[Parte 1 del ensayo “La señora Lógica y la ley: Una crítica de la visión del gobierno de Ayn Rand” de Nicholas Dykes].
[Una nota sobre la semántica: uso ‘fuerza’ para referirme a la violencia iniciada o la amenaza de la misma. Por ‘Estado’ me refiero a una institución permanente, por ‘gobierno’ a su personal actual; pero tiendo a usar los términos indistintamente para referirme a cualquier grupo de personas que se atribuye la autoridad exclusiva para hacer y aplicar reglas de conducta en un área geográfica determinada. ‘Monopolio’ se refiere a actividades vueltas exclusivas por medio de la fuerza iniciada por el Estado]. (De la introducción del autor).
Para preparar el escenario, comenzaré con una breve presentación de lo que considero la esencia de la política de Rand. Esto también servirá como un recordatorio de cómo ella misma expresó las ideas que pretendo criticar.
A. Rand sobre el gobierno
Para Ayn Rand, el único propósito del gobierno es proteger los derechos. Esta idea fue elaborada, con fuerza pero brevemente, en un solo ensayo, “La naturaleza del gobierno” (1963),1 en el que Rand argumentó contra el anarquismo y por un monopolio gubernamental sobre el uso de la fuerza.
Su exposición comenzó con la sine qua non de los derechos individuales: “el principio social básico sin el cual no es posible una sociedad moral o civilizada” [108]. Luego procedió a la no iniciación de la fuerza, siendo Rand el primer filósofo en enunciar completamente este principio vital: “La condición previa de una sociedad civilizada es la prohibición de la fuerza física en las relaciones sociales. … En una sociedad civilizada, la fuerza puede ser usada solo en represalia y solo contra aquellos que inician su uso” [108].
De acuerdo con su devoción a la objetividad, Rand relacionó la necesidad del gobierno con una necesidad de una ley objetiva: “El uso de la fuerza física, incluso su uso en represalia, no puede dejarse a discreción de los ciudadanos individuales” [108]. “Si la fuerza física ha de prohibirse en las relaciones sociales, los hombres necesitan una institución encargada de proteger sus derechos bajo un código objetivo de reglas” [109].
Para lograr esta objetividad y prevenir el uso injustificado de la fuerza, Rand sostuvo que el gobierno tenía que ser un monopolio: “un gobierno posee el monopolio del uso legal de la fuerza física. Tiene que poseer un monopolio, ya que es el agente para restringir y combatir el uso de la fuerza” [109]. Por ‘monopolio’ Rand se refería al monopolio coercitivo, no al ‘único productor’. El gobierno “tiene el derecho exclusivo de hacer cumplir ciertas reglas de conducta social” comienza su ensayo [107, cursivas de Rand].
Siguiendo a Locke y los Padres Fundadores de su país de adopción, Rand sostuvo que el gobierno estaba justificado si se basaba en el consentimiento: «La fuente de la autoridad del gobierno es ‘el consentimiento de los gobernados’» [110]. Sin embargo, Rand no permitió ninguna elección en el asunto: “Solamente hay un principio básico al que un individuo debe consentir si desea vivir en una sociedad civilizada y libre: el principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar al gobierno su derecho de autodefensa física” [110, cursivas añadidas].
Rand fue vehemente en su rechazo a la anarquía: “La anarquía, como concepto político, es una abstracción flotante ingenua … una sociedad sin un gobierno organizado estaría a merced del primer criminal que viniera … incluso una sociedad cuyos miembros fuesen completamente racionales e impecablemente morales, no podría funcionar en un estado de anarquía; es la necesidad de leyes objetivas y de un árbitro para los desacuerdos honestos entre los hombres lo que requiere el establecimiento de un gobierno”.
Ella fue igualmente ácida en su rechazo del anarcocapitalismo: «Una variante reciente de la teoría anarquista… es un absurdo extraño llamado ‘gobiernos competidores’» [112]; «esta teoría… obviamente carece de cualquier comprensión de los términos ‘competencia’ y ‘gobierno’» [113].
Finalmente, Rand era plenamente consciente de los peligros de un monopolio estatal sobre la fuerza. El gobierno tenía que estar “rígidamente definido, delimitado y circunscrito” [109] y sus actividades estrictamente limitadas a la policía, las fuerzas armadas y los tribunales de justicia [112]. Ella era una gran admiradora de la constitución estadounidense original, cuyo sistema de controles y equilibrios fue un “logro incomparable… el concepto de una constitución como un medio para limitar y restringir el poder del gobierno” [114].
