Estado benefactor e inflación crónica

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 ESTADO BENEFACTOR E INFLACIÓN CRÓNICA[1]

 Wilhelm Röpke[2]

El comunismo no constituye un peligro inmediato para los países del mundo occidental libre, ni alza su cabeza entre nosotros el espectro del totalitarismo, por grande que sea la amenaza de paulatina corrupción interna y de ataque inescrupuloso desde el exterior. Tampoco la economía cabalmente planificada y la socialización generalizada, ni el Estado totalitario que forzosamente las acompaña, son fines que logre movilizar con éxito a las grandes masas del electorado. Lo que amenaza desde adentro la estructura de nuestra economía y de nuestra sociedad es otra cosa: las enfermedades crónicas que se extienden en secreto y por ello son tanto más malignas. Es difícil averiguar sus causas y su verdadera índole se oculta al observador superficial o desprevenido; ellas tientan a los individuos y a los grupos con ventajas inmediatas, en tanto que sus fatales consecuencias tardan mucho en manifestarse y se dispersan en un amplio radio. Por esto, precisamente, es que cabe temer tanto a estas enfermedades.

Entre estos lentos cánceres de nuestra economía y sociedad occidentales se destacan dos: el avance al parecer incontenible del Estado de beneficencia o Benefactor y la erosión del valor del dinero, lo que se denomina inflación reptante. Existe entre ambos un estrecho vínculo nacido de sus causas comunes y de su refuerzo recíproco. Los dos se inician lentamente, pero al poco tiempo el ritmo se acelera hasta que cuesta detener el deterioro, lo cual multiplica el peligro. Si los afectados supieran lo que les aguarda al final, tal vez se detendrían a tiempo. La dificultad estriba en que es extraordinariamente difícil lograr que se oiga la voz de la razón mientras todavía es tiempo. Los demagogos sociales emplean las promesas del Estado Benefactor y de la política inflacionaria para seducir a las masas y cuesta advertir a la gente de modo convincente acerca del precio que todos habrán de pagar al final. Tanto mayor razón para que aquellos cuya visión es más equilibrada y extensa redoblen sus esfuerzos por desengañar a los demás, sin atender a los violentos ataques de los demagogos sociales, poco escrupulosos para escoger sus medios, y de los funcionarios del propio Estado Benefactor.

Otra característica común del Estado Benefactor y de la inflación crónica es que ambos fenómenos demuestran, en forma clara y aterradora, de qué manera ciertas fuerzas políticas socavan los cimientos de una economía y una sociedad libres y productivas. Ambos son el resultado de opiniones masivas, reclamaciones masivas, emociones masivas y pasiones masivas, y a ambos los dirigen esas fuerzas en contra de la propiedad, la ley, la diferenciación social, la tradición, la continuidad y el interés común. Los dos convierten al Estado y al voto en medios para hacer que una parte de la comunidad avance, a expensas de las otras, hacia donde la mayoría del electorado empuja por la fuerza de su solo peso. Los dos son expresión de la disolución de aquellos principios morales firmes que antaño se aceptaban como incuestionables.

 

Límites y Peligros del Estado Benefactor

Hay, con todo, diferencias considerables entre el Estado Benefactor y la inflación crónica. Contra la inflación la única actitud correcta es el rechazo resuelto y airado; la menor desviación de esta conducta está mal. En cambio, el concepto del Estado Benefactor comprende muchas cosas que no se pueden rechazar de plano simplemente. Nuestra preocupación es, pues, no sólo la de condenar el Estado Benefactor como tal sino la de determinar sus límites y peligros. Debemos observar la máxima de que todo economista deseoso de estar a la altura de sus responsabilidades debe decidir con cuidado a cuál lado apoya.

No puede caber ninguna duda de que la época en que el Estado Benefactor necesitaba nuestra ayuda y defensa ya pasó. No es probable que falte el mínimo indispensable de previsión organizada por el Estado, en esta era de democracia masiva, de poderes sociales robustos, de igualitarismo desenfrenado y de «robo por votación» casi habitual. Asimismo, es más que probable que ese mínimo exceda peligrosamente, con perjuicio del pueblo, la salud de la sociedad y la fuerza de nuestra economía. No cabe titubear, pues, acerca de cuál lado debemos apoyar con la fuerza que podamos poseer. Son los límites y peligros del Estado Benefactor, y no sus ventajas cada vez más dudosas, los que exigen nuestra atención crítica.

Es indudable que desde 1945 ha ocurrido un cambio notable en todos los países. Las palabras «Plan Beveridge» deben bastar para recordar aquella época, hace más de un decenio, cuando muchos círculos recibieron con entusiasmo la idea que encontraba en el Plan Beveridge su expresión más interesante. [3] Tanto legos como expertos pensaban entonces que el futuro de la postguerra pertenecía a ese «Estado Benefactor». De hecho, en todas partes, y en especial en los países en que dominaban exclusiva o principalmente influencias socialistas, se hicieron esfuerzos para crear semejante Estado Benefactor garantizada y de igualación de ingresos. Prestaron ímpetu adicional a la tendencia los pronósticos errados que dieron alas al temor de una gran ola de desempleo después de la guerra.

El entusiasmo se ha disipado en todas partes, incluso en Gran Bretaña y los países escandinavos. El ideal del Estado Benefactor ha cedido el paso a su práctica cotidiana. La desilusión y el desengaño, aun las dudas y la amargura, se van extendiendo y se alzan voces de crítica que no pueden pasar inadvertidas. Pocos pueden cerrar todavía los ojos ante el contraste entre los éxitos extraordinarios de un orden social y económico que se apoya en las fuerzas reguladoras y estimulantes del mercado y de la libre empresa, por un lado, y, por el otro, los resultados de una redistribución constante del ingreso y la riqueza en aras de la igualdad. Es un contraste que a la larga se hace intolerable. Una u otro tendrá que ceder: la sociedad libre o el moderno Estado Benefactor. En las palabras de otro distinguido economista británico, Lionel Robbins, hombre que mide con cuidado lo que dice, «la sociedad libre no se ha de edificar sobre la envidia».[4]

Lo curioso es que este hinchado Estado Benefactor nuestro es en realidad un anacronismo. La asistencia pública organizada en beneficio de los económicamente débiles tuvo origen e importancia en un período determinado de la historia económica y social, el período entre la sociedad preindustrial y la sociedad industrial avanzada de hoy, cuando el antiguo patrón social se deshizo y el individuo, privado de su apoyo, se convirtió en desvalido proletario. Se creó así un vacío y surgió la necesidad de ayuda y asistencia, la que difícilmente se hubiera podido costear sin fondos públicos, a pesar de la caridad privada. La paradoja está en que hoy en día el moderno Estado Benefactor lleva al exceso el sistema de ayuda masiva organizada por el Estado precisamente en un momento en que los países económicamente avanzados han salido en gran medida de aquel período de transición y en que, por tanto, las potencialidades de auto-ayuda voluntaria, por parte del individuo o del grupo, están muy acentuadas.

La ayuda a las masas organizada por el Estado es sencillamente la muleta de una sociedad lisiada por el proletarismo, un recurso adaptado a la inmadurez económica y moral de las clases que surgieron de la descomposición del antiguo orden social. Este recurso fue necesario mientras los obreros de las fábricas, en su mayoría, fueran demasiado pobres para ayudarse solos, estuvieran demasiado paralizados por su situación proletaria para ser previsores y demasiado desligados de la antigua estructura social para contar con la solidaridad y ayuda de las pequeñas comunidades auténticas. Podemos prescindir de él en la medida en que tengamos la esperanza de vencer aquel ignominioso período de proletarización y desarraigo.

En la medida, pues, en que los países avanzados han salido de esta fase y pueden contar con un grado normal de previsión individual, el principio del Estado Benefactor ha perdido su razón de ser. Cuesta comprender por qué el Estado Benefactor crece con tal exuberancia precisamente ahora que ha perdido tanto de su carácter urgente. Se suele mirar como progreso lo que seguramente deriva su origen y significado de las condiciones de un período de transición, casi terminado, en el desarrollo económico y social. Y se olvida que, al contrario, si hemos de tomar en serio el respeto por la persona humana, debemos medir el progreso por el grado en que se puede pretender que las grandes masas del pueblo se mantengan con sus propios recursos y bajo su propia responsabilidad, mediante el ahorro y el seguro, y las múltiples formas de ayuda voluntaria de grupo. Esto únicamente es lo que cabe, en último término, a hombres libres y maduros: ellos no deben recurrir constantemente al Estado en busca de una ayuda que, al cabo, sólo se podrá sacar del bolsillo de los contribuyentes o de las restricciones que la devaluación del dinero impone a sus víctimas.

¿Hemos de hablar de progreso si aumentamos continuamente el número de personas a las que hay que tratar como menores de edad y que por ende han de permanecer bajo la tutela del Estado? ¿Acaso no es progreso, por el contrario, si las grandes masas del pueblo cumplen la mayoría de edad en términos económicos, gracias a sus ingresos crecientes, y se hacen responsables de ellas mismas, de manera que podamos disminuir el Estado Benefactor en lugar de inflarlo más y más? Si la ayuda organizada por el Estado es la muleta de una sociedad tullida por el proletarismo y la masificación, entonces debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a tratar de manearnos sin esa muleta. Este es el verdadero progreso, desde cualquier punto de vista que se le mire. Se le puede medir por el grado en que logremos ensanchar constantemente el campo de la previsión individual y de grupos voluntarios a expensas de la previsión pública obligatoria. En igual medida venceremos también la proletarización y la masificación, además del peligro permanente de degradar al hombre a la condición de obediente animal doméstico en los gigantescos establos del Estado, a los cuales nos arrean y donde nos alimentan más o menos bien.

Contra este punto de vista se oye a veces la objeción de que si bien es cierto que el mejoramiento económico ha disminuido las necesidades de las masas en cuanto a ayuda pública, el aflojamiento de los vínculos familiares ha acrecentado esas necesidades. No se puede negar que los vínculos familiares se han aflojado. No obstante, podemos preguntar si la necesidad de ayuda de las masas no habrá disminuido, debido a los mayores ingresos, mucho más de lo que ha aumentado debido al aflojamiento de los vínculos familiares. En segundo lugar, podemos observar que no hay razón alguna para que debamos simplemente aceptar la disolución de la familia y de la solidaridad familiar. Hace poco, una diputada de la Cámara de los Comunes describió en forma conmovedora la situación de su padre para demostrar cuan insuficiente es todavía el Estado Benefactor. Pero esto no prueba la necesidad urgente de ayuda pública; sólo ofrece un indicio alarmante de la desaparición de los sentimientos naturales en el Estado Benefactor. En el hecho, la dama de marras recibió la única respuesta correcta cuando un colega del Parlamento le dijo que debía sentir vergüenza si a su padre no lo cuidaba adecuadamente su propia hija.

El moderno Estado Benefactor, que a la luz de estas reflexiones aparece como un anacronismo, sería incomprensible si no tomáramos en cuenta el hecho de que ha cambiado de significado. Su propósito esencial ya no es el de ayudar a los débiles y desvalidos, cuyos hombros carecen de fuerza suficiente para cargar con la vida y sus vicisitudes. Tal propósito va retrocediendo, incluso con frecuencia en desmedro de los más desvalidos. El Estado Benefactor de hoy no es simplemente una versión mejorada de las antiguas instituciones de seguro social y asistencia pública. En un número cada vez mayor de países se ha convertido en herramienta de revolución social en procura de la mayor igualdad posible de ingresos y de riqueza. El motivo dominante ya no es la compasión sino la envidia.[5] Tomar ha llegado a ser al menos tan importante como dar. En ausencia de una cantidad suficiente de personas auténticamente necesitadas, es preciso inventarlas, de modo que la nivelación de la riqueza hacia abajo, hasta un promedio normal que satisface las injusticias sociales, se pueda justificar con frases moralizantes. El lenguaje del antiguo gobierno paternal sigue en uso, lo mismo que sus categorías, pero todo ello se está convirtiendo en una pantalla que oculta la nueva cruzada en contra de todo lo que ose exceder el promedio, ya sea en ingresos, riqueza o desempeño. La meta de esta revolución social no se cumple hasta que todo esté reducido al mismo nivel, y las pequeñas diferencias que subsisten dan aún mayor motivo para el resentimiento social; en cambio, es imposible imaginar una situación en la que el resentimiento social ya no encuentre de qué aferrarse. En tales condiciones no puede haber un fin previsible a este estado de cosas, mientras no se reconozca la adocenada filosofía subyacente del moderno Estado Benefactor y se la rechace como uno de los grandes errores de nuestro tiempo. Las malas consecuencias, cada día más evidentes, del Estado Benefactor, entre ellas la inflación crónica, deberían ayudar a hacernos recapacitar.

