El peligroso plan de la administración Trump para negar la entrada de ciudadanos estadounidenses a Estados Unidos

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La semana pasada, la administración Trump anunció que «está sopesando una nueva norma que bloquearía temporalmente a un ciudadano estadounidense o residente legal permanente de regresar a los Estados Unidos desde el extranjero si las autoridades creen que la persona podría estar infectada con el coronavirus».

La administración ya ha restringido la entrada de extranjeros y algunos residentes legales de los EEUU, pero esta sería la primera vez que ha tratado de negar la entrada a los ciudadanos de EEUU, incluidos los muchos miles de ciudadanos de EEUU que cruzan la frontera entre EEUU y México en ambas direcciones cada día.

Es muy cuestionable que esto sea constitucional, ya que la constitución de los Estados Unidos se ha interpretado durante mucho tiempo de manera que a los supuestos ciudadanos estadounidenses no se les puede negar la entrada en su propio país.

De hecho, en los últimos decenios, los países del mundo desarrollado han demostrado en general que no están dispuestos a denegar la entrada a sus propios ciudadanos y han adoptado medidas para evitar que cualquier persona se convierta en apátrida. Incluso en los casos de nuevos inmigrantes, algunos países, como Suiza, han adoptado disposiciones para agilizar la residencia legal de los migrantes que podrían quedar apátridas si se les niega la entrada.

La sugerencia de la administración de Trump de que ahora puede negar la entrada a los ciudadanos representa un cambio en esta tendencia jurídica y política ya bien establecida.

Pero una de las victorias de los liberales clásicos en los últimos siglos ha sido su exitosa oposición a la insistencia de los regímenes en que pueden negar la entrada a sus propios ciudadanos si esas personas son consideradas indeseables de alguna manera.

Esta táctica se ha empleado a menudo como medio para exiliar a los enemigos políticos y manipular la demografía para obtener beneficios políticos.

Durante finales del siglo XIX y principios del XX, por ejemplo, el estado ruso, que en general desalentaba la emigración, trató de alentar a los judíos a abandonar Rusia de forma permanente. Como señala la historiadora Tara Zahra: «Era posible adquirir un pasaporte de ‘emigrante’ gratis, pero era un billete de ida, ya que el regreso estaba prohibido. Eso significaba cortar virtualmente los lazos familiares, y conllevaba el riesgo de apatridia si un emigrante era rechazado o deportado por las autoridades de inmigración estadounidenses» (Vease Zahra’s The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World [Nueva York: W.W. Norton, 2016])

En décadas posteriores, por supuesto, aquellos que desertaron bajo los regímenes comunistas soviéticos podrían encontrarse con que se les negara el reingreso más adelante.

Otros ejemplos son la dinastía manchú de China, que en ocasiones «prohibió la emigración y consideró que todos los que estaban fuera de China habían perdido su nacionalidad. Su retorno estaba prohibido».

Bajo los revolucionarios franceses, a los emigrantes se les negaba a veces la entrada dependiendo de los caprichos de los que estaban en el poder durante el Directorio y el Consulado.

Durante los días de la inquisición española, los judíos fueron animados a dejar España durante la década de 1490 pero se les negó la entrada después de 1499.

Durante los años de dominio hutu en Rwanda, a muchos emigrantes tutsis se les negó más tarde el reingreso. Sólo después de que los rebeldes tutsis sometieran finalmente a las milicias hutus tras el genocidio, muchos de estos tutsis volvieron finalmente.

Ahora, no estoy diciendo que la administración Trump esté buscando implementar una política de limpieza criptográfica o algún otro esquema nefasto de esa variedad. Sin embargo, la propuesta de que el gobierno de los Estados Unidos debería tener el poder de simplemente negar la entrada a los ciudadanos de los Estados Unidos que no son criminales ni han recibido ningún tipo de proceso riguroso es peligrosa y faculta a los regímenes para negar a los ciudadanos los derechos de propiedad más básicos. Estos derechos incluyen el derecho de un ciudadano a acceder a su propia propiedad y a visitar a su familia. La idea misma debe ser rechazada de plano como una grave violación del derecho de un americano a viajar libremente. Hay una razón por la que, históricamente, la negación de la reentrada de los ciudadanos se asocia con autoritarios y déspotas, como los republicanos franceses y los zares de antaño.


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