El fiscal del estado es la quintaesencia del burócrata: poderoso e irresponsable. ¿Para qué fin existe este poder fiscalizador irresponsable y burocrático? Las palabras de la abogada del estado de Maryland, Marilyn Mosby, del 1 de mayo de 2015 son reveladoras:
Mi trabajo es examinar e investigar las evidencias de cada caso y aplicar aquellos hechos a los elementos de un delito, para tomar una determinación respecto a si hay personas que deberían ser encausadas. (…) Para la juventud de la ciudad. Buscaré justicia en vuestro nombre. (…) Estáis en la vanguardia de esta causa y, como jóvenes, nuestro momento es ahora. [Cursivas añadidas]
Ese es el poderoso gobierno de los fiscales en Estados Unidos con autoridad unilateral para imponer cargos delictivos. Los demandados individuales, como en el caso Gray, pueden ser acusados unilateralmente por el fiscal en ciertos estados, sin recurrir a un gran jurado, todo basado en el clima sobre una “causa” o asunto político, no en una evaluación razonable e individualizada de culpabilidad. Muchos fiscales estadounidenses se han vuelto indudablemente locos intentando impulsar sus carreras y obtener revancha sobre sus enemigos políticos. El “gran jurado” en Baltimore estaba compuesto por un político. Respecto de Angela Corey, la fiscal de Florida en el caso de George Zimmerman, el avance en su carrera es algo obtenido por medio de vidas y reputaciones de otros.
En un caso que implica a un sospechoso de homicidio, quizá los policías deberían seguir un patrón más riguroso, especialmente porque se les confía la seguridad de un arrestado. Sin embargo, incluso si se está de acuerdo con que los policías en el caso de Freddie Gray actuaron maliciosamente, basándose en la explicación de las evidencias por el fiscal estatal (y se puede hacer un alegato razonable de acusación de homicidio criminalmente negligente), el hecho de que Mosby haya optado por acusaciones de homicidio mientras posaba y declaraba “nuestro momento es ahora” estira los límites de la justicia y la credulidad.
Los que se encuentran con la sierra fiscal dentro de Estados Unidos son de diversos orígenes. La autoridad fiscal sin restricciones presionó fuertemente contra Aaron Swartz de 2011 a 2013. Swartz, entonces antiguo miembro de Harvard, programador y activista por la libertad de Internet, se suicidó en enero de 2013. Una incesante campaña de denigración por parte del fiscal de EEUU puso en marcha la espiral que acabó con la vida de Swartz. La responsabilidad, si llega, es tardía, como en el caso de 2006-2007 de abuso fiscal, implicando a los jugadores de lacrosse de la Universidad de Duke. En el conocido caso de Edward Hanousek, un supervisor de construcción fue acusado de manera similar por las acciones negligentes de subordinados cuando estaba fuera de servicio.
Los conectados políticamente no son inmunes al trato ruin. Una larga expedición de pesca a la que le faltaba una hoja de parra de justicia llevó a intentos repetidos de acusar al antiguo gobernador de Alabama, Don Siegelman. Fue condenado por soborno, en buena parte debido al testimonio de un solo testigo amenazado por los fiscales.
El derecho extiende la inmunidad cualificada a los fiscales y en la práctica prohíbe ningún recurso eficaz para los acusados maliciosamente. Además, la ubicuidad de la negociación de penas asegura que las acusaciones dudosas se produzcan sin protestas. El profesor Bennett Gershman ha descrito el acrecentamiento del poder de los fiscales como habiendo devorado el sistema legal antagonista.
La historia de la acusación en el derecho común
El derecho común estadounidense deriva del inglés y la acusación pública estaba en gran medida ausente en Inglaterra durante la mayoría de esa historia. Las acusaciones penales o cuasi-penales en Inglaterra las iniciaban las partes privadas agraviadas. La acusación penal iniciada privadamente era una característica clave de la tradición del derecho común y un procedimiento iniciado privadamente podía ayudar a mantener a raya las acusaciones irresponsables. El marco existente de “gobierno por acusación” ofrece poca defensa contra una burocracia envalentonada.
Nuestras actuales polémicas sobre policía y control de armas no son sino las últimas de una larga tradición. El sistema acusatorio y el procedimiento penal fueron temas políticos intermitentes durante mucho tiempo en la mayoría de las comunidades inglesas y generaron opiniones apasionadas. La transición formal de la acusación privada a la pública en Inglaterra no se produjo hasta 1879 y pasaron años antes de que se pudiera implantar en la práctica. La aristocracia inglesa había sido por mucho tiempo sospechosa de tanto un sistema de acusación pública como de las fuerzas policiales profesionales.