Hay diversos enfoques posibles para tratar de definir más exactamente el cambio revolucionario del cual el Estado Benefactor es una expresión. Podríamos decir, por ejemplo, que es el resultado de un desarrollo en tres etapas durante los últimos cien años, comenzando con la etapa de la ayuda individual graduada de acuerdo a las necesidades verdaderas, pasado por el seguro social público, y terminando en la actual etapa de previsión universal que todo lo abarca. Otra interpretación se relaciona con la anterior. Según ella, la primera etapa fue de asistencia y estaba destinada a autoliquidarse tan pronto como fuera posible; seguía la idea de que la ayuda estatal debía llegar a ser una institución permanente, aunque selectiva, a la que se recurriría sólo en casos bien definidos. La última etapa es la del principio revolucionario de hoy, el cual convierte al Estado en una bomba de ingresos que trabaja día y noche, con tubos y válvulas, con flujos de succión y de presión, tal como la describió, hace más de diez años, su inventor, Lord Beveridge.

Por donde se le mire, la índole revolucionaria de esta última etapa es evidente. Todo un mundo separa a un Estado que ocasionalmente salva de la destitución a algún infortunado, de otro en que, en nombre de la igualdad económica y acompañado por el deterioro progresivo de la responsabilidad personal, se chupa constantemente una buena parte del ingreso privado con la bomba del Estado Benefactor, la que lo desvía, con considerables pérdidas por fricción. Todo entra en la misma olla, todo sale de la misma olla: tal viene a ser lo ideal. Como lo dijo sarcásticamente un astuto crítico británico: «Todo ha de ser igual y gratuito. . . menos los impuestos progresivos con los cuales se financia todo.» (Walter Hagenbuch, en Lloyd’s BankReview (julio, 1953), pág. 16.)[6]

El viejo y sano principio, conservador y filantrópico, de que aun los más pobres deben tener algo con qué contar, se ha trocado por otro muy distinto: la socialización creciente del uso del ingreso, apoyada en la teoría niveladora del Estado, de que toda ampliación de los servicios sociales para las masas es un hito de progreso. Como en tal sistema la necesidad personal auténtica, tal como se la identifica caso por caso, deja de ser el patrón de la ayuda, resulta, como lo hemos dicho, que los más pobres y débiles frecuentemente salen perdedores. El carácter inequívocamente colectivista del Estado Benefactor conduce, en el caso extremo, a aquello que otro crítico británico, Colm Brogan, ha dado en llamar el Estado de la mesada. Es un Estado que priva a las personas del derecho a disponer libremente de sus ingresos y se los quita por medio de impuestos, y que, en cambio, luego de descontar los costos administrativos extraordinariamente elevados del sistema, se encarga de la responsabilidad de satisfacer las necesidades más esenciales, ya sea por entero (como es el caso de la educación o de la atención médica) o en parte (como es el caso de la vivienda o alimentación subvencionada). Lo que al último conservan las personas de sus ingresos es una mesada, dinero que se gasta en las pollas del fútbol o de la televisión.

Hay un análisis de la demanda de igualdad y todas sus consecuencias en mi libro anterior Mass und Mitte, 65-75. Sigo partidario de esa crítica y también de mis serias inquietudes acerca de aquella forma de igualdad, sutil y por ello muy tentadora, a la que se ha dado en llamar igualdad de oportunidades. Los argumentos que entonces presenté parecerían suficientemente convincentes, en particular el argumento de que sería totalmente arbitrario procurar la igualdad de oportunidades solamente en asuntos susceptibles a la acción niveladora del Estado, en tanto que hay que aceptar la desigualdad en otros campos: salud desigual, inteligencia desigual, carácter desigual. Si las oportunidades han de ser realmente ¡guíales, por tanto, las condiciones materiales (el ingreso y la riqueza de los padres del niño) deben medirse en dosis tales que sumadas a las condiciones no materiales y no igualables den la «oportunidad igual». Supongamos que un niño tiene mala salud, pero sus padres pueden, al menos, equiparlo con condiciones materiales mejores para la lucha por la vida. Ahora bien, ¿qué justificación posible habría para privarlo incluso de ellas? ¿No deberían los otros alegrarse de haber heredado un estómago sano, un corazón fuerte o nervios de acero? ¿Cómo se va a calcular todo aquello? Desde este punto de vista la redistribución incesante que presupone la estricta igualdad de oportunidad, aparece aún más indignante de lo que es en todo caso. Además, si es justo que un hombre posea propiedad privada (y los defensores de la igualdad de oportunidad, afortunadamente, no llegan al extremo de negarlo), ¿por qué ha de ser injusto que sus hijos se beneficien de ella? Puedo hacer lo que se me antoje con mi ingreso y riqueza: comprar un televisor, adquirir un automóvil de lujo, viajar alrededor del mundo; sólo una cosa no puedo hacer: dar a mis hijos la mejor y más cuidada educación. Por lo demás, en el próximo capítulo veremos que el clamor por la igualdad de oportunidades corresponde a una idea extrema del liberalismo según la cual conviene que haya una carrera incesante de todos por todo. Surge la interrogante: ¿en virtud de qué derecho ha de detenerse esta carrera en las fronteras nacionales?

Hace cien años Heinrich Heine resumió en los versos siguientes el ideal de un epicureismo igualitario y colectivista:

 

Frutos dulces para todos,

las vainas entreguen su don;

con gusto los cielos

dejamos al ángel y al gorrión.[7]

 

Los «frutos dulces para todos» se han cumplido, gracias a una socialización de la vida que Heine habría aborrecido, pese a sus coqueteos teóricos con el socialismo. Que ellos compensen aquello que Heine con irreverencia llama «los cielos» es asunto distinto y muy dudoso.

La situación que los principales países del Estado Benefactor ya han alcanzado y que los demás persiguen coincide asombrosamente con la visión que un contemporáneo de Heine, Alexis de Tocqueville, entregó en su obra clásica Democracia en América: «(El Estado) cubre la superficie de la sociedad con una red de pequeñas reglas, menudas y uniformes, que ni las mentes más originales ni los caracteres más enérgicos pueden penetrar para alzarse por encima de la muchedumbre. La voluntad del hombre no se destruye sino que se suaviza, se pliega y se dirige; raras veces se obliga a alguien a actuar, pero a todos se les frena constantemente en su acción. Un poder semejante no destruye la vida sino que la impide; no es tiránico con el pueblo, sino que lo comprime, lo enerva, lo apaga y lo atonta, hasta que cada nación queda reducida a poco más que un rebaño de animales tímidos e industriosos, donde el gobierno es su pastor.» (Vol. II, libro IV, Capítulo 6, pág. 319.) Hace poco un distinguido socialista alemán aventuró la observación (en un artículo del Deutsche Rundschau) de que, gracias al desarrollo del Estado Benefactor, la «humanización del Estado», la noble aspiración de Pestalozzi, iba cediendo, incluso más acá de la Cortina de Hierro, a la «estatización del hombre».

Tal es el carácter revolucionario del moderno Estado Benefactor. Sus huellas están por doquier. Una de ellas es la extensión al parecer irresistible de la previsión pública a clases cada vez más amplias que, si las dejaran tranquilas, se mantendrían por cierto solas, pero que ahora se encuentran bajo la tutela del Estado. Otra particularidad del Estado Benefactor moderno, íntimamente ligada a su naturaleza, es también notable. Antiguamente, como ya lo dijimos, la asistencia pública estaba dirigida a servir de sustituto temporal y subsidiario de la propia mantención y en tal calidad tenía por objeto asegurar sólo cierto mínimo; hoy los servicios públicos son cada día más habituales, a menudo con la intención apenas velada de cumplir normas máximas, incluso de lujo. Sea como fuere, nada es tan caro al corazón de los nuevos ideólogos del socialismo fiscal como la tributación más alta posible y podemos estar ciertos de que no sienten ningún impulso irresistible a economizar en aquellos campos en los que pueden conferir bendiciones a las amplias masas de votantes.

Quizá podamos aclarar aún más todo esto si ilustramos el cambio con algunos ejemplos. Campo muy fructífero para tal fin es, otra vez, la política de vivienda. Casi todos los países conocen esta especial manifestación del Estado Benefactor. El antiguo y meritorio principio de que en el mercado de viviendas existen algunos problemas marginales que merecen un poco de ayuda, se ha transformado hasta hacerse irreconocible. Con el pretexto de la guerra y sus consecuencias, lo ha reemplazado una política de largo plazo de alquileres bajos, primero a costa de la minoría políticamente débil compuesta por los arrendadores, quienes en ciertos países resultan así expropiados; en seguida, a costa de los contribuyentes, quienes, desde luego, coinciden en gran medida con los arrendatarios subsidiados, de modo que pagan en impuestos lo que ahorran en alquiler; y luego a costa de los residentes de edificios nuevos sin subsidio, cuyos alquileres suben empujados por el sistema de alquileres controlados; y por último a costa del conjunto de capital de la nación. Hemos llegado al punto en que parece extraño incluso preguntar por qué todo el mundo no paga de su bolsillo, como era costumbre antes, el precio total de costo de su departamento, igual como paga por su ropa.

Otro cambio muy característico se ha producido en el campo igualmente importante de la educación. En muchos países el antiguo y probado principio de ayudar con becas a los jóvenes dotados, pero, en cuanto a los demás, contar con que los padres contribuirán a la educación superior de sus hijos, se ha reemplazado con el ideal de un sistema de educación público y uniforme, gratuito a todos los niveles y por ende completamente socializado. Uno apenas se atreve a avanzar la idea de que no hay nada malo en pretender que los padres normalmente se sacrifiquen por la educación de sus hijos. Las consecuencias de esta suerte de jacobinismo educacional se hacen cada día más visibles y tal vez terminen por conducir a un viraje de la opinión pública. En Gran Bretaña, que es donde el sistema ha llegado más lejos, se sospecha que aquellas personas que están dispuestas a hacer sacrificios personales para ofrecer a sus hijos una educación mejor que la que reciben gratis en la máquina educacional del Estado no tienen una actitud «social» correcta. De nuevo podríamos preguntar por qué es correcto y natural pagar de nuestro bolsillo todos los gastos de un automóvil, y por qué se considera que lo es traspasar los gastos al Estado, es decir, al contribuyente y por tanto, posiblemente, otra vez a nosotros mismos, cuando se trata de la educación de nuestros hijos; pero aquí, como en otros campos, la pregunta misma es una herejía y manifestación de opiniones reprochables.[8]

Como último ejemplo importante tomemos el caso, reconocidamente difícil, de los servicios médicos. Otra vez se puede trazar claramente el camino que va de la política social de estilo antiguo al moderno Estado Benefactor. El principio original, según el cual los más débiles económicamente debían verse liberados del riesgo de operaciones costosas o de enfermedades prolongadas, ha ido cambiando, en nuestra generación, a una cosa enteramente distinta. Paso a paso se han socializado los servicios de salud y el Servicio Nacional de Salud británico es la cumbre más acá de la Cortina de Hierro; la excepción se ha convertido en regla y la asistencia que se daba para suplir necesidades auténticas se ha transformado en sistema permanente.

De este modo nos estamos alejando más y más de la regla según la cual las personas que pueden mantenerse en otros aspectos deben, en principio, prever en su presupuesto privado lo necesario para la salud y contar, si lo desean, con un seguro como institución inventada para los riesgos de lo imprevisible. Tal principio, en todo caso, debe verse como principio sano y normal, apropiado para una economía de mercado, y debe hallar la más amplia aplicación posible. La situación a la que ha llegado el seguro de salud obligatorio, en la mayoría de los países industrializados occidentales, sugiere con urgencia que debemos recordar este principio. El propio seguro de salud obligatorio se encuentra gravemente enfermo en casi todas partes y hay que procurar su recuperación de las siguientes maneras principales: primero, el seguro obligatorio debe limitarse a aquellas clases para las cuales el riesgo de enfermedad constituye una carga onerosa y que no se prestan fácilmente al seguro voluntario; segundo, debemos estimular todas aquellas múltiples formas de asistencia descentralizada de las cuales Suiza puede figurar como modelo; y tercero, en todos los sistemas de seguros de enfermedad debemos introducir contribuciones personales al costo, universales y sustanciales, fácilmente ajustables en caso de dificultades.[9]

Procuremos ahora estimar la importancia que tiene el Estado Benefactor en la civilización, sociedad, economía y vida pública modernas. Como es natural, sólo podemos destacar algunos aspectos sobresalientes.

Comencemos con una circunstancia que tiene especial importancia en vista de las dudas ya mencionadas y las que faltan por mencionar. Los peligros que encierra el Estado Benefactor son tanto más serios porque no hay nada en la naturaleza de éste que lo limite desde adentro. Por el contrario, tiene una tendencia opuesta y vigorosa a seguir extendiéndose. Por ello es tanto más necesario imponerle límites desde afuera y vigilarlo con ojo agudo y crítico. Con su ampliación continua el Estado Benefactor procura abarcar cada vez más incertidumbre de la vida y alcanzar a círculos cada vez más anchos de la población, pero a la vez tiende a aumentar las cargas de esta última; y la razón de este peligro es que si bien la ampliación es fácil y tentadora, toda revocación de una medida, que posteriormente se reconoce como precipitada, resulta difícil y, en último término, desde el punto de vista político, impracticable.

