“¿Cómo serían de diferentes las cosas”, musita Dale Brown, del Threat Management Center con base en Detroit, “si a los agentes de policía se les dieran recompensas financieras y menciones por resolver pacíficamente situaciones peligrosas, en lugar de usar la fuerza en situaciones en las que no está justificada ni es eficaz?”
La aproximación de Brown a la seguridad pública es “exactamente la opuesta a aquella en la que se forma a la policía y se espera que aplique”, dice el empresario de 44 años. El TMC evita la “filosofía persecutoria de la violencia aplicada” y la seguridad del agente uber alles que caracteriza a las fuerzas de orden público del gobierno. Esto se debe a que su muy exitosa empresa de seguridad privada tiene una misión completamente distinta: la protección de personas y propiedades, en lugar de aplicar la voluntad de la clase política. Estas aproximaciones opuestas se muestran con claridad en la protodistópica Detroit.
“hemos sido contratados por tres de los barrios más ricos en Detroit para proporcionar servicios de seguridad 24/7”, me informaba orgullosamente Brown durante una entrevista telefónica. “La gente acomodada está dispuesta a pagar por servicio de seguridad con la calidad de un Lamborghini, lo que significa que nuestros márgenes de beneficio nos permiten proporcionar servicios gratuitos a gente es pobre y está amenazada y desesperada por el tipo de ayuda de que la policía no proporcionaría”. “Al contrario que la policía, no respondemos después de que se haya cometido un delito para realizar una investigación y (al menos algunas veces) arrestar a un sospechoso”, explica Brown. “Nuestra aproximación se basa en la disuasión y la prevención. Donde falla la prevención, nuestro personal está formado en una variedad de habilidades, tanto psicológicas como físicas, para controlar a los agresores sin matarlos”. La policía normalmente define su papel en términos de lo que se le permite hacer a la gente, en lugar de lo que se les requiere hacer para ella. La empresa de Brown hace exactamente lo contrario, incluso cuando trata con sospechosos de delincuencia.
Por ejemplo, Brown se refiere a un incidente de una patrulla de seguridad en el que encontró a un joven negro “que estaba paseando por un barrio aproximadamente a las 3 con una sudadera negra con capucha, haciendo lo que se llama a veces ‘la ronda’: estaba claro que estaba haciendo algo”.
En lugar de llamar a la policía (que, dado su tiempo habitual de respuesta de cuatro horas, no habría llegado lo suficientemente pronto como para ser de alguna ayuda, como si ayudar no fuera parte de la descripción de su trabajo), Brown actuó de una forma que era al tiempo preventiva y no agresiva.
“Le dije: ‘Aquí hay delincuentes que podrían robarte, así que te voy a dar servicio gratuito de guardaespaldas cada vez que estéis en el barrio’”, me contó Brown. “También le pedí su nombre e información personal para una ‘Ficha de buena persona’, que le haría que los policías no le molestaran la próxima vez que decidiera pasear con una capucha negra a las tres de la mañana. Por supuesto, no tenía que darme esa información, pero me dijo todo lo que necesitaba saber y nunca le he vuelto a ver por allí”.
Brown y sus socios siguieron una aproximación similar para tratar problemas menores que normalmente generan denuncias policiales que pueblan las listas de casos en los tribunales y arruinan las vidas de personas indefensas.
“Cuando ves a alguien que está borracho o drogado, nos ofrecemos a tomar sus llaves y llamar a sus familias para que le lleven a casa”, cuenta. “De esta manera evitamos que sufran daño y, lo que es igual de importante, les protegemos frente a denuncias. Repito que todo lo que hacemos es lo contrario de lo que hace la policía. Si tienes un porro en el bolsillo, los policías estarán encima de ti, pero si afrontas un peligro real, no pueden encontrarse por ninguna parte y no están obligados a ayudarte aunque aparezcan”.
Este contraste es más visible en confrontaciones con personas potencialmente peligrosas. La empresa de Brown recibe referencias para proporcionar seguridad a personas que afrontan amenazas activas, como las víctimas de la violencia doméstica. Un caso representativo implicaba a una madre joven cuya hija había sido secuestrada por un padre violento y abusivo con un largo historial delictivo. La niña fue rescatada y devuelta a su madre sin usar armas de fuego ni que nadie fuera dañado.
