Cuando Israel Leija, Jr. estaba recogiendo comida en un restaurante de comida rápida en 2010, los agentes de policía se acercaron a su coche para arrestarlo. Leija era culpable de violar su libertad condicional, y cuando los oficiales le informaron que estaba bajo arresto, se alejó a toda prisa. Durante los siguientes veinte minutos, Leija dirigió a la policía en una persecución a alta velocidad.
Durante la persecución, la policía utilizó tácticas estándar para detener a Leija. Anticipándose a sus posibles rutas, desplegaron clavos de neumáticos en tres áreas diferentes. Pero un oficial, Chadrin Mullenix, decidió pensar fuera de la caja. A pesar de no haber sido entrenado para disparar a vehículos en movimiento, Mullenix pidió permiso a su supervisor para disparar su rifle M-4 desde un paso elevado en el bloque motor de Leija. Sin embargo, se olvidó de esperar una respuesta antes de tomar la iniciativa. Disparó seis balas, ninguna de las cuales alcanzó el motor, pero cuatro de las balas alcanzaron a Leija y lo mataron. Después del tiroteo, Mullenix le dijo a su supervisor: «¿Qué tal eso de proactivo?», en respuesta a una crítica anterior de su supervisor por no tomar suficiente iniciativa
En el caso Mullenix contra Luna, el oficial Mullenix fue absuelto de los cargos de uso excesivo de la fuerza por motivos de inmunidad. Antes del caso Harlow contra Gitzgerald en 1982, la inmunidad calificada era esencialmente inmunidad de «buena fe»; mientras los funcionarios creyeran «de buena fe» que sus acciones eran legales, estarían protegidos de demandas judiciales. Harlow rechazó la cláusula de buena fe (que dependía de la evaluación subjetiva del funcionario) de modo que la única «calificación» para la inmunidad cualificada era que no se violaba ninguna ley «claramente establecida». A primera vista, la subjetividad de la cláusula de buena fe parece proporcionar una defensa abierta para los abusos policiales, pero al eliminar esta condición, los agentes de policía en realidad obtuvieron aún más inmunidad de responsabilidad.
En el caso de Mullenix, el comentario «¿Qué tal eso de proactivo?» habría demostrado que no estaba actuando de buena fe cuando tomó la iniciativa de disparar temerariamente a un vehículo en movimiento. En cambio, la falta de una ley que prohíba específicamente sus acciones en circunstancias únicas fue suficiente para concederle inmunidad jurídica. Dado que la ley estatutaria no puede prever razonablemente todas las circunstancias únicas a las que se enfrentarán los oficiales, casi cualquier abuso de poder cumple con los criterios de inmunidad calificada, incluso en los casos en los que un oficial desafía descaradamente las expectativas razonables de una conducta apropiada.
El caso de Philip Brailsford es un ejemplo aún más notable de cómo la inmunidad calificada sirve como licencia para el abuso policial. Después de que los clientes de La Quinta Inn confundieron una pistola de control de plagas con un arma, la policía fue llamada para investigar a Daniel Shaver. Cuando lo encontraron, desarmado y borracho, Shaver no estaba violando ninguna ley. Pero el oficial Brailsford, mientras llevaba una cámara corporal para grabar sus actividades, ordenó a Shaver que se tirara al suelo y procedió a jugar un juego sádico de Simón dice. Mientras señalaba con su AR-15 al borracho padre de dos hijos, Brailsford dio una serie de órdenes de fuego rápido de «Simón dice», diciéndole a Shaver «Si cometes un error… hay una posibilidad de que te dispare». Desafortunadamente, mientras Shaver intentaba seguir las órdenes, llorando y rogando que no le dispararan, cometió un error (moviendo su mano para atrás para subir sus pantalones caídos) y Brailford le disparó cinco balas.