En resumen, Rand vio al gobierno como esencial para proteger los derechos. Sin embargo, para lograr este fin, era igualmente esencial proteger los derechos del gobierno.
B. El conflicto con los derechos individuales
Rand abogó por un monopolio estatal sobre el uso de la fuerza.2 Sin embargo, el establecimiento de un monopolio estatal implica automáticamente una iniciación de la fuerza, algo que Rand afirmó que debe ser excluido de la sociedad civilizada: un monopolio estatal es, por su naturaleza, restrictivo y coercitivo. Además, un monopolio estatal es absoluto, no permite la competencia. No obstante, en otro lugar, Rand sostuvo que el derecho a la libertad es inalienable, es decir, absoluto: “inalienable significa lo que no podemos quitar, suspender, infringir, restringir o violar”.3
Pero un derecho inalienable a la libertad implicaría que los ciudadanos son libres de establecer sus propios sistemas de protección de derechos. Entonces, evidentemente, si se establece un monopolio estatal, el Estado entra inmediatamente en conflicto con los derechos inalienables que se supone que debe proteger.
Muchos libertarios han señalado esto o problemas relacionados. El fallecido Roy Childs, por ejemplo, escribió una “Carta abierta” a Ayn Rand en 1969 afirmando que su concepción de gobierno limitado era contradictoria: “un gobierno limitado debe iniciar la fuerza o dejar de ser un gobierno… el concepto mismo … es un intento fallido de integrar dos elementos contradictorios: el estatismo y el voluntarismo”.4
Rand respondió, si recuerdo bien, diciendo que la idea alternativa de Child del anarquismo de libre mercado —una sociedad puramente voluntaria— no tenía sentido; solo tenía que haber un ‘monopolio sobre el uso de la fuerza’. Que yo sepa, ella nunca negó la contradicción que Childs había señalado.5 Más bien, ella parecía suponer que era una paradoja: algo que apenas parecía contradictorio, y entonces solamente para los no iniciados; los sabios aceptaban un monopolio coercitivo sobre la coerción como inevitable.
Locke, Paine, Jefferson y otros pensadores de la Ilustración ciertamente aceptaron esta inevitabilidad. La humanidad había “caído”; el gobierno era una insignia de inocencia perdida, un mal necesario. Sin embargo, un ‘mal necesario’ es, en el mejor de los casos, un oxímoron, autocontradictorio para el efecto literario. Uno no podría tener un verdadero “mal necesario”. Eso sería una verdadera contradicción, y las contradicciones no pueden existir, como Rand nos lo recordaba tan a menudo.
La dificultad central e insuperable que enfrenta la exposición de Rand, como cualquier defensa del gobierno monopolista, es que el monopolio coercitivo entra en conflicto con la libertad. Si los humanos como individuos tienen un derecho inalienable a la libertad, ninguna persona o grupo puede tener o adquirir el derecho a restringir esa libertad.
El asunto es completamente sencillo. No hay nada oscuro o problemático al respecto: un monopolio estatal sobre la ley y la aplicación de la ley simplemente no puede establecerse o mantenerse sin infringir inmediatamente la libertad de cualquier ciudadano que pudiera desear ofrecer, o emplear, formas alternativas de protección o arbitraje.
Las contradicciones no pueden existir. Debemos revisar nuestras premisas. O el concepto de un derecho inalienable a la libertad es falso o lo es el concepto de un Estado monopolista. Uno u otro tiene que ser abandonado.
C. ¿El fin justifica los medios?
El pensamiento de Rand en apoyo del gobierno monopolista parece estar en esta línea:
a) Los individuos tienen derechos, los prerrequisitos de la vida humana.
b) Toda experiencia, ya sea histórica o cotidiana, muestra que la protección organizada de los derechos es esencial.
c) La protección de los derechos no puede darse sin una ley objetiva.
d) La ley objetiva no puede surgir si los ‘gobiernos’ compiten; la interpretación de la agencia A diferiría de la de la agencia B, etc.
e) Por lo tanto, la protección de los derechos debe ser un monopolio.
f) Los monopolios coercitivos son malos per se, pero este monopolio está permitido porque es la única manera de lograr la ley objetiva necesaria para proteger los derechos.
g) Para garantizar que los derechos estén realmente protegidos, el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza será solamente en represalia y estará rigurosamente controlado por una constitución.
h) Debido a que nuestro fin es bueno y nuestros medios están controlados constitucionalmente, podemos vivir con algo que, en todas las demás circunstancias, es malo.
