En una reciente intervención ante el Congreso, la subfiscal general Sally Quillian Yates declaraba que el Departamento de Justicia de EEUU iba a intensificar su persecución de personas empleadas en grandes empresas como parte de un mayor impulso contra los “delitos de cuello blanco”. No cabe duda de que esas persecuciones serán muy populares para una gran parte de los votantes, dado que candidatos presidenciales como Bernie Sanders, Hillary Clinton y Martin O’Malley, junto con la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren han declarado más que nada que casi todas las empresas estadounidenses son parte de una masiva conspiración criminal que las autoridades federales deben desarticular.
El año que viene deberíamos esperar ver ejecutivos de empresas y finanzas de nivel medio realizando “desfiles de acusados” delante de los medios de comunicación, ya que los fiscales federales les acusarán de diversos “delitos económicos” con la esperanza de que impliquen a sus superiores. Todos conocemos la costumbre y en un tiempo de crecimiento económico anémico completado con quiebras empresariales, no será difícil encontrar cabezas de turco.
Todos son “culpables”
Cuando el famoso abogado de las libertades civiles, Harvey Silverglate, publicó su libro ahora famoso, Three Felonies a Day, causó bastante agitación. A través de varios casos muy perturbadores, Silverglate dejaba claro que si los fiscales federales quieren atacar a una persona, es muy fácil crear acusaciones penales contra ella.
Para demostrarlo, señalaba cómo los fiscales federales en Nueva York, cuando Rudy Giuliani era fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, jugaba habitualmente a un juego en el que miraban si diversas celebridades y otros, incluyendo a la Madre Teresa, habían incumplido el derecho penal federal. El resultado, por desgracia, era que para cualquier persona, sin que importara lo bueno que fuera su personaje público, existía una norma federal que le llevaría a prisión.
También los fiscales de Giuliani (y el propio Giuliani) cometían delitos habitualmente al filtrar selectivamente información del gran jurado a periodistas favorecidos para dañar la capacidad de autodefensa de los acusados. También atizaron los fuegos de las bandas antiempresa y estos fiscales estaban bastante familiarizados con cómo mostrar las siempre maleables normas federales para convertir acciones normales en delitos. Durante la década de 1980, cuando Giuliani estaba en el Departamento de Justicia, la oficina de Nueva York realizó un gran espectáculo de fuerza contra empresas de Wall Street y otros negocios en buena parte para reformar las inminentes carreras políticas de Guiliani y otros que trabajaban con él y apaciguar a los demócratas y republicanos antiempresa, que ansiaban declarar la vuelta de lo que llamaban la “Década de la avaricia”.
¿Está llegando una nueva ola de mano dura?
Las cifras de persecución federal de empresas tienden a venir en oleadas. Durante la Gran Depresión, los fiscales trataban de declarar comportamiento criminal de los empresarios, lo que les hizo responsables de la mala situación económica. Durante la década de 1980, los rivales de Michael Milken en Wall Street y otros que desafiaron a las empresas financieras establecidas fueron el motor silencioso pero eficaz de persecución, combinando sus conexión políticas con la ambición de Giuliani para casi destruir la maquinaria alternativa de financiación de capital que estaba alterando el estatus empresarial con nuevas iniciativas y sacudidas a las empresas existente.
Como Milken se había hecho rico mediante sus negocios financieros, se convirtió en el símbolo de la “avaricia” para la izquierda demócrata, que en ese momento afrontaba una pérdida de influencia durante los años de Ronald Reagan y estaba desesperada buscando recuperar su antiguo estatus como “conciencia” de Estados Unidos. Ir a por Milken apaciguaba tanto a la izquierda como al establishment republicano en Wall Street, ya que la empresas del “dinero antiguo” estaban felices viendo a Giuliani eliminar la competencia.
Después de la espectacular quiebra de Enron y otras empresas que dependían de las políticas de dinero barato del Sistema de la Reserva Federal de Alan Greenspan, políticas que acabaron con el estallido de la burbuja tecnológica en 2000 y 2001, la administración de George W. Bush fue a por gente como Ken Lay y Jeffrey Skilling de Enron y otros con trabajos ejecutivos de alto nivel. En la atmósfera de linchamiento que inevitablemente sigue al ciclo de declive de los ciclos económicos inducidos por la Fed, no fue difícil convencer a los estadounidenses de que las quiebras corporativas y la consiguiente recesión fueron obra de ejecutivos criminales.
