The Free Market 24, no. 10 (Octubre 2006)
La mayoría de los académicos tienen la impresión de que la Constitución de los Estados Unidos fue la continuación inevitable de la Declaración de Independencia y la guerra con el Rey Jorge. Lo que se pierden es el emocionante debate que tuvo lugar después de la guerra y antes de la Constitución, un debate que se centró en los peligros de crear un gobierno federal.
Todo el mundo conoce a los federalistas que impulsaron la Constitución. Pero mucho menos conocidos son los antifederalistas que advirtieron con razón contra la creación de un nuevo gobierno centralizado, y justo después de que se derramara tanta sangre para deshacerse de uno.
El primero de los Documentos Antifederalistas apareció en 1789. Los antifederalistas se oponían a la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, ya que crearía lo que se convertiría en un gobierno central autoritario.
Como los perdedores en ese debate, hoy se les pasa por alto en gran medida. Pero eso no significa que estuvieran equivocados o que no estemos en deuda con ellos.
En muchos sentidos, el grupo ha sido mal llamado. El federalismo se refiere al sistema de gobierno descentralizado. Este grupo defendió los derechos de los estados –la esencia misma del federalismo– contra los federalistas, que habrían sido descritos con más precisión como nacionalistas. Sin embargo, lo que predijeron que serían los resultados de la Constitución resultó ser cierto en casi todos los aspectos.
Los antifederalistas nos advirtieron que el costo que los estadounidenses tendrían que soportar tanto en libertad como en recursos para el gobierno, que evolucionaría bajo la Constitución, aumentaría drásticamente. Por eso sus objeciones llevaron a la Carta de Derechos, para limitar esa tendencia.
Los antifederalistas se opusieron a la Constitución porque sus controles sobre el poder federal se verían socavados por interpretaciones expansivas de la promoción del «bienestar general» (que se exigiría para todas las leyes) y la cláusula de «todas las leyes necesarias y adecuadas» (que se utilizaría para superar los límites de los poderes federales delegados), que crearía un gobierno federal con poderes injustificados y no delegados que estaban obligados a abusar de ellos.
Uno podría discutir con los mecanismos que los antifederalistas predijeron que conducirían a la tiranía constitucional. Por ejemplo, no vieron que la Cláusula de comercio llegaría a llamarse «la cláusula de todo» en las facultades de derecho, justificando casi cualquier intervención federal concebible, porque la necesaria distorsión de su significado era tan grande que ni siquiera los antifederalistas podían imaginar que el gobierno podría salirse con la suya.
Y no podían haber previsto cómo la 14ª Enmienda y su interpretación extenderían la dominación federal sobre los estados después de la Guerra civil. Pero a pesar de eso, es muy difícil discutir con sus conclusiones a la luz del alcance actual de nuestro gobierno, que no sólo se inmiscuye, sino que a menudo abruma a los estadounidenses de hoy.
Por lo tanto, merece la pena recordar los premonitorios argumentos de los antifederalistas y lo desafortunada que es la virtual ausencia de estadounidenses modernos que comparten sus preocupaciones.
Uno de los más perspicaces de los antifederalistas fue Robert Yates, un juez de Nueva York que, como delegado de la Convención constitucional, se retiró porque la convención estaba excediendo sus instrucciones. Yates escribió como Brutus en los debates sobre la Constitución. Dada su experiencia como juez, su afirmación de que la Corte Suprema se convertiría en una fuente de sobrealcance federal casi ilimitado fue particularmente perspicaz.
Brutus afirmó que la Corte Suprema prevista en la Constitución se convertiría en una fuente de abusos masivos porque estaban fuera del control «tanto del pueblo como de la legislatura», y no estaban sujetos a ser «corregidos por ningún poder por encima de ellos». Como resultado, objetó el hecho de que sus disposiciones que justifican la destitución de los jueces no se extienden a los fallos que van más allá de su autoridad constitucional, lo que conduce a la tiranía judicial.
Brutus argumentó que cuando no existían fundamentos constitucionales para dictar fallos, la Corte los creaba «por sus propias decisiones». Pensó que el poder que tendría sería tan irresistible que el poder judicial lo utilizaría para legislar, manipulando los significados de cláusulas que podrían ser vagas para justificarlo.
La Corte Suprema interpretaría la Constitución de acuerdo con su supuesto «espíritu» en lugar de limitarse a la «letra» de sus palabras escritas (como exigiría la doctrina de los derechos enumerados, enunciada en la Décima enmienda).
Además, los fallos derivados de lo que el tribunal decidiera que era su espíritu tendrían efectivamente «fuerza de ley», debido a la ausencia de medios constitucionales para «controlar sus fallos» y «corregir sus errores». Esta falla constitucional se agravaría con el tiempo de una manera «silenciosa e imperceptible», a través de precedentes que se construyen unos sobre otros.
La ampliación del poder judicial facultaría a los jueces para dar forma al gobierno federal como quisieran, porque las interpretaciones constitucionales de la Corte Suprema controlarían el poder efectivo conferido al Estado y a sus diferentes poderes. Eso le daría a la Corte Suprema un poder cada vez mayor, en contradicción directa con el argumento de Alexander Hamilton en Federalist 78 de que la Corte Suprema sería «la rama menos peligrosa».
Brutus predijo que la Corte Suprema adoptaría principios «muy liberales» de interpretación de la Constitución. Argumentó que nunca en la historia ha habido un tribunal con tal poder y con tan pocos controles sobre él, dando a la Corte Suprema «inmensos poderes» que no sólo no tenían precedentes, sino que eran peligrosos para una nación fundada sobre el principio del consentimiento de los gobernados. Dada la medida en que se ha eviscerado el poder de los ciudadanos para negar efectivamente su consentimiento a las acciones federales, es difícil discutir la conclusión de Brutus.
Brutus describió con precisión tanto la causa (la ausencia de suficientes restricciones ejecutables sobre el tamaño y el alcance del gobierno federal) como las consecuencias (la expansión de las cargas y el aumento de las invasiones de la libertad) de lo que se convertiría en los poderes federales expansivos que ahora vemos a nuestro alrededor.
Pero hoy, Brutus concluiría que había sido demasiado optimista. El gobierno federal ha crecido exponencialmente más de lo que jamás podría haber imaginado (en parte porque estaba escribiendo cuando sólo era posible, por ejemplo, los impuestos al consumo y el pequeño gobierno federal que podían financiar antes de que la 16ª Enmienda abriera el camino a un impuesto federal sobre la renta en 1913), excediendo con creces sus poderes enumerados constitucionalmente, a pesar de las limitaciones de la Carta de Derechos contra él. El resultado agobia a los ciudadanos más allá de su peor pesadilla.
La tiranía judicial que fue predicha con precisión e inequívocamente por Brutus y otros antifederalistas muestra que, en lo esencial, tenían razón y que los estadounidenses modernos todavía tienen mucho que aprender de ellos.
Tenemos que entender sus argumentos y tomarlos en serio ahora, si queremos que haya alguna esperanza de restringir al gobierno federal a los poderes limitados que realmente le fueron concedidos en la Constitución, dada su tendencia actual a acelerar su crecimiento más allá de los límites constitucionales.