El problema es que este argumento no es diferente de (por ejemplo): “Somos elegidos para proteger la libertad. El enemigo está a las puertas. Tenemos tropas insuficientes. Para proteger la libertad debemos reclutar”. Pero uno no puede defender la libertad destruyéndola. La contradicción es flagrante. Si una acción es moralmente incorrecta, no se vuelve moralmente correcta si se lleva a cabo por un buen propósito. A es A, no B; no hay conexión lógica entre ellos. De este modo, si mi análisis es correcto, la política de Rand está viciada por un argumento de que ‘el fin justifica los medios’.
En una carta privada que disputa mis críticas a Rand, el difunto Dr. Ronald Merrill declaró que “el gobierno está moralmente justificado porque protege los derechos”.6 Incluso teniendo en cuenta la fuente informal de esta proposición —podría haber sido redactada de manera diferente en un libro— sí parece claro que el enunciado simplemente repite el patrón ‘el fin justifica los medios’ del argumento indicado anteriormente, solamente en términos diferentes y mucho más sucintamente.
Porque si el “gobierno” en la propuesta del Dr. Merrill se refiere a “un monopolio sobre el uso de la fuerza”, mi objeción anterior se mantiene: el establecimiento de tal monopolio en sí mismo iniciaría la fuerza. Un monopolio gubernamental no sólo viola los derechos individuales —al eliminar la libertad de elección— sino que también entra en conflicto con el principio de Rand de prohibir la fuerza en las relaciones sociales: un monopolio estatal, para ser un monopolio, debe ser absoluto e impuesto. Por lo tanto, es, por su propia naturaleza, coercitivo.
Con el debido respeto al Dr. Merrill, parece evidente que decir que “el gobierno está justificado porque protege los derechos” es simplemente eludir la cuestión crucial de la iniciación de la fuerza que implica un monopolio estatal. Aunque pretende ser razonable y justo, la afirmación intenta desviar la atención del incumplimiento previo de la moral por parte del Estado al señalar el fin moral del Estado de proteger los derechos. Ergo, la proposición se basa en la falsa suposición de que un fin puede justificar los medios utilizados para alcanzarlo.
D. El ataque ad hominem al anarquismo
Cuando volví a leer el ensayo de Rand sobre el gobierno después de muchos años, estuve consternado al notar que la mayor parte de su crítica al anarquismo consistía en argumentos ad hominem. Ella no presentó el caso para el anarquismo ni criticó el razonamiento detrás del mismo. Más bien, simplemente afirmó que el anarquismo es una “abstracción flotante ingenua” o una “protesta irreflexiva”, cuya variante, «un absurdo extraño llamado ‘gobiernos competidores’» es “confundir a algunos de los defensores más jóvenes de la libertad” a pesar de estar «obviamente carentes de cualquier comprensión de los términos ‘competencia’ y ‘gobierno’» y “carentes de cualquier contacto o referencia con la realidad…” [VOS 112-3].7
El único enfoque de Rand a una crítica real del anarquismo consistió en una afirmación hobbesiana sin fundamento de que “una sociedad sin un gobierno organizado” se precipitaría “en el caos de la guerra de pandillas” [112], y una acusación igualmente infundada de que “gobiernos competidores” no serían capaces de resolver disputas jurisdiccionales: “Tú tómalo desde allí”, concluyó ominosamente [113].
A pesar del vigor de las protestas de Rand, es apenas necesario decir que los argumentos ad hominem son falaces, y que la mera afirmación, no respaldada por evidencia o argumentación, es filosóficamente poco convincente, incluso cuando proviene de Ayn Rand. Cualquier observador desapasionado tendría que admitir que el ataque de Rand al anarquismo no demuestra nada.8
Al escribir en su propia revista a presuntos simpatizantes (el ensayo apareció por primera vez en The Objectivist Newsletter), parece claro que Rand —posiblemente apurada por cumplir un plazo— confiaba en que su autoridad prevalecería, como efectivamente ha pasado con muchos objetivistas, y que la contundencia de sus comentarios superaría las dudas. ¿Quién en el juvenil movimiento objetivista querría ser conocido como “ingenuo, irreflexivo y carente de comprensión”?
