Los progresistas son a menudo buena gente con buenas intenciones. Sin embargo, el progresismo moderno ha evolucionado hacia algo tan deforme y amorfo como para equivaler a poco más que una creencia en “cosas que suenan bien”. Los progresistas dominantes han hecho un trabajo pésimo a la hora de definir con precisión, en su opinión, el papel adecuado del gobierno y qué principio o principios limitadores aplicar al estado en su conjunto.
Todo es ahora un “derecho” pagado por los contribuyentes
Los problemas con el izquierdismo actual empiezan con el concepción ideológica de “derechos”. En la visión común de laissez faire, los derechos son universales porque no imponen una obligación a otros de actuar positivamente a tu favor. Dicho de forma sencilla, la visión apropiada de los derechos humanos es que nos prohíben iniciar coacción contra otros.
Además, los derechos no son solo universales, sino propios del ser humano. Argumentar que el estado confiere estos derechos sugiere que el estado, a través de cualquier institución “legítima” que pueda poseer, puede asimismo eliminarlos. Esta es una posibilidad inaceptable en una sociedad de personas libres.
Sin embargo, el progresismo moderno ha retorcido tanto toda la naturaleza de los derechos como para convertir casi cualquier bien o servicio deseado en un derecho.
En esta visión, los empresarios privados que rechazan subvencionar las compras de controladores de natalidad por parte de los empleados están violando un “derecho” de la mujer al control de natalidad. Los dueños de negocios con convicciones religiosas acerca de la homosexualidad están negando “derechos” rechazando hacer tratas para parejas homosexuales. Ofrecer a alguien un trabajo con un salario por debajo de algún mínimo arbitrario ordenado federal o estatalmente es ahora yuna acción de violación de un “derecho al trabajo”.
Un servicio antes ofrecido voluntariamente al público es ahora un deber aplicado por el brazo violento del estado.
La lista de nuestros derechos recién descubiertos es casi inacabable, pero diez conversaciones con diez progresistas distintos generará diez series distintas de derechos absolutos. Quizá el único hilo común entre todas ellas es la reclamación de que el estado obligue a todos los miembros de la sociedad a pagar todos los bienes y servicios a los que ahora tenemos “derecho”.
Un ruego por un lenguaje más preciso
Hacer una lista de deseos de la propiedad de otra gente requiere naturalmente una deformación total del idioma. La izquierda ha adoptado recientemente en su léxico muchas palabras vagase imprecisas pero apasionadas.
“Igualdad”, “justicia social”. “apropiación”, “racismo”, “justicia climática”, “microagresiones” y muchos otros términos que se refieren a conceptos amplios y nebulosos son ahora gritos de batalla para otras cosas.
¡En la práctica, estar “a favor” de algo como la justicia social significa estar a favor de prácticamente cualquier cosa y en contra de casi cualquier cosa! ¿Hay dos personas que tengan la misma idea de lo que significa la justicia social?
Grupos tan diversos como las universidades estadounidenses, el Partido Verde, los fascistas italianos e incluso el Partido Nazi de Estados Unidos comparten un compromiso con la “justicia social”. No es algo menor: expresar una serie vaga de principios que sirvan de guía significa que casi todos los objetivos del gobierno serán legítimos, sin que importen los medios destructivos empleados para alcanzar esos fines profesados. Casi igual que los “derechos” progresistas, términos como “justicia social” pueden usarse para justificar la abrumadora mayoría de la acción del gobierno.
El único principio es la fe en el poder del estado
Por muy vagos y borrosos que puedan ser los ideales izquierdistas modernos, sí comparten un principio sólido y firme: la necesidad de una expansión continua del papel del gobierno en nuestras vidas. La dura regulación pública de nuestras industrias ha impuesto barreras y costes increíbles a la oferta de bienes y servicios. No importa que estos costes generales dañen más a los más pobres entre nosotros, para los progresistas estos costes son necesarios para asegurarnos que estamos protegidos frente a la “avaricia” o el “racismo” o el “sexismo” o la “injusticia salarial” o cualquier otro agarradero que merezca esa expansión concreta del gobierno. El objetivo de la política es vago por lo que el impedimento público durará indefinidamente. La campaña no acabará nunca.
Entretanto, los billones de dólares gastados cada año en programas sociales han hecho asombrosamente poco por mejorar los resultados económicos de los pobres desde la década de 1960. Ni siquiera Karl Marx hubiera imaginado un programa de extracción y transferencia de riqueza tan grande (en términos reales) como el del gobierno de los Estados Unidos. Sí, las tasas de pobreza para los afroamericanos y americanos nativos (dos grupos a los que muchos de estos programas se supone que pretenden ayudar) han permanecido estancadas desde que empezó la Guerra contra la Pobreza del presidente Johnson.
La intervención pública en nuestros mercados financieros, sistema sanitario, estructura educativa y otros sectores ha creado desorden estructural y confusión de precios. Rescates, órdenes, leyes de licencias, restricciones arbitrarias, impuestos al capital, expansiones monetarias masivas, asignaciones de créditos sin garantías y otros planes públicos gigantescos han destruido los canales naturales de los flujos de capital. Los costes para incluso los tratamientos médicos más básicos se han disparado, hay otro burbuja inmobiliaria y bursátil en el horizonte y el programa federal de préstamos a los estudiantes ha creado millones de licenciaturas inútiles y una montaña de deuda. El progresista está en discordancia con la historia de fracasos públicos por que está seguro de que sus vagos principios requieren sencillamente más acción por parte de nuestros líderes. Con que solo demos al estado y su ejército de soldados de a pie más dólares y más poder, el problema sin duda desaparecerá.
Publicado originalmente el 30 de diciembre de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
