imagínese dentro de una sala atestada de hombres, cada uno de ellos ansioso por argüir su posición en lo concerniente al tema del maltrato a las esposas. Algunos de los asistentes defienden el derecho a maltratar a sus mujeres siempre que les hayan molestado. Otros consideran que esa postura es demasiado severa y afirman que sus esposas sólo deben ser maltratadas en ocasiones más importantes, tales como, por ejemplo, las relacionadas con la economía doméstica. Por último una tercera facción sostiene que el abuso conyugal sólo esta justificado en los casos más cruciales y solamente de no encontrarse medios menos drásticos para garantizar el resultado deseado: por ejemplo, cuando su esposa no contribuye tanto como uno cree que debería a la seguridad familiar.
Sin embargo, usted encuentra tales acontecimientos totalmente aberrantes, ya que considera que el maltrato a cualquier persona es inmoral, aun si fuera la única manera de alcanzar un fin deseable e importante. Usted cree que la violencia contra el prójimo sólo está justificada como autodefensa y solamente en la intensidad necesaria para detener al agresor.
Imagine su asombro si los miembros del grupo que aboga por el abuso contra las mujeres solamente en circunstancias extremas le declaran que son sus aliados naturales, proclamando que la diferencia entre su posición y la de ellos no tiene mucha importancia comparada con la gran brecha que separa a los abusadores mínimos de los que están más entusiasmados con la práctica.
Usted, discrepando, diría que lo que tienen en común los “pequeños” agresores con el resto de la asamblea es la voluntad de maltratar a su esposa si es que con ello obtienen el fin que han determinado como valioso, y que esto tiene mayor trascendencia que el hecho de que la cantidad de palizas descargadas sobre sus mujeres por estos “pequeños” agresores (digamos, unas cinco al año) esté más cerca a su total ideal (cero) comparado con el resto de los agresores (que le darían una paliza diaria).
La situación descrita anteriormente es análoga a la que me encuentro cuando, por ejemplo, estoy en una conferencia y oigo a un liberal minarquista afirmando que la diferencia entre el minarquismo y la anarquía está separada por una estrecha barrera que es casi indetectable si es que se mira desde una perspectiva global que tenga en cuenta el amplio abanico de las actuales posiciones políticas. Dice, por ejemplo: “Cuando reduzcamos las responsabilidades del estado a tan solo proveer defensa y protección de la vida y la propiedad, nosotros los minarquistas y Ustedes los anarquistas tendremos bastante tiempo para poder discutir la posibilidad de deshacer el estado completamente.”
Aunque estoy perfectamente dispuesto a cooperar con cualquier persona que comparta un objetivo político conmigo, creo que el concepto señalado, que los minarquistas y los anarquistas son prácticamente indistinguibles fuera de un pequeño e irrelevante desacuerdo, es profundamente erróneo. De hecho, en cuanto traigo a colación la cuestión política más importante, la brecha entre los minarquistas y los anarquistas es gigantesca, mientras que la separación entre los minarquistas y, por ejemplo, los estalinistas, es relativamente pequeña: Los anarquistas rechazan la noción de que está permitido emplear la violencia contra alguien que no ha cometido un acto de agresión, independientemente de cuánto se desee que esa persona inocente coopere con sus fines o cuán importantes sean. Los minarquistas, empero, defienden el derecho a iniciar la agresión bajo cualquier circunstancia donde ellos decidan que el uso de la coacción es realmente útil. La diferencia entre minarquistas y totalitarios es sólo de grado: el totalitario considera bastantes más fines políticos de tal importancia como para ser obtenidos mediante la violencia contra individuos pacíficos que los que reconocerían los liberales partidarios del estado mínimo. El socialista argumentaría que proveer a cada ciudadano con cuidado médico gratis es tan valioso que requiere que se use el omnímodo poder del estado para forzar la cooperación hacia ese fin, mientras que el minarquista no reconoce ningún fin fuera de la provisión de defensa contra agresores no-estatales o de un estado extranjero, y estará dispuesto a usar la violencia para que apoyen ese fin.
Sin embargo, los dos están de acuerdo en que, si uno de los fines se considera suficientemente útil y valorado, entonces es aceptable la iniciación de la violencia contra aquellos ciudadanos que no compartan voluntariamente esa idea, y también contra los que la valoren simplemente menos que uno mismo. (Que esto último es verdad puede vislumbrarse considerando que aunque dos personas estén de acuerdo en que el estado deba mantener un ejército para la defensa de una posible invasión, pueden diferir sobre cuánta riqueza dedicar a tal empresa. El que apoya mayores gastos militares debe estar dispuesto a emplear la fuerza contra el otro simplemente para convencerle de que aumente su contribución más allá del nivel que elegiría libremente, libre de cualquier amenaza.)
Nada de lo que he dicho previamente implica que un minarquista, o cualquier persona que apoye la existencia del Estado sea necesariamente una mala persona. Es más, creo que la gran mayoría son probablemente personas decentes con ideas erróneas. De hecho, un anarquista puede ser en otro aspecto de su vida más miserable que un estatista, a pesar del hecho de que esté en lo correcto en el asunto atinente a la existencia del Estado.
Así pues, yo veo que la distinción entre anarquista y estatista es la más fundamental brecha política. Una vez que uno acepta la noción de que iniciar la agresión es aceptable bajo algunas circunstancias, queda abandonado el fundamento de la libertad humana y todo lo que nos queda es discutir qué grado de esclavitud es aceptable. Habiéndose aventurado en tal camino, los liberales minarquistas no deberían sorprenderse ante las dificultades que afrontan al intentar contener el constante crecimiento de su Estado Gendarme.
Traducido por Manuel Lora y Fernando Barrera, el artículo original se encuentra aquí.
