¿Explotamos a la mano de obra inmigrante barata?

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Los capitalistas nunca han sido muy populares entre los activistas antiinmigración. No es en absoluto poco común ver a expertos antiinmigración como Lou Dobbs explicar los males de la “América corporativa” y sus intentos de “explotar la mano de obra barata” a costa del trabajador estadounidense.

El uso de esa retórica tiene una larga tradición entre los enemigos de los mercados libres. Para sus enemigos, los dueños de negocios no son personas con derechos, sino que son parte de una entidad sin rostro conocida como la “América corporativa”. Y sus negocios no contratan gente para realizar trabajo productivo. En su lugar, “explotan” mano de obra extranjera barata.

Cabía esperar esas acusaciones. Muchas dentro del movimiento antiinmigración, las más conocidas, las de Dobbs y Patrick Buchanan, tienden oponerse fundamentalmente a los mercados libres y al libre comercio. Como movimiento político, el lobby antiinmigración (cualesquiera que sean los méritos de sus argumentos concretos) depende en buena medida de argumentos populistas que retratan al asalariado estadounidense como víctima de la avaricia capitalista.

Los capitalistas, dice el argumento, victimizan sistemáticamente a los trabajadores estadounidenses mediante el apoyo tanto al libre comercio como a las fronteras abiertas. El libre comercio roba a los asalariados estadounidenses los trabajos de manufactura que se van al extranjero, mientras que las fronteras abiertas traen inmigrantes que roban los pocos trabajos restantes para la población nativa.

Aunque haya realmente opositores librecambistas a la inmigración a gran escala, los resultados prácticos del movimiento antiinmigración han sido cualquier cosa menos amistosos con los mercados libres. De hecho, la legislación antiinmigración reciente ha evolucionado hacia parte de la regulación más dañina y dura nunca impuesta a empresarios y empresarias estadounidenses. El impacto sobre las libertades individuales y sobre la salud del mercado continúa creciendo en nombre de detener a los inmigrantes a toda costa.

Eso no equivale a decir que la inmigración sea una bendición sin paliativos. Hay mucho que debería cambiar en la política de inmigración en Estados Unidos. A los inmigrantes, ilegales o no, debería negárseles el acceso a prestaciones sociales de todo tipo. Esto incluye no solo el “bienestar” tradicional, como el TANF y Medicaid, sino también la escolarización pública, la educación superior pública, la vivienda pública y otras prestaciones pagadas por los contribuyentes. De hecho esta política debería extenderse a toda la población, pero a falta de esto (como probablemente sea el caso), los inmigrantes serían un buen lugar para empezar.

Y en segundo lugar, la ciudadanía por nacimiento debería abolirse de inmediato. Como, en el mundo moderno, la extensión de la ciudadanía es esencialmente una extensión del estado del bienestar, las cifras de la gente a la que pueda extenderse ese estatus deben restringirse enormemente. Esto también disminuiría enormemente el número de inmigrante con derecho a voto, recortando así el uso de la inmigración como herramienta política. Igualmente, la cantidad de tiempo que debe residirse en Estados Unidos antes de conseguir una ciudadanía completa es posible que deba extenderse sustancialmente.

Estos dos tipos de cambios políticos indudablemente harían mucho por reducir la inmigración son acosar a los ciudadanos privados y requerir una vigilancia de la población en general. Aun así, como muchos dentro del movimiento antiinmigración consideran estas políticas como políticamente difíciles o como indeseables en otros sentidos, recurren inmediatamente a políticas de inmigración que aplastan las libertades de los ciudadanos nativos y añaden aún más a las pesadas cargas de la regulación pública y su cumplimiento. El resultado en toda la nación ha sido nuevas leyes pensadas para castigar a los empresarios privados por hacer negocios con gente no aprobada por el gobierno.

A nivel federal, estatal y local, los gobiernos han estado atacando a los propietarios y empresarios como parte de medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Esenciales entre estas medidas han sido los intentos de obligar a los empresarios y terratenientes a registrar la ciudadanía de empleados y alquilados.

El estado empieza con una presunción de culpabilidad (contra todas las partes) y luego estipula que a los dueños de propiedades de alquiler  se les hará actuar como detectives y aplicar leyes de inmigración a su propia costa. Se les obligará a espiar a sus residentes e informar sobre ellos a los cargos públicos. Si a los caseros se les descubre faltando a la diligencia debida, están expuestos a multas y otro acoso para parte de las autoridades públicas.