He escrito sobre derecho penal federal y sus abusos durante más de una década y no he cambiado mi punto de vista. No importa lo a menudo que escritores y activistas expongan las consecuencias de expandir el derecho penal federal, este se expande de todas maneras. La gente es elegida para el Congreso con programas de “ser duros con el delito” y grandes masas aprueban entusiasmadas cuando Bernie Sanders y Elizabeth Warren reclaman que más ejecutivos empresariales sean enviados a prisión por “delitos” sin especificar. (Reclaman la postura de Beria. Beria, que fue el jefe del KGB original, es sabido que dijo: “Si me das el hombre, te daré el delito”).
Una estrategia política ganadora
El actual ambiente público es feo, y tal vez tenga motivos. Aunque las tasas oficiales de desempleo sean relativamente bajas, las estadísticas muestran claramente que enormes cifras de personas potencialmente empleables han abandonado el mercado laboral completamente porque saben que es muy improbable encontrar un empleo decente. Sabemos que, en términos porcentuales, la participación laboral en el trabajo está el mínimo casi históricos. También sabemos que, en términos económicos, la economía se está estancando y que las personas siguen siendo exprimidas, ya que los salarios reales no siguen el ritmo de la inflación lenta pero real. En resumen, la gente está enfadada y quiere que alguien pague.
Mucha gente enfadada ha descubierto un hogar político con candidatos como Sanders y Donald Trump, ya que ambos hablan a las frustraciones del votante y también encuentran perfectas cabezas de turco para los estadounidenses vengativos. Bernie Sanders acusa a empresas y empresarios de “avaricia”, mientras que Donald Trump culpa a los inmigrantes. En términos económicos, ni Sanders ni Trump tienen razón, pero eso no importa: los votantes enfadados no quieren hechos, quieren cabelleras.
Desde que el sociólogo Edwin Sutherland durante la década de 1930 acuñó el término “delito de cuello blanco”, los políticos y los medios de comunicación han afirmado que los negocios a menudo son poco más que empresas criminales. Indudablemente el actual clima político refleja ese sentimiento y más. Además, los políticos están apelando a los votantes con propuestas que destruirían la formación de capital, criminalizarían buena parte del emprendimiento y harían mucho más difícil para las empresas dedicarse a actividades normales.
En un reciente discurso de campaña, la candidata demócrata Hillary Clinton declaraba: “Vamos a volver a aplicar las leyes laborales. Voy a asegurarme de que algunos empresarios vayan a la cárcel por robo salarial y todos los demás abusos que están realizando”. Pocos candidatos de cualquier partido están dispuestos a defender a empresas y empresarios y al medida que la retórica de campaña se hace más inflamada, los fiscales federales van a encontrar cada vez más fácil acusar a los dueños de empresas y empresarios de “violaciones” de la ley que podrían calificarse como “criminales”, incluso aunque no sean intencionales, según el profesor de derecho John Baker.
Persecución selectiva y motivada políticamente
Como hay tantos propietarios de negocios y ejecutivos y como los fiscales federales no pueden ir a por todos, será cosa del azar a quién seleccionaran los fiscales para “el tratamiento”. En su mayor parte, los objetivos no tendrán relaciones políticas (como muchos ejecutivos de Wall Street), ni será gente implicada en empresas de “energía verde”, como negocios relacionados con gente como Al Gore.
Cuando la gente piensa en los llamados delitos empresariales, piensan en desfalcos, empresas falsificando información, evasión de impuestos o dedicación al fraude al dar servicios bajo contrato con el gobierno. Por ejemplo, digamos que Ajax Company se supone que fabrica tanques para el ejército de EEUU y se le paga sobre una base de costé más prima. La empresa entonces factura al ejército por un número de tanques que no construye o por servicios fantasma, con el consejero delegado de la empresa y su querida poniendo el dinero fraudulentamente obtenido en una cuenta bancaria suiza.
Esto indudablemente caería bajo el delito de fraude para cualquiera y si el gobierno se limitara a perseguir este tipo de casos, poca gente objetaría. Sin embargo, los delitos públicos de fraude son increíblemente maleables y pueden aplicarse a conductas que parecerían legales. En un artículo que escribí para Regulation hace seis años, señalaba que la práctica de Enron de poner “activos no rentables” en “entidades para fines especiales” era legal y también se había comunicado a los accionistas de Enron, pero los fiscales federales decidieron incluir esas acciones bajo el paraguas de “Fraude de Servicios Honrados”.
Los fiscales querían que los jurados creyeran que, aunque las actividades de Enron cumplían las leyes y regulaciones federales, sin embargo la empresa realizaba esas acciones para presentar la empresa a accionistas y otros bajo una falsa luz, haciendo que la condición financiera de la empresa pareciera mejor de lo que era. Así, se dejó a los jurados determinar si esta acción era o no en realidad una violación de la ley, aunque la acción original sí entraba dentro de la letra de las normas y regulaciones federales.
