De vez en cuando veo libertarios que defienden la despenalización de la marihuana y otras sustancias ilegales como algo preferible a la legalización abierta. Podríamos simpatizar con esta lógica: las sustancias despenalizadas no pueden ser gravadas, mientras que las sustancias legalizadas están sometidas más fácilmente a impuestos a las ventas o especiales, así como a una panoplia de otras regulaciones. Por tanto, de acuerdo con este argumento, la despenalización representaría un mercado más libre que el entorno de impuestos y regulaciones de las ventas legalizadas.
Indudablemente se puede criticar cualquier gravamen y regulación sobre los vicios (o cualquier otra cosa). Muchos libertarios sencillamente se oponen a cualquier nueva vía de ingresos adicionales para el gobierno, pero, dejando esto aparte, sigue habiendo consecuencias regulatorias para el producto. Como demostraba Mark Thornton en The Economics of Prohibition, los impuestos especiales sobre los cigarrillos producen la misma consecuencia esencial que la prohibición directa (una mayor potencia), con la diferencia en este sentido siendo solo un asunto de grado. Cualquier regulación que restrinja la venta, como las restricciones de licencia o cantidad, llevaría a consecuencia similares.
Pero aunque estas críticas pueda ser una base válida para oponerse a esos impuestos sobre los vicios, no proporcionan una defensa adecuada para buscar la despenalización como alternativa la legalización, ni siquiera desde una perspectiva libertaria radical. No reconocer esto, hasta donde yo entiendo, se convierte en una incomprensión de lo que significa la despenalización.
En un entorno legal, a los dueños de empresas se les permite fabricar y vender el producto en cuestión. En el caso de la marihuana, esto significa inevitablemente obtener una licencia, igual que cualquier negocio requiere una licencia en la época moderna. En Holanda, la marihuana se vende legalmente a través de “coffee shops” reguladas. En Colorado, los vendedores con licencias se enfrentan también a importantes regulaciones e impuestos.
Sin embargo, en comparación, podemos fijarnos en lugares como Portugal, que despenalizó todas las drogas ilegales y allí podemos ver las diferencias importantes entre los conceptos. Despenalización significa que la sustancia sigue siendo técnicamente ilegal, pero la persona que posea la sustancia no será perseguida penalmente. La manera en la que la despenalización es tolerada legalmente podría variar de acuerdo con el país, por supuesto. Los traficantes de drogas pueden seguir siendo perseguidos (normalmente por llevar cantidades legalmente especificadas, que sencillamente tienen el efecto regulatorio de limitar la oferta que porta un traficante en un momento determinado) y si un usuario es detenido con la sustancia nominalmente ilegal, puede estar sujeto a medidas de rehabilitación, como en el caso de Portugal. Estrictamente hablando, la despenalización solo significa que la gente no se enfrentará a cargos penales.
Sin embargo, económicamente, la distinción importante está en el hecho de que la persona que vende el producto no es capaz de tener un negocio legítimamente reconocido. No tiene tienda, ni capacidad para establecer un reconocimiento de marca y una competencia limitada. En otras palabras, donde la legalización abierta deja a los vendedores sometidos a regulaciones públicas, también los deja sometidos a la regulación del mercado. Hay incentivos internos para mantener un producto estandarizado y de alta calidad para atraer y mantener clientes. Los clientes son capaces de saber lo que están obteniendo y esta información se proporciona través de las marcas, con la consiguiente presión para asegurar la honradez y fiabilidad del producto con marca. En caso de fraude o en otros asuntos éticos que puedan estar sometidos a pleitos, los clientes tienen el derecho a demandar a un vendedor poco honrado con su perjuicio aceptado como base válida para una indemnización.
Los vendedores despenalizados, como no son reconocidos como legítimos por el estado, no puede estar sometidos a las regulaciones exotéricas e impuestos fijados por el gobierno, pero tampoco están completamente sometidos a las regulaciones esotéricas del mercado. Dicho de manera sencilla, el estado de ilegitimidad de los vendedores es, por sí mismo, una regulación impuesta por el gobierno con su propia serie de consecuencias. Por ejemplo, en Portugal los consumidores de droga siguen teniendo que conseguir su producto de algún comerciante de baja reputación que trabaja en la esquina de una calle. Los niveles de pureza, potencia o composición probablemente se desconozcan y si el vendedor vender fraudulentamente el producto, no hay vía de recurso en el sistema legal que reconozca demandas para sustancias despenalizadas.
A partir de esto, podemos categorizar los mercados de drogas de acuerdo con cuatro entornos generales: los mercados negros prohibidos, los mercados negros despenalizados, los mercados legales regulados y los mercados libres desregulados. En términos de consecuencias negativas, el mercado libre no regulado puede ser la forma más preferible desde un punto de vista libertario (éticamente, consecuencialmente o ambas cosas), pero en la actual economía política, el mercado libre no regulado no es un objetivo político realista.
Así que, cuando abandonamos el mercado negro prohibido, las alternativas realistas son el mercado negro despenalizado o el mercado legal regulado. Ambos entornos están regulados en la práctica por los gobiernos, pero el mercado despenalizado (al no permitir una venta y producción legalmente reconocidas) es indudablemente el más regulado. De hecho, esto debería ser todavía más evidente en el hecho de que cuando los impuestos y regulaciones en el mercado legal son lo suficientemente duros como para exceder el mercado despenalizado, aparece como consecuencia un mercado negro, como se ha observado en el mercado de cigarrillos en la ciudad de Nueva York.
Así que, desde una perspectiva libertaria, la despenalización sigue siendo un objetivo noble, pero sigue siendo preferible la legalización abierta. Como cualquier otro producto, podemos reclamar impuestos más bajos y menos regulación, pero la mera presencia de impuestos y regulación no debería usarse para justificar argumentos a favor de la despenalización como una alternativa preferible a la legalización.
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