Los economistas advierten a menudo acerca de los efectos perversos del salario mínimo. Se reconoce que esta medida no aumenta el salario de los trabajadores menos productivos. Reduce su empleabilidad y su capacidad de aumentar sus habilidades y experiencia y por tanto constituye una barrera poderosa para la movilidad social. Pero un efecto es “perverso” solo si sus consecuencias no son pretendidas. El comportamiento reciente de los gobiernos francés y alemán, nos lleva sin embargo a creer que algunos de los efectos recientes de las leyes de salario mínimo son muy pretendidos.
Sindicatos y empresas locales de Europa occidental se han quejado durante muchos años de la “competencia injusta” de los trabajadores de Europa oriental. Aunque sean más baratos que los trabajadores franceses, los trabajadores de Europa oriental siguen ganando tres veces más de lo que conseguirían en su país por el mismo trabajo. Por desgracia, los líderes políticos y sindicales no entienden el concepto de ventaja comparativa. Estos activistas políticos afirman que el libre movimiento de la mano de obra solo puede ser justo si las condiciones sociales son las mismas en todas partes. Sin embargo, como nos demuestra la teoría económica, desigualdades y diferencias son precisamente la razón por la que es beneficiosa la división del trabajo.
Este sentimiento proteccionista llegó a su clímax en 2005 y 2006, durante el debate europeo acerca de la Directiva de Servicios en el Mercado Interno, también llamada “Directiva Bolkestein”. Su principal objetivo era rebajar las barreras comerciales entre mercado laborales nacionales para hacer más sencilla la movilidad laboral dentro de la Unión Europea. Los proteccionistas de Europa occidental empezaron una campaña contra “el fontanero polaco”, que se ha convertido en el símbolo de la desregulación europea, permitiendo a los trabajadores de bajo coste “robar” empleos franceses.
Las protestas proteccionistas volvieron a aparecer en 2013 con el “escándalo de los trabajadores desplazados”. Un trabajador desplazado es, según la Comisión Europea, “un empleado que es enviado de forma temporal por su empresa a realizar un servicio en otro estado miembro de la UE”. Este sistema estimula la competencia regulatoria y fiscal entre estados de la UE, ya que los impuestos laborales y las llamadas “contribuciones” para financiar los seguros públicos tenían que pagarse de acuerdo con la ley del país del trabajador desplazado y no de acuerdo con la ley del estado en el que trabaja realmente.
Sin embargo, el creciente número de trabajadores desplazados llevó a países como Francia y Alemania a tomar medidas contra ellos. El gobierno francés ha aumentado los controles administrativos sobre las empresas que contratan trabajadores de países del este, como Polonia. Pidió una mayor armonización de las leyes laborales en toda Europa, implantó un salario mínimo para camioneros extranjeros que atraviesen el país y extendió el alcance de los convenios colectivos nacionales y locales para aumentar artificialmente el coste de contratar a europeos del este. El objetivo era reducir sus ventajas comparativas (sus menores salarios) para reducir su empleabilidad a favor de los trabajadores y sindicatos franceses.
Esta situación clásica recuerda los comentarios de Ludwig von Mises acerca de la tradicional desconfianza de los sindicatos contra la inmigración laboral, a pesar su supuesta actitud mental “internacionalista”. De hecho, escribía en Socialismo:
Los trabajadores emigrantes disminuyen la productividad marginal del trabajo allá donde van. El hecho de que los salarios, su renta, se hunda, daña directamente a los trabajadores que estaban empleados en centros de inmigración antes de que tuviera lugar la incursión de nuevos trabajadores. Consideran a los “inmigrantes” como el enemigo de los salarios. Su interés particular se vería atendido por una prohibición de la “inmigración”. Mantener a raya a los recién llegados se convierte en un punto esencial de la política particularista de todos estos grupos concretos de trabajadores.
El Consejo Económico, Social y Medioambiental, una institución consultiva oficial francesa, señalaba recientemente en un informe (al comentar el impacto de los trabajadores desplazados en Europa) que “El salario mínimo en Francia ha reducido las ventajas económicas de contratar trabajadores desplazados”.
Bajo la presión de los países del centro y este de Europa, la Comisión Europea adoptó “medidas legales contra Francia y Alemania debido a las consecuencias de la aplicación de sus respectivas legislaciones de salario mínimo al sector del transporte por carretera”. De hecho, los estados del centro y este de Europa siempre se han opuesto con vigor a la “armonización social” pretendida por las fuerzas proteccionistas en Europa occidental. Los trabajadores del centro y este de Europa en realidad son perfectamente conscientes del hecho de que ese tipo de armonización no aumentaría sus salarios. La “armonización” solo les excluiría de la fuerza laboral en Europa occidental. “Están tratando de expulsarlos de los mercados”, decía un manifestante húngaro en Bruselas a la televisión europea Euronews acerca de la nueva ley laboral francesa.
Salarios mínimos y controles de precios para implantar proteccionismo no son estrategias nuevas en Europa. Un trabajo de investigación publicado en 2012 por el Instituto para el Estudio del trabajo demostraba que la multiplicación de convenios colectivos sectoriales que creaban salarios mínimos en varios sectores alemanes en la década de 1990 también era un medio para crear barreras de entrada. Además, es interesante señalar que esas barreras no solo eran un requerimiento para los sindicatos alemanes contra los trabajadores del este, sino que también eran bienvenidas por las empresas ya establecidas para aumentar las barreras contra sus propios competidores, al obligarles a pagar salarios por encima de los precios de mercado.
El uso proteccionista del salario mínimo demuestra que los gobiernos, lejos de ser completamente ignorantes acerca de la economía, son perfectamente conscientes de los efectos de la legislación salarial. No dudan en usarla para proteger intereses especiales en contra de la libre competencia, incluso contra trabajadores más pobres que busquen aumentar sustancialmente sus salarios trabajando en países más ricos. Los gobiernos europeos que afronten altas tasas de desempleo en sus países respectivos son por tanto profundamente hipócritas cuando simulan hacer todo lo que pueden para reducir el desempleo al tiempo que apoyan medidas que (como bien saben) evidentemente impiden conseguir un empleo a mucha gente.
Publicado originalmente el 13 de julio de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