Al igual que Mullenix, Brailsford claramente no estaba demostrando discreción de buena fe en su interacción con Daniel Shaver. Intoxicado con el poder, estaba jugando un juego cruel que terminó con el asesinato de un hombre que no había violado ninguna ley. Todo esto fue grabado en video. En el arma que usó para matar a Shaver estaban inscritas las palabras «Estás jodido», que el juez declaró inadmisibles en el tribunal, de acuerdo con el fallo Harlow que desechó la cláusula de buena fe. Todo lo que Brailsford tuvo que demostrar fue que no estaba violando ninguna ley claramente establecida y, por supuesto, no hay ningún estatuto que prohíba a un oficial de policía asesinar a alguien por fallar en un juego de Simón dice. Desde entonces, Brailsford ha sido absuelto y, después de afirmar que padecía de TEPT por el asesinato, actualmente disfruta de una pensión de jubilación (tenía veintiséis años cuando mató a Shaver) de 2.500 dólares al mes.
La doctrina de la inmunidad cualificada dice esencialmente que para que un agente de policía rinda cuentas, debe haber un estatuto que especifique todas las particularidades de su situación particular. Cualquier cosa, incluso remotamente ambigua, cae bajo la amplia categoría de «discreción». En teoría, la inmunidad legal es «calificada», pero en la práctica, es efectivamente absoluta.
En el caso más reciente, ocurrido hace sólo unas semanas, un equipo de agentes de policía en Georgia irrumpió en la propiedad de Amy Corbett. Los agentes estaban persiguiendo a un presunto delincuente, y Corbett y sus hijos tuvieron la desgracia de vivir cerca de donde se creía que estaba el sospechoso. Mientras los niños jugaban afuera, los oficiales los hicieron acostarse mientras les apuntaban con armas. Cuando el perro de la familia, Bruce, se acercó a los agentes (sin mostrar signos de comportamiento agresivo), el agente Michael Vickers hizo lo que miles de agentes de policía han hecho en situaciones similares: disparó contra la mascota de la familia.
Mientras que el asesinato de una querida mascota delante de los niños es horripilante (y no es raro en estas situaciones), Michael Vickers no pudo matar al perro. Cuando disparó su arma, el hijo de Corbett, de diez años, estaba a menos de dos pies de distancia de Vickers. De alguna manera, Vickers disparó su arma tan inexactamente que aterrizó en la rodilla del muchacho que yacía a sólo medio metro de distancia. Como era de esperar, después de que su hijo se viera obligado a mentir «durante un largo período de tiempo» en un dolor insoportable, la familia lo demandó. Al igual que Mullenix y Brailsford, al oficial Vickers se le otorgó inmunidad calificada de la demanda.
En casos como este, la inmunidad calificada no sólo protege a los malos oficiales. Las demandas cumplen dos funciones: disuaden el comportamiento imprudente (como por ejemplo, disparar un arma mientras el niño está a menos de dos pies de distancia, por ejemplo), pero también proporcionan restitución a las víctimas. Para Shaver, que se ocupaba de una esposa y dos hijos, la restitución tendría por objeto compensar a la familia, como mínimo, por la pérdida financiera de un trabajador de ingresos primarios. En el caso Corbett, la familia sigue siendo totalmente responsable de las facturas del hospital para tratar la rodilla de su hijo. La inmunidad calificada protege a los policías peligrosos y, al mismo tiempo, bloquea cualquier vía para que las víctimas alivien incluso algunas de las consecuencias del abuso policial.
Hay varios niveles de incentivos negativos incorporados en el sistema de justicia penal. El decomiso de activos, por ejemplo, alienta a la policía a confiscar bienes de ciudadanos respetuosos de la ley por los motivos más insignificantes, con escasos recursos contra reclamaciones falsas. Pero la inmunidad calificada sirve como la más peligrosa de las estructuras de incentivo perversas que gobiernan a la policía. A través de la evolución legal, la protección ofrecida se ha expandido a un grado absurdo, donde un oficial puede grabar el asesinato de un hombre como parte de un juego sádico sólo para ser recompensado con una jubilación anticipada. Los agentes de policía disfrutan de una libertad casi sin trabas por brutalidad, robo y asesinato; aquellos que no abusan de su autoridad no se restringen a sí mismos debido a las estructuras institucionales, sino a pesar de ellas. La inmunidad cualificada es el ejemplo más claro de que el estado de derecho está muerto (o, tal vez, nunca existió); los funcionarios del Estado viven de acuerdo con un conjunto de reglas, y el resto de nosotros de acuerdo con otro.
