargo, las cosas no son iguales en todos los países: esa es la razón de por qué, a pesar del constante rechazo del gobierno a pagar rescates, EEEUU tuvo el segundo número más alto de ciudadanos rehenes en 2013.[1] La política exterior de Estados Unidos ha hecho objetivos políticos de sus ciudadanos, siendo muchos secuestrados y asesinados para influir en decisiones militares. Sin embargo esto no disminuye la importancia de la política de rescates del gobierno: el país que superó a Estados Unidos en 2013 fue Francia (los franceses han intervenido en lugares como Mali y Libia, pagando al mismo tiempo más en rescates que cualquier otra nación desde 2008). A eso conducen los datos de nacionalidad de los rehenes.
Conclusión
Permitir a las familias negociar sin miedo a verse perseguidas proporciona alguna esperanza para los secuestrados en el extranjero; al mismo tiempo, se evita el riesgo moral asociado con los rescates pagados por el gobierno. En resumen es una respuesta humana y juiciosa a la creciente lista de estadounidenses abducidos.
Sin embargo, hasta el día que las lanzas estadounidenses se conviertan eh hoces, los ciudadanos permanecerán en un peligro desproporcionado de secuestro en el exterior. John Boehner, en respuesta al reciente cambio de Obama en la política de rehenes, lamentaba: “Podría estar poniendo en peligro a más estadounidenses aquí y en el extranjero”. Si, como Boehner, nos preocupa realmente la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera del país, debemos considerar el papel esencial desempeñado por la intervención militar y la subversión política estadounidenses a la hora de crear odio por la nación y su pueblo.
Publicado originalmente el 26 de agosto de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
[1] Esta fuente reporta que Estados Unidos tuvo nueve ciudadanos en manos de secuestradores en 2013. Sin embargo, el gobierno de EEUU informó en 2015 que más de treinta estadounidenses están secuestrados actualmente. Entretanto, IntelCenter reporta que solo se secuestró a dos rehenes: 0 en 2013, 1 en 2014 y 1 hasta ahora en 2015 (aquí los datos anuales de secuestros). Esto demuestra la dificultad de encontrar datos consistentes sobre secuestrados estadounidenses. La política del gobierno es no dar publicidad a los secuestros, para negar notoriedad y poder negociador a los secuestradores.