Cuesta imaginarse que Gran Bretaña hubiera organizado el Servicio Nacional de Salud, en su actual forma de amplio alcance, si la población hubiera sabido de antemano cómo iba a resultar, o aun si algunas interrogantes que hoy parecen elementales se hubieran planteado y meditado a tiempo.[10] Lo mismo cuesta imaginarse cómo podría deshacerse hoy lo hecho, y por eso la gente trata de acomodarse como mejor puede. Pero todo paso adicional por el camino de Estado Benefactor debe estudiarse con la mayor cautela, con una visión muy clara de las consecuencias y a sabiendas de que, igual que la disminución en la edad mínima para votar, normalmente será irreversible.

El Estado Benefactor no sólo carece de frenos automáticos y no sólo aumenta de velocidad a medida que avanza, sino que se mueve por una calle con tránsito en un solo sentido, en la cual es imposible o al menos muy difícil, en la práctica, volver atrás. Peor aún, este camino lleva indudablemente a una situación en que el centro de gravedad de la sociedad se traslada hacia arriba, alejándose de las comunidades auténticas, pequeñas, humanas y cálidas, hacia el centro de la administración pública impersonal y de las organizaciones masivas impersonales que la acompañan. Ello significa una creciente centralización de las decisiones y de la responsabilidad, y la creciente colectivización del bienestar del individuo y de su patrón de vida.

Hay que analizar los efectos de esta situación con mucho cuidado y en todos sus aspectos. Hasta aquí hemos podido confiar en las reacciones de individuos que saben que deben asumir la responsabilidad de determinados riesgos; pero debemos tener muy claro que el Estado Benefactor, al mover hacia arriba el centro de gravedad de las decisiones y la responsabilidad, debilita o distorsiona esas reacciones. ¿Cuál sería el efecto sobre la producción si los individuos se viesen liberados de las consecuencias de un mal desempeño, pero privados, al mismo tiempo, de incentivos al buen desempeño, en especial cuando éste acarrea cierto riesgo? ¿Qué efecto se produce sobre decisiones importantes como son las que conciernen al ahorro y la inversión? ¿Qué ocurre con la tasa de natalidad, que en el pasado estaba limitada, hasta cierto punto, por el hecho de que el individuo era responsable de su familia, cualquiera fuese su tamaño, en cambio hoy se ve liberado de esa responsabilidad o incluso se le permite beneficiarse con la procreación? Estas son algunas de las interrogantes que toda persona desprejuiciada debe plantear hoy.

El individuo y su sentido de responsabilidad constituyen el resorte maestro secreto de la sociedad y este resorte corre peligro de debilitarse si la máquina niveladora del Estado Benefactor disminuye tanto los efectos positivos del desempeño mejor como los negativos del desempeño peor. No causa sorpresa ver que algunos observadores, entre ellos nada menos que el Mariscal Montgomery, comiencen a preguntarse si el desmesurado Estado Benefactor no va camino de socavar la salud moral y social de la nación que sucumbe a sus tentaciones. Algo semejante debe de haber tenido en la mente Goethe cuando, dos años antes de la Revolución Francesa, escribió esta profética frase: «Debo decir que creo que el humanismo finalmente prevalecerá; pero me temo que al mismo tiempo el mundo se va a convertir en un inmenso hospital, donde cada cual atiende a su vecino.» (Italienische Reise II, Nápoles, 27 de mayo, 1787.)

Tampoco podemos pasar en silencio otra cuestión que ya se ha planteado con toda seriedad y que, a decir verdad, no se puede eludir. Es la cuestión de si los costos aplastantes del Estado Benefactor, que ya no se pueden reducir sin consecuencias políticas adversas, no constituyen uno de los principales factores que perjudican la resolución del mundo libre y la fuerza de su defensa militar contra el imperio comunista, obligando así a Occidente a concentrarse más y más en la defensa nuclear. Ello, por cierto, no impide que aquellos, precisamente, que más simpatizan con el Estado Benefactor quieran arrebatarle a Occidente incluso esta última arma desesperada que ese mismo fenómeno le ha dejado.

El extremo individualismo del pasado no es el menos culpable de la vuelta que ha traído consigo el extremo opuesto, el moderno Estado Benefactor. Es sin duda señal de una sociedad sana que el centro de gravedad de las decisiones y de la responsabilidad quede a medio camino entre los dos extremos: el individuo y el Estado, dentro de comunidades pequeñas y auténticas, entre las cuales la más indispensable, primaria y natural es la familia. Y es sin duda nuestra tarea la de estimular el desarrollo de la gran diversidad de comunidades pequeñas y medianas, y por ende de la asistencia de grupo, en círculos donde todavía hay espacio para la acción voluntaria, el sentido de responsabilidad y el contacto humano, y que evitan la fría impersonalidad de los servicios sociales masivos.

El moderno Estado Benefactor es, a no dudarlo, la respuesta a la desintegración de las comunidades auténticas durante los últimos cien años. Esta desintegración es una de las peores herencias que nos ha dejado el pasado, ya la llamemos civilización de masas, proletarización o por cualquier otro nombre. Pero es una respuesta errada. Ya lo dije hace más de diez años, cuando tal era la esencia de mi crítica del Plan Beveridge. Lejos de curar esta enfermedad de nuestra civilización, el Estado Benefactor alivia algunos síntomas de la dolencia, a expensas de agravarla poco a poco y de hacerla por fin incurable. Por ejemplo, es una lamentable incomprensión del problema el permitir que los fondos de asignaciones familiares absorban hasta a la familia misma dentro del sistema estatal de bombeo de ingresos.

Falta algo peor. Si el Estado moderno se encarga cada vez más de repartir beneficencia y previsión a todos lados, a beneficio primero de unos, luego de otros, tiene que degenerar en una institución que estimula la desintegración moral y prepara su propia condena final. Nuevamente recordamos la maliciosa definición de Frédéric Bastiat; el Estado moderno calza con ella cada vez más estrechamente. También confirma a Dean Inge, quien con pesimismo veía la política como el arte de birlar dinero de los bolsillos del partido contrario y meterlo en los del partido propio, y ganarse la vida con ello.

No se puede decir que el carácter moralmente edificante de una política que desviste a un santo para vestir a otro sea de inmediato evidente. Pero degenera en un sistema absurdo de bombeo de dinero en dos direcciones, cuando el Estado le roba a casi todo el mundo y le paga a casi todo el mundo, de tal modo que al final nadie sabe si en el juego ha ganado o ha perdido. También convendría no traer a colación la moralidad cuando las injusticias sociales y la política despiadada de los grupos de presión terminan con el derecho al ingreso bien ganado y a la propiedad de los demás, y por tanto en la tributación confiscatoria que todos hemos llegado a conocer bien.

Es cierto, desde luego, que las personas no siempre se dan cuenta de que cuando recurren al Estado para satisfacer sus deseos, sus reclamaciones se pueden cumplir sólo a expensas de los demás. Ya conocemos el sofisma subyacente. Se apoya en la costumbre de mirar al Estado como una suerte de cuarta dimensión, sin detenerse a pensar que su alcancía ha de llenarla el conjunto de los contribuyentes. Un derecho a dinero del Estado es siempre un derecho indirecto al dinero de otra persona, cuyos impuestos contribuyen a la suma que se exige: es una simple transferencia de poder comprador por intermedio del Estado y de sus poderes obligatorios. Es asombroso ver por cuánto tiempo el moderno Estado Benefactor puede oscurecer este hecho natural y simple.

Cuanto más se extiende la aplicación del principio del Estado Benefactor, más se acerca el momento en que la gigantesca bomba aparece como un engaño para todo el mundo y termina por convertirse en un fin en sí misma, lo que a la postre no beneficia a nadie salvo a los mecánicos que se ganan la vida manipulándola, esto es, los burócratas. Ellos, como es natural, tienen interés en oscurecer los hechos. No obstante, existe una circunstancia que debe ayudarnos a comprender cómo este engaño puede funcionar durante tanto tiempo; es el hecho de que pocas cosas han contribuido más al desarrollo reciente del Estado Benefactor que el concepto, nacido de la Gran Depresión, de que la sociedad era inmensamente rica, pero que su riqueza permanecía en potencia mientras la circulación monetaria fuese defectuosa y que podría transformarse en riqueza efectiva mediante el aumento de la demanda real. Así despertada de su letargo, la riqueza sería distribuida con justicia por el Estado Benefactor. Al mismo tiempo, y ésta es una de las conclusiones más populares que se sacan de la doctrina keynesiana, tal redistribución del ingreso aumentaría el consumo masivo y reduciría el ahorro, con lo que sería el mejor medio de asegurar el empleo pleno y de mantener abiertas las fuentes del Estado Benefactor.

Fue la depresión de los años treinta la que estimuló esta fe en una suerte de autofinanciamiento del Estado Benefactor amplio, otra clase de «cuarta dimensión»; y es esta fe únicamente la que puede explicar la temeridad con que se ha descuidado durante tanto tiempo el problema del costo.

Hoy ya pasó el tiempo de las ilusiones. Ha quedado en claro y se sostiene ampliamente, en especial en Gran Bretaña,[11] que si se quiere seriamente poner en práctica el Estado Benefactor, es preciso usar la tributación para impulsar la redistribución del ingreso a todo nivel y hay que recurrir incluso a los grupos de ingresos más bajos para que ayuden a financiar el sistema. La carga de los servicios sociales masivos, que impone el Estado, ya no la pueden sostener los ingresos más altos solos, y hay que colocarla sobre los hombros de las mismas masas cuyos intereses ha de servir el sistema. Esto quiere decir, en gran medida, que el dinero se saca del bolsillo derecho de la gente y se mete en el izquierdo, pasando por el Fisco y las inmensas pérdidas por fricción que con ello se generan. Ahora ha quedado en claro que, bajo el hechizo de esa ilusión de «pobreza en medio de la abundancia», la gente sobreestimó la riqueza potencial aun en el caso más favorable. También ha quedado en claro que hay un precio que pagar, en los costos de una maquinaria estatal cada vez más poderosa, en el entorpecimiento de la voluntad de trabajar y de la responsabilidad individual, y en la triste penumbra de una sociedad en la que el enojo arriba y la envidia abajo sofocan el sentido cívico, el espíritu público, el ocio creativo, las relaciones amistosas, la generosidad y la auténtica comunidad. Lo que queda es la bomba de Leviatán, el insaciable Estado moderno.

El límite último del Estado Benefactor se encuentra, pues, en aquel punto en que su mecanismo de bomba comienza a engañar a todos. Algunas naciones ya han llegado a este punto. Podríamos hacer la pregunta herética de si no estarían mejor todos si se desmantelara el Estado Benefactor, salvo un mínimo indispensable, y si el dinero ahorrado así se dejara a servicios sociales de corte no estatal.[12] La pregunta se hace más urgente por el hecho de que hay dudas legítimas acerca de si la inmensa carga tributaria a la cual contribuyen decisivamente los compromisos del Estado Benefactor, se compadece a la larga con un orden económico libre y si puede continuar sin una presión inflacionaria permanente.

Hay otro aspecto gravísimo de esta situación que generalmente recibe escasa atención. Es que la fraseología social de moda tiende a oscurecer el hecho de que la compulsión directa o indirecta inherente al Estado Benefactor tira a politizar la previsión social. Las consecuencias son evidentes. La previsión contra los riesgos de la vida está a merced tanto de la burocracia estatal como de la pugna política. Así, nuestra época, tan rica en paradojas, alaba como progreso aquello que, en el hecho, acrecienta el poder del Estado nacional. Cuanto más apelemos a la solidaridad de las personas de la misma nacionalidad o del mismo domicilio y cuanto más las fundamos en una «comunidad nacional» dentro de la cual el dinero se transfiere de un lado a otro, tanto más perfectamente vamos a «nacionalizar» al hombre con perjuicio de la libre comunidad internacional de los pueblos y de su solidaridad.

En el siglo XIX Ernesto Renán todavía podía definir a una nación como «un plebiscito de todos los días»; ahora vamos acercándonos al día en que podremos definirla como un fondo de pensiones, un mecanismo de previsión obligatorio en el que pasaporte y certificado de residencia son una póliza de seguro gratuita, una succión de los ingresos «de todos los días». El ahorro y el seguro privado son formas de prevenir riesgos que pertenecen al terreno de la racionalidad económica, el mercado, el derecho privado y la libertad. Aquí no existen fronteras nacionales. El campo de la inversión privada y del seguro es el mundo entero; pero la previsión nacional cae en el terreno de la política, la organización colectivista, el derecho público y la compulsión, y por tanto encierra a las personas tras las rejas del Estado nacional. Los servicios sociales cuya columna vertebral es la compulsión estatal son, en sentido estricto, servicios nacionales, y el seguro social no es sino seguro nacional, salvo, por cierto, que pensemos en un estado mundial, donde alemanes, italianos, argentinos y etíopes participen en un fondo mundial de pensiones.