Como a los caseros, a los empresarios también se les obligará a aplicar leyes a su propia costa y a desperdiciar horas sin cuento verificando la validez de números de la seguridad social (una invención del gobierno) y otra documentación ofrecida por posibles empleados. Si los agentes públicos perciben una falta de entusiasmo en escarbar en la basura de los empleados, esos empresarios serán objeto de multas.

Los planes del gobierno de hacer que la gente espíe a vecinos, clientes y socios comerciales son alarmantes por varias razones, pero los recientes intentos por hacer que todo empresario y todo casero sea un espía del estado son particularmente insidiosos en la forma en que perjudican a los negocios y ponen una cuña entre dueños de negocios, sus clientes y sus trabajadores. Aunque las relaciones entre dueños de apartamentos y residentes debería ser las de mutuo beneficio entre un proveedor de servicios y su cliente, la intromisión del gobierno ha hecho por el contrario que esa relación sea de desconfianza y sospecha.

Las nuevas regulaciones burocráticas contra los negocios que florecen por toda la nación parecen bastante sencillas. Las empresas deben seguir la ley o serán multados. Lo que esto significa en términos prácticos es sin embargo que los empresarios y dueños de alquileres tendrán que soportar una carga regulatoria aún mayor que la actual. Repito, los acuerdos pacíficos y voluntarios entre personas privadas y sus residentes y empleados se han convertido en asunto del gobierno. Y, como es habitual, las pequeñas empresas se verán más castigadas, ya que a los dueños de pequeñas propiedades a menudo les falta el capital y los recursos legales a los que pueden acceder las grandes empresas.

El mes pasado, un grupo de caseros en Texas demandaron al gobierno municipal local por una nueva ley que multaba a los caseros que alquilaran a inmigrantes ilegales. En un suburbio de Atlanta, se han aprobado nuevas leyes obligando a los caseros a proporcionar registros de inmigración sobre todos y cada uno de los residentes a requerimiento de los agentes públicos del condado. Los caseros que no cumplan pueden ver revocadas sus licencias de negocio y se les prohibirá recaudar renta alguna de inmigrantes que no pueden proporcionar documentación suficiente para agradar a los agentes públicos. Siempre se supone la culpabilidad.

Como pasa con todas las regulaciones, estas medidas draconianas no solo afectarán a los márgenes de beneficio ya muy ajustados y soportados por la mayoría en el sector del alojamiento multifamiliar, sino que los dueños de propiedad inevitablemente tendrán que trasladar al menos parte de los costes adicionales en tasas legales y tiempo de personal a los residentes. El resultado final será una vivienda menos asequible para todos los residentes, legales o ilegales.

Mientras el lobby antiinmigración está ocupado consiguiendo rentas más altas para los alojados en apartamento de Estados Unidos, también trabajan duramente aumentando los precios de una amplia variedad de otros bienes y servicios.

Durante la última temporada de cosecha en Colorado, se informó que los pequeños granjeros no pudieron encontrar suficiente mano de obra para recoger las cosechas, ni siquiera con salarios muy por encima del salario mínimo. Los granjeros, que dependen realmente mucho del trabajo inmigrante, culpan a las duras nuevas leyes antiinmigración que “ahuyentan” a los trabajadores emigrantes, tanto legales como ilegales. Su interpretación puede ser totalmente apropiada o no, pero las nuevas leyes a las que se refieren los granjeros son notables por las multas alarmantemente altas impuestas a empresarios por contratar mano de obra no aprobada por el gobierno (extranjeros ilegales).

Según las nuevas leyes, el estado puede llevar a cabo auditorías aleatorias y los empresarios incumplidores pueden ser multado con 5.000$ por la primera infracción y 25.000$ por cada infracción adicional. Como si esos empresarios no hubieran desperdiciado ya bastante tiempo rellenado montañas de papeles para organismos del gobierno, los empresarios estarían jugándosela al verificar todos los números de seguridad social entregados por empleados potenciales. Si se comete un error o si las técnicas de los empleados no son suficientemente eficaces para descubrir el fraude, el empresario podría encontrarse firmando un cheque para el gobierno por 25.000$. El coste adicional en tiempo de personal, tasa legales y pérdida de cosechas para los granjeros aumentará el coste de la comida, al tiempo que hace a los granjeros estadounidenses menos competitivos en el mercado internacional.

