El 2018 fue el año en que, una vez más, el modelo socialista demostró su incapacidad para generar beneficios para una población. El ejemplo más discutido por los medios fue el de Venezuela. En una crisis humanitaria sin precedentes en las Américas, este país sudamericano se está deteriorando cada día, pero no es el único. Otro país en América Latina que está sufriendo las consecuencias del autoritarismo socialista, y dejando a su economía al borde del abismo y su gente en la miseria colectiva, es Nicaragua.
La reforma que causó la crisis
El gobierno de Daniel Ortega intentó aprobar una reforma al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), supuestamente con el propósito de «mejorar el equilibrio financiero del sistema de pensiones». Con el fin de subsanar un déficit de más de $ 76 millones de dólares, se presentó un plan para aumentar las contribuciones de los empleadores en un 3,5 por ciento (elevando sus contribuciones totales al 22,5%), aumentar las contribuciones de los trabajadores en un 0,75% (elevando sus contribuciones totales al 7%) y reducir las pensiones de los jubilados por 5%. Esto provocó una ola de protestas en la que cientos de personas salieron a las calles para rechazar las reformas. El gobierno tomó la terrible decisión de reprimir a los manifestantes mediante el uso de la fuerza, lo que ayudó a los manifestantes a ganar más seguidores. En poco tiempo, las protestas sirvieron para unir a miles de personas contra la corrupción, la censura y la falta de democracia. Personas de diferentes sectores sociales, contextos socioeconómicos e ideologías protestaron por un cambio en el sistema. Sin embargo, la situación empeoró cuando la violencia con la policía se intensificó, dejando decenas de personas muertas o presos políticos.
A raíz de la crisis política, el régimen de Ortega revirtió la reforma. Pero el daño ya está hecho. Las protestas violentas continuaron, el número de presos políticos aumentó y, mientras tanto, la víctima silenciosa fue la economía nicaragüense. En este artículo, se describirán detalladamente las diferentes facetas de esta crisis para mostrar qué tan mal podría terminar el año en curso para Nicaragua.
La crisis económica de 2018
Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en 2018 la economía nicaragüense cayó más de un 4% en términos del PIB. Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), la pobreza aumentó en un 9,3% en 2018, alcanzando el 38,9%. Se perdieron más de 157.000 empleos, se suspendieron otros 300.000 y más de 10.000 empresarios tuvieron que cerrar sus negocios. El entorno de extrema inseguridad, incertidumbre y temor generado por la represión y las violentas protestas afectaron gravemente la confianza de los consumidores e inversores, y las cifras de crecimiento de años anteriores (casi el 5% sobre el PIB) se convirtieron en algo del pasado. La ola de asesinatos, lesiones y encarcelamientos causados por la represión de Ortega dio lugar a un descenso significativo de la economía que afectó a prácticamente todos los sectores productivos. En un efecto dominó, la crisis luego afectó la recaudación de ingresos de los impuestos y la seguridad social y también causó una salida masiva de migrantes nicaragüenses.
La situación empeoró cuando los congresistas de los Estados Unidos comenzaron a tomar nota del desastre que se estaba gestando en América Central. La «Ley Nica», o Ley de Condicionalidad de la Inversión de Nicaragua, fue propuesta por algunos senadores de los Estados Unidos que querían presionar al gobierno de Ortega para que celebre elecciones libres y transparentes. Después de dos intentos fallidos en el Congreso de los Estados Unidos, y tras el estallido de la crisis política, se aprobó la ley. La ley limitaba los préstamos de organismos financieros internacionales al gobierno de Ortega. También impuso sanciones a los funcionarios del régimen de Ortega, como bloquear sus activos estadounidenses y prohibirles que realicen transacciones utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos.
Esta ley tocó uno de los pilares fundamentales de la economía de Nicaragua: su dependencia de los Estados Unidos y sus aliados. Esta dependencia se debe tanto a la gran cantidad de remesas que ingresan al país como a la cantidad de inversión pública financiada por préstamos de agencias de ayuda de cooperación internacional (más del 70% de la inversión pública en 2017). Esta dependencia también se debe al hecho de que, a principios de 2018, el 65 por ciento de los depósitos en el país eran en dólares.
Las proyecciones para 2019 no son para nada alentadoras. Las entidades internacionales y FUNIDES estiman una desaceleración económica de entre el 7% y el 10%. La situación política no está clara a corto plazo. La incertidumbre es rampante en los círculos de negocios, y la contracción de la actividad económica es evidente en las calles, donde cientos de negocios permanecen cerrados. Pero de todas las industrias afectadas, quizás la más crítica sea el sector bancario.
