Tanto antes como después del 11 de septiembre de 2001, el FBI ha considerado al “ecoterrorismo” como una de sus principales preocupaciones sobre terrorismo doméstico. El FBI define al “ecoterrorismo” como “el uso o amenaza de uso de violencia de naturaleza criminal con víctimas inocentes o propiedades por algún grupo subnacional de orientación ecologista, por razones de política medioambiental o dirigidas contra una audiencia fuera del objetivo, a menudo de naturaleza simbólica”.
Se produce de varias maneras, pero una de sus tácticas principales es el “ecotage” o “monkey-wrenching”, en el que los grupos ecologistas sabotean las propiedades de empresas cuyas actividades consideran malas para el medio ambiente (como los bienes de capital del sector maderero).
Pero algunos grupos han descubierto una táctica con la que consiguen no solo evitar el castigo de las fuerzas federales, sino también enrolar a los federales como socios voluntarios en su intento de destruir la propiedad privada o privar de ella a la gente.
Uno de los grupos que ha practicado este método a la perfección es el Western Watersheds Project (WWP), que tiene la intención de abolir todo el pastoreo en tierras propiedad del gobierno federal. Como detalla William Grigg, el WWP envía a la gente en busca de especies en peligro de extinción (incluyendo para ello la entrada no autorizada en tierras privadas) para demandar al Bureau of Land Management (BLM) para que revoque permisos de pasto a los rancheros que usen esos terrenos o demandar a los propios rancheros. Los tribunales federales han estado más que dispuestos a satisfacer al WWP. En un caso, el WWP demandó a un ranchero de 85 años llamado Verl Jones, afirmando que el riego de su propiedad dañaba a la trucha toro. A pesar de no presentar ninguna evidencia para demostrarlo, el tribunal federal obligó a Jones a dejar de regar y pagar las costas del WWP. Después de perder su rancho y verse obligado a vender todos sus activos para pagarles, Jones murió poco después.
Las acciones del WWP que han disminuido las asignaciones de pastos no solo han hecho más difícil la vida a los rancheros, sino que han llevado a una mayor vegetación en los terrenos, que ha servido como combustible extra para los incendios forestales. Uno de esos incendios, que se produjo el año pasado en Soda Creek, devastó casi 120.000 hectáreas. Curiosamente, el WWP, apoyado por los tribunales federales y el BLM, ha ayudado a destruir buena parte del hábitat del urogallo y otras especies protegidas federalmente, así como a matar a caballos salvajes y ganado. Mientras que otros grupos ecologistas radicales evitan intencionadamente dañar a seres humanos (al menos físicamente) y animales, los esfuerzos conjuntos del WWP y el gobierno federal han llevado a las muertes de ambos. De esta manera, los federales han permitido a los ecologistas radicales ser más peligrosos de lo que serían por sí mismos.
Por supuesto, no es raro que el gobierno de EEUU proporcione ayuda material y confort a grupos que se han autocalificado como terroristas. Los aliados se transforman en amenazas para la seguridad nacional y viceversa, dependiendo del momento y de las crisis que necesiten los políticos para conseguir más poder. Por un lado, vender la amenaza del terrorismo les permite crear legislación para perseguir a la gente que no tenga la intención de cometer actos terroristas. Por ejemplo, los rancheros Dwight y Steven Hammond fueron imputados bajo la ley antiterrorista por encender fuegos en su propio terreno (para crearse un cortafuegos contra los incendios que el BLM no consigue prevenir o contener)) que se extendió mínimamente a terrenos federales. Por otro lado, los federales tienen un claro incentivo para exgerar todas las amenazas medioambientales y promoverse como salvadores, si se les da el dinero y el poder para regular casi todas las actividades humanas.
No debería sorprendernos que el gobierno federal juegue a ambos lados de la red para aumentar su propio poder. Aunque el FBI considere al ecoterrorismo (el uso o amenaza de violencia para violar los derechos de propiedad en nombre del medio ambiente) una importante amenaza terrorista nacional, el propósito de otra institución federal, la EPA, es violar los derechos de propiedad en nombre del medio ambiente. Igual que en la política exterior, el que una acción concreta se considere un acto terrorista depende de la identidad del perpetrador. Bombardear a civiles no es terrorismo, sino daño colateral. Incendiar la casa de alguien porque está en un humedal es terrorismo, imponer multas excesivas hasta que la abandonen u obligarles por la fuerza a construirla desde el principio (cuando lo hace la EPA) se consideran buenas políticas.
Por tanto, todos deberíamos darnos cuenta de que el gobierno federal tiene poco interés en proteger los derechos de propiedad o el medio ambiente (que no son mutuamente exclusivos: proteger los primeros protege naturalmente a los segundos). En su lugar, ayudando y siendo cómplices de los grupos ecologistas radicales para expulsar de sus tierras a los rancheros o creando leyes antiterroristas supuestamente en contra de grupos ecologistas radicales, los federales harán lo que sea necesario para aumentar su poder.
Publicado originalmente el 11 de agosto de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