La lista de las paradojas e ilusiones del Estado Benefactor no se agota todavía. Hay otra circunstancia que merece mención. Muchísimas personas piensan que los impuestos a los ingresos superiores simplemente significan suprimir los gastos en objetos de lujo y que el poder comprador que se retira de arriba se canaliza a fines «sociales» abajo. Es un error elemental. Es obvio que hasta ahora los ingresos más altos (y la mayor riqueza) se han gastado principalmente en fines que interesan a todos. Cumplen funciones de las cuales la sociedad no puede en absoluto prescindir. La formación de capital, la inversión, los gastos culturales, la caridad y el patrocinio de las artes, entre muchas otras. Si hay una cantidad suficiente de personas adineradas y si se encuentran dispersas, entonces es posible que un hombre como Alejandro von Humboldt financie de su propio bolsillo empresas científicas valiosas para todos, o que Justo von Liebig financie sus propias investigaciones. Entonces se hace posible también que haya puestos para profesores particulares y miles de otros peldaños en la escala que pueden trepar los más dotados, cuya diversidad misma hace mucho más probable que aparezca alguna ayuda en alguna parte, en tanto que en el moderno Estado Benefactor su destino pende de la decisión de un solo funcionario o de la suerte de un solo examen.[13]

Si, pues, se aplasta con impuestos progresivos a los grupos de más altos ingresos, es evidente que algunas de sus funciones tendrán que abandonarse y que, como son indispensables, las tomará a su cargo el Estado, aun cuando sólo se trate de mantener algún monumento histórico que solía ser de propiedad privada. En este sentido, al menos, el poder comprador que se retira de arriba no queda a disposición del Estado Benefactor. Hay que reservarlo para pagar, con fondos públicos, aquellos servicios privados que los impuestos han hecho imposibles. Esto anula el objeto del Estado Benefactor. Si éste se atribuyera algún mérito por educar, digamos, a un genio como Gauss a expensas del erario, la respuesta es que en el caso del propio Gauss la tarea se cumplió de manera excelente y nada burocrática, no sólo por parte del Duque de Brunswick sino de muchos otros que hoy en día se verían impedidos de hacerlo por los impuestos del Estado Benefactor, o bien a quienes, en última instancia, no les quedaría estímulo ni ganas de gastar su dinero de ese modo.

En tal caso, entonces, la pérdida de poder comprador de los grupos de más altos ingresos no se compensa con una ganancia de parte de los grupos de ingresos más bajos. El beneficio pasa no a las masas sino al Estado, el cual crece en poderío y en influencia. Al mismo tiempo, se impulsa fuertemente el absolutismo estatal moderno, con su centralización de las decisiones relativas a asuntos importantísimos, como son la formación de capital, la inversión, la educación, la investigación científica, el arte y la política. Lo que solía ser servicio voluntario y personal es hoy, en el mejor de los casos, servicio estatal, centralizado, impersonal, obligatorio, burdamente estereotipado y comprado al precio de la libertad disminuida.

Es inevitable que semejante socialización de los usos del ingreso para funciones de importancia social torne opresivo el clima moral del país. La bondad, el cargo honorífico, la generosidad, la conversación tranquila, el otium cum dignititate, todo aquello que Burke llama por el nombre ahora tan conocido de las gracias no com13pradas de la vida, todo ello se ahoga bajo la mano estranguladora del Estado. Todo, paradójicamente, en un Estado Benefactor, todo se comercializa, todo es objeto de cálculo, todo pasa a la fuerza por la bomba de dinero-ingreso del Estado. Casi nada se hace ya de manera honoraria, porque pocos pueden darse ese lujo: el sentido cívico y el espíritu público se transforman arriba en enojo y abajo en envidia. En tales condiciones, todo lo que se hace se hace profesionalmente y por dinero. Queda un margen más estrecho del ingreso disponible para los dones gratuitos, el sacrificio voluntario, una forma de vida cultivada y cierta amplitud del gasto, y por tal motivo el ambiente no es propicio para la liberalidad, la diversidad, el buen gusto, la comunidad y el espíritu público. La civilización se frustra.

Ésta es una de las raíces de aquel tedio mortal que, como ya hemos tenido ocasión de señalar antes, parece que es rasgo característico del Estado Benefactor avanzado. Otra raíz de este mal está estrechamente relacionada. Es que el Estado Benefactor, al contrario del propósito que proclama, tiende a petrificar la estratificación económica y social, y puede impedir el movimiento entre clases y no facilitarlo. La tributación elevada, especialmente en forma de impuestos a la renta fuertemente progresivos, golpea más duro, con seguridad, aquellos ingresos que son lo suficientemente altos como para permitir que se acumule la riqueza y que se corran riesgos comerciales.[14] ¿No va a ser así forzosamente (y también por muchas otras razones que no cabe analizar aquí) más difícil instalar nuevos negocios y adquirir propiedades? ¿No quiere decir esto que se hace cada vez más difícil para cualquiera trabajar para elevarse por encima del ancho y bajo llano de los ganapanes que no tienen propiedad? ¿Y no resulta también mucho menos atrayente siquiera tratar de hacerlo, especialmente puesto que el propio Estado Benefactor se encarga de una suerte de cómoda alimentación de pesebrera para las masas domesticadas? ¿No es forzoso que esto beneficie precisamente a las grandes empresas? Al mismo tiempo, la vida en semejante país se convierte en algo tan emocionante y entretenido como un juego de naipes en que al final las ganancias se reparten por igual entre los jugadores. En tales condiciones parece tarea inútil la de procurar elevarse uno mismo económica o socialmente, salvo que uno elija ser funcionario, ya sea público o en las grandes empresas. Son los funcionarios los que se convierten cada vez más en los pilares y beneficiarios del sistema, sin excluir al número creciente de funcionarios de las organizaciones internacionales que se multiplican y crecen incesantemente. En tal sentido, entonces, podemos preguntarnos si el Estado Benefactor abierto no contrarresta uno de sus propios propósitos principales. Igual que la pretensión del Estado Benefactor en el sentido de que afloja la estratificación de clases, su pretensión de ser instrumento de igualdad es muy dudosa. Si bien es cierto que procura la igualdad en el sentido que hemos analizado hasta aquí, no lo hace en otro sentido decisivo y enteramente deseable. La redistribución continua y obligatoria del ingreso impulsa indudablemente la igualdad material. Pero ¿a qué precio? Esta política acarrea inevitablemente una creciente concentración del poder en manos de la administración que dirige el flujo de ingreso y esto, no menos inevitablemente, significa una creciente desigualdad en la distribución del poder. ¿Acaso alguien negaría que la distribución de este bien no material, el poder, es incomparablemente más importante que la distribución de bienes materiales, puesto que el primero es decisivo para la libertad o falta de libertad de los hombres?

Decir esto es decir nada menos que el moderno Estado Benefactor, dadas las dimensiones a las que ha llegado o amenaza llegar, es muy probablemente la principal forma de sometimiento del hombre al Estado que existe en el mundo no comunista. El Estado Benefactor no resuelve, o resuelve sólo a medias, los problemas que es su objeto resolver; por el contrario, los torna menos susceptibles de soluciones serias y auténticas. En cambio, hace que el poder del Estado adquiera proporciones gigantescas, «hasta que cada nación se reduce a nada más que un rebaño de animales de trabajo tímidos e industriosos, de los cuales el gobierno es el pastor». Nos obliga a aceptar la idea de que la visión de Tocqueville tiene todas las probabilidades de cumplirse ahora, cien años después.

El Problema de la Previsión Social en una Sociedad Libre

Tenemos, pues, que estar alertas a los graves peligros que esta situación encierra para la salud del Estado, de la economía y de la sociedad, igualmente, y para la libertad, el sentido de responsabilidad y la naturalidad en las relaciones humanas. El deseo de previsión, si bien en sí mismo natural y legítimo, puede convertirse en obsesión, la que en último término hay que pagar con la pérdida de la libertad y de la dignidad humana, aunque la gente lo comprenda así o no. Al final, está claro que quienquiera esté dispuesto a pagar este precio no se queda ni con libertad y dignidad ni con previsión, porque no puede haber previsión sin libertad y protección contra el poder arbitrario. A este precio exorbitante hay que agregar otro, como ya veremos, esto es, la disminución continua del valor del dinero. Con seguridad, cada uno de nosotros tendrá que comprender entonces que la previsión es una de esas cosas que se alejan más y más cuando más desenfrenada y violentamente las deseamos.

Podemos contrarrestar estos peligros solamente si nos negamos a dejarnos arrastrar por la corriente. Ante todo debemos precavernos de las frases turbadoras. Una de las más peligrosas y seductoras es aquella de verse «libres de necesidad», inventada por el difunto Presidente Roosevelt, aquel maestro de la frase alucinante, dentro de la conocida lista de las cuatro libertades.

Basta con que pensemos un poco para darnos cuenta de que se trata, en primer lugar, de un mal uso, demagógico, de la palabra «libres». El estar libres de necesidad no significa sino la ausencia de algo ingrato, algo así como estar libres de dolor o de lo que se nos ocurra. ¿Cómo podría compararse esto con la auténtica «libertad» como uno de los conceptos morales supremos, lo opuesto a la compulsión impuesta por otros, lo que se quiere decir en las expresiones libertad personal, libertad de opinión y otros derechos de libertad sin los cuales no podemos concebir la conducta verdaderamente ética y la aceptación del deber? Un prisionero está totalmente «libre de necesidad», pero se sentiría con razón objeto de burla si le mostráramos esto como libertad auténtica y envidiable. Haríamos bien en negarnos a seguir a este flautista con su melodía de «libres de necesidad» hasta llegar a un estado que nos roba la libertad verdadera en nombre de la falsa y donde, sin saberlo, nos distinguimos apenas del prisionero, salvo que quizá no haya escapatoria de nuestra prisión, el Estado totalitario o cuasitotalitario.

Si proseguimos con esta línea descubrimos algo extraño. Lo cierto es que lo que se quiere decir al hablar de estar «libres de necesidad» es prácticamente inseparable de la compulsión, esto es, lo exactamente opuesto a la libertad. La razón es la siguiente.

Estar necesitado significa encontrarse en una situación, por cualesquiera razones, en la cual carecemos de los medios de subsistencia y estamos incapacitados para procurarlos con ingresos corrientes, porque estamos enfermos o cesantes o en quiebra, o porque somos demasiado jóvenes o demasiado viejos. Nos vemos libres de esta necesidad solamente si podemos disponer de medios de una fuente distinta de nuestra producción corriente. Hay, pues, que proveer para que podamos consumir sin producir al mismo tiempo.

El caso más simple y menos problemático es aquel en que consumimos lo que hemos guardado de nuestra producción anterior. Un ejemplo importante es el de poseer una casa, construida o adquirida en mejores tiempos, que nos proporcionará el bien vital del abrigo también en los tiempos malos. Pero aparte de eso, la costumbre de acumular bienes en prevención de tiempos de necesidad no es lo habitual, ni en el individuo ni en la sociedad. No es, de hecho, lo que ocurre en nuestra sociedad altamente diferenciada. Si hemos guardado dinero y ahora lo usamos, no es lo mismo que si comemos la mantequilla y la manteca producidas anteriormente, que nos aguardan en algún almacén. Al contrario, tales almacenes serían síntomas de graves perturbaciones en el flujo circular de la economía. El consumo de nuestros ahorros significa normalmente que se nos mantiene con la producción actual en virtud del derecho que tenemos a ella por haberlo adquirido con nuestro esfuerzo productivo Anterior, certificado por la sociedad por medio del dinero. En otras palabras, en tiempos de necesidad vivimos consumiendo lo que otro produce y no consume. Si dejamos de lado por el momento ciertas reservas y refinamientos sobre los cuales volveremos más adelante, esto es lo que significa la ayuda en el marco de la sociedad en su conjunto: el trabajo contemporáneo también produce en favor de quienes, en circunstancias de privación, consumen sin producir.

Con qué derecho los necesitados se nutren del flujo actual de la producción es cuestión muy distinta. El seguimiento de esta cuestión nos lleva a una encrucijada donde un brazo del poste señala el Estado Benefactor.

Las emergencias se pueden suplir ya sea con la providencia del propio individuo o bien con ayuda extraña. Es providencia propia si yo, con mi propio esfuerzo y bajo mi propia responsabilidad, he hecho provisión para las vicisitudes de la vida por medio del ahorro o del seguro; es ayuda extraña si yo traspaso esta carga a otros. La ayuda extraña puede ser voluntaria; puedo, por ejemplo, pedir prestado o aceptar la caridad, o el apoyo de mi familia, o de algún otro grupo, el cual, a su vez, cuenta conmigo cuando algún otro miembro necesita ayuda. En caso contrario, es obligatoria, y como esta obligación no sería de otro modo necesaria, se la considera una carga impuesta por el poder del Estado. Esto se expresa bien en el nombre mismo de «cargas sociales», las que, en la práctica, no se distinguen de la carga tributaria.

