¿Qué hubiera ocurrido si uno o dos estados hubieran conseguido de algún modo legalizar el alcohol durante la Ley Seca? Lo más probable es que esos estados se hubieran convertido en centros de emprendimiento con tiendas, medicinas e innovación en equipos, maquinaria y otras formas de capital relacionado con los negocios relacionados con el alcohol.
Con la reciente legalización del uso recreativo del cannabis en el estado de Washington y en Colorado, podemos ver un experimento similar en acción.
Mientras que la 18ª Enmienda, que prohibía la producción y venta de alcohol impedía la legalización a nivel estatal, las leyes federales sobre drogas no disfrutan de ese respaldo constitucional. El 6 de noviembre de 2012, la Enmienda 64 de la Constitución del Estado de Colorado fue aprobada por los votantes de Colorado en forma de iniciativa popular. La enmienda ordenaba que “el uso de marihuana será legal para personas de veintiún o más años de edad y gravado de una forma similar al alcohol”.
Además, la enmienda ordena que el cáñamo industrial sea legal y que “todas las partes de la planta” más semillas, aceites, extractos y otras formas de cannabis sean también legales.
También se legalizaban los “accesorios de la marihuana”, incluyendo “cualquier equipo, productos o materiales de cualquier tipo de se usen, pretendan usarse o estén diseñados para usarse en la plantación, propagación, cultivo, crecimiento, cosechado, composición, manufactura, mezclado, conversión, producción, proceso, preparación, prueba, análisis, empaquetado, reempaquetado, almacenamiento, vaporización o contenido de marihuana o para la ingestión, inhalación o introducción de marihuana de alguna otra manera en el cuerpo humano”.
La enmienda fue certificada por el gobernador de Colorado el 10 de diciembre de 2012 y el uso recreativo del cannabis ha sido legal bajo la ley de Colorado desde entonces.
La Enmienda 64, con todo su lenguaje cubriendo “equipos, productos [y] materiales”, da a entender la complejidad económica que siempre ha existido tras las drogas recreativas, pero que ahora, en una caso limitado en una jurisdicción limitada, ha salido del mercado negro y las operaciones ocultas a la luz del gran mercado. El mercado del cannabis no es simplemente un asunto de poner unas hojas en pequeñas bolsas. Por el contrario, el nuevo mercado legal es un mercado con un control de calidad mucho mejor y una responsabilidad por parte de los comerciantes. Y significa crecimiento económico para muchos sectores que nunca han estado relacionados tradicionalmente con las drogas recreativas.
Respaldando a los comerciantes de cannabis hay una amplia variedad de empresas, desde almacenes de distribución a instituciones financieras, abogados, camioneros de corto recorrido y más. La nueva demanda de inmuebles comerciales para atender tanto a productores como a vendedores ha creado una necesidad de intermediarios inmobiliarios que puedan especializarse en el sector del cannabis, mientras que los abogados ayudan en la redacción de documentos legales y deben contratarse contables para controlar el dinero. Por desgracia, muchos de estos negocios deben continuar precaviéndose ante el derecho federal, incluso cuando la ley del estado esté clara en la materia. Los bancos, en concreto, que están regulados a nivel federal, solo recientemente recibieron luz verde de los reguladores federales para abrir cuentas para empresas relacionadas con el cannabis. La legalidad de este tipo de banca sigue sin embargo en tierras movedizas y muchos bancos siguen siendo reacios a participar, disminuyendo así las oportunidades financieras y bancarias para el sector del cannabis en Colorado y Washington.
Todos esos actores del sector privado que van de los vendedores a las aseguradoras están haciendo dinero con la economía del cannabis y aun así muchos líderes empresariales y políticos siguen burlándose y desdeñando esta nueva actividad empresarial con gestos de desprecio. Estos incluyen a la Cámara Metropolitana de Comercio de Denver, que afirma de forma poco convincente trabajar por la expansión de las oportunidades de negocio en la región. La Cámara decidió apoyar la actual postura dura de prohibición de las empresas de cannabis, porque la legalización en Colorado, según la Cámara, es un intento de “beneficiarse de la legalización de la marihuana a costa de (…) los niños”.
¿Sobre qué base justifican esta actitud políticos y activistas anti-cannabis? Su activismo contra el cannabis es, en la abrumadora mayoría de las veces, puramente arbitrario.