Una muerte lenta para el sistema bancario
Según el profesor Richard Feinberg y la investigadora Beatriz Miranda, en el ensayo «Una tragedia nicaragüense: del consenso a la coacción», el FMI creía que el sistema bancario de Nicaragua tenía estándares de liquidez y solvencia muy superiores a los internacionales, y que sus alianzas con el gobierno le dio un ambiente legal cómodo que hizo posible obtener grandes ganancias. Sin embargo, en medio de la crisis, los préstamos cayeron en incumplimiento, las ganancias desaparecieron y el capital bancario se vio comprometido.
Las acciones violentas del gobierno provocaron el pánico entre los ahorradores e inversionistas, lo que resultó en retiros masivos del sistema bancario nicaragüense. Las personas que hicieron los retiros incluyeron a todos, desde pequeños ahorradores que retiraron dinero en caso de emergencias, hasta grandes inversionistas que lo sacaron del país. Según FUNIDES, entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 2018, más del 28% de los depósitos totales del sistema bancario fueron retirados.
Situaciones como esta ejercen una presión significativa sobre los bancos para cumplir con las demandas de efectivo de los titulares de sus cuentas, lo que a su vez crea presión para la pronta recuperación de las carteras de crédito o la adquisición de líneas de crédito de otras instituciones financieras. Y, de hecho, el crédito se vio afectado. La cartera de préstamos se contrajo en un 13% en 2018. La contracción del crédito es particularmente importante porque reduce la capacidad de otros agentes de la economía para aprovechar y mejorar sus rendimientos, lo que a su vez elimina un salvavidas importante de una economía en recesión. Además, los bancos se apresuraron a comprar dólares del Banco Central de Nicaragua para cubrir la demanda de moneda extranjera para retiros o la conversión de córdobas.
El acceso a líneas de crédito internacionales se complicó, ya que después de la «Ley Nica», los bancos estadounidenses que habían hecho negocios con bancos nicaragüenses decidieron retirarse del país. Hacia fines de 2018, Wells Fargo, Bank of America, J. P. Morgan Chase y Citi, cuatro de los bancos más importantes de los Estados Unidos, decidieron poner fin a las relaciones con los bancos nicaragüenses, quejándose de importantes aumentos de riesgo en el país y las dificultades impuestas. Por las restricciones de la ley nica. Las agencias internacionales de calificación también han castigado al país, disminuyendo la clasificación del país debido a los riesgos sociopolíticos y elevando la prima de riesgo del país, haciendo que el crédito internacional sea más caro. Todos estos problemas hicieron que el banco tomara medidas de ahorro desesperadas, como cerrar sucursales, despedir empleados e incluso buscar clientes con pagos vencidos de préstamos.
Ante una falta masiva de líneas de crédito extranjeras, el banco central trató de inyectar liquidez a los bancos. Sin embargo, con la cantidad de retiros del sistema y la falta de otras líneas de crédito, esto solo ha resultado en la pérdida de reservas monetarias, poniendo en peligro la estabilidad del tipo de cambio. Entre abril y diciembre de 2018, las reservas disminuyeron en un 30%. Si esta tasa de retiros continuara, podrían quedarse sin reservas para este año o el próximo.
Riesgo de congelamiento bancario, riesgo de devaluación
A partir de ahora, uno de los mayores riesgos en Nicaragua es la pérdida de la estabilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio en Nicaragua ha sido administrado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) desde la década de los noventa a través de un sistema de tipo de cambio de tipo de cambio variable, por el cual el tipo de cambio del córdoba frente al dólar estadounidense se deprecia en un 5 por ciento por año y se ajusta diariamente para que la devaluación sea lineal. Sin embargo, en los últimos meses, el BCN ha estado tomando una serie de decisiones erráticas que advierten sobre futuros problemas de intercambio.
Una de esas decisiones fue hacer que la tasa mensual de conversión de moneda fuera discrecional. Esto significa que el presidente del banco central decidirá mensualmente cuánto desea devaluar la moneda, lo que podría romper con el tradicional 5% que ha estado vigente durante los últimos 25 años. En el momento, esta decisión provocó una oleada de especulaciones sobre las graves devaluaciones, pero el BCN ha respetado la regla del 5% desde que se eliminó en octubre de 2018. No es viable modificarla en el corto plazo, porque una gran parte de la economía nicaragüense está dolarizada (al igual que los préstamos). Sin embargo, aunque la regla se había respetado hasta ahora, ya no es una regla. Esto solo aumenta la incertidumbre para los agentes económicos que permanecen a merced de la voluntad del banco central, una institución que debería estar entre las más estables y confiables para que un país se desarrolle a nivel macroeconómico como debería.