Ahora bien, es evidente que el lema «libres de necesidad» no tiene el carácter de un llamado a ser previsores, a ahorrar y asegurarse. No lo entendieron así, en este sentido de buena dirección doméstica, ni Roosevelt ni las masas. Lo que se da a entender es la ayuda extraña, no voluntaria sino obligatoria y en gran escala. Pero en ese caso todo lo que estar «libres de necesidad» significa es que algunos consumen sin producir mientras que otros producen y se ven obligados a renunciar a consumir una parte de su propia producción. Ese es el hecho escueto y elemental.

Ello justifica tres conclusiones. Primero, vemos una vez más cuán insensata es la idea de una suerte de cuarta dimensión, de un cuerno de la abundancia de cuyo interior se puede satisfacer cualquier reclamo de cualquier clase que pida ayuda debido a necesidad real o ficticia. No se puede repetir con demasiada frecuencia que lo que se da a uno hay que quitarlo a los demás, y que siempre que decimos que el Estado debe ayudarnos, estamos exigiendo el dinero, las ganancias o los ahorros de otro.

Con esto llegamos al segundo punto. Si es verdad que el moderno Estado Benefactor no es sino un sistema de providencia obligatoria organizada por el Estado y en constante crecimiento, es obvio que debe competir con las otras formas en que una sociedad libre se provee a sí misma: la autoprovidencia mediante el ahorro, el seguro y la ayuda voluntaria procedente de la familia y del grupo. Cuanto más se extiende el sistema obligatorio, tanto más invade la zona de la autoprovidencia y de la ayuda mutua. La capacidad de proveer para uno mismo y los miembros de la familia o de la comunidad disminuye y, lo que es peor, disminuye también la disposición a hacerlo. Peor aún, es demasiado claro que no hay cómo detenerse en este camino, porque cuanto menos capaces y dispuestos se encuentren los ciudadanos del Estado Benefactor para proveerse ellos mismos y ayudar a otros, tanto más urgente se torna la demanda de mayor crecimiento de la providencia masiva pública, lo que conduce a disminuir más aún la capacidad de proveer para uno mismo y ayudar a los demás, y la disposición a hacerlo. Es otro círculo vicioso más.

Esto constituye otra advertencia urgente de que no debemos permitir que el Estado Benefactor se desarrolle hasta su punto crítico. Si, lamentablemente, ya se hubiera llegado a tal punto, entonces debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para obtener una contracción de dicho Estado Benefactor desproporcionado y para ampliar el alcance de la autoprovidencia y de la ayuda voluntaria, a pesar de la fuerte resistencia política y social. El ensanchamiento de este alcance es una de las primeras tareas de hoy si queremos tener una sociedad sana y bien equilibrada. Sin duda que no hace falta insistir más en esto; estamos en la encrucijada de una sociedad libre y precolectivista.

El camino que debemos seguir está claramente trazado: no más Estado Benefactor sino menos; no menos autoprovidencia y ayuda voluntaria sino más. Y aquí llego a mi tercer punto. No podemos, hoy en día, prescindir de cierta cantidad de instituciones estatales obligatorias de previsión social. Las pensiones de vejez, los seguros de salud, seguros de accidentes, montepíos, subsidios de cesantía, tiene que haber cabida para todos éstos en nuestro concepto de un sistema de previsión social sano en una sociedad libre, por poco entusiasmo que sintamos por ellos. No es el principio el que está en tela de juicio, sino el alcance, la organización y el espíritu.

El alcance, la organización y el espíritu de aquel mínimo de providencia pública obligatoria dependerán principalmente del propósito que se tenga. Aquí es donde las opiniones terminan por dividirse. Se trata del enfoque personal contra el colectivista, la libertad contra la concentración del poder, la descentralización contra el centralismo, la espontaneidad contra la organización, el criterio humano contra la técnica social, la buena dirección responsable contra el hombre-masa irresponsable. Luego de todo lo que hemos dicho, no necesitamos sin duda ni precisar nuestra opción ni justificarla. No se debe abusar del propósito de la providencia pública obligatoria mínima para instituir un sistema general destinado a cuidar de todos los ciudadanos y una organización de previsión social omnipresente.

Menos aún debe tomarse el problema de ayudar a los débiles y desvalidos como pretexto para nivelar todas las diferencias de ingreso y riqueza. No hace falta que repitamos adonde conduce ese camino. Es el camino de la revolución social, con todas sus consecuencias de largo alcance.

Si rechazamos todo esto, nuestro propósito sólo puede ser el de prestar apoyo a los verdaderamente débiles y desvalidos para que no se conviertan en menesterosos; ni más ni menos. Esta ayuda debe ser subsidiaria solamente, para suplir allí donde los recursos propios del individuo o la ayuda voluntaria resulten insuficientes; no debe convertirse en la forma normal de satisfacer la necesidad de previsión.

El nivel adecuado no se excede mientras dicha providencia pública no debilite el impulso hacia la autoayuda voluntaria y ayuda de grupo para complementar el mínimo absoluto de subsistencia. La experiencia de Suiza y de los Estados Unidos señala que, pese a la introducción del seguro obligatorio amplio de vejez, el total de ahorros y de seguros de vida particulares ha subido notablemente. Esto prueba que es posible llegar a una situación tan conveniente, en tanto que Gran Bretaña y los países escandinavos, que son modelos del Estado Benefactor extremo, ofrecen ejemplos descorazonantes de lo contrario.[15]

Las anteriores consideraciones sin duda dejan una cosa absolutamente en claro. Y es que el problema de la previsión social en una sociedad libre no es principalmente un problema técnico de previsión social ni de administración social, menos aún de conveniencia política, sino un problema de filosofía social. Antes de ocuparnos de las matemáticas actuariales debemos tener una imagen clara de lo que queremos decir al hablar de una sociedad sana. Sólo entonces sabremos de qué lado poner el acento: si hemos de reforzar los recursos del individuo, su sentido de responsabilidad y de economía, junto con la solidaridad natural de los grupos pequeños, sobre todo de la familia, o bien si hemos de dar un impulso aún mayor a la ya casi irresistible tendencia moderna hacia el colectivismo, la omnipotencia del Estado, la organización mecánica y la tutela del hombre. Una vez que consideramos la dirección en la cual nos movemos en ambos casos, tiene que ser evidente que en última instancia la opción queda entre el individuo y la familia por una parte, y el colectivismo por la otra, o bien, para decirlo sin ambages, entre el ambiente de libertad y lo contrario. El mirar lo dicho como una frase vacía es no comprender lo que está en juego en este momento.

Sería frivolo desentenderse de estas consideraciones. Son necesarias si queremos saber en qué dirección avanzamos cuando tomamos decisiones sobre asuntos técnicos concretos de política social. Podemos pensar que no nos será posible evitar muchos pasos en la dirección errada, pero al menos debemos darlos con renuencia, a sabiendas de que estamos aceptando un mal necesario y que cada paso adicional por ese camino acrecienta el peligro. Por cierto que no debemos dar pasos semejantes sin tener una idea muy clara y firme de lo que es la regla y lo que es la excepción, cuál es la norma acertada y cuál la desviación posiblemente tolerable. Si nos preocupan seriamente las fundaciones últimas de nuestra civilización, nuestra regla y norma y nuestro ideal aceptado con alegría debería ser la previsión mediante el esfuerzo y la responsabilidad individuales, complementados con la ayuda mutua. Es el ideal de la «casa en orden» y no podemos abandonarlo sin estremecer los cimientos mismos de una sociedad libre y sin hacer que la diferencia que la separa del comunismo no sea nada más que cosa de grado.

En ningún caso debemos dejarnos engañar por el argumento de que en nuestros tiempos ya no es posible dar primer lugar a la auto-providencia y la ayuda mutua voluntaria, y reducir la providencia pública a un mínimo subsidiario. Esto se llama derrotismo y no gana en persuasión por el hecho de estar generalmente vinculado a un desagrado apenas disimulado hacia la primera forma de proceder. Pertenece a la categoría de la falsa resignación, la que, al capitular frente a hechos supuestamente inmutables, contribuye a su propia justificación. Si partimos del argumento de que en estos tiempos el problema de la previsión social de las masas se puede resolver únicamente por medio de la acción colectiva y obligatoria y que cualquier ensanchamiento de la zona privada es ilusorio, vamos a terminar cargando tanto al sistema obligatorio que las masas, agobiadas como están con cotizaciones e impuestos correspondientemente altos, y liberadas de toda preocupación por su porvenir, ni podrán ni querrán proveerse a sí mismas. Si el sistema obligatorio es lo bastante amplio y completo, es fácil denunciar triunfalmente a la providencia propia como un castillo en el aire. Pero todo lo que con ello se pruebe es el hecho ya conocido de que el Estado Benefactor tiene una tendencia fatal a meterse en un círculo vicioso del cual debemos escapar.

Sería asombroso que nadie hubiera pensado en declarar que la autopro videncia de las masas no sólo no tiene destino sino que es catastrófica para la economía. Se ha dicho, efectivamente, que nuestro sistema económico moderno no puede de ninguna manera digerir tanto ahorro. Si el «ahorro excesivo» no ha de sumir a la economía en la deflación, la depresión y el desempleo, el capital acumulado de este modo se debe absorber por inversión. Pero ¿a dónde están las oportunidades de inversión en la escala que se presume? Nuestra respuesta es que ésta es una exageración seudokeynesiana y una sobresimplificación. Es una lástima que no sabemos lo que el propio Keynes hubiera dicho, como presidente de una compañía de seguros, acerca de esta tentativa de oponer su teoría al esfuerzo de las personas por mejorar su situación mediante el ahorro y el seguro.

En primer lugar, este argumento soslaya el hecho de que si ha de ser posible la práctica de la providencia propia, ello presupone la existencia de ingresos medios altos derivados de una elevada productividad nacional. Esto, a su vez, presupone un genuino crecimiento económico no batido artificialmente por la inflación, y semejante crecimiento depende de la inversión proporcionalmente grande, la que, si se ha de evitar la inflación, hay que sufragar con verdadero ahorro. Si, pues, la creciente autoprovidencia conduce a una mayor tasa de ahorro, tenemos necesidad urgente de aquellos ahorros adicionales, con miras a evitar una situación en la cual los elevados ingresos de las masas, como debemos suponerlos por definición, no descansen en la precaria base de la inversión inflacionaria. Además, como ya lo he dicho antes, una parte nada despreciable de la auto- providencia se produce en una zona en que la cuestión del equilibrio entre ahorro e inversión ni siquiera se presenta, a saber, cuando las personas compran una propiedad que consiste en una casa con jardín, la que constituye una de las formas más importantes y deseables de autoprovidencia. En este caso es sin duda absurdo hablar de equilibrio entre ahorro e inversión.

Tomando un ejemplo concreto, un país como Alemania ganaría mucho si alcanzara el grado de autoprovidencia común en Suiza o en los Estados Unidos. Pero en ambos casos el problema es de inflación, no de deflación. Aun cuando Suiza es el país clásico de los ahorrantes, asegurados y fondos de pensión privados, el ahorro es insuficiente para contener las tendencias inflacionarias y para financiar proyectos de inversión. La cantidad desusadamente elevada de ahorros que hay en Suiza no ha originado ningún problema relativo a cómo impedir que la inversión vaya a la zaga del ahorro y por ende desencadene tendencias deflacionarias. El propio problema es, pues, un seudoproblema que puede meternos al corral de un sistema estatal obligatorio de previsión social. En la medida en que el ahorro ha cundido en Suiza y en los Estados Unidos junto con el crecimiento de la economía, este mayor ahorro es al mismo tiempo la condición de un mayor crecimiento no inflacionario.[16]

A veces se aduce otro argumento. Y es que un sistema estatal obligatorio de previsión social tiene una gran ventaja sobre la providencia propia, por cuanto no necesita una acumulación previa de capital y sólo le hace falta reunir cada año los medios necesarios del momento, con lo que vive al día. ¿Acaso esto no es mucho más barato, se dice, y por tanto, no permite la existencia de beneficios sociales mucho más amplios y generosos para las masas?

Este sencillo procedimiento, que se ha dado en denominar método del pago al día, se puede aplicar también a la ayuda mutua entre grupos pequeños, pero en la gran escala que se necesita para los servicios sociales masivos, está evidentemente reservado al Estado, con sus poderes de compulsión. No obstante, lo dicho dista mucho de ser una ventaja. No basta apelar al principio elemental de que todo pago social hay que cubrirlo siempre, en realidad, con la producción corriente. Cabe destacar otro aspecto, el que agrega una reserva importante a un axioma que ya mencionamos: la medida de la producción corriente está influenciada decisivamente por la inversión previa y, a menos que esta inversión haya de tener efectos inflacionarios, por regla general hay que solventarla con ahorro.