Por razones de responsabilidad y lo que el sector privado llama “garantía de calidad”, Brown y sus colegas grabaron esa operación, como documentan casi todo lo demás que hacen. Sin embargo, no actúan para las cámaras. No puede decirse lo mismo del equipo de operaciones especiales de la policía de Detroit que entraron en la casa de Aiyana Stanley-Jones, de 7 años, a medianoche en mayo de 2010 grabando el asalto para un programa de televisión por cable.
El policía Joseph Weekly, que irrumpió a través de la puerta portando un escudo antibalas y un subfusil MP5, disparó y mató a Aiyana, que estaba durmiendo en el sofá del cuarto de estar. Cuando la mataron, la pequeña aterrorizada ya se había quemado con una granada aturdidora que se había lanzado en el cuarto.
La casa estaba rodeada de juguetes y otros indicios de que allí vivían niños y los vecinos habían rogado a la policía que no llevara a cabo el ataque. Los policías sí arrestaron a un sospechoso en un tiroteo fatal, pero residía en otra parte del mismo edificio. En todo caso, el sospechoso podría haberse arrestado son un ataque paramilitar telegénico, si se hubiera considerado la seguridad de todos los que estuvieran en el extremo receptor de la violencia policial en los cálculo del equipo de operaciones especiales.
Debkido en buena medida a la furia pública, Weekly ha sido acusado de homicidio involuntario y uso negligente de arma de fuego con resultado de muerte. Un jurado no pudo llegar a un veredicto sobre las acusaciones en julio de 2013. Weekly afronta ahora un segundo juicio, que producirá una condena solo si el fiscal puede demostrar que el uso de fuerza mortal del policía fue razonable. Es una función de la doctrina espuria y eternamente destructiva de la “inmunidad cualificada”, que protege a los policías de responsabilidad personal cuando sus acciones generan un daño injustificado a las personas o propiedades de la gente inocente.
La justificación de la inmunidad cualificada es la creencia en que sin esa protección las personas competentes y con talento no se enrolarían como agentes del orden. Sin embargo, en la práctica, la inmunidad cualificada simplemente alienta a los agentes de policía incompetentes y violentos.
“La policía debería estar sometida exactamente a las mismas leyes y responsabilidades que tenemos los demás”, afirma Brown. “Si no tenemos una reciprocidad perfecta, entonces la policía debería tener un patrón más alto de responsabilidad que el resto de la ciudadanía. Si cometen actos delictivos que generan lesiones o muertes, la policía debería estar el doble de tiempo en la cárcel que debería estar un ‘civil’, porque se supone que son profesionales”.
Como profesionales del sector privado, señala Brown, “tenemos el doble de responsabilidad: primero, ante nuestros clientes que nos pagan y luego hacia el sistema de justicia penal y tribunales civiles si hacemos algo mal. Y como la policía normalmente nos ve como competencia, están muy dispuestos a ir a por nosotros si cometemos un error. Pero en todos estos años que llevamos trabajando, no hemos tenido ninguna muerte, ni lesión (no a nuestros clientes ni a nuestra propia gente), ni acusación penal, ni demandas”.
Brown y sus socios no solo operan sin el beneficio de la “inmunidad cualificada”, sino que se les obliga a exponerse a un riesgo físico a favor de sus clientes, algo a lo que los policías se les forma para evitar.
“Para los agentes de policía, llegar a casa al final de la jornada es la máxima prioridad”, observa Brown. “Para nosotros, no puede ser. Hemos sido contratados para proteger a un cliente, su hogar, su negocio, su familia, hemos decidido poner la seguridad del cliente por encima de la propia y asegurarnos que llega a casa seguro al final del día”.
Cuando la gente busca ayuda en la policía, señala Brown, invita a la intervención de alguien que no tiene una tarea obligada de protegerla, sino que será recompensado por dañarla o por complicar innecesariamente su vida.
“Examinemos esto lógicamente”, empieza Brown. “¿Qué va a conseguir este ser humano (el agente de policía) por entrometerse en tus problemas? ¿Será recompensado por ayudarte a resolverlos, especialmente si esto implica un riesgo personal? ¿Merece la resolución de tu problema quedar herido o muerto?”
“Hablamos de una cuestión básica de motivaciones humanas”, continúa Brown. “La policía no está obligada a intervenir para protegerte: hay una lista muy larga de precedentes judiciales demostrando esto. En realidad, se la recompensa por no intervenir. Aquí destaco de nuevo que Threat Management no es comparable con la policía. Seguimos la aproximación exactamente opuesta. La gente no tiene que trabajar con Threat Management, pero si decide hacerlo, es lo que esperamos de ellos”.
