¿Un salario mínimo impuesto por el Estado para los jugadores de hockey profesional?

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La Canadian Hockey League (CHL), que consiste en la Ontario Hockey League (OHL), la Western Hockey League (WHL) y la Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), actualmente está involucrada en una «demanda colectiva de $80 millones. La demanda en nombre de todos los jugadores actuales y muchos ex jugadores busca salarios pendientes, pagos por horas extraordinarias, vacaciones pagadas y feriados pagados».

Hay 60 equipos en el CHL (incluidos 8 en los EE. UU.). Los jugadores tienen entre 16 y 20 años. Esta es la primera liga de desarrollo para la NHL. El equipo paga los costos del equipo, la facturación y el viaje, y por cada temporada que juega en la liga, la liga paga por un año de educación postsecundaria (matrícula, libros, cuotas obligatorias) para el jugador.

Con juegos, prácticas y viajes, estos jóvenes jugadores «trabajan» una cantidad considerable de tiempo cada semana, por lo que reciben un estipendio que está muy por debajo del salario mínimo dictado por el gobierno en cada jurisdicción. Por lo tanto, la demanda. Los jugadores dicen que el CHL está violando la legislación de estándares de empleo.

Los jugadores deben tener cuidado con lo que desean y considerar dos preguntas importantes.

Primera pregunta: ¿Es el salario mínimo legislado por el Estado una buena idea?

Segunda pregunta: ¿Por qué está demandando, dado que los equipos han cumplido con los términos del contrato que cada uno de ustedes firmó voluntariamente?

Legislación de salario mínimo

¡Los empleadores están tratando injustamente a los trabajadores! ¡Los niveles de vida son bajos! ¡Debemos ayudar a los trabajadores! Esta es la propaganda de los políticos que apoyan el salario mínimo. Les encanta la legislación de salario mínimo porque los trabajadores superan a los empleadores por un margen significativo, lo que significa que es una forma fácil de comprar votos, independientemente de las consecuencias.

La mayoría de los economistas que no tienen conexión con el Estado están de acuerdo en que un salario mínimo legalmente obligatorio reduce empleo. Ejemplo: un empleador estima que un trabajador sin experiencia y sin experiencia agregará un valor a su compañía igual a $8,00 por hora. Esta persona NO será contratada si el salario mínimo exigido por el Estado es de $8,00 o más, porque el empleador perdería dinero. Por lo tanto, el Estado discrimina a los trabajadores inexpertos no calificados al negarles «legalmente» la oportunidad de adquirir experiencia y desarrollar habilidades para mejorar sus perspectivas económicas futuras. Nos quejamos de que los adolescentes tienen demasiado tiempo en sus manos. ¿Por qué no están trabajando más, preguntamos? Ahora lo sabes

Jacob G. Hornberger, ex abogado litigante y profesor de derecho y economía, escribió: «Quizás la mejor manifestación del horror económico que el salario mínimo inflige a las personas es con respecto a los adolescentes negros». ¿Por qué? Porque las leyes de salario mínimo eliminaron un arma económica de las manos de los negros.

Cuando el salario mínimo del Estado no existía o se fijaba a una tasa que no era sustancialmente más alta que la del mercado, muchos empleadores eran racistas, pero contrataron a personas negras que ofrecían trabajar por salarios más bajos que las personas blancas. Resultado: el empleo fue mayor entre los adolescentes negros que entre los blancos. Como escribió el profesor de economía Walter Williams, “en 1948, el desempleo entre los adolescentes negros era menor que el desempleo entre los adolescentes blancos, y los adolescentes negros eran más activos en el mercado laboral. Hoy en día el desempleo negro adolescente es de alrededor del 40 por ciento para los blancos, es alrededor del 20 por ciento».

La discriminación en el sector privado palidece en comparación con los efectos discriminatorios masivos de las leyes de salario mínimo del Estado.

Entender los principios básicos

Esto nos lleva a la respuesta del gobierno de Ontario a la solicitud del comisionado de OHL, David Branch, de confirmar el estatus de jugador amateur, excluyendo así a los jugadores de la legislación de estándares de empleo, lo que presumiblemente fortalecería la defensa de la liga contra la demanda. El gobierno le dio a Branch lo que quería, replicando así la respuesta de los gobiernos en otras jurisdicciones.

El comentarista de hockey Don Cherry dijo que si la demanda es exitosa, el 75% de los propietarios junior se retirarán de sus equipos. Sea cierto o no, los costos de los equipos aumentarán sustancialmente si a los jugadores se les paga el salario mínimo en lugar de recibir becas. Entonces, cuando el gobierno de Ontario dice que está «protegiendo la sostenibilidad a largo plazo de los equipos locales de hockey junior», está reconociendo que la legislación del salario mínimo aumenta los costos para los empleadores, lo que a su vez genera desempleo.

Los políticos dicen que apoyan la legislación de salario mínimo porque ayuda a los trabajadores, pero no se mantienen firmes en este principio, por equivocado que sea. Un principio, por definición, no está abierto a compromisos, pero los políticos hacen excepciones cuando es políticamente conveniente. Si esta demanda nos enseña algo, es que los políticos no tienen principios.

Los jugadores también tienen algo que aprender sobre los principios. El estipendio que reciben está claramente estipulado en el contrato que cada uno firmó voluntariamente con sus equipos. Se supone que un contrato significa algo. Refleja los compromisos asumidos por todas las partes en el contrato, y mantener su palabra es un principio importante por el cual vivir.

Los futuros jugadores juveniles deben rechazar firmar contratos si no les gustan los términos. Esta es una buena táctica si creen que los equipos son lo suficientemente rentables para pagarles el salario mínimo (o más). Pero si sus demandas no se cumplen, todavía tienen la opción de firmar un salario más bajo. El punto importante es que los jugadores actualmente tienen la libertad de ejercer esta opción, una opción que el Estado niega por la fuerza a los trabajadores de otras industrias.

Cuando usamos la fuerza del Estado para obtener lo que queremos, por lo general hay un alto precio que pagar, pero no podemos conectar los puntos. Si ganan su demanda, muchos jugadores podrían perder su trabajo cuando los equipos se ven obligados a pagar salarios mínimos que no pueden pagar. Durante décadas, esta ha sido la realidad económica de los trabajadores de otras industrias.

Se supone que las cortes hacen cumplir los contratos, no los anulan. Si podemos apelar a las cortes gubernamentales cuando decidimos que no nos gustan los términos de un contrato, el resultado inevitable es (y ha sido) una erosión de la confianza de la sociedad y la prosperidad económica porque se consumen menos contratos.

Los jugadores pueden tomar el control moral al cumplir sus contratos y dar instrucciones a sus abogados para que retiren la demanda. Entonces podrían enseñar a los políticos lo que significa estar de acuerdo con los principios.


El artículo original se encuentra aquí.

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