Por tanto, un sistema de pensiones apoyado en la acumulación de capital hace una contribución significativa a la formación de capital nacional como factor determinante del producto nacional. Así el sistema tiende a acrecentar el fondo nacional de bienes con el que se hacen los pagos sociales, traducidos en bienes. En cambio, el sistema de pago del día cerraría esta fuente de formación de capital y, a menos que se pueda encontrar un sustituto, estorbaría el crecimiento del producto social. No obstante, cuanto más amplio sea semejante sistema, menos se puede contar con un sustituto. Ya es bastante perjudicial que los fondos de previsión social puedan dañar las formas auténticas y tradicionales de la autoprovidencia, y por ende la formación de capital, pero al menos llenan la brecha con una suerte de ahorro colectivo. Es difícil pensar en una combinación peor. Pero en una democracia masiva existe una tentación extraordinaria de elegir este método, porque ofrece la posibilidad de organizar un sistema amplio y generoso de pagos sociales sin la incómoda limitación de la cobertura de capital. La tentación es tanto más grande puesto que con este sistema es posible también ajustar los pagos sociales corrientemente a los aumentos de precios y salarios debidos a la inflación crónica. Los políticos alemanes sucumbieron últimamente a esta tentación, a pesar de las advertencias en contrario. Es un signo alarmante de los tiempos. Sobran motivos para prever que pronto se seguirá este ejemplo en otros lugares.[17]

La idea de que las leyes económicas excluyen la posibilidad de que las masas provean a sus propias necesidades mediante la acumulación de propiedad, y de que estas mismas leyes económicas hacen de esta autoprovidencia privilegio de unos pocos, podía crecer sólo en el terreno del key- nesianismo popular. Esto lo analicé en más detalle en mis artículos «Probleme des kollektiven Altersversicherung» (Frankfurter Allgemeine Zeitung, febrero 25,1956) y «Das Problem des Lebensvorsorge in der Freien Gese\\schaft» (Individualund Sozialversicherung als Mittel der Vorsorge (Bielefeld 1956)), y tengo el agrado de citar ahora el análisis claro y cuidadoso de Hans Willigerodt, «Das Sparen auf der Anklagebank der Sozialreformer», Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft (1957), 175-98. Nótense también sus comentarios sobre el sistema de pago al día, con los que estoy enteramente de acuerdo.

Sin embargo, consideraciones como éstas, si bien son necesarias y no hay que soslayarlas sólo por sus aspectos técnicos, muestran una peligrosa tendencia a ocultar a los ojos las cuestiones más amplias que nunca hay que perder de vista en ningún análisis del desarrollo del moderno Estado Benefactor. ¿Quizá convenga volver sobre estas cuestiones una vez más, aunque sólo sea para redondear el argumento acentuándolas. Es preciso aclarar, sobre todo, dos ideas.

La primera ya la conocemos. Es imposible aprehender cabalmente lo que está hoy en juego sin tener siempre presente que el sistema al que se ha dado en llamar Estado Benefactor va alterando nuestra sociedad en una dirección particular: en nombre de la igualdad y la mediocridad está estrangulando todo lo que suba del promedio. Nos movemos hacia una situación en la que al «hombre común» se le quitan sus responsabilidades y al «hombre poco común» se le priva de su entusiasmo. Pero como la capacidad superior al promedio es la condición real de la producción y es al mismo tiempo tan escasa que necesita el cultivo y el estímulo más cuidadoso, no es difícil percibir cuál es el destino que nos estamos preparando. La perspectiva se oscurece más aún por el hecho de que los dueños del imperio comunista tienen la astucia suficiente para estimular y recompensar lo mejor que pueden la capacidad superior al promedio. Lo que Charles Morgan escribió hace algunos años no ha perdido nada de su pertinencia hoy: «El crimen central contra una sociedad empobrecida como lo ha sido la nuestra no es en absoluto el de ser más felices o más capaces o más saludables o más emprendedores que otros, sino el de ser una mediocridad dependiente que se ceba en el Estado.»[18]

La otra idea se puede expresar con una simple imagen. Imaginémonos que estamos contemplando una de las obras más grandiosas del arte occidental, las pinturas del Tintoretto en las paredes y el cielorraso de las alas de la Scuola de San Rocco, en Venecia. Esta era una de aquellas fraternidades benéficas que en su tiempo y a su manera resolvían el problema de ayudar a los pobres y sin las cuales la ciudad lacustre apenas hubiera sobrevivido mil años sin una revolución. La abnegación de los frailes se vio equiparada con la del artista, de quien es fama que no cobró nada por su inmensa obra.

Supongamos ahora, con fines de argumentación, que hoy existiera un pintor del calibre del Tintoretto. ¿Podemos imaginarnos a una autoridad del Estado Benefactor que le pidiera que le decorase sus oficinas? ¿Y podemos imaginarnos al Tintoretto, absorto en su tarea, pintando su magna obra con abnegada devoción a la gloria de Dios, a la belleza y al amor del hombre?

Son preguntas crueles. Pero es que somos nosotros los que tenemos el moderno Estado Benefactor.

El Estado Benefactor en el Plano Internacional Sea ello como fuere, sigue en pie que cualquiera sea nuestra opinión del Estado Benefactor, los problemas que éste trata de resolver son muy reales. Existen los económicamente débiles, a quienes han de ayudar los económicamente fuertes; existen los pobres y los ricos, entre quienes no debe haber un abismo. Si lo dicho vale para los individuos, ¿por qué no para las naciones enteras? ¿Acaso no hay naciones «pobres» y naciones «ricas», otras «económicamente desposeídas» o «privilegiadas», y acaso la discrepancia que existe entre ellas no puede ofrecer motivos plausibles para reclamar una «igualación» como la que respalda al Estado Benefactor? ¿Por qué, entonces, no tener un Estado Benefactor a escala internacional, en que unas naciones dan, voluntaria u obligatoriamente, y otras reciben?

La idea es tentadora y no tiene nada de nuevo. La conocimos hace unos veinte o treinta años en las frases fascistas o nazis sobre los que tienen y los que no. Recordamos la violencia con que Mussolini lanzó la que él llamó lucha de clases de los pueblos proletarios contra los pueblos satisfechos y poseedores, y con que los nazis reclamaban espacio vital para ellos.[19] En esa época fueron las naciones industrializadas y avanzadas las que insistieron en su derecho a una parte equitativa de los recursos de materias primas y las zonas de colonización de los países subdesarrollados; hoy son estos últimos los que han adoptado el grito de guerra de la «justicia social» internacional. En tales países y en el mundo occidental el desarrollo económico de las regiones subdesarrolladas se ha convertido en el lema que se repite con más fuerza que ningún otro de los que escuchamos hoy, no hay cómo equivocar las fuertes inflexiones emocionales que son un rasgo tan conocido del Estado Benefactor nacional.[20]

El derecho a acortar la delantera en riqueza que otros han establecido y el deseo de igualación en el bienestar de naciones completas se expresan en el mismo tono que los reclamos de los «desposeídos» contra los «privilegiados», los que, a nivel nacional, han conducido al concepto y a la creación del Estado Benefactor. Ningún observador atento del análisis actual sobre el desarrollo de los países subdesarrollados puede dejar de impresionarse con el tono de demanda, desafío y queja que emplean los que se sienten «desheredados», con la nota de envidia por su lado y la de «conciencia social» y temor a la envidia y al resentimiento (y su explotación por el comunismo) por el otro. No causa extrañeza que en tales circunstancias el programa del desarrollo económico de las regiones subdesarrolladas encuentre, en el mundo occidental, sus más fervientes partidarios entre quienes, en sus propios países, abogan por el Estado Benefactor, la planificación económica, la socialización y las políticas inflacionarias. El desarrollo de los países subdesarrollados se ha convertido en una de las canchas más importantes para los campeones de estas ideologías.[21]

Nuestra primera respuesta es que la analogía no tiene asidero. No es posible equiparar naciones e individuos sin caer en aquel sofisma tan corriente que A. N. Whitehead denomina la «falacia de la concreción desubicada» o el antropomorfismo político.[22] Además, aquí no se trata de provisión para el futuro ni de seguridad social contra riesgos; lo que está en juego es el derecho de los que tienen menos éxito económico a las riquezas de los que tienen más éxito. Los defensores de esta idea tienen en mente, no los aspectos legítimos sino los aspectos ilícitos y revolucionarios del lema del Estado Benefactor, pero carecen de la honradez suficiente para manifestarlo claramente. Tampoco reconocen que semejante igualación internacional de la riqueza podría lograrse por el único medio de la coerción por parte de un Estado supranacional. Si reflexionaran sobre esto tendrían que reconocer que sería utópico contar con la creación de un gobierno mundial. Pero nuestra objeción de más peso es quizá que ellos no comprenden bien los problemas que encaran los países subdesarrollados.

¿Qué significa el desarrollo económico en un país subdesarrollado? La definición no es fácil. Tal vez la mejor manera de expresarla sea la siguiente: esos países procuran repetir el proceso de crecimiento económico que Gran Bretaña fue la primera en alcanzar, en la época de la revolución industrial, y que desde entonces se ha producido en un país tras otro. Ahora comenzamos a tener una visión más clara que antes de la naturaleza de tal proceso. Ante todo, estamos empezando a entender cuán difícil tiene que ser el comienzo y cuántos sacrificios acarrea, y cuán amplia es la diversidad de las condiciones que determinan el ritmo y el éxito del desarrollo. En la época de los inicios del capitalismo en Inglaterra y más tarde en los demás países industrializados de Europa, en los Estados Unidos, Canadá y todos los demás países, incluso Rusia, las principales interrogantes eran las siguientes: ¿dónde encontrar el capital necesario? ¿Dónde encontrar los obreros que la industria necesita? ¿De dónde conseguir el espíritu empresarial, con su iniciativa y su liderazgo industrial, indispensables para el despegue a las formas dinámicas de la economía industrial moderna? ¿De dónde ha de venir la experiencia técnica, a todas luces igualmente indispensable? Y por último, ¿dónde encontrar los excedentes agrícolas con que alimentar a la creciente población industrial y urbana?

La nación pionera de la economía industrial moderna, Gran Bretaña, tuvo las mayores dificultades en todos estos aspectos, porque tuvo que depender de sus propios recursos. Lo dicho vale particularmente para el problema que encierra la primera de nuestras interrogantes, a saber, el problema de la acumulación de capital para poner en movimiento el desarrollo económico. La tarea era nada menos que la de realizar la «partida crítica» del desarrollo económico sin un influjo apreciable de capital foráneo y apelar a los recursos propios del país para acumular el capital necesario para construir máquinas y fábricas, ferrocarriles y puertos, y demás inversiones. Esto se podía lograr únicamente a costa de restringir el consumo de un pueblo que, en ese momento, todavía era pobre, y a costa de otras cargas, padecimientos y sacrificios. El precio de la «partida de capital», de aquel ángulo agudo necesario que eleva bruscamente la curva de oferta de capital, en un momento en que los frutos del desarrollo, en forma de un producto social creciente, no han madurado aún, fue en Inglaterra una situación que nos hemos habituado a describir como la miseria de los inicios del capitalismo, hábito debido a la influencia de la propaganda marxista y a un sesgo en la tradición de la economía teórica que recién se viene superando.

Pero no es preciso irse al extremo opuesto. Pese a toda la luz que los historiadores modernos han arrojado sobre este período, él fue más que sombrío.[23] Con todo, se impone una reflexión seria. Ahora, cuando este proceso de «industrialización autárquica» se repite en muchos de los países subdesarrollados, comprendemos mejor que antes que un período de restricción, al menos relativa, del consumo masivo, con el fin de obtener un aumento rápido en la formación de capital interno, es condición indispensable para el desarrollo económico de un país que no puede contar con ayuda externa en forma de capital. En Inglaterra el capitalismo tuvo, por decirlo así, que padecer hambre para surgir, y no es extraño que la revolución industrial británica no se asociara de inmediato con aquel crecimiento de los ingresos masivos que se esperaba de los nuevos milagros técnicos. Lo que resulta asombroso es solamente la celeridad con que aun el país pionero de la industrialización logró, a despecho de inmensas dificultades, pasar más allá de la «partida crítica», elevar constantemente la situación de las masas y mejorar aquellas condiciones de trabajo tan agobiantes en sus comienzos. Todo ello se realizó sin las espantosas y prolongadas privaciones del comunismo ruso, sin campos de trabajos forzados, policía secreta ni pelotones de fusilamiento.

La referencia al comunismo ruso nos trae al punto esencial. Por difíciles que hayan sido los comienzos en Inglaterra debido a que el problema central del suministro de capital hubo que resolverlo con los propios esfuerzos del país, las naciones que siguieron el ejemplo de Inglaterra experimentaron muchas menos dificultades. Tengo en mente el desarrollo de Europa occidental y central, los Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Argentina y Canadá. En ellas el desarrollo económico se vio facilitado por el hecho de poder recurrir a la acumulación de capital y a la experiencia económica y técnica de los primeros países industriales, Inglaterra y los que la siguieron inmediatamente, con la sola exigencia de que se cumplieran las demás condiciones del desarrollo económico que señalamos en nuestra lista de interrogantes. Así ocurrió, en la gran mayoría de los casos.