Se puede ver inmediatamente dónde está el problema. Bajo la mayoría de las leyes estatales que rigen los delitos, a menudo no hay duda de que se haya cometido un crimen real. La cuestión no es si alguien incumplió la ley, sino más bien quién lo hizo, el acusado u otro.
La ley federal es lo suficientemente ambigua como para permitir la persecución de casi cualquiera
En el sistema federal, sin embargo, se pide a los jurados que decidan si alguien violó realmente o no la ley y por tanto, incumplió las normas federales. A los jurados, que normalmente no tienen formación legal, se les pide por tanto que determinen si una acción altamente compleja que pueden no entender fue o no una violación legal y, más a menudo que no, si los jurados no la entienden y consideran que los acusados son poco respetables, votarán culpable por defecto.
Además, los fiscales federales tienen tanta libertad que pueden acumular numerosas acusaciones que podrían basarse en una sola acción, creando así una situación para los acusados en la que pueden arriesgare a ir a prisión durante décadas (y los fiscales federales casi siempre ganan un juicio) o declararse culpables. (Tengo un amigo cercano que fue acusado de “Fraude de Servicios Honrados”, porque el fiscal de EEUU creía que las tarifas que negociaba con sus clientes eran más altas de lo que deberían haber sido. El fiscal no algaba que hubiera defraudado a sus clientes como tal, ya que cobraba a estos las tarifas que habían acordado ambas partes, sino que como las tarifas eran más altas que las que otros cabilderos cobraban a sus clientes, sencillamente tenían que ser ilegales. Así que, de acuerdo con los fiscales federales, se pueden negociar tarifas a plena luz del día con todas las partes estando de acuerdo y aun así estar incumpliendo la ley).
Los fiscales federales también son famosos por apelar a los prejuicios de los jurados. Cuando Ken Lay y Jeffrey Skilling fueron juzgados en Houston, los fiscales apelaron al hecho de que, cuando Enron quebró, mucha gente perdió dinero. (El que Skilling y Lay también perdieran la mayoría de sus rentas y riqueza en el mismo desplome aparentemente era irrelevante y los fiscales afirmaban que cualquier acto de Lay y Skilling de diversificar los propias carteras financieras personales – aunque ambos tuvieran la mayoría de su riqueza en acciones de Enron – era un intento consciente de huir de un banzo que zozobraba). Como el juez era también abiertamente hostil a los acusados, los fiscales fueron muy capaces de hacer y decir lo que quisieran sin miedo a repercusiones legales.
Rudy Giuliani señalaba divertido una vez que la gente acusada de “delitos de cuello blanco” era más probable que se “rindiera” que los criminales más duros. Parte de esta razón es que la mayoría de la gente, y especialmente los propietarios de negocios y ejecutivos que sí intentan obedecer la ley, están horrorizados ante la perspectiva de ser acusados penalmente e ir a prisión. Como los fiscales federales pueden fácilmente crear acusación que a menudo desafían a la defensa, no es difícil entender por qué la gente de negocios se declara culpable.
Si Barack Obama y la fiscal de EEUU, Loretta Lynch, deciden atacar a la gente de negocios, los fiscales encontrarán multitud de objetivos. Como la violación de regulaciones puede incluirse en los delitos de “fraude” y “conspiración” (aunque las violaciones no fueran intencionadas o los “objetivos” desconocieran su existencia), no es difícil encontrar sujetos a los que acusar. Ser acusado en esas condiciones es más como “ganar” una “lotería de mala suerte” que comportarse realmente de forma criminal.
Esa conversión de la comunidad empresarial en una ruina de acusaciones penales tendrá efectos a largo plazo sobre la voluntad de los empresarios de arriesgar sus propios activos no disuadirá a gente como Obama y Lynch. Ninguno de ambos tiene ni un minuto de experiencia empresarial y creen realmente que las propias empresas probablemente en el mejor de los casos son entidades amorales o en el peor cavernas de criminales, así que lo más probable es que crean que están haciendo un favor a los estadounidenses enviando más gente a prisión. Uno solo puede sentir simpatía por la gente y sus familias que actualmente no tienen idea de que alguien del Departamento de Justicia de EEUU está ahora mismo planeando destrozar sus vidas por lo que, en el peor de los casos, solo podría ser un tecnicismo legal.
Publicado originalmente el 30 de septiembre de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