Ciertamente, Leonard Peikoff, líder de los objetivistas ‘oficiales’, ha seguido exactamente la misma fórmula que Rand en su publicado análisis del anarquismo: los anarquistas son “tontos” y muchas otras cosas más.9
Sin embargo, uno no necesita mucho conocimiento de filosofía para darse cuenta de que las apelaciones a la autoridad son tan falaces como los argumentos ad hominem, y también lo son los intentos de intimidación, si es eso a lo que verdaderamente nos enfrentamos. La propia Rand escribió una buena advertencia contra lo último, “El argumento de la intimidación”, que concluye La virtud del egoísmo.
E. El argumento circular de Rand
Rand sostuvo que “un gobierno posee un monopolio del uso legal de la fuerza física. Tiene que poseer un monopolio, ya que es el agente para restringir y combatir el uso de la fuerza” [VOS 109].
Esto me parece completamente circular. ‘Un gobierno tiene un monopolio de la fuerza. Debe poseer un monopolio porque es el agente —es decir, el único agente— para combatir el uso de la fuerza’. Lo que significa decir que es un monopolio y tiene que ser un monopolio porque es un monopolio.
Tuve que revisar este pasaje varias veces para asegurarme de que lo estaba leyendo correctamente. Fue inquietante encontrarse con tan descarada petición de principios en un ensayo de ‘La señora Lógica’.10
F. Las generalizaciones apresuradas del ‘consentimiento’
Rand habló de la autoridad del gobierno derivada del “consentimiento de los gobernados”. Nuevamente, muchos libertarios han preguntado: ¿qué hay de aquellos que no han dado su consentimiento? Por ejemplo, el consentimiento para la Constitución federal de los Estados Unidos fue buscado por última vez en el año 1787. ¿Qué hay de todas las generaciones posteriores?
Obviamente, hay cierto grado de consentimiento para el gobierno, de lo contrario el mismo no existiría: tiene la sanción de sus víctimas. Pero si el consentimiento es la base de la autoridad gubernamental, el gobierno no puede tener autoridad sobre aquellos que no han consentido.
El famoso argumento fue presentado por Herbert Spencer en 1850, quien escribió poderosa y convincentemente sobre “el derecho a ignorar al Estado”: si uno no hubiera dado su consentimiento.11 Veinte años después, Lysander Spooner planteó el caso con incluso más fuerza en su ardiente panfleto No Treason, una refutación devastadora de cualquier obligación consensual o contractual supuestamente creada por la Constitución de los Estados Unidos.
Spooner notó, entre muchas otras cosas, que debido primero a las calificaciones de propiedad, junto con la privación de derechos de las mujeres, los negros y otros, probablemente no más del 1/10 de la población, tal vez menos del 1/20, fue siquiera habilitado para votar en las elecciones que crearon el gobierno federal de Estados Unidos;12 y aun así sólo una minoría políticamente activa de los votantes elegibles habrían votado en verdad.
El último punto fue confirmado por las elecciones presidenciales de 1824, la primera para la cual existen registros confiables, cuando solo 350.000 de una población de unos 11 millones votaron realmente, un mero 3.2%.13 ¡Sin embargo, a pesar de sus fundamentos lamentablemente frágiles, la Constitución de los Estados Unidos y la realidad política que ha engendrado se ha sostenido para el resto del mundo durante 200 años como el arquetipo del gobierno por consentimiento!
El argumento del consentimiento de Rand podría ser más fuerte si se demostrara que existe el consentimiento universal, pero nunca ha existido y casi con seguridad nunca podría existir. Por lo tanto, la mayoría de los Estados se basan completamente en la ‘regla de la mayoría’, o en alguna semblanza de ella. Pero tan solo se supone que las “mayorías” dan su consentimiento al gobierno. Asimismo, rara vez representan más de un tercio de la población. Además, según el argumento del consentimiento en sí, las mayorías aún no tienen derecho a nombrar gobernantes, ni a gobernar por sí mismos, sobre aquellos que no han dado su consentimiento.