Todo sucedió quedamente, sin que nadie hiciera de ello un gran «problema», sin organizaciones internacionales, programas, conferencias, comités ni funcionarios, sin remordimientos de conciencia moral ni política, de parte de los países desarrollados, y sin temor a las posibles consecuencias de una ayuda insuficiente, y también sin aquella mezcla de súplicas, amenazas y chantaje con que los países subdesarrollados apelan a la conciencia y al miedo. Nadie soñó con adoptar una actitud de compasión hacia los pobres diablos de las praderas norteamericanas, del interior de Australia o de las pampas argentinas, con confianza en su capacidad y buena fe, se les prestaba dinero al cinco por ciento y se estimaba que el negocio era bueno para ambas partes. Pero una cosa, por cierto, se daba por supuesta y como tal ni siquiera se ponía en discusión, esto es, la existencia de todo un cuerpo de condiciones e instituciones que justificaban esa confianza y formaban un vínculo libre y firme entre países desarrollados y subdesarrollados: la libertad de movimiento internacional de bienes, capitales, personas e ideas, el imperio de la ley, la economía de mercado, el respeto por el dinero y todo lo que ello significa.

El comunismo ruso fue el primer gran ejemplo del hecho de que un país en desarrollo que opta por un sistema económico y social incompatible con las condiciones para ese libre flujo de ayuda desde los países desarrollados hace imposible dicha ayuda. Si semejante país insiste en el desarrollo económico se condena a la vía extraordinariamente difícil de la industrialización autárquica al estilo inglés. Los maestros del Kremlin pensaron por un tiempo que podían escapar a esta lógica inexorable, pero el primer Plan Quinquenal de Stalin demostró que la habían seguido. El comunismo ha significado no sólo la dura necesidad de realizar la partida crítica mediante las privaciones de los consumidores y campesinos rusos, sino también la elección de un método, el colectivista, con el cual los padecimientos del «autofinanciamiento» nacional del desarrollo se ven agravados desmesuradamente por la debilidad inherente de un orden económico colectivista.

¿Qué es la miseria de los inicios del capitalismo británico en comparación con los inmensos sacrificios del experimento soviético? Los ingleses tuvieron que aguardar algún tiempo el aumento de la prosperidad masiva y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, pero ¿qué es esto comparado con los largos sufrimientos, que todavía continúan, de las masas en el Estado comunista? Tampoco debemos olvidar que el método autárquico y colectivista de Moscú hizo mucho más difícil la solución de otro problema del desarrollo, a saber, el problema de alimentar a la creciente población industrial y urbana. En Inglaterra y en los demás países occidentales, el desarrollo fue acompañado de un aumento constante y considerable en la producción agrícola, y al mismo tiempo, la economía mundial libre permitió que la producción de las vastas zonas nuevas cultivadas del Nuevo Mundo sirvieran para alimentar a los países industrializados; pero en la Rusia soviética los métodos económicos comunistas condujeron a un deterioro de la agricultura que aun ahora, al parecer, no se recupera, si hemos de juzgar por las estadísticas rusas y las observaciones de los gobernantes de Moscú.

Los países subdesarrollados de hoy tienen que decidir si van a resolver el problema clave del suministro de capital de acuerdo con el método internacional y mercadista de Occidente o con el colectivista y autárquico de Moscú. Con el primero, el problema se resolverá de la manera que ha sido normal y natural hasta ahora, y que todavía lo es en el caso de un país como Canadá, esto es, mediante el flujo libre y espontáneo de capital extranjero. Pero si las propias políticas de nacionalismo y socialismo de estos países destruyen las condiciones de esa oferta de capital, no tienen derecho a quejarse por su ausencia, menos aún a reclamar la caridad internacional.

De esta manera tales países subdesarrollados se colocan en una posición desde la cual claman con tanto más estridencia y urgencia por el tipo de ayuda de capital que podríamos llamar política y que corresponde al concepto de un Estado Benefactor internacional. Si los particulares de los países occidentales no tienen la suficiente confianza en el gobierno de un país subdesarrollado para entregarle, motu proprio, sus ahorros, entonces estos particulares deben entregar esos ahorros por la fuerza, por intermedio de sus propios gobiernos, sin recompensa ni esperanza de reembolso, impelidos y aplaudidos por funcionarios internacionales que, por su parte, no pagan impuestos.

Si un país subdesarrollado no obtiene acceso a la fuente de los mercados extranjeros de capital debido a sus propias políticas nacionalistas y socialistas, entonces debe buscar un suministro de capital político. El dinero que no fluye libremente hay que bombearlo con conferencias diplomáticas, propaganda y amenazas abiertas o disfrazadas, aun bajo pena de que el flujo pueda evaporarse o desaparecer en el calor de las mismas pasiones que ya secaron la fuente original. Cuando resulte imposible recurrir al mercado y a los inversionistas privados, hay que movilizar a los gobiernos de Occidente y por su intermedio a los contribuyentes.

Esta es la escueta situación a la que se puede reducir la confusa multiplicidad de acciones en este campo. Muchos países subdesarrollados se niegan a satisfacer las condiciones necesarias para que haya un flujo voluntario de capitales de Occidente. Se reservan para sí toda suerte de derechos y mecanismos, tales como la tributación, la expropiación, el control de cambios, la expulsión de técnicos extranjeros, la discriminación ante la ley, etc., y se niegan a pagar intereses, dividendos ni sueldos, sin cuyo precio ninguna ayuda de capital se puede ofrecer, aun en el mejor de los casos. Con tanto más apasionamiento estos países proclaman su derecho a recibir ayuda por nada y mediante la compulsión que los gobiernos de Occidente tienen que imponer a sus contribuyentes para reunir el capital necesario. Con la misma lógica demente, las sumas exigidas se hacen cada vez más fantásticas.

En tales condiciones es más que nunca necesario destacar los hechos graves que privan de base a este concepto de un Estado Benefactor internacional. Aquellos países subdesarrollados que, por sus políticas y principios en asuntos económicos y sociales, crean las condiciones necesarias, el ambiente favorable, para la inversión privada, obtienen capitales de Occidente por medio del mercado. Esta especie, afortunadamente, no se ha extinguido aún. Los otros, los que no crean dichas condiciones, no tienen derecho a quejarse de las consecuencias. Con su pan se lo coman. Si un país recurre a medios políticos para obtener ayuda de capital con súplicas, desafíos o amenazas, no puede invocar el argumento de la necesidad. Si orienta sus políticas por la estrella del nacionalismo y el socialismo, y persiste en ello, tiene que pagar el precio. Si no quiere pagar el precio, tiene que cambiar sus políticas.

Esa es la clara alternativa. No debemos dejar que se oscurezca por más tiempo, ni siquiera por referencia a ciertos hechos innegables que distinguen a muchos de los países subdesarrollados de hoy, de los casos normales del pasado. Cierto es que algunos de los más importantes entre los países subdesarrollados sufren de una sobrepoblación sin precedentes, pero ello no es motivo para que, además, adopten políticas que espantan al capital extranjero y así empeoran la situación. Egipto es un ejemplo y una advertencia de lo que puede ocurrir. También es cierto que, al contrario de los casos clásicos de Occidente, muchos países subdesarrollados carecen de algunas de las condiciones esenciales de la industrialización, en especial empresarios en potencia y mano de obra calificada; pero en tales casos cabría preguntarse si no sería mejor arreglárselas sin industrialización que imponerla por los métodos del nacionalismo y del socialismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas

[1] Este trabajo corresponde al capítulo IV del libro A Humane Economy de Wilhelm Röpke. La obra fue publicada originalmente en Suiza bajo el título Jenseits von Angebot und Nachfrage, en 1958. La primera traducción al inglés apareció en 1960 con el sello editor de Henry Ragnery Co., Chicago, y ha servido de base para la versión en español del texto seleccionado. Se publica con la debida autorización.

[2] Wilhelm Röpke (1899-1966) es considerado el principal teórico de la doctrina de la economía social de mercado, que se implementara en Alemania Federal en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y que dio origen al llamado «milagro alemán». El Ministro de Economía y luego Canciller de esa época, Ludwig Erhardt, dijo de él: «Mis propios esfuerzos para llegar a una sociedad libre difícilmente sean suficiente muestra de gratitud hacia quien tanto influyera en mi posición y en mi conducta».

Röpke se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de Marburgo en 1921. Posteriormente desempeñó importantes tareas como profesor y asesor en materias económicas. Exiliado en 1933 enseñó en la Universidad de Estambul, y creó y dirigió el Instituto de Estudios Económicos. Luego se instaló como profesor en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra. Fue miembro y presidente de la Sociedad Mont-Pelérin. Es autor de muchos libros y artículos. Entre ellos destacan Introducción a la Economía Política, trad. de José María Jimeno, Madrid: Unión Editorial, S. A., 1974 (basada en la décima edición alemana, 1966, revisada por el autor); y Más allá de la oferta y de la demanda, trad. Marciano Villanueva Salas, Madrid, Unión Editorial, S. A., 1979. El presente artículo está tomado de la versión en inglés de Jenseits von Angebot und Nachfrage, 1958, Cap. IV, libro publicado bajo el título A Humane Economy: the Social framework of the free market, Chicago: Henry Regnery Company, A Gateway Edition, 1971.

 

[3] Hay un extenso análisis del Plan Beveridge en mi libro Civitas Humana (Londres, 1948), 14248. En su obra Full Employment in a Free Society (Londres, 1944), el creador de este famoso plan, mediante el cual Gran Bretaña se convirtió en modelo del Estado Benefactor, contribuyó mucho, posteriormente, a complementar la ideología igualitaria del Estado Benefactor con la ideología de este inflacionario «pleno empleo». Véase la crítica pertinente del segundo Plan Beveridge en Henry C. Simons, «The Beveridge Program: An Unsympathetic Interpretation», Journal of Political Economy (septiembre 1945), reproducido en Economic Policy for a Free Society, 277-312: Lionel Robbins, The Economist in the Twentieth Century (Londres, 1954), 18-40. Ambos críticos llegan a la conclusión correcta, hoy confirmada por los hechos, de que la política de pleno empleo que propiciaba Beveridge tiene que conducir a la inflación. Es gran mérito de Lord Beveridge que él mismo, más tarde, franca y reiteradamente, criticó el desarrollo que su primer plan puso en movimiento. En su obra posterior, Voluntary Action (Londres, 1948), por ejemplo, tuvo ocasión de mostrar la ayuda voluntaria de grupo en su aspecto correcto. Con todo, parece que nunca se dio cuenta cabal del papel tan grande que desempeñó en el desarrollo que criticaba. No hace mucho declaró francamente en una conferencia que la inflación estaba destruyendo los ahorros que había guardado para su ancianidad; podría ocurrir, por tanto, dijo, que viviera más de lo que sus medios se lo permitieran. Pero parece que no ha comprendido que buena parte de la responsabilidad por esta inflación, que devora sus ahorros y amenaza sus últimos años despreocupados, es obra de su creación, junto con el empleo excesivo, también objeto de sus alabanzas. Aparece como la patética figura del hombre que no sabe que él mismo cortó la rama sobre la cual se sentaba.

[4] Colin Clark, Welfare and Taxation ( (Oxford, 1954); A.C. Pigou, «Algunos aspectos del estado de bienestar», Diógenes (julio de 1954); Bertrand de Jouvenel, The Ethics of Redistribution (Cambridge, 1951); Hans Willgerodt, «Die Krisis der sozialen Sicherheit und das Lohnproblem,» ORDO, Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschalt und Gesellschaft (1955), 145-87.

[5] Lionel Robbins, «Freedom and Order,» in Economics and Public Policy (Washington, 1955), 152.

 

Unas líneas antes, dice Robhins: «In a society in which incentive and allocation depend on private enterprise and the market, a continuous redistribution of income and property in the interests of a pattern of equality, or something approximating to equality, is almost a contradiction in terms.»

[6] Helmut Schoeck, «Das Problem des Neides in der Massen demokratie,» in Masse und Demokratie, 239-72.

[7] El odio que el hombre siente por el privilegio aumenta a medida que los privilegios se tornan más escasos y menos considerables, de manera que las pasiones democráticas arderían, al parecer, con más fiereza justamente cuando tienen menos leña. Ya he señalado la razón de este fenómeno. Cuando todas las condiciones son desiguales, ninguna desigualdad es tan
grande que ofenda la vista, en tanto que en medio de una uniformidad general la menor disimilitud resulta odiosa; cuando más completa es la uniformidad, más insoportable se hace el espectáculo de esa diferencia.
De aquí que sea natural que el amor a la igualdad se acreciente constantemente junto con la propia igualdad, y que deba crecer por lo que la alimenta. Este odio que nunca muere, que está siempre ardiendo, que levanta a los pueblos democráticos en contra de los menores privilegios, es especialmente favorable a la concentración paulatina de todos los derechos políticos en el representante del Estado solamente. El soberano, puesto que está necesaria e incontestablemente por encima de todos los ciudadanos, no excita la envidia de éstos, y cada uno piensa que priva a sus iguales de las prerrogativas que concede a la corona.» (Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Vol. II, Libro IV, Capítulo 3, pág. 205. El destacado es mío.)

