«El impuesto a la renta es sin duda el más totalitario de todos los impuestos».1
~ Murray Rothbard
En la fundación de nuestro país, los redactores de nuestra Constitución sabiamente retuvieron el derecho a gravar los ingresos del gobierno federal. Con la reciente Guerra de la Revolución en mente, los Estados se mostraron reacios a ceder fuertes poderes fiscales a un estado central.
Dado el enorme cambio en la forma en que este país considera el impuesto a la renta, es instructivo considerar sus orígenes. El estudio de esta evolución puede dar lugar a lecciones que iluminen los debates actuales.
La Fundación
La constitución originalmente limitó el poder del gobierno federal para imponer impuestos. El Artículo 1, Sección 2, establece que los impuestos directos serán uniformes entre los Estados. En general, los impuestos directos se consideraban impuestos, como los impuestos principales o los impuestos sobre la propiedad, y los impuestos uniformes debían distribuirse por igual entre los estados según la población. El Artículo 1, Sección 8 le otorga al Congreso el poder de imponer impuestos sobre «deberes, impuestos y impuestos especiales», pero reitera el requisito de impuestos uniformes. El requisito de uniformidad estaba destinado a impedir que una región imponga impuestos a otra región. Los conceptos de impuestos «directos» y «uniformes» más tarde se volvieron crucialmente importantes para determinar la constitucionalidad de los impuestos sobre la renta.
El estado de ánimo anti-impuestos del país en ese momento se ilustra por el hecho de que los impuestos directos sobre los aguardientes extraídos del grano y la vivienda llevaron a la Rebelión de Whisky en 1794 y la Rebelión de Fries en 1798, respectivamente. La aplicación del impuesto sobre el whisky condujo al precursor del Servicio de Impuestos Internos. El descontento con estas políticas fiscales apoyadas por los federalistas, particularmente las del presidente John Adams, llevó a la disolución del partido federalista y fue un factor importante en el apoyo a Thomas Jefferson en la elección de 1800.
Impuestos sobre la renta: primeros años
El país inicialmente se basó en los ingresos arancelarios para financiar al Estado. Pero fue menos de un cuarto de siglo después de la ratificación de la Constitución que se escuchó el primer llamado a un impuesto sobre la renta. La guerra de 1812 llevó a impuestos sobre la vivienda, la tierra y los esclavos. Las necesidades de ingresos llevaron a Alexander Dallas, Secretario de Hacienda, a indicar que un impuesto sobre la renta podría generar un ingreso de tres millones de dólares. El Tratado de Gante puso fin a la guerra y alivió los impuestos de guerra y eliminó cualquier esfuerzo para imponer un impuesto sobre la renta. El arancel nuevamente se convirtió en la principal fuente de ingresos.
El arancel era un arma económica que el norte industrializado podía usar contra las áreas rurales del país. Los intereses comerciales del norte, junto con sus subordinados en el Estado, estaban victimizando el sur rural con el arancel. Los altos aranceles protegían los intereses manufactureros del norte, y el sur y el oeste pagaban una parte desproporcionada de este costo con precios altos para las importaciones y para los productos terminados del norte. Esta explotación fue un ímpetu para la guerra cuando el sur se separó de la unión.
La guerra entre los estados trajo la próxima propuesta de un impuesto sobre la renta. Cuando Abraham Lincoln asumió el cargo en 1861, enfrentó una deuda federal de $ 75 millones. Se duplicaron los aranceles, se aumentaron los impuestos especiales y se emitieron los bonos. Además, en 1861 se aprobó una ley de impuestos sobre la renta como sustituto de un impuesto directo sobre la tierra, que era objetable para los intereses políticos en el oeste y suroeste. La ley decretó una tasa impositiva del tres por ciento sobre los ingresos anuales de más de $ 800 y contenía la primera laguna. Para facilitar la venta de bonos, se colocó una tasa reducida del uno y medio por ciento sobre los intereses de los bonos del Estado.
Antes de que se pusiera en práctica este acto, se aprobó un segundo proyecto de ley en 1862. La deuda de la Unión había aumentado a más de $ 500 millones, por lo que la nueva ley especificaba un impuesto progresivo que comenzaba con una tasa del tres por ciento sobre los ingresos de $ 600 y una tasa máxima de siete. y medio por ciento sobre los ingresos de más de $ 50.000. Un acto de 1864 aumentó aún más las tasas de impuestos. Es importante tener en cuenta que la progresividad del impuesto se debió a las necesidades de ingresos y no abordó ninguna inquietud de «imparcialidad». Después de mucho debate, el impuesto sobre la renta fue desechado en 1872.