Algunos críticos de TMC y otras empresas de seguridad privada insisten en que su personal no puede igualar las cualificaciones y experiencia de los agentes públicos de policía. Esa objeción sobrevalora enormemente los patrones profesionales que deben seguirse para que una persona se convierta en un proveedor de violencia privilegiada concedida por el gobierno.
“Una persona puede convertirse en agente de policía en seis meses”, señala Brown. “¿Puede alguien convertirse en doctor o enfermero en seis meses? ¿Hay alguna otra profesión en la que los empleados puedan estar ‘cualificados’ para tomar decisiones de vida o muerte para otras personas después de solo unos meses de formación?”
Complementando lo que dice Brown: En Arkansas, un solicitante puede convertirse en agente de policía en un día y trabajar como tal durante un año sin certificación profesional de ningún tipo. Sin embargo, para convertirse en maquillador con licencia, un solicitante debe aprobar un examen de un consejo de estado y completar 2.000 horas de formación especializada. Con una inversión de 600 horas, un solicitante puede estar cualificado para trabajar como manicura o monitor.
Mientras que Arkansas regula estrictamente a quienes cortan pelo o pintan uñas en transacciones privadas y voluntarias, no impone ninguna formación ni titulo a gente armada que reclama autoridad para infligir violencia letal sobre otros. Esto no equivale a conceder que haya alguna manera en que un ser humano esté legítimamente “cualificado” para ejercer violencia agresiva contra otro.
“El orden público atrae a un cierto tipo de personalidad que tiende al narcisismo y la agresión”, afirma Brown, hablando desde décadas de experiencia. “Gente como esa es expulsada de nuestro programa muy pronto. Protegemos a la gente inocente ante depredadores y no podemos llevar a cabo esa misión contratando a personas que son depredadoras ellas mismas. Nuestra gente recibe una formación extensiva en armas de fuego y técnicas de combate sin armas, pero también se les enseña a ver a todos los seres humanos como miembros de la misma familia. La pregunta que queremos que se hagan es: ¿en qué circunstancias dispararías o dañarías a un miembro de tu familia? Están formados para aplicar ese patrón en todas las situaciones que impliquen un uso potencial de fuerza. La gente que no pueda pensar así no va a encajar con nuestro programa”.
Brown está completamente de acuerdo en que el fenómeno llamado “militarización de la policía”, es una amenaza grande y creciente, pero insiste en que el problema central “no es el material militar o los demás adornos de la militarización, sino el propio sistema. Las agencias de policía atraen a los jóvenes y les dicen luego: ‘Sois como Dios’: imponen su voluntad sobre otros y ejercen fuerza letal a discreción. Y cuando aparece alguien que es realmente una joya (es decir, una persona ética y consciente que quiere proteger a la gente) es redirigido a un papel que minimizará su buena influencia por personas que están preocupadas por la seguridad de su propio trabajo”.
“Idealmente, la mejor aproximación sería abolir el sistema actual y empezar de nuevo”, concluye Brown. “Pero lo mínimo que podemos reclamar sería una total igualdad y una completa responsabilidad, lo que significaría, como punto de partida, eliminar esta idea de la ‘inmunidad cualificada’. Los policías son ciudadanos y deberían regirse por las mismas leyes que se aplican a todos los ciudadanos. Sin excepciones, sin protecciones especiales”.
Varios estudios han demostrado que hay entre tres y cuatro veces más policías privados (incluyendo guardias de seguridad, conductores armados de camiones e investigadores privados) que policías públicos en Estados Unidos. Ese hecho demuestra que el mercado de seguridad está completamente desatendido por las policías públicas. No debería sorprender, ya que, como he señalado antes, las policías sirven a los intereses de quienes saquean propiedad privada y por tanto no puede esperarse que la protejan.
El personal de policía practica violencia agresiva bajo la protección de la “inmunidad cualificada”. La ausencia de dicha protección no impide que gente motivada y con talento como Dale Brown y sus socios (y otros proporcionando servicios similares en Houston, Oakland y otros lugares) buscar empleo como guardias privados de seguridad que realmente aceptan el riesgo personal para proteger la propiedad.
¿Por qué no abolir la inmunidad cualificada para todo el personal de seguridad? Los críticos de esa propuesta podrían protestar diciendo que esto socavaría el monopolio del estado sobre la provisión de “seguridad” al obligar a sus empleados a competir en términos de igualdad con el sector privado. Se trata precisamente de eso.
Publicado originalmente el 17 de septiembre de 2014. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