[8] Hay un análisis de la demanda de igualdad y todas sus consecuencias en
mi libro anterior Mass und Mitte, 65-75. Sigo partidario de esa crítica y
también de mis serias inquietudes acerca de aquella forma de igualdad,
sutil y por ello muy tentadora, a la que se ha dado en llamar igualdad de
oportunidades. Los argumentos que entonces presenté parecerían suficientemente convincentes, en particular el argumento de que sería totalmente arbitrario procurar la igualdad de oportunidades solamente en asuntos susceptibles a la acción niveladora del Estado, en tanto que hay que aceptar la desigualdad en otros campos: salud desigual, inteligencia
desigual, carácter desigual. Si las oportunidades han de ser realmente ¡guíales, por tanto, las condiciones materiales (el ingreso y la riqueza de los padres del niño) deben medirse en dosis tales que sumadas a las condiciones no materiales y no igualables den la «oportunidad igual». Supongamos que un niño tiene mala salud, pero sus padres pueden, al menos, equiparlo con condiciones materiales mejores para la lucha por la vida. Ahora bien, ¿qué justificación posible habría para privarlo incluso de ellas? ¿No deberían los otros alegrarse de haber heredado un estómago sano, un corazón fuerte o nervios de acero? ¿Cómo se va a calcular todo aquello? Desde este punto de vista la redistribución incesante que presupone la estricta igualdad de oportunidad, aparece aún más indignante de lo que es en todo caso. Además, si es justo que un
hombre posea propiedad privada (y los defensores de la igualdad de oportunidad, afortunadamente, no llegan al extremo de negarlo), ¿por qué ha de ser injusto que sus hijos se beneficien de ella? Puedo hacer lo que se me antoje con mi ingreso y riqueza: comprar un televisor, adquirir un automóvil de lujo, viajar alrededor del mundo; sólo una cosa no puedo hacer: dar a mis hijos la mejor y más cuidada educación. Por lo demás, en el próximo capítulo veremos que el clamor por la igualdad de oportunidades corresponde a una idea extrema del liberalismo según la
cual conviene que haya una carrera incesante de todos por todo. Surge la interrogante: ¿en virtud de qué derecho ha de detenerse esta carrera en las fronteras nacionales?

[9] Heinrich Heine, Deutschland, Kaput I. Debería ser evidente que el utilitarismo y epicureismo colectivos de la ideología del Estado Benefactor están estrechamente ligados a la desaparición de la creencia en la trascendencia y la inmortalidad. Cf. Aloys Wenzl, Unsterblichkeit (Berna, 1951).

[10] Respecto del Servicio Nacional de Salud, un distinguido economista británico escribe: «La pregunta económica importante acerca de este mecanismo era la siguiente: si existe un servicio cuya demanda a precio cero es casi infinitamente grande, si no se toman medidas para aumentar la oferta, si la curva de costos sube rápidamente, si a cada ciudadano se le garantiza por ley el mejor servicio médico posible y si no hay un método obvio de racionamiento, ¿qué va a ocurrir? No recuerdo que ningún economista
británico, antes del acontecimiento, se hiciera estas sencillas preguntas. (J. Jewkes, en Economics and Public Policy, 96). Compárese lo anterior
con la observación de M. Plyi (op. cit., 71): «La abolición total de un esquema obligatorio de salud, una vez establecido, aunque esté quebrado y
sea insatisfactorio, es inimaginable. No ha sucedido nunca.» Otro testimonio: «Los entusiastas de la medicina nacionalizada se encontraron compitiendo con los entusiastas de la educación de adultos, la vivienda estatal subsidiada, pensiones y beneficios más elevados, y una docena de otros planes con un fuerte atractivo emocional y captador de votos. . .Yo estimo que el concepto contemporáneo y científico de la medicina no puede prosperar cabal y firmemente donde la medicina está socializada.» (Colm Brogan, «The Price of Free Medicine», The Freeman (junio,
1956). Por último, un médico británico confirma este punto de vista:
«El costo para el país en dinero se expresa, se comprende, se acepta, se
modifica o se rechaza con facilidad. El costo para el país en salud y felicidad, derivado de la degradación de los médicos, supera nuestra capacidad de comprensión.» (Scott Edward, «Retreat from Responsability»,Time and Tide (octubre 10,1953)

[11] Sobre la ilusión del Estado Benefactor, véase Colin Clark, op. cit., y M. J.
Bonn, «Paradoxien eines Wohlfahrtsstaates», Aussenpolitik (abril, 1953)

[12] Esto es, entre otras cosas, lo que resulta de las proposiciones de Colin
Clark. Compárese el siguiente informe reciente de Bélgica (Neue Zurcher
Zeitung, N° 1290 (abril 27, 1957)). El Ministro del Trabajo, socialista,
propuso, mediante el método hoy de moda en todas partes, elevar el límite de ingreso del seguro estatal obligatorio y fusionar los distintos fondos
de pensiones privados en un fondo estatal. El resultado fue una ola de indignación entre trabajadores y sindicatos. Las cargas sociales de la industria belga habían subido, en doce años, del 25 por ciento al 41 por ciento
de la planilla, y los trabajadores y empleadores belgas decidieron que era
suficiente, más que suficiente. Hicieron preguntas tan embarazosas como
la de si aún quedaba alguna relación justificada entre las crecientes cotizaciones sociales y los servicios reales, y si no había alguna forma más barata de obtener un seguro de vejez.

 

[13] Es normal lamentar el destino de hombres como Winckelmann, Herder, Hebbel, Racine, y muchos otros cuyo genio se vio impedido por la pobreza, pero lo que interesa es que todos ellos lograron llegar a la cumbre, gracias a la estructura diversificada de la sociedad de su época. Estímulo y ayuda se podían obtener en muchos lugares y de muchas personas: el maestro de una escuela, un patrono principesco, un puesto de secretario, una hospitalaria casa de campo. En tales condiciones había una alta probabilidad de que se pudiera poner el pie en el peldaño de alguna escalera; en todo caso, por decir lo menos, es una probabilidad que bien puede resistir la comparación con la probabilidad de que ningún genio pase inadvertido en el Estado Benefactor actual. Cómo el surgimiento del talento era posible en aquella época, en las condiciones más adversas, se observa de modo impresionante en la vida de Winckelmann. (C. Justi, Winckelmann und seine Zeitgenossen (2a. ed., Leipzig, 1898), I, 22 y 28.) Muchas otras biografías testimonian la misma cosa. Tomemos, por ejemplo, la vida de Scharnhorst, hijo de un inquilino campesino de Hanover, a quien enseñó matemáticas un mayor retirado (esto sucedió en mi propio pueblo) y que fue luego enviado por el Conde de Schaumburg-Lippe a un pequeño colegio militar. Uno no puede dejar de sentirse a la vez conmovido y asombrado ante las proezas de escalamiento de estos hombres a medida que trepaban, de roca en roca, en la sociedad. No es tan seguro que el andarivel socializado del Estado Benefactor siempre obtenga los mismos éxitos. En otros aspectos, también, nuestra edad del Estado Benefactor tiene escasos motivos para considerarse tan superior a los padecimientos sociales del pasado. Cabe un poco más de modestia en relación con nuestros antepasados. Cualquiera que, como yo, se haya criado en las sencillas condiciones de un pueblo de campo, puede recordar fácilmente la época en que las clases se reunían como buenos vecinos, en cambio hoy se encuentran muy distantes una de otra. La desigualdad real entre los hombres no ha disminuido sino aumentado en los últimos cien años. Como ejemplo, tomemos a Zelter, quien se inició como aprendiz de albañil y terminó como profesor de música y amigo íntimo de Goethe sin perder el contacto con su propio medio. «Una vida de esta índole», escribía Paulsen a fines del siglo pasado (Ein System der Ethik (2a. ed., Berlín, 1891), 727), «hoy en día sería inconcebible. Hoy Zelter hubiera terminado la educación secundaria y hubiera estudiado arquitectura, hubiera aprendido a dibujar y calcular, hubiera estudiado mecánica e historia del arte, y hubiera terminado de arquitecto y oficial de reserva, y jamás hubiera construido un solo muro. Hubiera sido empleador de albañiles, no su colega e instructor. O bien hubiera seguido como albañil y colega de albañiles, pero entonces no se hubiera ganado la amistad de un Geheimrat y ministro, y no hubiera llegado a ser profesor de música.»

[14] Estoy enteramente de acuerdo con la crítica que expresaron recientemente dos distinguidos economistas contemporáneos: F. A. Hayek, «Progressive Taxation Reconsidered», en Mary Sennholz (ed.), Freedom and
Free Enterprise: Essays in Honor of Ludwig von Mises (Nueva York,
1956), 265-84; Wright, op. cit., 94 y sigs.

[15] Cf. Chester C. Nash, «The Contribution of Life Insurance to Social Security in the United States», International LabourReview (julio 1955). Las cifras suizas correspondientes, véase E. Marchand, «Le développement de l’assurance en Suisse», Journal des Associations Patronales 1906-1956.
En 1953, último año del cual se dispone de estadísticas, las sumas que pagaron las compañías de seguros superaron los pagos de previsión de vejez
y de viudas, en cerca de cien millones de francos.

[16] La idea de que las leyes económicas excluyen la posibilidad de que las
masas provean a sus propias necesidades mediante la acumulación de propiedad, y de que estas mismas leyes económicas hacen de esta autoprovidencia privilegio de unos pocos, podía crecer sólo en el terreno del keynesianismo popular. Esto lo analicé en más detalle en mis artículos «Probleme des kollektiven Altersversicherung» (Frankfurter Allgemeine Zeitung, febrero 25,1956) y «Das Problem des Lebensvorsorge in der Freien Gese\\schaft» (Individualund Sozialversicherung als Mittel der Vorsorge (Bielefeld 1956)), y tengo el agrado de citar ahora el análisis claro y cuidadoso de Hans Willigerodt, «Das Sparen auf der Anklagebank der Sozialreformer», Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft (1957), 175-98. Nótense también sus comentarios sobre el sistema
de pago al día, con los que estoy enteramente de acuerdo.

[17] El problema de la escala móvil de pensiones, llamada «pensiones dinámicas» en Alemania e introducida, con algunas modificaciones, en la primavera de 1957, se analiza en mis ensayos aludidos en la nota anterior. Véase también H.-J. Rüstow, Zur volkswirtschaftlichen Problematik der dynamischen Sozialrente (Berlín-Munich, 1956); Das problem der Rentenreform, aktionsgemeinschaft soziale Marktwirtschaft, Tagungsprotokoll N° 6 (Ludwigsburg, 1956).

[18] 18 Morgan, op. cit., 122.

[19] Esta forma particular del reclamo de justicia internacional está casi olvidada hoy. La analicé con la severidad que merece en mi libro Internationale Ordnungheute, 164 y sigs.

[20] Véase mi L’économie mondiale aux XlXe et XXe siecles. 165-220

[21] Una obra típica es G. Myrdal, An International Economy (Nueva York,
1956). (Véase también la reseña de P. T. Bauer del libro de Myrdal, Economic Journal (marzo 1959) y mis propios comentarios críticos en
Wirtschfsfragen der freien Welt, 493 y sigs.) El papel que desempeña la
envidia en esto, como en el Estado Benefactor nacional, está destacado
con justicia por Helmut Schoek, «Der Masochismus des Abendlandes»,
en A. Hunold (ed.), Europa – Besinnung und Hoffnung (Erlenbach-Zurich,1957)

[22] Röpke, Internationale Ordnung – heute, 118, 133 y 241.

[23] Obtenemos una buena idea de la nueva interpretación de los historiadores
económicos modernos en F. A. Hayek (ed.), Capitalism and the Historians. No obstante, como lo demostré en mi reseña de este libro («Der ‘Kapitalismus’ und die Wirtschaftshistoriker», Neue Zurcher Zeitung. N° 614 (marzo 16, 1954), el péndulo ahora se mueve demasiado en la otra dirección. Podemos calcular que los proletarios de aquella época comían más carne y bebían más cerveza que lo que habíamos pensado hasta ahora, y que en lo material las cosas eran la mitad de malas (aunque, a mi ver, incluso reducidas a la mitad hubieran sido suficientemente malas),
pero queda el hecho crucial de que eran proletarios en el sentido más amplio y más ingrato de la palabra, y que fue la primera vez en la historia que las masas subieron al escenario junto con sus contrapartes, los «capitalistas». Los modernos historiadores económicos y sociales harían bien en compartir y analizar la opinión fidedigna de testigos de que esto fue una catástrofe. Una parte grande y en nada carente de importancia de nuestra propia crisis cultural data de aquella época y no podemos simplemente convertir lo negro en blanco ni el signo menos en signo más. No se
puede dejar pasar esto en silencio, sin dejar en la oscuridad el aspecto más
importante del análisis.

 

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