La insidiosa naturaleza de la guerra contra el efectivo deriva no solo de los obstáculos que los gobiernos ponen en el camino a los que usan efectivo, sino también por el aura de sospecha que ha empezado a impregnar las transacciones privadas en efectivo. En una economía normal de mercado, las empresas agradecerían recibir efectivo. Después de todo, ¿qué empresa renunciaría voluntariamente a clientes? Pero en la guerra contra el efectivo que se ha desarrollado en los treinta años desde que el blanqueo de dinero fue declarado delito federal, las empresas han tenido que andar en una cuerda floja entre servir a los clientes y servir al gobierno. Y como solo una de esas dos partes tiene el poder de cerrar un negocio y mandar a prisión a dueños y empleados de negocios, adivinad a quién va a seguir más a menudo el dueño del negocio.
La suposición por parte del gobierno hoy es que la posesión de grandes cantidades de efectivo es indicativa de implicación en actividades ilegales. Si viajas con miles de dólares en efectivo y eres interceptado por la policía, no te sorprendas cuando tu dinero sea confiscado como “sospechoso”. Y si quieres recuperar tu dinero, prepárate para un caso en el juzgado largo e interminable que te obligará a demostrar que obtuviste legítimamente ese dinero, solo porque los tribunales han decidido que portar o usar grandes cantidades de efectivo es una sospecha razonable de que te estás dedicando a una actividad ilegal. Debido a ese riesgo de confiscación, las empresas cada vez quieren tener menos que ver con el efectivo, ya que incluso su efectivo legítimamente obtenido está expuesto a confiscación por parte del gobierno.
Las restricciones en el uso del efectivo son solo algunas de las muchas leyes que pervierten las acciones de una economía de mercado. En lugar de servir a los consumidores, las empresas se ven obligadas a atender primero al gobierno y después a los consumidores. Las empresas actúan como gestores fiscales no pagados, recaudando impuestos de ventas para los gobiernos estatales y pagando impuestos al gobierno federal, cuyos costes trasladan a sus clientes. Las empresas actúan como aplicadores de las leyes antivicio, rechazando vender tabaco o alcohol a los menores. A las instituciones financieras, que incluyen a numismáticas, joyerías y casinos, se les obliga a reportar transacciones en efectivo por encima de 10.000$, así como cualquier actividad que el gobierno pueda considerar “sospechosa”. El efectivo se convierte en tal molestia que es casi radiactivo y muchas empresas preferirían no tener que cargar con ello. Utilizar efectivo para comprar una casa se está convirtiendo en imposible y probablemente sea cosa de tiempo que comprar un coche con efectivo se convierta también en increíblemente difícil.
Protecciones legales seculares se han invertido en la guerra contra el efectivo. Se supone la culpa, mientras que las víctimas de las depredaciones del gobierno tienen que demostrar su inocencia. Al tener los gobiernos más tiempo y dinero que la ciudadanía para dedicar a casos de incautación de activos, la mayoría de las víctimas de confiscaciones de efectivo deciden rendirse en lugar de intentar una victoria pírrica. Los que tienen la suerte de mantener su efectivo lejos de las manos depredadoras de los cargos públicos encuentran cada vez más difícil utilizarlo tanto para fines empresariales como personales, ya que fajos de efectivo siempre despiertan sospechas de tráfico de drogas u otras actividades de mercado negro. Y así el efectivo continúa siendo marginalizado y empujado a la periferia. Para detener la marea contra el efectivo haría falta un ajuste de la actitud de la sociedad que viera el efectivo, no como algo asociado con el delito, sino como un bastión de libertad del consumidor y un baluarte contra los gobiernos excesivos.
Publicado originalmente el 3 de febrero de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