Supongamos, por ejemplo, que un activista pro-cannabis recopila información sobre todos los trabajos, ingresos fiscales y capital que se han creado en Colorado y la presenta en otros estados como un argumento para la legalización. Es probable que podamos adivinar lo que ocurriría. En muchos casos, la información se rechazaría y ridiculizaría, con políticos y ejecutivos de cámaras de comercio afirmando que no quieren esos productos dañinos y “peligrosos” en su estado y que la gente que consume dichos bienes es caga o criminal.
Y aun así esa gente nunca aplica un análisis similar a otros productos que puede decirse que son mucho más peligrosos, costosos y contraproducentes que cualquier cosa generada por el sector del cannabis.
Pocas dudas puede haber de que funcionarios en Texas y Georgia, por ejemplo, están extremadamente contentos de que Frito Lay y Coca-Cola estén respectivamente en sus estados. En cada caso, los funcionarios del estado y sus compinches en el sector empresarial sin duda cantarán las alabanzas de todos los trabajos y la actividad económica que traen al estado los sectores de los aperitivos y los refrescos.
Y aun así, se puede argumentar fácilmente que estas industrias son mucho más perjudiciales para los consumidores estadounidenses de lo que es o ha sido nunca el cannabis. Las condiciones relacionadas con la obesidad matan a casi uno de cada cinco estadounidenses y el cannabis no mata a casi nadie. Usando la lógica de los opositores a la libertad en esta materia, ¿no podría argumentarse que esos sectores no proporcionan más que una oportunidad para que la gente arruine su salud sin recibir prácticamente ninguna nutrición a cambio? ¿Cuántos cientos de millones de dólares de contribuyentes se desperdician cada año en Medicare y Medicaid para financiar las medicinas contra la diabetes por los refrescos y aperitivos de consumidores (incluidos niños) que son enviados a la tumba mucha más rápidamente por la buena gente de Frito Lay y Coca-Cola? De hecho, la Coca-Cola Corporation buscó una vez explícitamente convencer a los consumidores de que tomaran menos bebidas sanas, como leche y agua, para tomar refrescos en su lugar.
Igualmente, los funcionarios de Missouri no parecen ansiar despreciar la cerveza Budweiser, a pesar de las muchas conexiones de ese producto con violencia doméstica, alcoholismo y accidentes mortales en carretera.
Podemos estar bastante seguros de que la Cámara Metropolitana de Comercio de Denver se derretiría en dar la bienvenida a cualquiera de estas industrias en Colorado.
Sin embargo, entretanto, los refugiados del cannabis que se mudaron a Colorado para comprar inmuebles, invertir en empresas locales o buscar mejor atención médica para sus hijos son considerados sencillamente como cuasidelincuentes y no como actores económicos serios. El sector que atrajo ese capital, tanto humano como de otro tipo, se considera con sospecha.
No menciono la conducción bajo los efectos del alcohol y la obesidad porque piense que el gobierno pueda o deba resolver estos problemas, por supuesto. Simplemente apunto que el patrón por el que sus enemigos miden al sector del cannabis raramente se aplica a otros sectores que puede demostrarse que tienen beneficios económicos, pero de los que también puede demostrarse que imponen altos costes a la sociedad en otras maneras.
Y naturalmente nada en este análisis toca siquiera los muchos otros beneficios no relacionados directamente con la economía del cannabis. Por ejemplo, los que no tengamos ningún interés en consumir cannabis ya no tendremos que preocuparnos por que algún invitado imprudente en casa puede dejarse cannabis en nuestra propiedad o en nuestros coches, exponiéndonos a acusaciones criminales (a nivel estatal). La economía del cáñamo industrial, que no tenemos siquiera espacio para explicar aquí, ofrece multitud de otros beneficios económicos totalmente sin relación con el uso de drogas recreativas.
En una sociedad libre, no corresponde a “líderes” empresariales, políticos o árbitros de la decencia pública determinar qué sectores deben alabarse y recibir bienvenidas y cuáles ignorar o echar a un lado. Es el mercado, que refleja mucho más fiablemente las verdaderas preferencias y deseos de la población que cualquier proceso político, la medida objetiva y honrada de lo que quieren consumidores y contribuyentes. Si los consumidores no quieren al sector del cannabis en Colorado, sin duda encogerá hasta ser insignificante. Si, por el contrario, los consumidores en realidad sí lo quieren, los legisladores no poseen ninguna base económica ni moral para declarar otra cosa.
Publicado el 20 de febrero de 2014. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