Algunos defensores de un monopolio estatal de la fuerza sostienen que la mera residencia en un país implica el consentimiento ‘tácito’ a la autoridad de su gobierno. Pero, ¿qué es exactamente el ‘consentimiento tácito’? ¿Quién lo define? ¿Quién lo mide? ¿Quién prueba su existencia? Parece extraño que los defensores de la ‘ley objetiva’ dependan de algo tan nebuloso y subjetivo.
También es evidente que los individuos nacidos en una sociedad de muchos millones no pueden posiblemente cambiar por sí mismos la estructura gubernamental de esa sociedad. La naturaleza impone a todos los humanos la obligación de vivir en algún lugar, y la gran mayoría elige quedarse en territorio familiar. Pero afirmar que residir en el país de nacimiento implica el consentimiento tácito a su forma de gobierno —que uno no creó y no tiene poder para cambiar— es saltar más allá de la evidencia.14 La noción parece poco más que una racionalización para el statu quo.
Incluso si fuera cierto que las personas consintieron tácitamente la existencia del Estado y la autoridad de administraciones particulares para hacer leyes, esto no implicaría que las mismas personas consintieran tácitamente las leyes que ese gobierno sí hizo. Incluso si uno aprueba el sistema de autoridad supuestamente delegada del que dependen la mayoría de los gobiernos occidentales, uno puede muy fácilmente desaprobar lo que hace el gobierno de uno.
Por ejemplo, muchos de los que votaron por la primera ministra británica Margaret Thatcher se opusieron calurosamente a que renunciara la soberanía británica a la Comunidad Europea. Del mismo modo, mientras los partidarios de Thatcher aplaudieron su derogación de los controles cambiarios, muchos se opusieron duramente a su imposición de leyes en materia de información privilegiada y las otras groseras intervenciones económicas de sus años en el poder.
Si bien es probable que una sensación de impotencia o una inercia irreflexiva lleve a la mayoría de las personas a aceptar las cosas tal como las encuentran, la aceptación no es en absoluto lo mismo que el consentimiento.15 En todo caso, uno no puede basar una teoría política en suposiciones no probadas. ¿Quién puede decir cuál puede ser la respuesta —‘¿Da usted su consentimiento?’— a una verdadera pregunta?
Lo que es más significativo es el resultado final: si la autoridad del gobierno realmente depende del consentimiento, el gobierno no puede tener autoridad sobre aquellos que no han dado su consentimiento.
G. La raíz non sequitur: desde los derechos al Estado
No soy el primero en cuestionar la dependencia acrítica de Rand de la premisa inválida del “consentimiento de los gobernados”. Peter Saint-André, por ejemplo, señaló el problema en un sugerente artículo en 1997.16 También criticó otras dos afirmaciones randianas: que en una sociedad civilizada uno debe delegar el derecho de autodefensa al gobierno, y que el uso de la fuerza de represalia no puede dejarse en manos de individuos, siendo ambas nociones tan sospechosas como el gobierno por consentimiento. Puesto que siempre ha sido obvio que las personas que se enfrentan a asaltantes en la calle, o a intrusos en sus hogares, son libres de defenderse a sí mismos y a sus propiedades lo mejor que puedan; de ninguna manera posible podría afirmarse razonablemente que al vivir en sociedad la gente renuncia al uso de la fuerza defensiva. De acuerdo con John Locke, uno tiene el derecho de matar en tales circunstancias, incluso si sólo es amenazado por el malhechor.17
Rand posiblemente podría haber dicho que es el ejercicio del derecho de legítima defensa lo que se otorga al gobierno, no el derecho en sí mismo, pero incluso eso afirmaría demasiado. Al defenderse cuando la protección del gobierno no está disponible, uno está ejerciendo su derecho.
Lo que Rand debería haber dicho es que la dedicación a una vida de razón lo compromete a uno automáticamente a la persuasión y, por tanto, a una prohibición autoimpuesta de iniciar el uso de la fuerza. Pero llevar una vida moral no disminuye ni el derecho de autodefensa ni su clara implicación, el derecho a tomar represalias. Mientras uno tenga lo primero, uno puede hacer lo segundo, ya sea uno mismo o, más sabiamente y si es posible, a través de un tercero desapasionado.
No obstante, existen mayores problemas con la posición de Rand que los analizados por Saint-André. Ya que el autocontrol recién mencionado no dice nada en apoyo del gobierno, y nada para respaldar un monopolio gubernamental sobre el uso de la fuerza.
