A la luz de la reciente oleada de violencia relacionada con el narcotráfico en México, es apropiado reflejar la actual prohibición de las drogas que afecta a la delincuencia, el mantenimiento de la ley y la economía.
Siempre que ocurren estos sucesos, la reacción instintiva de muchos es querer combatir más intensamente las drogas ilegales. Sin embargo, debo preguntar: ¿no hemos atacado ya con bastante intensidad el tráfico de drogas en las últimas décadas? ¿Y cuál ha sido el resultado? El florecimiento y prosperidad del mercado negro, así como la escalada de violencia.
¿No hay un enfoque más eficaz?
La ilegalidad de las drogas es, en realidad, el principal factor que contribuye a mantener las altas ganancias de los traficantes y los cárteles, y se asegura de que el crimen organizado domine el mercado.
La cocaína, por ejemplo, tiene un margen de beneficio de alrededor del 17.000%, llegando a ser más cara que el oro en ciertas áreas. Este fenómeno no es nada nuevo y tampoco es exclusivo de las drogas -es sólo el resultado predecible de la prohibición.
Durante la Ley Seca, Al Capone y todos los demás involucrados en el crimen organizado ganaron fortunas aprovechando el lucrativo y peligroso mercado negro que se había creado únicamente por las leyes del gobierno. Tanto entonces como ahora, las leyes económicas siguen siendo las mismas: cada vez que el Estado hace una gran incautación de los bienes ilegales, los beneficios de los proveedores que quedan en el mercado negro aumentan. Esta es un tipo de fuerza económica insalvable para el aparato estatal, pero da grandes beneficios para los traficantes de drogas y los carteles.
Para los ciudadanos de a pie, sin embargo, esta prohibición ha generado grandes desastres. La guerra contra las drogas mantiene cárceles superpobladas, lo que genera no sólo un gran costo para los contribuyentes, sino también un gran peligro para todo el público en general, ya que los verdaderos criminales -asesinos, violadores, abusadores de niños- se mantienen fuera de la prisión sólo para hacer espacio a los delincuentes no violentos involucrados con las drogas.
Actualmente, los Estados Unidos, por ejemplo, encarcela a más personas en términos per cápita que Rusia y China jamás hicieron en su historia. Y, sin embargo, criminales como Phillip Garrido -el secuestrador de Jaycee Lee Dugard, la chica que se mantuvo cautiva durante 18 años en California y con la que tuvo dos hijas- continúan sueltos, libres para violar y secuestrar repetidas veces. (Curiosamente, en su caso, una pequeña cantidad de marihuana llamó más la atención de la policía que los reiterados informes de los vecinos alertando de que había constantemente niños en su patio trasero).
La guerra contra las drogas distorsiona las prioridades de la policía a costa de toda la población.
La derogación de la Ley Seca, ciertamente, no trajo ningún beneficio a la delincuencia organizada. Del mismo modo, hoy en día, si quisiésemos acabar con los violentos cárteles de la droga, crear oportunidades legítimas de empleo en lugar de un mercado negro sin ley y justicia, reordenar las prioridades de la policía y dejar espacio en las cárceles para las personas que realmente deberían estar en ellas, tenemos que acabar con la loca guerra contra las drogas.
Despenalizar la marihuana a nivel federal sería un buen comienzo.
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