Mucha de la presión por aumentar los salarios mínimos se centra en la suposición de que cada trabajador individual debería recibir una cantidad que permita al trabajador comprar comida, atención sanitaria, transporte y vivienda, basándose solo en ese salario. En muchos casos las declaraciones de salario vital se extienden a la afirmación de que cada trabajador (o dos trabajadores adultos, en algunos casos, debería poder mantener una familia de cuatro o más.
Por desgracia, la “solución” a este desafío profería habitualmente en estos tiempos es el salario mínimo, que, como hemos visto aquí, aquí, aquí y aquí, solo sirve para colocar la carga de subvencionar un salario vital sobre los hombros de los trabajadores menos cualificados, menos experimentados y a manudo los más empobrecidos.
Los que defienden un salario vital generalmente suponen que si el coste de la vida es alto, la respuesta primaria debería ser simplemente aumentar los salarios. Esto tiene la ventaja política de poner los costes de la “solución” sobre un grupo minoritario, como empresarios (siendo los empresarios pequeños y poco capitalizados los más afectados por estos nuevos mandatos) y trabajadores no especializados (cuyos trabajos serán sustituidos en buena parte por máquinas o externalizados como consecuencia de la orden.
Lo que más importa son los salarios reales
Además, debería recordarse siempre que hay dos lados en la ecuación del coste de la vida. Están los propios salarios nominales, pero también el coste de la vida, que se manifiesta en el coste de la vivienda, la alimentación, la atención sanitaria y otros costes. En otras palabras, si queremos hacer las cosas más fáciles para quienes ganan rentas más bajas, el objetivo tiene que ser aumentar los salarios reales y, para hacerlo, debemos ver los costes igual que los ingresos para rentas bajas.
Para quienes no entienden cómo los salarios mínimos condenan a muchos al desempleo, es fácil simplemente ordenar salarios más altos, sentarse y esperar que las piedras se conviertan en pan. En todo caso, esas órdenes no requieren nuevos desembolsos públicos ni nuevos impuestos. Los costes los soportarán otros.
Sin embargo, otra cosa es decretar que los costes de la vivienda sean inferiores o que a los pacientes solo pueda cobrárseles una cantidad mínimo, por ejemplo por los antibióticos. Aunque muchos persisten en creer que un precio mínimo para los salarios no produce ningún efecto perjudicial, prácticamente todos hoy se han visto obligados a admitir que los topes en los precios de bienes y servicios llevan a escaseces. Muchos todavía recuerdan los controles de precios de la década de 1970 que llevaron a colas en gasolineras y otras escaseces. Y aunque persisten los controles de rentas en algunas ciudades antiguas, solo los ignorantes económicos más comprometidos defienden nuevos controles de rentas en ciudades más jóvenes y modernas. Prácticamente todos admiten que un precio máximo en la rentas simplemente hará que desaparezcan nuevos proyectos de viviendas y así reducir su oferta.
Desde la perspectiva intervencionista, la única otra alternativa es por tanto subvencionar los bienes y servicios deseados. “No podemos poner un precio máximo sobre procedimientos médicos”, dirán, “pero podemos subvencionarlos”. Esto es políticamente más complicado porque, para subvencionar, el gobierno debe gravar y gastar. En el caso de la atención sanitaria, por supuesto, rebajamos su coste (para alguna gente) con programas de subsidio como Medicare y Medicaid. Y ahora tenemos el Obamacare, que impone nuevos costes a algunos para subvencionar la atención sanitaria de otros. Con la viviendo, podemos subvencionar mediante programas como sección 8 o similares que subvencionan la construcción de viviendas. También podemos subvencionar el transporte público, que tiende a ser solo económicamente viable en situaciones urbanas densas.
Por supuesto, hay alternativas a las órdenes del gobierno cuando se busca rebajar el coste de la vida. Pero ninguna de ellas es aceptable para los intervencionistas. Estas soluciones implican hacer servicios y necesidades como vivienda, atención sanitaria y transporte más abundantes y por tanto más asequibles para familias de todos los niveles de renta mediante actividad empresarial.
Rebajando el coste de vida
Rebajar las barreras regulatorias para la producción de vivienda, como leyes urbanísticas inclusivas, límites al crecimiento urbano y leyes urbanísticas ordinarias contribuiría a disminuir los crecientes costes de la vivienda. Además, disposiciones sobre ornamentación o albañilería que se imponen para que los residentes de rentas superiores no tengan que ver unas viviendas de “aspecto barato” cuando conducen junto a ellas de camino a su trabajo, indudablemente serían también un paso en la buena dirección. Y por supuesto están los controles sobre el trabajo inmigrante que aumentan los costes de la construcción y miles de otras pequeñas regulaciones que pueden hacer pasar un nuevo proyecto inmobiliario de la columna de lo “rentable” a la de lo “no rentable”, lo que significa que se construyen menos viviendas.
Igualmente, con la atención sanitaria, grupos de interés poderosos se aseguran de que la oferta de médicos está limitada por consejos médicos estatales nombrados por políticos compinches y por la cartelización de las escuelas médicas. Hay limitaciones públicas a la importación de medicinas asequibles y la FDA asegura que solo las empresas farmacéuticas más ricas y más poderosas políticamente puedan obtener aprobación para nuevas medicinas. Ordenanzas locales y leyes estatales aseguran que se construyan pocos nuevos hospitales.
Igualmente, las órdenes del gobierno aumentan el coste de la educación al mantener poderes de monopolio para servicios de taxi mientras se ceba con opciones más baratas como compartir coches. Las leyes urbanísticas públicas y la subvención de carreteras reducen la densidad urbana que es necesaria para hacer económicamente viables opciones de transporte como líneas de autobús y tranvía. Incontables regulaciones y programas públicos como Cash for Clunkers que animan la destrucción de coches viejos aumentan el precio de los automóviles usados.
Pero si echáramos un buen vistazo a las verdaderas fuentes del problema del “salario vital”, pronto nos encontraríamos viéndonos obligados a admitir que es la economía intervencionista la que está ocasionando mucha de la falta de asequibilidad en vivienda, atención sanitaria y demás. Para quienes nos dicen repetidamente que es al gobierno al que tenemos que agradecer diariamente que nos mantenga a salvo, que nos mantenga sanos y que nos dé los bienes que los capitalistas son tan malvados y avaros como para dárnoslos, esa aproximación sería contraproducente en el mejor de los casos. Así que, por el contrario, nos queda una estrategia simplista de ordenar mayores salarios nominales mientras que los aumentos en los salarios reales se ven constantemente eliminados o disminuidos por una inacabable serie de prohibiciones públicas sobre actividades económicas que harían a los bienes menos caros y más abundantes para todos nosotros.
Publicado originalmente el 25 de abril de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