A lo largo de la historia, las personas razonables han reconocido que la emoción puede alterar el juicio y que generalmente se recomienda no ser un juez en la causa propia. Pero la importancia del arbitraje y de los defensores de terceros categóricamente no implica, y lógicamente no puede implicar, un monopolio estatal ni una obligación de delegar un derecho vital al Estado.
El caso del gobierno limitado presentado por Ayn Rand y, por supuesto, por John Locke hace mucho tiempo, se basa en gran medida en la falacia lógica del non sequitur. Locke, por ejemplo, en los párrafos 87-89 del Segundo Tratado, simplemente da entrada a la noción de un monopolio estatal sobre la ley y la justicia casi por prestidigitación: “la mancomunidad viene a través de un poder” [párr. 88]. Sin embargo, no importa cuán claramente la gente reconozca la necesidad de la protección y el arbitraje, ese reconocimiento no puede justificar la monopolización de esas necesidades por una institución autoperpetuante impuesta a la sociedad por la fuerza. El non sequitur es transparente. No hay ahora, y nunca ha habido, ningún vínculo necesario, esencial o lógico entre la autodefensa o la justicia y un monopolio estatal de la ley.
Traducido del inglés por Oscar Eduardo Grau Rotela. El material original se encuentra aquí.
Notas
1 Véase de Ayn Rand, The Virtue of Selfishness [VOS], New American Library, Nueva York, 1968. Los números entre paréntesis se refieren a la edición actual de tapa blanda.
2 Una opinión compartida por muchos contemporáneos de “derecha”. Cf Rose Wilder Lane, The Discovery of Freedom, Laissez-Faire Books, San Francisco, 1984, pp. 201 y 204; y Leonard E. Read, Government — An Ideal Concept (1954), passim.
3 Ayn Rand, “Textbook of Americanism” en Harry Binswanger, The Ayn Rand Lexicon, Meridian, Nueva York, 1986, p. 211.
4 “Objectivism and the State: An Open Letter to Ayn Rand”; Liberty against Power: Essays by Roy A. Childs, Jr., Fox and Wilkes, San Francisco, 1994, p. 146; original en cursiva. El ensayo de Childs fue seguido en 1970 por dos tratados brillantes sobre el anarquismo, The Market for Liberty de Morris y Linda Tannehill y Power and Market de Murray Rothbard.
5 No he podido encontrar la reacción de Rand a la carta de Childs, aunque recuerdo claramente haberla leído, creo en que The Objectivist.
6 23 de octubre de 1997; citado con permiso. La muerte prematura de Ronald Merrill me entristeció mucho. Fue un pensador agudo y un escritor entretenido cuyo libro The Ideas of Ayn Rand, Open Court, Lasalle, Ill., 1991, me motivó a desarrollar un enfoque más crítico de Rand.
7 Chris Tame, Director de la Alianza Libertaria del Reino Unido, me informa que ningún defensor del anarcocapitalismo se ha referido a ‘gobiernos competidores’. Como la frase es confusa y contradictoria, Rand puede haberla utilizado para menospreciar.
8 El rechazo de Rand al anarquismo puede provenir de experiencias durante el colapso de la Rusia zarista. Ella temía frecuentemente por su vida, y a los 13 años fue robada en la oscuridad a punta de pistola por una banda de bandidos. Véase de Barbara Branden, The Passion of Ayn Rand, Doubleday, Nueva York, 1986, p. 30.
9 Leonard Peikoff, Objectivism, op cit, p. 371ff.
10 El apodo de Rand en la década de 1960 en los círculos objetivistas de Nueva York.
11 En su gran trabajo Social Statics (1850), cap. XIX
12 Lysander Spooner, No Treason, James J. Martin Ed., Ralph Myles, Colorado Springs, 1973, p. 14.
13 Ibíd., p. 14, nota 2.
14 Cfr. Hospers, Libertarianism, op cit, p. 14.
15 Debo este punto a George H. Smith. Véase su excelente “Introducción” a The State de Oppenheimer, loc cit, p. xix.
16 “Gentlemen, Leave Your Guns Outside”, Full Context, abril de 1997. Saint-André también señaló correctamente: “Queda por desarrollar una teoría objetivista completamente consistente del gobierno”.
17 Second Treatise, Cap. 3, 18-19.