Los retiros significativos de depósitos en dólares y la consiguiente pérdida de reservas corren el riesgo de una devaluación de facto. El riesgo también se deriva de la falta de reservas disponibles para el Banco Central de Nicaragua. Las reservas se vieron drásticamente afectadas por la demanda en los bancos comerciales de retiros de dólares, y el BCN cubrió el 74% de los dólares exigidos por los bancos para este fin. Como se mencionó anteriormente, una disminución insostenible de las reservas obligaría al banco central a elegir una de dos opciones:
- Libera el tipo de cambio a la vez.
- Limita la salida de dólares de alguna manera.
La primera opción, ideal para estabilizar el mercado, sería muy dolorosa para una economía que ya está en recesión y, como resultado, no es políticamente viable. Otra solución sugerida por los economistas es eliminar la indexación de ciertos bienes y servicios, de modo que el impacto del tipo de cambio no afecte las tasas de interés ni los salarios. Sin embargo, esta medida generaría una gran incertidumbre entre los agentes económicos, lo que empeoraría el proceso de devaluación.
La segunda opción, que limita la salida de dólares, es un camino conocido por los gobiernos latinoamericanos que enfrentan crisis monetarias. De alguna manera, esta opción ya se ha puesto en marcha con otra decisión del BCN: limitar la capacidad de las instituciones financieras para comprar dólares en línea. En octubre de 2018, el banco central notificó a los bancos que, para cubrir sus necesidades en dólares, debían realizar una solicitud por escrito con 48 horas de anticipación, indicando el monto, el propósito y las entidades involucradas. Este tipo de «pre-corralito» (un congelamiento bancario) en el que la cantidad de dólares otorgados a los bancos comienza a restringirse, abre la puerta al rígido control de los intercambios que se otorga a cualquier persona o institución en el futuro, lo que resulta en la pérdida de convertibilidad de moneda libre. A partir de ahí, el BCN puede decidir a quién venderá o no los dólares. Luego, cuando las reservas alcancen mínimos insostenibles, el BCN comenzará a limitar los dólares a lo que el régimen considera sus prioridades, perjudicando al resto de la economía.
Una estrategia adoptada por el BCN para combatir la reducción de las reservas fue sacar la moneda nacional de circulación. La idea era limitar la cantidad de córdobas para intentar contrarrestar la disminución de dólares y mantener la proporción de 2,8 que el banco central maneja para estabilizar sus operaciones de cambio de divisas. El gran problema con esta medida es que la reducción intencional de la cantidad de dinero en circulación frena la economía al dejar a los agentes económicos con menos liquidez, además de reducir el crédito. En una economía en recesión, la disminución del dinero agrava aún más la recesión, como lo demuestra la Gran Depresión en los Estados Unidos en la década de los treinta.
Lo más probable es que el banco central realice un conjunto de dos estrategias conjuntas. Por un lado, dado su poder discrecional, podría cambiar la tasa de rastreo del córdoba manteniendo el control de la salida de dólares. En 2019, la crisis se verá agravada por el INSS y las reformas fiscales (consulte la siguiente sección), lo que empeorará la salida de capital. Reducir la oferta de dinero, decidir a su discreción a quién venderán dólares y controlar la salida de divisas de la economía hará que desaparezca la ya debilitada confianza empresarial y creará la peor crisis que los nicaragüenses han visto desde la época de los sandinistas.
El golpe de gracia: reforma fiscal y reforma de la seguridad social (INSS)
Nueve meses después de que la reforma del INSS no pudiera ser aprobada en 2018, Ortega y su congreso aprobaron modificaciones a la seguridad social. La reforma incrementó las contribuciones de los empleadores del 19% al 22,5%, y las contribuciones de los trabajadores del 6,25% al 7%. Además, según FUNIDES, las pensiones de los jubilados se redujeron en promedio en un 35%.
A pesar del rechazo categórico del sector privado a la reforma, el gobierno hizo oídos sordos. Para los empleadores, reducirá la contratación y causará más despidos y un mayor desempleo. Para los trabajadores, los dejará con ingresos más bajos, lo que terminará dañando su ya reducido poder de compra. Las empresas más afectadas serán aquellas que dependen principalmente del trabajo manual, pero en general se espera que aumente el desempleo.
Es cierto que la reforma fue vital, porque si los ingresos del INSS no se hubieran incrementado de alguna manera, el programa habría quebrado. Sin embargo, la abrupta forma en que se hizo de manera menos gradual que la reforma propuesta en 2018 provocará una reducción de la liquidez entre las empresas y las familias, agravando así la crisis.
Sin embargo, el «golpe de gracia» para la economía de Nicaragua fue la reforma fiscal del gobierno. La reforma fue considerada «confiscatoria» por la sociedad civil y solo buscaba mejorar las finanzas estatales que el mismo gobierno había empeorado al provocar la crisis de 2018. En la reforma, muchos de los productos alimenticios que no estaban sujetos a impuestos comenzaron a ser gravados, el ISR (impuesto sobre la renta) aumentó, se aumentaron ciertos impuestos específicos y hubo muchos obstáculos que impidieron que un producto fuera exonerado del IVA (impuesto al valor agregado). Sin embargo, la característica más extravagante fue el impuesto del 1,5 por ciento sobre las exportaciones.
El impuesto sobre los productos alimenticios limitará el consumo familiar. También impulsará a las empresas a disminuir su actividad productiva, lo que conduce a recortes, más desempleo y una crisis en una espiral descendente. Según la Cámara de Industria de Nicaragua, los precios al consumidor podrían aumentar entre un 50% y un 70%. Si el objetivo del gobierno era recaudar más dinero, el efecto será el opuesto exacto después de reducir la economía y dañar las finanzas públicas, ya que contratará más a la economía y disminuirá los ingresos fiscales.
Es absurdo aumentar los costos en una economía que ya está en recesión porque termina eliminando la poca liquidez que queda en el sistema, de modo que a las empresas les quedan tres opciones: despedir empleados y ahorrar en una medida extrema, reducir la producción a un mínimo, o cerrar sus negocios. El potencial de competitividad de Nicaragua se ha perdido con estos daños a sus industrias, pero son principalmente las personas comunes las que sufren. El desempleo empuja a las personas hacia el mercado informal, la inmigración ilegal o el crimen, y cualquiera de las tres opciones disminuirá la calidad de vida de los nicaragüenses. Y, no satisfecho con el daño que ya ha causado, el gobierno tiene el poder de aumentar los impuestos nuevamente en mayo si la recaudación de impuestos no cumple con las expectativas.
Entonces, ¿qué esperar en 2019?
En 2019 es sensato esperar una reducción más acelerada de la economía, con una posible caída de más del 10%. La posibilidad de crisis bancarias sigue aumentando si los retiros continúan como están o si aumentan. También es posible una devaluación pronunciada o un «corralito» (congelación bancaria) que limita la moneda extranjera que está disponible para las personas y las empresas. Lo peor de todo es que la situación política es la causa real de estos males, y no parece probable que cambie a corto plazo. Según The Economist, no se esperan elecciones a menos que las condiciones políticas se deterioren drásticamente, ya que Ortega cuenta con el apoyo del ejército.
Las empresas no solo tienen que lidiar con menos ventas, menos operaciones, menores precios internacionales de materias primas y falta de acceso a financiamiento, sino que ahora también tienen que lidiar con impuestos más altos y costos laborales más altos. La incertidumbre que el régimen de Ortega introdujo en la economía, la crisis que creó y el colapso económico que está sufriendo este pequeño país centroamericano, son ejemplos del tremendo daño que el autoritarismo causa a las economías institucionalmente débiles. Según FUNIDES, las empresas ya enfrentan una escasez de suministros, el crédito es escaso o demasiado costoso, y los proveedores no quieren otorgar muchos días de crédito debido al riesgo del tipo de cambio.
No sabemos cuántos años podría tomar Nicaragua para recuperarse de este golpe, pero cada día que Ortega permanece en el poder, este período se alarga. Si Maduro, con una crisis aún peor, ha podido soportar las sanciones internacionales contra Venezuela, es probable que Ortega continúe aferrándose al poder. Como si fueran espejos, Siria y Venezuela reflejan casos de regímenes autoritarios que han causado graves crisis y que mantienen el poder controlando las instituciones estatales con el apoyo incondicional de los militares. Pero, a menos que Nicaragua quiera continuar por el tortuoso camino que ambos países han recorrido, debería cambiar su liderazgo de gobierno o todos los esfuerzos serán en vano.
El artículo original se encuentra aquí.
