La nueva economía informal parece luchar contra las regulaciones del mundo antiguo. Uber perdió una primera batalla judicial en Reino Unido. A la empresa de California se le ha ordenado cambiar la naturaleza legal de sus relaciones con sus conductores, que reclamaban el derecho a ser considerados como trabajadores en lugar de contratantes independientes.
Esta nueva definición legal no es inocua. Si esta sentencia se confirma en la apelación, obligará a que las relaciones de Uber con sus conductores se lleven a cabo de acuerdo con el derecho laboral, en lugar del derecho civil británico. El derecho laboral implicaría la obligación de implantar el salario mínimo, las regulaciones de vacaciones pagadas y otros tipos de normas especiales. Por tanto aumentaría los costes de transacción del mercado. El modelo de negocio de Uber se vería perjudicado.
Pueden observarse disputas legales similares en diversos países importantes. En Francia, la URSSAF, una red de organizaciones que pertenecen al sistema de la seguridad social, ha presentado también una demanda contra Uber a la que se acusa de prácticar lo que puede traducirse como “trabajo salarial oculto” o “relaciones de empleo disfrazadas”.
La administración francesa está tratando de cambiar la naturaleza legal de las relaciones de Uber con sus conductores para implantar las leyes laborales francesas, sobre todo para recaudar “contribuciones sociales” (impuestos sobre el trabajo) que pretenden financiar los planes de seguro público. Incluso en Estados Unidos, Homejoy (un mercado para limpieza de casas) ha cesado sus actividades debido a presiones legales similares. La economía informal parece sufrir incertidumbres legales debido a la tenue distinción que se realiza normalmente entre trabajadores y contratantes.
¿Cuál es la diferencia entre un empresario y un contratante?
Según las teorías legales de las democracias sociedades occidentales, los trabajadores en general se diferencian de los contratantes por el hecho de que los primeros están ligados a sus empleadores por una relación de subordinación. Se dice que los empresarios tienen sobre sus empleados poderes de control y sanción, lo que justifica la implantación de normas especiales para proteger a estos últimos frente a la autoridad de los primeros.
Sin embargo, en la práctica, esta distinción es arbitraria y no tiene ninguna relevancia cuando se usa el prisma del análisis económico. Bajo un sistema de libre competencia, todo productor está subordinado a los deseos de sus clientes, que tienen sobre él un poder de control, dirección y sanción que puede aplicarse sencillamente rechazando interactuar con él o comprando los productos de otro. Por eso el economista Ludwig von Mises describía al capitalismo como el sistema de la soberanía del consumidor.
Por supuesto, como expresaba Rothbard, el uso de la palabra “soberanía” debe atemperarse, ya que incluso la producción sirve en último término a los fines de consumo. Los consumidores no tienen un poder absoluto sobre los productores. También están sometidos a la ley eterna de la oferta y la demanda y, por tanto, no pueden dictar unilateralmente sus precios y condiciones. Esto explica, por ejemplo, por qué no trabaja gratis la gente que vive en países sin salarios mínimos legales, como Suiza.
Sin embargo, persiste el hecho de que la distinción arbitraria entre empleados y contratantes independientes revela la incoherencia de las leyes laborales occidentales. Si fueran coherentes, las leyes laborales se implantarían para cualquier relación comercial. Los costes de transacción serían tan altos que se destruiría indudablemente la calidad de la división del trabajo. Toda la sociedad se vería sustancialmente empobrecida. Advirtamos también que las leyes laborales, al conceder protecciones especiales a algunos trabajadores pero no a otros, rompen el principio de igualdad ante la ley.
El estatus del contratante independiente como medio para rebajar las barreras de entrada
Desbloquear el libre comercio de mano de obra es precisamente la razón por la que resulta beneficioso el estatus del contratante independiente. Este estatus da más libertad y flexibilidad contractual. Las relaciones comerciales están mucho menos reguladas.
Pero los partidos de izquierdas ven esto como un “mecanismo de dumping social” usado frecuentemente para eludir las leyes laborales. Pero no seamos hipócritas. Sí, el estatus de contratante independiente es un medio para librarse de leyes laborales tóxicas que sirven a los intereses de los que están dentro. Está claro que algunos trabajadores se benefician si tienen la suerte de conseguir el status protegido de “empleado”.
Por tomar otro ejemplo francés, el Financial Times ha mostrado en un artículo publicado en marzo de 2016, cómo la “uberización” de la economía incluye una enorme promesa de movilidad social para muchos jóvenes de los banlieues franceses, una promesa que los gobiernos han sacrificado en el altar del corporativismo.
Los gobiernos que afrontan altas tasas de desempleo deberían por tanto dar especialmente la bienvenida a estos nuevos empleos que son una solución a su incapacidad de llevar a cabo reformas sustanciales del mercado laboral.
El artículo original se encuentra aquí.
