Monarquía, democracia y orden natural
CAPÍTULO 12
Parte III
Los estatistas reaccionan como los socialistas cuando se enfrentan a los catastróficos resultados económicos de la unión soviética y sus satélites. No niegan necesariamente la sombría realidad de los hechos pero sostienen que estos últimos son resultado de la discrepancia (desviación) entre el estatismo (socialismo) «real» y el «ideal» o «verdadero». Los socialistas defiende que el «verdadero» socialismo no ha sido todavía refutado por la experiencia y que todo hubiese ido mejor alcanzándose un prosperidad sin parangón, de haber triunfado el socialismo de Trotsky, Bujarin u otras versiones auténticas, en vez del estalinismo. Del mismo modo toda evidencia aparentemente contradictoria es interpretada por los estatistas como algo meramente circunstancial. Si en determinados momentos históricos hubiese alcanzado el poder cierto presidente o si se hubiese adoptado esta o aquella enmienda constitucional, se habrían garantizado la paz y la seguridad como nunca antes se hiciera. Se dice entonces que eso es todavía posible si se aplican sus políticas.
Hemos aprendido de Ludwig von Mises como responder a la evasiva (y autoinmune) estrategia socialista[1]. Mientras subsista como característica definitoria o esencial del socialismo la inexistencia de la propiedad privada de los factores productivos, de nada servirán las reformas. La idea de una economía socialista es una contradicción en sus propios términos y la pretensión de que el socialismo presenta un modelo de producción social «superior» y más eficiente es absurda. Para realizar eficientemente los propios fines sin malgastar los recursos disponibles, en el marco de una economía de intercambio basado en la división del trabajo, se necesita del cálculo monetario, (contabilidad de costes). Salvo para una economía familiar primitiva autosuficiente, el cálculo monetario es el único instrumento de una acción racional y eficiente. Tan solo la comparación aritmética entre ingresos y gastos en término de un medio común de intercambio (moneda) permite a una persona determinar si su acción es acertada o no. En cambio el socialismo es la total ausencia de economía. Sus condiciones hacen imposible, por definición, el cálculo monetario y la contabilidad de costes. Si no existe la propiedad privada de los factores de producción, estos no tienen precio, por lo que resultará imposible determinar si se están empleando económicamente o no. Así pues, el socialismo no es un modo superior de producción, sino el caos económico y la regresión al primitivismo.micos de la unión soviética ysus satélites. No niegan necesariamente la sombría realidad de los hechos pero sostienen que estos últimos son resultado de la discrepancia (desviación) entre el estatismo (socialismo) «real» y el «ideal» o «verdadero». Los socialistas defiende que el «verdadero» socialismo no ha sido todavía refutado por la experiencia y que todo hubiese ido mejor alcanzándose un prosperidad sin parangón, de haber triunfado el socialismo de Trotsky, Bujarin u otras versiones auténticas, en vez del estalinismo. Del mismo modo toda evidencia aparentemente contradictoria es interpretada por los estatistas como algo meramente circunstancial. Si en determinados momentos históricos hubiese alcanzado el poder cierto presidente o si se hubiese adoptado esta o aquella enmienda constitucional, se habrían garantizado la paz y la seguridad como nunca antes se hiciera. Se dice entonces que eso es todavía posible si se aplican sus políticas.
Murray N. Rothbard nos ha enseñado como responder a la evasiva estrategia de los estatistas[2]. Sin embargo la diáfana y trascendental lección Rothbardiana no ha sido hasta hace poco reconocida y apreciada. Mientras persista la esencia del estado, solía decir toda reforma personal o constitucional, será inútil. Supuesto el principio de todo gobierno –monopolio judicial y poder fiscal—la limitación de su poder y la salvaguarda de la vida y la propiedad personales son meras ilusiones. El monopolio hace aumentar el precio de la justicia y la protección y rebaja su calidad. Una agencia de protección financiada con impuestos resulta contradictoria, pues estos suben cada vez más y la protección empeora. Aunque el gobierno se limitara exclusivamente a la protección de los derechos de propiedad vigentes —lo que en principio constituye su misión—no por ellos dejaría de plantearse la cuestión ulterior de cuánta seguridad se necesita. La respuesta del gobierno —como la de cualquier otro actor—, motivado por el propio interés y la de su utilidad del trabajo, será invariablemente la misma: Maximizar los gastos en protección —siendo concebible que casi toda la riqueza nacional se utilice para financiarlos—y minimizar la producción de seguridad. El monopolio judicial por otro lado deteriora la calidad de la justicia y la protección que administra. Si únicamente se puede recurrir al gobierno para obtenerlas, la justicia y la protección se pervierten en beneficio de quien la administra, no obstante las constituciones y los Tribunales supremos. Después de todo, no se trata sino de constituciones y tribunales supremos estatales cuyas limitaciones a la acción del gobierno están determinadas por agentes dependiente del mismo gobierno. En consecuencia, la definición de la propiedad y la protección sufrirán continuas alteraciones y del ámbito de la jurisdicción se ampliara para favorecer al gobierno.
De aquí se deduce, según Rothbard, que lo mismo que el socialismo no puede ser reformado sino que tiene que ser abolido para lograr la prosperidad, tampoco la institución estatal puede ser reformada, sino que tiene que desaparecer para que se garanticen la justicia y la protección. «La defensa en una sociedad libre —incluyendo servicios de defensa personal y dominical como la protección policial y los fallos judiciales—tendría que ser suministrada, concluye Rothbard, por personas y empresas que (a) obtuviesen sus ingresos en transacciones voluntarias, no coercitivas y (b) no se arrogasen, como hace el Estado, el monopolio coactivo de la protección policial y judicial… Las empresas de defensa tendrían que poder competir libremente y sin causar daños a las gentes pacíficas, en las mismas condiciones, por tanto, que cualesquiera otros proveedores de bienes y servicios en el mercado libre. Los servicios de defensa, como los demás servicios, pueden y deben ser exclusivamente objeto de comercio»[3].
Cualquier propietario particular debería poder participar de las ventajas de la división del trabajo y procurarse una protección más eficiente que la podría obtener por sus propios medios (autodefensa) o cooperando directamente con otros propietarios. Todo el mundo tendría derecho a compra, vender o, en general, a obtener contractualmente de un tercero los servicios de protección y judiciales, pudiendo en todo momento abandonar la cooperación con terceros y defenderse por si mismo o cambiar la afiliación protectora.