De hecho, la iniciación privada de acusación penal en Inglaterra era una curiosidad para sus visitantes. Entre ellos estuvo el jurista francés Charles Cottu, quien, como mucho, desconocía los “argumentos tradicionales de los caballeros ingleses con una acusación policial y estatal”, según el historiador legal Douglas Hay. Aquellos ingleses, creían, según dice Hay, que el poder de las instituciones acusatorias podría llevar a “una policía política sirviendo a la Corona”. Esta oposición a la acusación pública ha sido aludida por el profesor Bruce P. Smith como un ejemplo del “compromiso tradicional [de Inglaterra] con las libertades civiles”.
Era una práctica relativamente aquella que esos ingleses buscaban conservar. Desde la Inglaterra altomedieval, mucho antes de la invasión normanda de Inglaterra, las acciones criminales se planteaban por las parte privadas agraviadas. Se resolvían principalmente por indemnización o restitución y no por prisión, pena capital o incluso las peleas a sangre que eran comunes en buena parte de Europa. Para la mayoría de los delitos, se establecieron penas e indemnizaciones civiles concretas.
El discurso clásico de Maitland y Pollock sobre el derecho inglés describe cómo durante el reinado de Alfredo el Grande, era ilegal iniciar una pelea tras un homicidio antes de que se hubiera reclamado la indemnización adecuada al autor y este la hubiera rechazado. El papel afirmativo de la víctima o familiar más cercano iniciaba el proceso legal. Los delitos especialmente crueles que requerían más que el “mero” homicidio intencional, se excluían a menudo del ámbito de la indemnización compensatoria. Respecto de los procesos, los jueces se nombraban para presidir los tribunales y aplicar las sentencias dictadas por los hombre libres reunidos de un distrito. Policía y derecho soportan los elementos de la democracia.
Las leyes y castigos de los sajones eran bastante suaves comparados con la mayoría de los casos históricos. Ethelred (978–1016) decía que “la orden de nuestro señor y de su witan es que los hombres cristianos no sean condenados a muerte por poca cosa”. De hecho, el desarrollo de la fe cristiana de pueblo hizo que las sanciones penales fueran incluso menos duras de lo que ya tendían a ser según Maitland y Pollock. El sistema de indemnización “entre los pueblos germánicos es paralelo y está relaciondo con el desarrollo contemporáneo del sistema eclesial de penitencia, que es un sistema de resarcimiento”.
Tras la invasión, las prácticas inquisitoriales continentales migraron a una Inglaterra que experimentaba entonces una mayor influencia normanda. La acusación e investigación por parte de las autoridades centrales empezó a formar parte de una función nuclear del estado. En esencia, el centro de gravedad del derecho penal cambió entre 1066 y 1176 bajo el concepto de la paz del rey. En expresión del historiador legal G.W. Keeton, “la paz del rey se tragó la paz de todos los demás”.
En los años posteriores de 1066, bajo el régimen de Guillermo el Conquistador, las leyes se hicieron bastante brutales. El juicio por agua represento una novedad normanda en el derecho inglés. Los normandos habían traído con ellos el derecho civil romano y una maquinaria administrativa basada en un gobernante fuerte y una multitud de delitos contra los intereses del estado. On the Medieval Origins of the Modern State, de Joseph R. Strayer, explica que la “justicia” se convirtió en una vía por la que el rey expandía sus poderes reales.
La posterior introducción de la práctica de la acusación por información revela aún más la ominosa trayectoria del derecho. John G. Bellamy relata que el uso de la acusación por información estimulaba el “reporte clandestino de rumores” a los poderes del estado. Esta nueva práctica rechazaba implícitamente un sistema basado en el arreglo de los conflictos privados entre personas. La acusación, al menos en casos notables, la realizaban cada vez más funcionarios del estado, funcionarios dependientes de la corona.
En la época Tudor, se afirmaba que “nunca debe resistirse al príncipe, regalo de Dios a la nación”. Bajo los Tudor, una casa real durante mucho tiempo considerada por los historiadores como un arquetipo de la tiranía, apareció un sistema de acusación pública. Proliferaron las promulgaciones estatutarias, como muchas creando delitos regulatorios mala prohibita. Leyes recién concebidas prohibían conductas que pusieran en peligro el poder o prestigio de la corona. (Ver The Tudor Constitution, de G.R. Elton).
