La reciente desobediencia civil, manifestaciones y brutalidad policial en Ferguson, Missouri, nos recuerdan lo que ocurre cuando se mezclan estados policiales y mala economía.
Devastados por décadas de políticas económicas ruinosas, las economías de muchas zonas marginales continúan languideciendo al tratarse con desprecio por parte de la policía la autopropiedad de residentes locales y cualquier intento de crear una economía basada en los negocios o los salarios se ve obstaculizada por la regulación pública.
El resultado es una economía local con asalariados crónicamente desempleados, unido con empresarios a los que les falta el capital necesario para atender las regulaciones públicas. Las consecuencias sociales de esa situación son lamentables y llevan a una población que vive en la zona, pero no invierte en ella.
Algunos conservadores se han dedicado a preguntar por qué algunos de los residentes están destruyendo sus propios barrios mediante saqueo y otras formas de violencia. Pero, por supuesto, incluso se hacemos la evidente distinción entre los saqueadores (una minoría de la población) y la población no violenta, no son “sus” barrios en ningún sentido racional: a los residentes no se les ha permitido crear capital local o incluso tener control sobre sus propios cuerpos.
Policía y autopropiedad
La muerte de Michael Brown, un adolescente desarmado, por la policía de Ferguson es solo una de las incontables historias que vemos diariamente en las que la policía usa fuerza excesiva contra ciudadanos desarmados. La policía, tras esto, solo recibe aumentos y pensiones enormes. De hecho, año tras año, el coste y ámbito de las fuerzas policiales se hacen cada vez mayores, mientras que la calidad de servicio continúa descendiendo (el porcentaje de asesinatos resueltos ha caído del 91% al 61% desde 1963).
Esto es exactamente lo que deberíamos esperar de una organización que disfruta de un monopolio total dentro de sus jurisdicción y simultáneamente tiene la última palabra en si puede considerarse o no responsable por el coste o calidad de su trabajo. La misma organización que controla la policía, controla los tribunales y también podar de fijar impuestos. Consecuentemente, como ha señalado Hans-Hermann Hoppe, el estado a todos los niveles es una “agencia que fija unilateralmente el precio que los ciudadanos privados deben pagar por los servicios del estado como juez definitivo y aplicador de la ley y el orden”.
Murray Rothbard ha explorado la naturaleza de la policía no monopolística y cómo sería mucho más eficaz en proteger la propiedad privada. Pero en el mundo actual, el ciudadano medio, y especialmente el ciudadano de rentas bajas, no tienen prácticamente influencia sobre decisiones policiales y, en casos de abuso, tiene pocas esperanzas de auxilio por quienes controlan la policía.
Todos los ciudadanos de estados-nación modernos están sometidos a fuerzas de policía de este tipo, pero la agresividad de la policía en zonas marginales ha demostrado ser mucho mayor y tener una mucho mayor posibilidad de arresto de ciudadanos por faltas no violentas que van de fumar un porro a cruzar la calle sin mirar.
La expansión de las prerrogativas policiales se ha acelerado en décadas recientes, primero con la “Guerra contra las Drogas” y luego con la “Guerra contra el Terrorismo”, habiendo derivado de ambas lo que hoy vemos en forma de fuerzas policiales altamente militarizadas, incautación de activos y una interminable lista de leyes federales que producen largas sentencias de prisión, incluso cuando no se ha demostrado intención criminal.
Al expandirse las prerrogativas y la riqueza de la policía, las libertades personales y la autopropiedad de los ciudadanos continúan disminuyendo, pero esto no se aprecia más claramente que en áreas de rentas bajas.
La Guerra contra las Drogas probablemente haya sido el mayor catalizador para esto, ya que, como explicaba Ludwig von Mises, una vez se establece que el estado puede regular lo que se introduce en el propio cuerpo, no queda espacio para oponerse a otras intrusiones del estado.
Gracias en buena parte a la Guerra contra las Drogas, la policía, además de disfrutar de un monopolio legal total sobre la fuerza, se ha convertido esencialmente en irrestricta a la hora de interrogar y detener a ciudadanos. Hubo un tiempo en que la idea de que fuera un delito simplemente poseer algo que no fuera un arma, como la marihuana o la cocaína, se habría considerado ridículo. Pero hoy cualquier ciudadano en cualquier momento puede ser sospechoso de portar una sustancia ilegal y ser sometido a interrogatorio y detenido.
La justificación siempre presente para alterar las vidas diarias de ciudadanos privados pacíficos quizá haga más por estimular un entorno de violencia y sospecha que cualquier otra cosa. No resulta sorprendente que las redadas sin éxito, los interrogatorios agresivos, los cacheos y los arrestos sin sentido proporcionan amplias (y completamente innecesarias) oportunidades para que las interacciones entre policía y ciudadanos se conviertan en violentas.