La constitucionalidad del impuesto sobre la renta durante la Guerra Civil no se probó en los tribunales. Muchos acordaron que permitir el impuesto en tiempo de guerra era una necesidad que no podía tolerarse en tiempos de paz.
El ascenso del populismo
Desde 1874 hasta 1894, los proponentes del Congreso presentaron 68 proyectos de ley para restablecer el impuesto sobre la renta. Todas estas propuestas vinieron de representantes del sur y del oeste. Debido al control de los escaños de poder en el Congreso por parte del Norte, ninguno de ellos llegó a votación antes de 1894.
El auge del populismo impulsó este sentimiento fiscal. Los intereses industriales protegidos del norte estaban en un lado del debate, y las preocupaciones rurales, principalmente agrícolas, estaban del otro lado. El principal argumento del impuesto sobre la renta era simplemente un argumento antiarancelario. Los estados rurales vieron el impuesto a la renta como una manera de eliminar la tarifa y hacer que los estados del norte paguen su parte de la carga fiscal. Los populistas de los impuestos a favor de la renta creían que un impuesto a la renta solo se aplicaría a «los ricos hinchados» y que estarían exentos.
Los aranceles eran muy altos durante el período posterior a la Guerra Civil, incluso durante los superávit presupuestarios. Esto no es sorprendente, ya que la guerra se había librado en gran parte por la cuestión de los aranceles y el lado arancelario había salido victorioso.
En 1888, Benjamin Harrison fue elegido presidente en una plataforma proteccionista. Bajo su supervisión, se aprobó la Ley de Aranceles McKinley de 1890, que aumentó la tasa promedio de las importaciones sujetas a impuestos al 48%. Los republicanos no anticiparon las consecuencias políticas de su legislación. En las elecciones de 1890, los republicanos sufrieron una derrota desastrosa, ocupando solo un cuarto de los escaños en la Cámara de Representantes.
El impuesto sobre la renta de 1894
Los demócratas postularon a Grover Cleveland para presidente en 1892. Su plataforma antiarancelaria se destacó por su denuncia de «la protección de los republicanos como un fraude, un robo a la gran mayoría del pueblo estadounidense en beneficio de unos pocos». McKinley Tariff, la «atrocidad culminante de la legislación de clase». El propio Cleveland calificó la tarifa de «extorsión implacable». Cleveland venció fácilmente a Harrison en esta carrera.
Un pequeño pero creciente déficit hizo difícil que Cleveland cumpliera su promesa de reducción arancelaria. Un impuesto sobre la renta parecía ser un medio para reducir los aranceles a la vez que se equilibraba el presupuesto y pidió «un pequeño impuesto sobre los ingresos» en diciembre de 1893. Los opositores llamaron «socialista» al impuesto sobre la renta en tiempo de paz y advirtieron que la Corte Suprema declararía tal Impuesto inconstitucional.
La versión de la Casa de la ley de aranceles de Wilson-Gorman de 1894 eliminó los aranceles de McKinley e instituyó un impuesto sobre la renta del dos por ciento sobre los ingresos superiores a $ 4.000. El 98% de la población estaba completamente exenta de este impuesto. El acto se aprobó fácilmente y los defensores de los impuestos sacaron jubilosamente al presidente de la Cámara de Representantes de Ways and Means, William Wilson, fuera de la sala. Sin embargo, cuando el Senado debatió el tema, las tasas arancelarias aumentaron. Cleveland había sido traicionada por fuerzas proteccionistas dentro de su propio partido. Si él vetaba el proyecto de ley, la tarifa de McKinley continuaría y él se contradeciría firmándolo. Cleveland se negó a firmar el proyecto de ley, pero permitió que entrara en ley sin su firma.
El impuesto de 1894 fue impugnado de inmediato en los tribunales. La Corte Suprema abordó el tema en Pollock v. Farmers ‘Loan and Trust Company. El tribunal declaró el impuesto inconstitucional, por un voto de cinco a cuatro, sobre la base de que era un impuesto directo que no se evaluaba de manera uniforme. Los defensores de los impuestos argumentaron que la intención original de los escritores constitucionales era que los impuestos directos se consideraran impuestos sobre la propiedad, no sobre los ingresos. La opinión de la mayoría, sin embargo, vio el impuesto sobre la renta como un impuesto directo.
