Aplicación de la Ley de inmigración de los Estados Unidos: culpable hasta que se demuestre su inocencia

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En los Estados Unidos, se supone que el sistema legal debe comenzar con una presunción de inocencia. Si el Estado sospecha que alguien ha cometido un delito, le corresponde al Estado demostrarlo. La carga de la prueba recae en los agentes del Estado.

Pero así no es cómo funciona el sistema de inmigración. Cuando alguien es detenido por agentes de inmigración, es el sospechoso quien debe probar que no es un criminal. De lo contrario, el sospechoso puede ser retenido durante largos períodos sin el debido proceso, o incluso deportado.

Y no debemos engañarnos pensando que sólo los extranjeros quedan atrapados en este sistema. Dado que lo único que separa legalmente a los ciudadanos de los no ciudadanos es el papeleo aprobado por el gobierno, los ciudadanos estadounidenses pueden caer fácilmente en la misma trampa de culpabilidad, hasta ahora probada, de inocencia que cualquier otra persona.

La carga de la prueba recae sobre usted

El gobierno de los Estados Unidos puede, y de hecho lo hace, arrestar y encarcelar a ciudadanos estadounidenses bajo sospecha de ser extranjeros ilegales.

Los períodos de encarcelamiento (es decir, «detención») pueden durar varios días en muchos casos, hasta un año o más en casos extremos. Incluso un corto período de detención puede llevar a que una persona pierda su trabajo o pierda el pago del alquiler.

¿Con qué frecuencia se detiene injustamente a los ciudadanos estadounidenses? Entre los detenidos que afirman ser ciudadanos estadounidenses, The Los Angeles Times estima que la cifra puede llegar al 18 por ciento:

En los siete años y medio que terminaron en febrero, el ICE revisó 8.043 solicitudes de ciudadanía de personas en custodia, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional. En 1.488 (casi una quinta parte de esos casos) los abogados del ICE concluyeron que las pruebas «tendían a demostrar que el individuo puede, de hecho, ser ciudadano estadounidense», dijo una portavoz del DHS.

Los casos incluyen a Sergio Carillo, un paisajista que fue secuestrado por agentes del gobierno en un estacionamiento de Home Depot, y a Jilmar Ramos-Gómez, un ex infante de marina de los EE.UU. detenido y programado para ser deportado en Michigan. La culpa es principalmente de los agentes del gobierno que no son especialmente competentes, precisos o interesados en llevar a cabo investigaciones extenuantes. Los agentes rara vez son disciplinados por arrestar a las personas equivocadas o por no investigar adecuadamente los reclamos de ciudadanía. Como concluye The Times, los que son detenidos injustamente lo son como resultado de «registros gubernamentales incompletos, datos erróneos e investigaciones poco rigurosas».

Además, se ha demostrado que los agentes falsifican documentos y omiten los procesos de revisión necesarios. Como lo demostró una investigación de la CNN, los agentes de inmigración utilizaron documentación inapropiada para evitar trabajar los fines de semana y hacer más arrestos:

Los oficiales… tenían órdenes de arresto firmadas indebidamente en nombre de sus supervisores, especialmente en las noches o los fines de semana. Algunos supervisores incluso dieron a sus oficiales órdenes en blanco pre-firmadas – en efecto, dándoles ilegalmente la autoridad para comenzar el proceso de deportación.

A veces, los agentes de inmigración se niegan a aceptar documentos de otras agencias gubernamentales.

En el sur de Texas, por ejemplo, los agentes de inmigración han comenzado a afirmar que los certificados de nacimiento de los Estados Unidos, emitidos por agencias gubernamentales, no son válidos. En otras palabras, una agencia gubernamental está despojando a los ciudadanos estadounidenses de la ciudadanía porque sospecha que otra agencia gubernamental emite certificados de nacimiento de manera inapropiada.

Esto, por cierto, a menudo se hace décadas después del hecho. De acuerdo con el Texas Standard:

Cientos, tal vez miles de personas con certificados de nacimiento que demuestran que nacieron en el sur de Texas se les están negando los pasaportes, o se los están revocando. Su ciudadanía es ahora cuestionada porque el Departamento de Estado no cree que realmente hayan nacido en Estados Unidos.