La destrucción de la economía de las zonas marginales
Naturalmente, los efectos de ese estado de cosas sobre la economía local no son buenos. De los ciudadanos que están constantemente en peligro de perder salarios debido a arrestos o multas o que pueden ver sus activos incautados (sin ningún proceso debido) difícilmente puede esperarse que adquieran mucho capital o desarrollen una preferencia temporal baja de la misma forma que gente relativamente libre de acoso policial constante. Indudablemente, los ciudadanos que desarrollan un historial delictivo de pequeños delitos no violentos verán sus oportunidades económicas gravemente limitadas y actuarán de acuerdo con ello.
Pero incluso si uno consigue escapar del acoso frecuente de la policía callejera, las limitaciones impuestas a los ciudadanos normales por régimen en constante expansión de regulaciones económicas afecta a las economías en todas partes y son especialmente dañinas en lugares a los que ya falta capital, como en Ferguson.
La explicación entre los conservadores es que el estado de bienestar, al distorsionar al estructura de incentivos, ha arruinado las economías de las zonas marginales. Esto es cierto en parte, pero el problema es mucho más esencia. No es simplemente un asunto de gente decidiendo no trabajar (aunque sea a menudo el caso), es un asunto de gente que se ve excluida (por ley) de la participación en el sistema económico.
Los ejemplos más notables de esto son el salario mínimo y el alto coste de entrada en la economía para pequeños negocios.
Para muchos residentes en zonas marginales, entrar en la economía como empresario o asalariado es absolutamente ilegal. En un lugar como Ferguson, se impide trabajar a un joven a tiempo completo durante buena parte de su juventud debido leyes de escolaridad obligatoria. Si no va a la escuela, él y sus padres son acosados por la policía y posiblemente arrestados, afrontando la ruina económica. Tras graduarse, el joven, gracias a las escuelas públicas, afronta el mundo con pocas habilidades vendibles.
Es empleable hasta cierto punto, pero como trabajador de baja productividad, el único salario al que puede aspirar está por debajo del salario mínimo. En esta situación, la ley federal dicta que ha de permanecer desempleado indefinidamente. Por consiguiente, el desempleo entre jóvenes negros es de más del 20%. El sentido común nos dice que la mejor manera de que un nuevo graduado de una escuela pública pueda lograr alguna habilidad vendible es trabajando. Y aun así, estos trabajos le están completamente vedados por ley.
Si nuestro graduado de escuela pública intenta entonces un autoempleo legal, se encontrará igualmente sin suerte, debido al coste de entrada en la economía como dueño de un pequeño negocio, ya que este ha ascendido a un nivel prácticamente inalcanzable debido a la regulación pública. Las licencias y el cumplimiento con OSHA, EEOC, la “tolerancia” forzosa y una bandada de otras regulaciones hacen que la vía del pequeño negocio esté cerrada para cualquiera en esa comunidad. Incluso si esa persona consigue de alguna forma adquirir un automóvil a pesar de todas las licencias, impuestos y certificaciones requeridas, no puede siquiera alquilar el coche o transportar clientes por dinero sin un permiso especial del gobierno. Indudablemente algunas personas consiguen salir de la comunidad y tener éxito bajo estas condiciones, pero si tu economía requiere niveles casi heroicos de perseverancia y suerte solo para abrir una hamburguesería, hay algo profundamente erróneo en tu economía.
¿Cómo podemos siquiera sorprendernos entonces cuando gente en estas comunidades simplemente se rinde o acude a mercados negros (es decir empresas ilegales como venta de droga) para ganarse la vida?
Para complicar más la situación, está el hecho de que los asalariados y empresarios se encuentran en una comunidad desprovista de capital en décadas recientes debido a leyes federales dañinas. Durante la década de 1970 y 1980, las órdenes federales “anti-segregación”, como el transporte escolar obligatorio significaron que las clases medias huyeran de las ciudades y se llevaran su capital, dejando atrás a los trabajadores, pero no el capital. Tanto la segregación racial como la económica empeoraron y la productividad laboral se desplomó. Por supuesto, la solución del gobierno no fue desregular, sino distribuir fondos sociales en cantidades demasiado bajas como para proporcionar un nivel de vida decente, pero suficientemente altas como para impedir que se generaran disturbios contra el sistema político.
Conclusión
Naturalmente, este destripado económico de las zonas marginales, estimulado por leyes federales, estatales y locales, llevaba al delito. ¿Pero cuál ha sido la respuesta de los políticos nacionales y “líderes” locales? Casi seguro que no ha sido reclamar la legalización del trabajo de baja cualificación (rebajando el salario mínimo) o el reforzamiento de los empresarios locales (rebajando impuestos y eliminando regulaciones). No, la respuesta es siempre más policía, más gobierno, más regulación y más estado social. Michael Brown y muchos como él han pagado el precio de esta estrategia sin salida. Liberar a las zonas marginales de fuerzas policiales militarizadas es un buen comienzo, pero el gobierno está destruyendo estas comunidades de muchas maneras y la brutalidad policial es solo una de ellas.
Publicado el 18 de agosto de 2014. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí
