Recuperemos los “contratos con cláusula oro”

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Los contratos con cláusula oro ofrecen una vía para que los estados promuevan el uso y aceptación del oro y la plata y afecten al monopolio del dinero de la Fed.

¿Qué son los contratos con cláusula oro?

Suponiendo que tuvierais el dinero, ¿prestaríais 10.000$ a pagar en 30 años más un 3% de interés?

¿Qué pasaría si se disparara la inflación? Eso beneficiaría al prestatario y perjudicaría gravemente al prestamista. Aunque se pagara, el valor declinante de esos pagos no se acercaría a arreglar vuestras pérdidas en poder adquisitivo.

Dado que las tasas actuales de inflación de precios son generalmente más altas que los tipos de interés, aceptar que os paguen a un tipo fijo durante un periodo largo de tiempo es una propuesta arriesgada. El poder adquisitivo del billete de la Reserva Federal ya ha caído drásticamente desde que desapareciera su última relación con el oro en 1971. Y en las próximas décadas la divisa estadounidense seguramente continuará depreciándose, posiblemente a un ritmo aún mayor.

Una forma de reducir la incertidumbre que afrontan ambas partes que entran en un acuerdo financiero a largo plazo es emplear lo que se llama “contrato con cláusula oro”. Esta herramienta a acreedores y prestatarios por igual un grado importante de aislamiento del riesgo de divisa, incluyendo tanto la inflación como la deflación de precios.

Dicho de manera sencilla, un contrato con cláusula oro es un contrato que especifica explícitamente el pago en oro o plata (o ambos) y por tanto solo puede satisfacerse con dicho pago.

Los contratos con cláusula oro solían ser comunes en Estados Unidos, es decir, hasta el presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt es el presidente que dio paso a la nueva era de intervencionismo y gastó una enorme cantidad de dinero en la década de 1930 en un intento por estimular el país y salir de la Gran Depresión. Aun con la impresión de dinero y los aumentos de impuestos que aprobó, seguía necesitando más efectivo.

En ese momento, la Ley de la Reserva Federal de 1913 obligaba a que todo billete impreso por la Reserva Federal  tuviera que estar respaldado por un 40% de oro en posesión del gobierno federal. Cuando Roosevelt quiso imprimir más dinero para empujar al alza los precios de los activos a la baja, su “solución” para este “problema” de un requisito de respaldo en oro fue sencilla: expropiar el oro, es decir, prohibir la posesión privada y obligar a que se entregara a cambio de papel moneda.

Si el gobierno obtenía el oro de la gente, podía imprimir más unidades monetarias. Así que publicó la Orden Ejecutiva 6102 en 1933. La posesión de más de 5 onzas de oro se convirtió en ilegal y el Congreso la siguió con una resolución conjunta que eliminaba la jurisdicción de los tribunales federales para aplicar cláusulas oro en contratos.

Esta atroz orden ejecutiva se mantuvo hasta que el presidente Ford sancionó una proposición de ley en 1974 que legalizaba la propiedad de oro y permitía a los tribunales federales aplicar los contratos con cláusula oro.

¿Por qué los contratos con cláusula oro?

Como he explicado antes, los acuerdos de largo plazo en los que el billete de la Reserva Federal es el medio de intercambio dejan a una parte profundamente vulnerable a la devaluación de la moneda. Y teóricamente un prestatario podría verse perjudicado por una deflación en la que el billete de la Reserva Federal aumentara de valor. Sin embargo, la deflación es extremadamente improbable que se tolere porque los bancos centrales sufren de apoplitorismofobia o un miedo intenso a la inflación. Por tanto, la inflación de precios y la devaluación de la moneda es la vía predecible, especialmente porque nos dirigimos hacia una crisis financiera como no se ha visto desde la Gran Depresión.

Hoy a veces se incluyen en los contratos cláusulas frente a una escalada de la inflación. La gente económicamente informada sabe que es casi seguro que el billete de la Reserva Federal continuará perdiendo poder adquisitivo a largo plazo, así que tiene sentido incluir una cláusula como una forma de ajustarse a diversos grado de inflación de precios.