En un caso, el reportero del Washington Post Kevin Seiff señala a un estadounidense que «en el pasado tenía un pasaporte estadounidense». Pero cuando el hombre solicitó una renovación, «En vez de recibir un nuevo pasaporte por correo, lo que recibió fue una carta del Departamento de Estado diciendo que no creían que en realidad había nacido en los Estados Unidos».

En estos casos, los estadounidenses adultos deben escarbar en su pasado para encontrar evidencia de que nacieron en los Estados Unidos.

Hasta entonces, estas personas se convierten esencialmente en apátridas. No pueden salir legalmente del país porque eso requiere un pasaporte. Y ciertamente no pueden volver a entrar legalmente.

Hasta allí llega el «inocente hasta que se demuestre lo contrario».

No empezó con Trump

Entre los que se pasan los días dando vueltas sobre All Things Trump (todo es culpa de Trump), puede haber una tentación de culpar de todos estos asuntos a los movimientos más recientes de la administración de Trump.

Pero eso estaría mal.

Históricamente, las deportaciones injustas no son algo que se invente después de 2016. Durante las agresivas redadas de inmigrantes durante la Gran Depresión, muchos estadounidenses fueron deportados en una época en la que la documentación gubernamental de los nacimientos y la ciudadanía era aún más azarosa de lo que es ahora. Según los historiadores Francisco E. Balderrama y Raymond Rodríguez en Decade of Betrayal, «aproximadamente el 60 por ciento de los expulsados sumariamente [durante la década de los treinta] eran niños que habían nacido en los Estados Unidos y eran ciudadanos estadounidenses legales».

Pero los problemas modernos con la aplicación de la ley ciertamente son anteriores a la administración de Trump. Los casos de estadounidenses a los que de repente se les niegan los pasaportes se remontan al menos a la administración de George W. Bush, y continuaron durante los años de Obama. Muchos de los casos de estadounidenses detenidos ilegalmente por el ICE ocurrieron bajo la supervisión de Obama.

La frontera de las 100 millas

Los ciudadanos estadounidenses (por no mencionar a otros residentes legales) pueden ser atrapados fácilmente en una variedad de redadas y puestos de control del gobierno gracias a la invención de la zona fronteriza de 100 millas, dentro de la cual los agentes fronterizos pueden interrogar y detener a los estadounidenses por una variedad de razones.

Estos poderes para detener e interrogar a cualquier estadounidense datan sólo de 1946, como lo describe Vox:

El Congreso dio a los agentes de inmigración un enorme poder cuando aprobaron la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1946. La ley otorgó a los agentes de inmigración la autoridad «para interrogar a cualquier extranjero o persona que se crea que es un extranjero sobre su derecho a estar o permanecer en los Estados Unidos» y para «abordar y buscar extranjeros en cualquier embarcación dentro de las aguas territoriales de los Estados Unidos y en cualquier vagón de ferrocarril, avión, vehículo o vehículo». Sin embargo, sólo podían hacerlo «dentro de una distancia razonable» de una frontera exterior de los Estados Unidos.

Al principio, esta «distancia razonable» era de 25 millas. Pero fue extendido unilateralmente por el Departamento de Justicia a 100 millas sin ningún cambio en el estatuto. Dado que «la frontera» incluye tanto fronteras terrestres como marítimas, dos tercios de los estadounidenses viven dentro de esta zona fronteriza. Estados enteros están incluidos dentro de la zona, incluyendo Florida, Michigan y Maine.

En consecuencia, la patrulla fronteriza puede establecer puestos de control y obligar a los estadounidenses a hacer largas colas en las que los automovilistas pueden esperar una hora o más mientras los agentes federales intentan interrogar y registrar a los ocupantes de cada vehículo.

Esto, por supuesto, equivale a detener e interrogar a los estadounidenses sin ninguna razón para sospechar que están haciendo algo malo más allá del hecho de que la persona está físicamente presente en los Estados Unidos. Según se informa, hay 170 puestos de control en funcionamiento en todo el país.