La tendencia hacia el gobierno por acusación tuvo por tanto grandes avances durante este periodo. En opinión del historiador legal John Langbein, la evolución acusatoria seminal se produjo cuando se aprobaron, de 1554 a 1555, prácticas investigativas estatales que se asemejaban al procedimiento de instrucción y acusativo europeo continental. Las funciones acusadoras fueron por tanto arrebatadas parcialmente a la comunidad y transferidas a funcionarios nombrados al efecto. Y aun así, a pesar del nuevo sistema de justicia y paz introducido en la época Tudor, las acusaciones inglesas eran iniciadas principalmente por personas privadas, con las cautelas habituales, hasta finales del siglo XIX.
Por supuesto, para conseguir cierta eficiencia al tiempo que se mantenía el carácter privado del proceso, propietario modestos empezaron a crear asociaciones para su protección mutua. Estas sociedades de acusación a veces mantenían patrullas en áreas problemáticas, anunciaban y ofrecían recompensas y ocasionalmente ayudaban a gente que no era miembro de ellas (ver Crime and the Courts in England 1660–1800, de J.M. Beattie). La nobleza, recordando anteriores abusos monárquicos y habiendo observado el uso de la monarquía francesa de espías e informadores, se oponía a menudo a la idea de fuerzas profesionales de policía, según Hay.
Martin van Creveld ha argumentado que este periodo crítico del siglo XVIII fue el momento durante el cual la burocracia se convirtió en un tipo distinto de gobierno en Occidente y en “guardián de la sociedad civil”. Durante este siglo, Jeremy Bentham prescribiría soluciones para los “males” de la acusación privada, aunque no fue hasta 1879, tras décadas de comisiones y debates legislativos, se creó la base del sistema de acusación pública con la Ley de Persecución de Delitos.
En comparación con la experiencia inglesa, la oficina del fiscal público se desarrolló antes en la mayoría de las colonias americanas. Sin embargo, existía una diversidad de prácticas. En las colonias holandesas, según el historiador Julius Goebel, Jr., existían algunos elementos de iniciativa privada, aunque la práctica creciente era la persecución de delitos mediante oficiales de paz. La acusación privada era sin embargo común en Philadelphia hasta incluso mediados del siglo XIX, quizá debido a la influencia cuáquera y el sistema cuáquero de mediación según la extensa historia desarrollada por Allen Steinberg en The Transformation of Criminal Justice: Philadelphia, 1800–1880.
Implicaciones para el presente
Las recientes luchas políticas y obsesiones en los medios no son sorprendentes por diversas razones, una de las cuales es la cultura del espectáculo que está llena de programas sobre policías y fiscales. Los desgastados temas en los programas de ficción sobre policía, delitos y distritos muestran esencialmente un mundo de declive y fracaso civil, un mundo para el que parece particularmente apropiada la referencia de Richard Weaver a comunidades “que no son más que gente viviendo junta en un lugar”.
Devolver algunos de los poderes acusadores del estado podría limitar el ámbito de los códigos penales y prohibiciones regulatorias o impedir investigaciones maliciosas. Las comunidades locales y sociedad privadas podrían también fortalecerse bajo un sistema de mayor responsabilidad privada. Como afirmaba Robert Nisbet, estas sociedades en un tiempo actuaron como restricción para los poderes públicos manteniendo la vitalidad cívica. Por el contrario, el cargo de fiscal público represente una justicia burocrática con fortaleza industrial. Las consideraciones individualizadas se minimizan enormemente al hacer sus demandas ciegas para la justicia.
El que los visitantes de Inglaterra advirtieran la práctica de la acusación privada resulta revelador. Acostumbrado a sistemas de acusación estatal más agresivos y complejos, eran testigos de algo único que muchos pensaban que valía la pena conservar. De hecho, los conscientes ingleses mantuvieron esta tradición de libertad. Muchos ciudadanos estadounidenses luchan ahora por conservar la Constitución estadounidense y sus equivalentes a los derechos de los ingleses. Para ellos, este pasado sirve como recordatorio de una faceta particular de la libertad expurgada de nuestras comunidades y vida cívica. Este tradición abandonada nos obliga a reconsiderar su sensatez.
Publicado originalmente el 13 de mayo de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