El lobby antiinmigración quiere que creamos que a legiones de ingenieros informáticos desempleados les encantaría recoger fresas por seis dólares la hora. Aun así, como ha demostrado la experiencia una y otra vez, la mano de obra fiable es bastante difícil de encontrar. Encontrar empelados que puedan pasar tests de drogas y de historial criminal es un ejercicio extenuante en sí mismo. Encontrar trabajadores que estén dispuestos a trabajar en turnos de noche y fines de semana es aún más difícil. Encontrar trabajadores para inclinarse y recoger fruta durante horas al sol es de verdad desgarrador. Como señalaba un granjero con desesperación acerca de la mano de obra local nativa: “No importa si pagas 40$ (la hora), lo harán durante tres horas y dirán: ‘Esto no es para mí’”.

El granjero en este caso está sin duda exagerando, pero los que hemos poseído negocios sabemos que un buen trabajador es verdaderamente difícil de encontrar. Si un empelado está dispuesto a aparecer, trabajar duro y no causar problemas, los dueños de negocios tienen cosas mejores que hacer que pasar horas jugando a detectives.

Para justificar su impulso a la subida de salarios a través de leyes de inmigración, el lobby antiinmigración a menudo señala una variedad de delitos reales (como asesinatos, robos y fraudes) que puedan cometer algunos dedicados al no-delito de trabajar por una paga. Luego sugieren una regulación masiva que no se dirige contra los delincuentes reales sino que solo asegura que nadie pueda trabajar sin permiso del gobierno.

Echar abajo actividades pacíficas porque pueden disminuir una actividad indeseable es la filosofía de los prohibicionistas: Beber puede causar peleas en el bar y golpear a las esposas. Por tanto debe prohibirse beber. O quizá una persona que compre un arma de fuego pueda disparar a su mujer o a su vecino en una fecha futura. Por tanto, el estado debe vigilar y controlar las ventas de armas de fuego.

Por supuesto, los únicos delitos reales son los delitos reales. Un chico de veinte años comprando una cerveza o una persona comprando un arma de fuego no son más delitos que un inmigrante pacífico que se contrata para trabajar sin la aprobación del gobierno. Aun así, los prohibicionistas nos quieren hacer creer que como alguien que bebe o compra un arma de fuego podría cometer un delito en algún momento futuro, la libertad debe dejarse de lado.

Para ilustrarlo mejor, podríamos señalar que los mismos argumentos se están aplicando ahora a las hipotecas. Gracias a las altas tasas nacionales de ejecuciones, los gobiernos están atacando a los intermediarios hipotecarios que supuestamente realizan préstamos fraudulentos. El fraude es sin duda un delito real. Pero la respuesta de la mayoría de los gobiernos no ha sido perseguir a quienes cometen fraudes. No, la respuesta ha sido crear un grupo de nuevos “delitos” como trabajar como intermediario sin licencia del gobierno.

Como podrían encontrarse algunos delincuentes reales entre los inmigrantes y podrían descubrirse algunos fraudes entre los intermediarios hipotecarios, la desafortunada respuesta de algunos es por tanto defender la monitorización, licenciamiento y control de todo el que quiera refinanciar un préstamo o recoger una lechuga. Como ha señalado Kerry Howley, muchos opositores a la inmigración quieren nada menos qu una base nacional de datos para controlar quién tiene permiso público para trabajar y cuándo. Pero la única solución morales perseguir a los delincuentes reales por delitos reales (deportarlos si es necesario) dejarnos en paz al resto.

Los que dentro del lobby antiinmigración apoyan estos controles y regulaciones sin fin sobre la clase trabajadora de los negocios estadounidenses bajo las mismas idea defectuosas que nos trajeron la Ley Seca, la guerra contra las drogas y un clima empresarial cada vez más inhóspito que produce directamente la huida del capital son los populistas que piensan que es un complot capitalista. No es coincidencia que muchos de los que se opone a la inmigración también e opongan al libre comercio, apoyen la guerra contra las drogas y sugieran repetidamente como solución para todo mal social más prisiones, más regulaciones, más persecución, más multas y más gobierno.

Igual que con la Ley Seca, el control de armas de fuego y la guerra contra las drogas, la guerra antinegocios contra la inmigración fracasará en alcanzar sus objetivos declarados. Pero indudablemente producirá un gobierno mucho mayor a lo largo del proceso.

 

Publicado originalmente el 1 de febrero de 2007. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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