La Patrulla Fronteriza afirma que estos encuentros son constitucionales porque estas «conversaciones» entre los caballeros federales y sus objetivos son «consensuales». Los agentes dependen principalmente de las amenazas implícitas para obtener el cumplimiento de los estadounidenses.

Por lo tanto, los estadounidenses son técnicamente capaces de negarse a responder a las preguntas, aunque los agentes federales responderán a los esfuerzos para hacer valer los derechos de uno con detención de facto y reclamos incorrectos de autoridad legal.

(Muchos de estos encuentros son filmados y publicados en sitios como YouTube, donde a menudo se puede ver a los estadounidenses tratando a los agentes de la Patrulla Fronteriza en estos puestos de control con el desprecio que se merecen).

El potencial de abuso es significativo. Al igual que los agentes de policía ordinarios, los agentes de inmigración y de fronteras son recompensados por las altas tasas de arrestos, independientemente de si estos arrestos conducen o no a enjuiciamientos sostenidos y a la determinación de la culpabilidad. Los agentes no tienen ninguna razón o incentivo para investigar cuidadosa o rápidamente los reclamos de ciudadanía y estatus legal.

Por otra parte, los estadounidenses que se presume culpables se enfrentan a la cárcel y a la pérdida de la libertad de viajar si los agentes federales deciden por sí mismos (sin pruebas documentadas) que un estadounidense está presente en los Estados Unidos de forma ilegal.

La ley de inmigración de una sola vía viola los derechos de propiedad de los estadounidenses

Los estadounidenses, por supuesto, no tienen que ser detenidos, arrestados ni interrogados sobre su ciudadanía para que el gobierno federal abuse de sus derechos de propiedad.

Esto ocurre cada vez que los agentes de inmigración procesan a un empleador por contratar a trabajadores sin la documentación adecuada del Estado, o por alquilar un apartamento a inquilinos que son considerados «ilegales». En casos como este, el derecho a comerciar pacíficamente con otros se hace nulo y sin valor.

Pero, ¿quién puede sorprenderse de la incompetencia y el abuso? Después de todo, esta organización (es decir, el gobierno federal) es la misma que maneja los hospitales de veteranos de guerra, roba rutinariamente propiedad privada a través de la guerra contra las drogas, y no quiere que usted sepa cuánto dinero se desperdicia en otra guerra fallida.

Los defensores de los controles de inmigración se quejarán: «Entonces, ¿qué, sólo quieres abrir las fronteras?» Esta pregunta implica una falsa dicotomía. Hay opciones más allá de las fronteras abiertas o de un leviatán federal sobrecargado. Además, la acusación de fronteras abiertas es sobre todo un método para desviar la atención de una posición de «justificar los fines de los medios» que acepta tácitamente la detención, el interrogatorio y el encarcelamiento de los residentes legales de los EE.UU., en la que la carga de la prueba recae en los ciudadanos pacíficos que se ocupan de sus propios asuntos.

Los defensores de una mayor represión de la inmigración rara vez ofrecen alternativas que respeten los derechos de propiedad de los estadounidenses, y en su lugar optan por mirar hacia otro lado, ya que la Carta de Derechos es ignorada en nombre de la captura de los malos.

No importa el hecho de que la mayoría de estos poderes «esenciales» de la patrulla fronteriza son innovaciones nuevas e inconstitucionales. De alguna manera, los Estados Unidos lograron sobrevivir antes de que la Patrulla Fronteriza tuviera la capacidad de detener e interrogar a cualquier estadounidense dentro de su zona fronteriza de 100 millas. De alguna manera, los EE.UU. no fue asediado por la anarquía antes de que los federales decidieron empezar a anular los certificados de nacimiento de los estadounidenses.

Los poderes federales de aplicación de la ley tienden a parecer razonables hasta que se examinan los detalles de la aplicación de la ley. Y entonces el fraude, el abuso y las violaciones masivas de los derechos se hacen cada vez más evidentes. Pero nada de esto es sorprendente.

Tal vez Lew Rockwell lo dijo mejor: «Este es el problema. Si le das al Estado un trabajo que hacer, incluso uno que parece justificado en abstracto, usará su poder para hacer un desastre terrible en la práctica».


Fuente.

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