Aunque la pregunta constitucional giraba en torno a la definición de impuestos «directos», los que alegaban sus casos ante el tribunal introdujeron argumentos ideológicos en el debate. Populistas, como James C. Carter, afirmaron que el impuesto estaba justificado como un arma para ser utilizada contra la plutocracia y que el tribunal debería «aceptar la voz de la mayoría». Un abogado opositor, Joseph P. Choate, argumentó que Corte necesaria para proteger los derechos de propiedad privada.
Los argumentos que defienden la propiedad privada también aparecen en la decisión del tribunal. Escribiendo para la mayoría, el juez Stephen J. Field dijo que «el asalto actual al capital no es más que el comienzo. «No será más que un trampolín para otros, más grande y más amplio, hasta que nuestras disputas políticas se conviertan en una guerra de los pobres contra los ricos, una guerra que crece constantemente en intensidad y amargura».
El juez Edward White, disidente, señaló que la decisión estaba «plagada de peligros para la corte, para todos y cada uno de los ciudadanos y para la república». Si las conclusiones de esta corte dependen de las opiniones personales de sus miembros, se convertirá en un «teatro de conflictos políticos». Los constitucionalistas estrictos deben ser lentos para aplaudir esta decisión que se basó explícitamente en consideraciones ideológicas.
La Decimosexta Enmienda
Desafortunadamente, los republicanos recuperaron la Casa Blanca en 1896. La demanda de impuestos a la renta disminuyó a medida que los reformadores «progresistas» de la era pasaron a otros asuntos, en particular la batalla antimonopolio. Todavía había algo de apoyo para un impuesto sobre la renta y en 1904, William Jennings Bryan incluso pudo obtener apoyo para una tabla de impuestos sobre la renta en la plataforma demócrata.
El presidente republicano Theodore Roosevelt reavivó la idea en un discurso el 4 de julio. Afirmó que los impuestos pueden ser deseables para limitar grandes fortunas y, según un relato de la época, «se declaró con vehemencia para un impuesto a la renta graduado … Los demócratas estaban jubilosos … las sonrisas se congelaron en los rostros de los republicanos». Aunque ningún otro republicano prominente mostró mucho Interés, se renovó el debate.
En 1909, William Howard Taft, un republicano, pero posiblemente el candidato menos probable para aprobar un impuesto sobre la renta, sucedió a Roosevelt como presidente. Parecía poco probable que una revolución fiscal estuviera a la mano.
Taft asumió el cargo en medio de una batalla arancelaria y un déficit de ingresos. Su propio partido se dividió en la cuestión de impuestos/aranceles. Los demócratas estaban presionando para que se cobrara un impuesto sobre la renta, esperando que la corte se revocara en este asunto. Para aplacar a ambos lados, Taft propuso un impuesto «especial» a la corporación (en realidad un impuesto a la renta con otro nombre) de un uno por ciento de los ingresos netos en exceso de $ 5000. Los ingresos de los impuestos especiales aliviarían el problema de los ingresos y desactivaría el debate arancelario en su propio partido. La Corte Suprema aprobó luego el impuesto al consumo, lo que indica que puede haber sancionado un impuesto sobre los ingresos personales.
Para calmar a los demócratas, Taft propuso una enmienda que autoriza al Congreso a recaudar impuestos sobre la renta. La enmienda liberaría al Congreso de seguir la cláusula de uniformidad con respecto a la tributación directa. Creía que este era un gesto inofensivo y que la enmienda nunca tendría éxito. Robert La Follette, uno de los principales defensores de un impuesto sobre la renta, estuvo de acuerdo en que «el éxito de esta enmienda es improbable» y se opuso a la enmienda.
El Senado aprobó la enmienda por unanimidad. En la Cámara, la votación fue de 318 a favor, 14 en contra y hubo 55 abstenciones.
La fuerza del movimiento fiscal en los estados fue altamente subestimada por las partes en ambos lados del debate. La enmienda fue a los estados a fines de 1909. Alabama la ratificó, por unanimidad, antes de que terminara el año. Otros 19 siguieron en 1910, y los 36 estados requeridos ratificaron la enmienda en 1913. El 25 de febrero de 1913 se adoptó la Decimosexta Enmienda.