Pero nadie puede predecir los niveles que podría alcanzar la inflación de precios. Eso depende en buena parte de las acciones de los políticos en el Congreso y los directivos del Consejo de la Reserva Federal. Por tanto, las cláusulas frente a una escalada de la inflación que determinen previamente el aumento anual son completamente arbitrarias y no ofrecen mucha protección.

Los contratos con cláusula oro, en cierto modo, liberan a la gente de las cadenas que le imponen las leyes de curso legal. Nombrando específicamente la manera en que uno desea pagar, el contrato queda libre de las restricciones que con lleva tener que aceptar billetes de la Reserva Federal (a los que se llama habitualmente dólares) para el pago de deudas. Según el Título 31 del Código de Estados Unidos, Sección 5118, el contrato con cláusula oro es perfectamente legal. Dicho esto, hay unas pocas minucias que afectan a la redacción de cláusulas efectivas.

Sin embargo, con información disponible, los contratos con cláusula oro pueden afianzarse en las vidas financieras de muchos ciudadanos y acabar siendo adoptados más ampliamente en la economía. Edwin Vieira, Jr. escribe: “si un número suficiente de personas en un área concreta empezaran a usar contratos con cláusula oro de manera habitual, las inagotables fuerzas de la competencia dirigirían a la economía hacia esa área, alejándola del papel moneda depreciable”.

A través de la adopción y uso de contratos con cláusula oro viene la adopción y el uso del oro (y la plata) como medio de intercambio. Las deficiencias del papel moneda estarán más abundantemente claras cuando se comparen con el dinero real.

Por qué los estados pueden y deberían adoptar contratos con cláusula oro

La década de 1930 fue un tiempo difícil para la libertad económica en la que el gobierno, tanto estatal como federal, se desbocó. En Homebuilding and Loan Association v. Blaisdell, el Tribunal Supremo dijo que los estados pueden cambiar los términos de los contratos para intentar combatir tiempos económicos difíciles.

En 1935, después de que el presidente Roosevelt sancionara la lamentable orden de expropiación del oro, el Tribunal Supremo sentenció cuatro casos que iban a ser conocidos como los casos de la cláusula oro. Estos cuatro casos llegaron al Tribunal Supremo como intentos de invalidar las cláusulas oro en los contratos.

El Tribunal Supremo hizo pública su sentencia para los cuatro casos el mismo día y las cuatro decisiones compartían la misma justificación. “la santidad de los contratos” es un tópico vacío. Si el contrato dice algo que no gusta a los burócratas del gobierno, los tribunales pueden rechazar aplicarlo, invalidándolo en la práctica.

Al contrario que en Fletcher v. Peck, donde el tribunal sostenía que Georgia no podía invalidar contratos, el Tribunal Supremo sentenciaba que el poder del Congreso para regular el dinero era un poder plenario, lo que significaba que tenía el poder supremo en esta área. Los contratos con cláusula oro, decía el Tribunal Supremo, comprometían los intentos del Congreso de controlar el sistema monetario.

A nivel estatal, hay pasos que pueden darse para garantizar la aceptación extendida de los contratos con cláusula oro. Es tan sencillo como asegurar que están implantados los mecanismos de aplicación para ayudar a las partes privadas que decidan usar estos contratos.

Tanto en Bronson v. Rodes como en Butler v. Horwitz, el tribunal llegó a la misma conclusión: una cláusula concreta que señale explícitamente un método de pago no puede sustituirse por otra moneda de curso legal. Eso significa que si un contrato indica un pago en oro o plata (o incluso prescribe una forma concreta como las monedas de una onza de oro canadienses de hojas doradas) los “dólares” en billetes de la Reserva Federal no son un sustitutivo apropiado. Una garantía de una cláusula concreta es crucial para la fiabilidad de los contratos con cláusula oro.

Ahora es el momento para que los estados animen los contratos con cláusula oro aprobando legislación que obligue a los tribunales estatales a darles plenos efectos y aplicabilidad. El primer estado que haga esto se beneficiará más atrayendo nuevas expresas de toda la nación. Con la turbulencia monetaria y el peligro de inflación aumentando cada día, ciudadanos y empresas necesitan una mayor capacidad para usar oro y plata para protegerse.


El artículo original se encuentra aquí.

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