La Convención Constitucional, como eje principal de su propuesta sobre salud, señala que el Sistema Nacional de Salud (SNS) será de carácter universal, público e integrado. Esto significa, en términos simples, que será único, pero podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Sin embargo, precisa que la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al SNS.
¿Por qué rechazar esta propuesta?
1. Imposibilidad de elegir en salud: en el futuro, la cotización del 7% (hasta $2.220.000 al año por trabajador) será capturada por el Estado. En consecuencia, se pagará a Fonasa aunque los cotizantes no usen servicios médicos estatales.
2. Derechos vulnerados: no se respetan contratos indefinidos, suscritos legítimamente por los trabajadores con la salud privada, que incluso podrían estar protegidos por convenios internacionales de la seguridad social. Efectivamente, ¿qué justificación le entregará el Estado a aquellos que ingresaron a una Isapre, pagaron el seguro durante años para tener acceso a la atención privada preferente, internacional, o de libre elección, y de un momento a otro no cuentan con ella? ¿Qué garantía le ofrecerá el Estado a aquellos pacientes ancianos o crónicos que por largos años han seguido un tratamiento con su médico y clínica de confianza, u hospitalización domiciliaria; o a aquellos que reciben un medicamento en la farmacia de la esquina y que Fonasa no proporciona? ¿Qué explicación entregará el SNS cuando le niegue a los pacientes cobertura financiera en prestadores que no están en su red, y los derive a otros médicos u hospitales estatales que los pacientes no desean, con un estándar inferior y sin garantías de oportunidad?
3. Nuevas formas de discriminación: A los afiliados se les presentarán dos opciones: pagar del bolsillo el 100% de la atención privada o ponerse a la cola del CESFAM. En tal caso, los seguros voluntarios, podrían ofrecer productos que puedan sustituir, complementar o reemplazar los servicios que hoy entregan las Isapres, cuando desaparezcan. Esto implicaría una nueva forma de discriminación hacia los actuales afiliados, pues solo quienes posean más recursos, no sean ancianos ni tengan enfermedades crónicas, tendrán la posibilidad de contratar seguros y, por tanto, a nivel social provocará una mayor segregación. Pero además, crea una nueva forma de inequidad étnica que puede tener consecuencias sanitarias, al disponer que solo los ciudadanos de los pueblos indígenas tendrán derecho a sus propias medicinas tradicionales y mantener sus prácticas de salud.
4. Judicialización de la salud: la propuesta señala que las personas tendrán el derecho de exigir “el más alto nivel de salud”, lo cual resulta ambiguo. Esto estimulará las demandas contra el Estado para asegurar tratamientos, diagnósticos y/o medicamentos independientemente del costo que impliquen y la prioridad sanitaria que tengan.
5. Triple pago: las personas que deseen acceder a la salud privada pagarán tres veces: 1) sus impuestos, pues financian por esa vía un 75% del gasto del SNS; 2) su 7% obligatorio para FONASA y, 3) un seguro voluntario o, directamente, la atención privada.
6. Monopsonio estatal: el Estado será el único demandante de prestaciones sanitarias. Establecerá tarifas y exigentes condiciones a las clínicas, laboratorios y centros de salud. A los médicos les fijará sus honorarios como único empleador, imponiendo su condición dominante de mercado. Ello afectará, sin duda, la calidad y el desarrollo de la salud privada.
7. ¿Tiene capacidad del Estado de administrar bien un sistema de salud más grande que el actual?: i) FONASA captura a 15 millones de chilenos, lo que representa al 74% de la población; ii) El Estado gasta en salud (per cápita) casi lo mismo que las Isapres, pero la oferta de servicios médicos estatales es de baja productividad; iii) el sistema de pago de las Licencias Médicas administrado por el Estado está absolutamente colapsado y con tasas de uso que casi duplican a las de Isapres. Entonces, ¿por qué habría de funcionar mejor con 18,4 millones de chilenos? ¿Cómo podría dar similar respuesta a 3,4 millones de chilenos provenientes del sector privado, con un alto estándar de exigencias en materias de calidad y oportunidad en salud?
8. Gran burocracia estatal: el costo para los contribuyentes será mayor para mantener un servicio universal. Los dineros fiscales aportados por el Estado, en términos reales, han crecido más de 3 veces en 20 años y tendrán que repartirse entre más chilenos. En consecuencia, esta propuesta es regresiva e implicaría, solo para el primer año, un mayor coste fiscal de aproximadamente $580 mil millones, que podrían ser utilizados en pacientes más necesitados.
9. Incertidumbre para las inversiones en salud: la participación de clínicas, centros médicos, PYMEs, laboratorios, etc., como prestadores integrados al SNS, podría cambiar con una simple ley orientada según vientos políticos. Esto genera enorme incertidumbre en un sector económico muy intensivo en capital y recursos humanos. Los retornos de las inversiones en salud son a muy largo plazo, por tanto, en este contexto se puede prever un desincentivo a la inversión privada, innovación e incorporación de nuevas tecnologías, desarrollo e investigación.
10. Los primeros en las colas: sociológicamente está demostrado que las personas más hábiles, educadas e influyentes, son las primeras que logran ponerse en las colas, por muy regulado que esté el acceso a estas. Consecuentemente, esta propuesta generará más desplazados o, al menos, listas de espera más largas.