Los demócratas ocuparon la presidencia, ya que Woodrow Wilson había sido elegido en 1912, y controlaban ambas cámaras del Congreso. El debate sobre una factura del impuesto a la renta comenzó de inmediato, y la Ley de Ingresos de 1913 se aprobó el tres de octubre de ese año. Especificó una tasa impositiva del 1% con una exención personal de $ 3000. También se incluyó un «recargo» progresivo del 1% al 6%, que resultó en una tasa máxima del 7% y el impuesto fue retroactivo hasta el día en que se ratificó la enmienda. Las reducciones arancelarias también estaban en la factura. De hecho, el debate en el Congreso se centró en las cuestiones arancelarias.
Para 1916, la Primera Guerra Mundial había reducido el comercio, reduciendo así los ingresos por aranceles, y los beneficios empresariales disminuyeron, lo que disminuyó los ingresos por impuestos de sociedades. Esto, junto con el aumento del gasto para la preparación de la guerra, creó un déficit que el impuesto a la renta tenía que aliviar. El Ingreso de 1916 fue el primer impuesto a la renta no vinculado explícitamente a la tarifa. El proyecto de ley aumentó la tasa máxima al 15%. También incluía el primer impuesto de ganancias de guerra.
En 1917, debido al aumento de las necesidades de ingresos, se aprobó una nueva ley que aumentaba la tasa máxima al 67% y reducía la exención personal en dos tercios. Los primeros $ 1000 de un individuo en ingresos ahora estaban exentos. Las muy altas tasas máximas permitieron al Congreso ampliar la base impositiva al reducir la exención personal.
La Ley de Ingresos de 1918 volvió a aumentar las tasas de impuestos. La tasa más baja se elevó a 6%, y el aumento más alto a 77%. Nuevamente, la alta tasa máxima generó pocos ingresos y fue principalmente una cobertura política para aumentar las tasas más bajas. En solo cinco años, un impuesto que se prometió sería un impuesto pequeño para los ricos se convirtió en un impuesto sustancial que se aplica a una base amplia.
Después de la guerra, las tasas impositivas disminuyeron, pero el gobierno federal todavía dependía en gran medida del impuesto a las ganancias corporativas y personales para sus ingresos. En 1925, casi la mitad de los ingresos federales se derivaron de estos impuestos. Una vez que las capacidades de ingresos se hicieron evidentes, había pocas posibilidades de que el Congreso renunciara a oportunidades para volver a un esquema de impuesto a la renta muy limitado.
Lecciones
Este esbozo del establecimiento de la decimosexta enmienda a la Constitución conduce a algunas conclusiones provisionales.
Primero, los redactores de la Constitución limitaron específicamente los poderes tributarios que otorgaban al Congreso. Argumentaron que el Congreso estaba mal equipado para contenerse. Dados los poderes de la Decimosexta Enmienda, el Congreso estableció tasas impositivas antes consideradas más allá de límites razonables. Esto debería ser una advertencia cuando el Congreso prometa restringirse a sí mismo en otros asuntos, como cualquier promesa con respecto a los gastos de impuestos en el debate presupuestario actual.
Segundo, un peligro de reemplazar un impuesto con otro es que ya no es necesario confiar en el impuesto inicial para generar ingresos. La implementación del impuesto a la renta redujo la necesidad de recibos arancelarios. Esto liberó el arancel que se usaría para medidas proteccionistas con poca necesidad de considerar las consecuencias de los ingresos. Los recientes debates arancelarios se centran en el libre comercio frente a los argumentos de protección, y tienen poco que ver con las consecuencias de los ingresos fiscales. Darle al gobierno múltiples medios fiscales le permite usar algunos métodos fiscales para fines punitivos.
En tercer lugar, el movimiento del impuesto a la renta fue impulsado por el motivo de cambiar la carga fiscal de un grupo, los estados del sur y del oeste, a otro, los estados industriales del norte. Aquellos que creen que escaparían de los impuestos sobre la renta anticiparon incorrectamente. El desplazamiento de la carga fiscal es un esquema peligroso que podría, y en este caso lo hizo, contraproducente.
El artículo original se encuentra aquí.
1.Ver el maravilloso desmantelamiento de Rothbard a Milton Friedman, «Milton Friedman Unraveled» disponible en Economic Controversies de Rothbard, p.898.
